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MANUEL EDUARDO SANHUEZA MELLADO

Rut       : 274.498, Concepción

N.Nacim. : 22-11-43, 30 años a la fecha de su detención

Domicilio : Población Venceremos, Arica

E.Civil  : Casado

Actividad : Obrero

C.Repres. : Militante de las Juventudes Comunistas

F.Detenc. : 10 de julio de 1974

 

                                                                   

 

SITUACION REPRESIVA

            Manuel Eduardo Sanhueza Mellado, obrero, casado, militante de las Juventudes Comunistas (J.J.C.C.) fue detenido el 10 de julio de 1974, por civiles que ingresaron violentamente a su domicilio en la Población "Venceremos" de Arica. Uno de los agentes se identificó como Luis Herrera, y dijo pertenecer al Servicio de Inteligencia Militar (SIM). Eran alrededor de las 4 de la madrugada. El afectado fue detenido en compañía de su cónyuge, Cecilia Linoska Rojas Orellana. Ambos fueron trasladados en un jeep al Regimiento "Rancagua" de Arica. Allí fueron separados y ella volvería a verlo sólo en una oportunidad más.

            Ese mismo día, también agentes del SIM, procedía a detener a otros familiares del afectado: a su suegro, Orlando Rojas Vergara; a su cuñada, Nieves Berta Rojas Orellana; a la hija recién nacida de ésta; y a su concuñado, Raúl Patricio Poblete Sepúlveda. Todos ellos fueron acusados de comunistas por sus aprehensores y trasladados al Regimiento "Rancagua" de Arica. En la detención de estos últimos, ellos reconocieron la participación de los militares Luis Carrera, Manuel Caballero, Cereceda, Mercado y del entonces Teniente Armando Fernández Larios.

            Durante su permanencia en el Regimiento, los detenidos fueron interrogados, torturados y careados con Manuel Sanhueza. Su cónyuge, Cecilia Linoska Rojas, lo vio en muy malas condiciones físicas: Manuel Sanhueza no se podía sostener en pie, dos personas lo sujetaban mientras su rostro revelaba un intenso dolor. Por su parte, Nieves Berta Rojas afirma haber escuchado los gritos de Manuel cuando era torturado y haberlo visto, por última vez, tendido en un patio del Regimiento, acurrucado dentro de una frazada.

            Raúl Patricio Poblete, concuñado del afectado, y quien permaneció durante 17 días incomunicado en el Regimiento "Rancagua", relata que durante ese lapso él fue trasladado a un lugar que presume se encontraba en el altiplano. Fue llevado cerca de un poblado a un recinto cuyas características no puede precisar. Allí fue interrogado y torturado por un Oficial de Ejército. El testigo sabe que mientras estuvo en ese lugar había otro prisionero a quien nunca vio. Sin embargo, por algunas referencias que hicieron los interrogadores, supone que pudo haberse tratado de Manuel Sanhueza.

            Dos días más tarde, Raúl Patricio Poblete fue conducido nuevamente al Regimiento. Y es entonces cuando vio, por primera vez desde que fuera detenido, Manuel Sanhueza la que le produjo una profunda impresión. Se veía demacrado, tenía los ojos hundidos, apenas caminaba, con las manos se tomaba el costado izquierdo del vientre y permanecía como doblado sobre sí mismo.

            El 27 de julio de 1974, el afectado, su suegro Orlando Rojas y Raúl Patricio Poblete, fueron sacados juntos del Regimiento "Rancagua" de Arica y trasladados a Pisagua bajo la vigilancia de patrulla de militares al mando de un oficial en el que los testigos creen reconocer a Fernández Larios.

            Una vez en la localidad de Pisagua, los tres detenidos fueron conducidos hasta las dependencias de una Comisaría de Carabineros, en donde los ingresaron en un libro que fue firmado por el Oficial a cargo del grupo. Se les introdujo en calabozos diferentes, con pisos de tierra y murallas de adobe. Eran entre las 2 y 3 de la madrugada del 28 de julio de 1974.

            Alrededor de las 9 de la mañana de ese mismo día, los militares sacaron a Orlando Rojas Vergara y a Raúl Patricio Poblete de sus respectivos calabozos, los subieron a un camión y se aprestaron para continuar la marcha hacia la Cárcel de Pisagua. Al darse cuenta los testigos de que faltaba Manuel Sanhueza, hicieron notar el hecho al Oficial. Este entró nuevamente a la Comisaría y cuando volvió su rostro era otro. Venía solo y se veía demudado, molesto, y, en un estilo muy militar, dijo que a él le entregaban sólo dos prisioneros.

            Nunca más volvieron a ver a Manuel Eduardo Sanhueza Mellado.

            En octubre de 1974, Cecilia Linoska Rojas, Orlando Rojas y Raúl Patricio Poblete -aún continuaban detenidos- fueron llevados a la Fiscalía Militar de Arica. Allí un funcionario les leyó un telegrama en el que se informaba que el 2 de octubre de ese año Manuel Sanhueza había muerto en Pisagua en un accidente de pesca junto a dos reos comunes, salvando con vida sólo el gendarme que los custodiaba.

            También en un proceso seguido en la misma Fiscalía Militar de Arica en contra del afectado (rol 135-74), el 25 de febrero de 1975 se le sobreseyó por estar "establecida su muerte con la partida de defunción agregada al sumario".

            Sin embargo, en julio de 1976, Cecilia Linoska Rojas Orellana, en la búsqueda de su esposo, solicitó al Servicio de Registro Civil e Identificación esa partida de defunción. Nunca le fue posible conseguirla. La muerte de Manuel Sanhueza no aparecía registrada en las oficinas de Arica e Iquique de dicho servicio.

            Nada se volvió a saber del afectado hasta que el 2 de junio de 1990 su cuerpo fue identificado entre las osamentas descubiertas en una fosa clandestina en Pisagua. El informe forense estimó la data de muerte aproximadamente el 29 de julio de 1974. Sus restos fueron trasladados a Concepción, donde su familia les dio sepultura definitiva.

           

 

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            El 26 de junio de 1990, Cecilia Linoska Rojas Orellana presentó en el proceso que llevaba el Ministro en Visita Hernán Sánchez Marré, una querella por Asociación Ilícita, Secuestro con Homicidio e Inhumación Ilegal contra todos aquellos que resultaren responsables de la desaparición de su marido.

            Ese proceso se había iniciado el 1ro. de junio de 1990 a raíz de una denuncia hecha ante el Juzgado del Crimen de Pozo Almonte el 31 de mayo de 1990 por Inhumación Ilegal de cuerpos. En esa presentación se informaba al Tribunal que en la localidad de Pisagua, en un lugar cercano al cementerio, pero fuera del mismo, se había practicado la inhumación de aproximadamente 11 cuerpos, al margen de la legalidad. Esos cuerpos -se señalaba- fueron sepultados en una fosa especialmente cavada para el efecto que estaba situada al costado poniente del Cementerio, en una zona que presenta desniveles en el terreno.

            El juez Nelson Muñoz Morales acogió la denuncia y la roló con el N°3805, iniciando el mismo 1° de junio las excavaciones, las que tuvieron como resultado el hallazgo de 20 cuerpos, entre ellos el del afectado. Cinco días después, la Corte Suprema nombró como Ministro en Visita a Hernán Sánchez Marré (6 de junio de 1990) quien continuó con las investigaciones correspondientes, logrando, a través de las declaraciones de innumerables testigos, configurar los hechos ocurridos en el Campamento de Prisioneros de Pisagua. Sin embargo, no le fue posible tener a la vista los expedientes de los Consejos de Guerra realizados en ese centro de detención, los que culminaban con la pena de muerte para muchos de los acusados.

            Justamente al cumplirse un mes de la presentación de la denuncia y cuatro días después de que Cecilia Rojas presentara la querella, el 31 de junio de 1990, el VI Juzgado Militar de Arica, presidido por el Mayor General Patricio Serre Ochsenius, solicitó al Ministro en Visita declinar su competencia para continuar conociendo del proceso puesto que "habría personal militar aparentemente involucrado". El 8 de agosto de 1990, el Ministro Hernán Sánchez no dio lugar a la solicitud de incompetencia, elevando los antecedentes a la Corte Suprema para que dirimiera la cuestión. El 15 de noviembre de 1990, el máximo Tribunal resolvió la competencia en favor de la Justicia Militar, radicándose el proceso en la Fiscalía de Iquique, quien lo roló con el N°321-90.

            El 5 de febrero de 1991, el ex-fiscal de Pisagua Mario Sergio Acuña Riquelme, cuando declaraba como testigo en la Fiscalía Militar de Iquique, pidió al Tribunal que aplicara lo dispuesto en el D.L.2.191 de abril de 1978 (Ley de Amnistía).

            Exactamente el mismo día, el Fiscal Militar Juan Romo Aravena dispuso el cierre de sumario y el 26 de febrero de 1991 sobreseyó total y definitivamente la causa por el D.L.2.191. Esta resolución fue confirmada por la Corte Marcial.

            En la actualidad (diciembre de 1992) los antecedentes de esta causa se encuentran en la Corte Suprema a la espera de una resolución de las apelaciones presentadas por los abogados de las víctimas de Pisagua.

           

 

 


Esta pagina fue modificada el 17/07/2010

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