Saavedra González Enrique Antonio

ENRIQUE ANTONIO SAAVEDRA GONZALEZ

Rut                   :            7.777.409-2 / Pasaporte 55148 Boliviano

F.Nacim.            :            13-06-55, 18 años a la fecha de la detención

Domicilio            :            San Antonio 357, Hotel Sao Paulo, Santiago

E.Civil             :            Soltero

Actividad            :            Estudiante Economía U. Católica de Santiago

C.Repres.            :            Sin militancia política conocida

F.Detenc.            :            15 de septiembre de 1973

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Nombre            :            RAMIRO CARLOS GONZALES GONZALES

Rut                   :            7.423.354-6 / 139.284 Arica

F.Nacim.            :            20-03-55, 18 años a la fecha de la detención

Domicilio            :            San Antonio 357, Hotel Sao Paulo, Santiago

E.Civil              :            Soltero

Actividad            :            Estudiante de Medicina U. de Chile Santiago

C.Repres.            :            Sin militancia política conocida

F.Detenc.            :            15 de septiembre de 1973

   SITUACION REPRESIVA

            Enrique Antonio Saavedra González, 18 años, nacionalidad boliviana, estudiante de la Escuela de Economía de la Universidad de Chile y su primo Ramiro Carlos Gonzáles Gonzáles de 18 años, chileno, estudiante de Medicina de la U. de Chile, desaparecieron el día 15 de septiembre de 1973.

            Ese día, los jóvenes salieron del Hotel Sao Paulo, lugar en el cual residían, con el objeto de comprar alimentos, luego de 4 días en que rigió el toque de queda. Desde esa fecha se ignora su paradero y las circunstancias que rodearon su desaparecimiento.

            Esta versión es confirmada por el Administrador del Hotel Sao Paulo, también de nacionalidad boliviana, Dorbeo Hanssen Torrico, quien declaró ante Investigaciones: "Efectivamente el año 1973, por el lapso de un mes aproximadamente estuvieron hospedados los jóvenes Ramiro Gonzáles y Antonio Saavedra, quienes me fueron recomendados por sus madres. Debo agregar que la última vez que vi a estos muchachos fue el día 15 de septiembre de 1973, fecha en que aproximadamente a las 16 hrs. salieron a dar una vuelta a las cercanías del Hotel, no regresando más a éste. Ignoro qué pueda haberles ocurrido, ya que nunca más supe de ellos, informando de esta situación a sus madres".

            Otro testigo, José Morales Pereira, quien también trabajaba en el hotel, desempeñando funciones de mensajero agrega: "El 11 de septiembre de 1973 estos jóvenes estaban en el Hotel. Todos en el Hotel estuvieron 4 días sin salir. El día 15 de septiembre de 1973, entre las 14:30 y las 15:00 horas vi que estos jóvenes salieron a la calle, conversaron conmigo antes de salir. Cuando salieron dejaron todo en el Hotel, yo les aconsejé que no salieran todavía porque era peligroso, pero no hicieron caso. Nunca más los volví a ver. Tiempo después llegaron al Hotel los matrimonios, padres de estos niños, para averiguar dónde podrían encontrarse, pero no tuvieron ningún resultado positivo. Estos jóvenes andaban siempre juntos, no se metían con nadie".

            Efectivamente, sus familiares no se enteraron inmediatamente del desaparecimiento. Luego de los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 1973 intentaron comunicarse telefónicamente con sus hijos, pero las comunicaciones estaban interrumpidas. Recién una semana después de ocurrido el desaparecimiento se contactaron con personas del Hotel. Viajaron a Santiago y comenzaron a efectuar indagaciones para ubicar el paradero de sus hijos. Es así como tomaron contacto con su Embajada, Cancillería, Cruz Roja Internacional y recorrieron diferentes recintos de detención. Además efectuaron publicaciones en la Prensa Nacional en octubre y diciembre de 1973.

            Asimismo concurrieron al Estadio Nacional, donde una funcionaria, que dijo pertenecer a la Cruz Roja Internacional, les manifestó que los afectados estaban allí detenidos y que debían enviarles ropa. Les agregó, que los nombres los había visto en anotaciones manuscritas.

            Posteriormente, en la investigación judicial se consignó que la persona mencionada como funcionaria de Cruz Roja Internacional no había trabajado allí y no se encontraba registrada en el Gabinete de Identificaciones, ni en el Colegio de Enfermeros y de Auxiliares de Enfermerías. Contradice esta información la respuesta recibida por los padres, de parte del Ministro del Interior, General Oscar Bonilla B., que con fecha 9 de julio de 1974 responde "que ha efectuado una exhaustiva investigación e interrogación de personas, con el propósito de dar respuesta completa".

            En esta respuesta se afirma "que fue entrevistada doña Edith Bravo Tudezca, enfermera, la cual mientras prestaba colaboración en el Estadio Nacional había manifestado a los padres que éstos se encontrarían detenidos. Agrega la nota que la mencionada enfermera se basó en una anotación manuscrita, no oficial".

            Finalmente termina agregando "que ha sido imposible determinar su actual ubicación y sólo queda que ellos hayan abandonado el país bajo otros nombres. Caso contrario, y de no estar en Chile bajo nombres supuestos, no quedaría otra posibilidad que estos jóvenes hayan sido víctimas de algún tipo de atentado por parte de terroristas que han causado considerables bajas entre civiles inocentes y militares".

            En el transcurso de la investigación no fue posible determinar en poder de qué autoridad se encontraban los listados de detenidos que pasaron por dicho recinto deportivo, que fue usado como lugar de detención. Es así como el Ministro de Defensa, a través del Ministro del Interior de la época, responde a instancias del Ministro instructor del proceso, que en los primeros meses del gobierno militar no existieron nóminas oficiales de detenidos. Agregan que se elaboraron listados transitorios con fines logísticos y meramente administrativos. Asevera además que la Central Nacional de Informaciones dispuso de algunas de estas listas. Posteriormente, la Central Nacional de Informaciones niega tener en su poder estos listados.

            Asimismo, se acreditó por parte de la U. Católica y U. de Chile que ambos jóvenes asistieron el primer semestre a clases regularmente, no terminando así su año académico.

            Ramiro Gonzáles había nacido en Arica el año 1955. Por ser sus padres de nacionalidad boliviana vivió siempre en ese país. En el año 1973 quiso obtener la ciudadanía chilena y se vino a estudiar a Santiago, junto con su primo Enrique Saavedra.

            A pesar de las múltiples gestiones efectuadas por sus familiares, hasta la fecha se ignora el paradero de las víctimas.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            El día 7 de abril de 1975 se interpuso un Recurso de Amparo en favor de ambas víctimas ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

            Se ignora la tramitación de dicho recurso por no poseerse copia del expediente respectivo.

            Con fecha 14 de diciembre de 1978, las respectivas madres de los jóvenes detenidos, Norma González de González y Enriqueta González de Saavedra, ambas de nacionalidad boliviana, interpusieron una denuncia por secuestro ante el Primer Juzgado del Crimen de Santiago, la cual roló con el N°113.160-V.

            Interpuesta la denuncia, ésta fue acogida a tramitación y se ordenó oficiar al Gabinete de Identificaciones, Ministerio del Interior, Ministro en Visita Adolfo Bañados que investigó el hallazgo de cadáveres en Lonquén, hospitales, Policía Internacional y U. Católica.

            El día 28 de diciembre del mismo año el Ministro del Interior de la fecha, Sergio Fernández Fernández respondió que ambos jóvenes no figuraban en la lista de detenidos. Informes igualmente negativos se recibieron de los Servicios de Salud consultados, Depto. de Extranjería y Policía Internacional, Instituto Médico Legal, entre otros.

            En el mes de abril de 1979, a raíz de una presentación de los Obispos al Pdte. de la Corte Suprema y Ministro del Interior donde se da cuenta de la situación de un grupo de detenidos desaparecidos, el pleno de la Corte Suprema designó al Ministro Servando Jordán para llevar a cabo la investigación de detenidos desaparecidos correspondientes al Depto. de Santiago.

            La Visita Extraordinaria se inició en el mes de abril. Efectivamente, con fecha 4 del mismo mes se remitió el proceso al Ministro Servando Jordán, quien continuó con la investigación y ordenó nuevos Oficios al Ministerio del Interior, hospitales, U. de Chile y U. Católica. En el transcurso de su tramitación declararon testigos que vieron por última vez a los jóvenes antes de desaparecer y llegan respuestas de diferentes servicios, que nuevamente no aportan antecedentes sobre el paradero de las víctimas.

            El día 3 de abril de 1980, sus madres interpusieron una querella criminal por el delito de secuestro, la cual fue acumulada al proceso. De dicha querella el Ministro no acogió la solicitud de la parte denunciante en relación a solicitar al Ministerio de Defensa nómina de detenidos en el Estadio Nacional, a partir del 11 de septiembre. La argumentación del rechazo fue que ya el Ministro del Interior había respondido que no se registraba la detención y "es el Ministro del Interior el que centraliza toda la información relativa a detenidos".

            A los 11 días de interpuesta la querella el juez declaró cerrado el sumario, apelando la parte denunciante por existir diligencias pendientes para dar con el paradero de las víctimas.

            La Corte de Apelaciones revocó la resolución del Ministro y ordenó efectuar diligencias. La causa se repuso a estado de sumario.

            Se solicitó información de detenidos en el Estadio Nacional a diferentes reparticiones. Es así como a fines de junio de 1980 el Ministro del Interior, Sergio Fernández F., responde que no existe en poder del Estado Mayor de la Defensa Nacional listado nacional de detenidos. Agrega en su respuesta "se ha podido determinar que durante los primeros meses del presente gobierno, se elaboraron extraoficialmente algunos listados transitorios que contenían nómina de detenidos con fines logísticos y meramente administrativos. La Central Nacional de Informaciones dispuso de algunas de estas nóminas, las que a su vez se traspasaron al sistema de computación que utiliza, para efectos internos de información, sin que tenga carácter de oficial". Esta respuesta es reafirmada por el Ministro de Defensa Nacional de la época, Teniente General Raúl Benavides Escobar.

            Posteriores y nuevos Oficios de respuesta del mismo Ministro del Interior, recabándose información con la Central Nacional de Informaciones respecto a indicar en poder de quien se encontraba la nómina de detenidos en el Estadio Nacional durante 1973 afirma, "la Dirección de dicha Central ha manifestado no tener en su poder el listado de que se trata e ignora quien pudiera poseerlo en la actualidad".

            El 14 de julio del mismo año, el Juez Instructor declaró cerrado el sumario y el 10 de septiembre sobreseyó temporalmente la causa, resolución que fue confirmada por la Corte Suprema.

            En el mes de enero de 1991, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación remitió los antecedentes al Juzgado de Turno en San Felipe. Revisados los libros de ingreso de los dos juzgados de letras de esta ciudad no aparece ingresado dicho Oficio. Asimismo se revisó el libro de ingreso en el 1er.Juzgado del Crimen lo cual arrojó resultados negativos.

            Cabe señalar que aunque ambas familias residen en Bolivia, sus madres regularmente han viajado a Chile en busca de una respuesta sobre la suerte de sus hijos.

            Los antecedentes antropomórficos de Enrique Saavedra González y Ramiro Gonzáles Gonzáles fueron anexados a la causa 4449-AF del 22 Juzgado del Crimen de Santiago por el delito de inhumación ilegal, en el Patio 29 del Cementerio General, de personas no identificadas muertas entre septiembre y diciembre de 1973. El Juez Instructor de la causa ordenó la excavación de 108 tumbas en septiembre de 1991. De allí se exhumaron 125 cuerpos los que fueron remitidos al Instituto Médico Legal. En la actualidad (fines de 1992) se está a la espera de los informes periciales de identificación.

Señores:
Hoy encontré por casualidad su página y revisando la lista de Desaparecidos encontré el caso de ENRIQUE ANTONIO SAAVEDRA GONZALEZ y RAMIRO CARLOS GONZALES GONZALES, dos estudiantes bolivianos desaparecidos durante el golpe de Pinochet. Yo fui estudiante boliviano en Chile y compañero de colegio de ambos, por lo que conozco el caso de cerca. Quiero decirles que aproximadamente el año 96 lograron encontrar los cadáveres de ambos y repatriados a Bolivia donde ahora descansan en paz.

Procuraré comunicarme con la familia (radica en La Paz y yo en Cochabamba) para que puedan completar y publicar la tragedia que fue la busqueda y como lograron encontrar a sus hijos.

Felicidades por mantener un espacio donde el mundo y las nuevas generaciones puedan conocer las atrocidades que se vivió bajo ese régimen de terror.

Atentamente.
 

Recordarán la memoria de 28 estudiantes y académicos de la Pontificia Universidad Católica asesinados o hechos desaparecer por la dictadura militar de 17 años establecida por los mismos grupos económicos y políticos civiles que gobiernan de nuevo Chile, e inicialmente incluso por el ahora opositor Partido Demócrata Cristiano, PDC. Tras una indiferencia de más de tres décadas de esa casa de estudios respecto a la suerte de estos miembros de la comunidad universitaria, las víctimas serán recordadas por segunda vez en un recinto universitario católico el jueves 17 de noviembre, a las 18:30 horas, en el Campus San Joaquín, Vicuña Mackenna 4860, en una ceremonia organizada por el Colectivo Memoria PUC, integrado por exalumnos de los años 60/70, y la Federación de Estudiantes de la Católica, FEUC.

El acto de recuerdo incluirá una misa en memoria oficiada por el Vice Gran Canciller de la Universidad, Presbítero Cristián Roncagliolo, y el Vicario Episcopal para la Educación, Presbítero Tomás Scherz. Tras la misa se inaugurará una placa memorial de los 28 jóvenes estudiantes y académicos en el frontis de la oficina sede de la FEUC, para concluir con un acto musical.

Ruptura con un tabú

En la PUC ahora soplan otros vientos políticos, como lo demuestra la activa participación de su Federación de Estudiantes en el conflicto estudiantil en curso hace más de 6 meses, bajo el liderazgo de Giorgio Jackson, quien no postuló a la reelección, cuya segunda vuelta se realiza hoy martes. Noam Titelman, de Nueva Acción Universitaria (NAU), el mismo grupo de Jackson, compite con el derechista pro gobierno Juan José Silva, del Movimiento Gremial (MG), alentado por la Unión Demócrata Independiente (UDI), que convirtió a la PUC en el “think tank” de la dictadura.

La PUC fue históricamente la cuna formadora de la clase política de las dos facciones de la derecha conservadora que hoy gobiernan Chile con Sebastián Piñera, la alianza UDI y Renovación Nacional (RN). Casi todos los ministros y altos funcionarios del actual gobierno se formaron en las aulas de la PUC y después cursaron el clásico postgrados en universidades emblemáticas del capitalismo estadounidense, Harvard, Yale, Chicago y otras. La Escuela de Economía de la PUC suscribió tan temprano como en 1956 el convenio con su homónima de la Universidad de Chicago que bajo la dictadura introdujo en Chile por la fuerza el modelo neoliberal que tiene en problemas a Piñera y a sus seguidores de todo el planeta.

La desaparición y/o muerte de estas 28 personas fue un tabú jamás reconocido por las autoridades de la Católica. Incluso, desapareció misteriosamente una placa recordatoria informal ubicada en la cafetería de la escuela de sociología, pero al parecer el grabado resultó molesto porque nadie supo cuándo, por qué, ni quién lo retiró. En 2007 hubo una misa y eso fue todo… Pero hace poco más de un año, el 6 de octubre 2010, este mismo Colectivo Memoria PUC, junto al académico Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia y ex profesor de esa casa de estudios, presentaron el libro “Una luz sobre la sombra: detenidos desaparecidos y asesinados de la Pontificia Universidad Católica de Chile”, que en 180 páginas refleja una investigación del equipo editor y de la periodista/escritora Nancy Guzmán, con prólogo del historiador Salazar y diseño gráfico y portada de José Bórquez. La presentación de ese libro fue la primera actividad en memoria de estas 28 víctimas realizada oficialmente en un recinto de la PUC, gracias al interés de la Federación de Estudiantes de esa casa de estudios, presidida entonces por Joaquín Walker.

¿Quiénes fueron “los 28”?

Entre las víctimas se encuentran talentosos jóvenes, como las (os) periodistas Diana Arón y Eduardo Jara, la incipiente cinematografista Carmen Bueno y su pareja, el documentalista Jorge Hernán Müller Silva –camarógrafo de la trilogía “La batalla de Chile”, de Patricio Guzmán–, el estudiante de ingeniería Allan Bruce, el profesor de inglés Alejandro Ávalos, el pedagogo y ex sacerdote Omar Venturelli y otras vidas truncadas. El ex fiscal del ejército Alfonso Podlech, abogado y terrateniente anticomunista que envío a la muerte a Venturelli y a decenas de personas en la Araucanía-Temuco, estuvo preso en Italia desde 2006, juzgado por un tribunal que investiga el asesinato de éste y otros ciudadanos de origen italiano ultimados en Chile, Argentina y Uruguay, pero resultó “absuelto” en julio de 2011, aunque la Fiscalía italiana pidió cadena perpetua.

Cinco víctimas –Ismael Chávez, María Teresa Eltit, Ángel Guerrero, Samuel Lazo y Ernesto Ríos– estudiaban en el Departamento Universitario Obrero Campesino (DUOC), que nació en 1968, con la Reforma Universitaria y el primer rector laico de la PUC, Castillo Velasco, para dar educación gratuita a hijos de obreros y campesinos, tal como otros programas de las universidades de Chile, Técnica del Estado y Federico Santa María dirigidos a trabajadores y alumnos pobres que recibían formación en carreras técnicas de alto nivel. Al año de fundarse, el DUOC tenía 475 alumnos y siguió creciendo, pero hoy la educación debe pagarse.

Entre las víctimas figuran también Eugenio Ruiz Tagle-Orrego, ingeniero civil y militante del Mapu, pariente del ex presidente y actual senador demócrata cristiano Eduardo Frei R-T, quien perdió las elecciones ante Sebastián Piñera. Sus ideas políticas condujeron a todas las víctimas de la Católica a militar o simpatizar con los diferentes partidos y movimientos que caracterizaron la diversidad política de la época que marcaron la presidencia de Salvador Allende (1970-1973) y el ascenso de las luchas sociales en Chile en la década del 60.

Según el orden alfabético de sus apellidos, las víctimas cuya memoria se recuerda en la PUC son Diana Frida Arón Svigilsky, Alejandro Ávalos Davidson, Jenny del Carmen Barra Rosales, Leopoldo Raúl Benítez Herrera, Patricio Biedma Schadewaldet, Alan Roberto Bruce Catalán, Carmen Cecilia Bueno Cifuentes, Mauricio Jean Carrasco Valdivia, María Teresa Eltit Contreras, Ismael Darío Chávez Lobos, Ángel Gabriel Guerrero Carrillo, Ignacio Orlando González Espinoza, Luis Enrique González González, José Eduardo Jara Aravena, Juan Alberto Leiva Vargas, José Patricio del Carmen León Gálvez, Samuel del Tránsito Lazo Maldonado, Enrique López Olmedo, Víctor Eduardo Oliva Troncoso, Jaime Ignacio Ossa Galdámez, Ernesto Igor Ríos Céspedes, Alicia Viviana Ríos Crocco, Juan Carlos Rodríguez Araya, Eugenio Ruiz Tagle Orrego, ENRIQUE ANTONIO SAAVEDRA GONZALEZ , Jilberto Patricio Urbina Chamorro, Omar Roberto Venturelli Leonelli y Héctor Patricio Vergara Doxrud.

De las víctimas, 5 pertenecieron al Mapu, 2 al PC, 1 al partido Socialista, 18 al MIR y el resto no registran militancia específica, como Ernesto Ríos, de 18 años, muerto en 1986 de un balazo en el cráneo disparado desde un helicóptero mientras presenciaba una protesta popular en su barriada. También hay tres extranjeros, como el sociólogo Enrique López Olmedo, nacido en España, y el arquitecto Patricio Biedma, oriundo de Buenos Aires, quien terminó sus estudios en la Católica, y se quedó a vivir y trabajar en Chile, tras huir de la dictadura argentina de Juan Carlos Onganía. Su asesinato secreto, al igual que la desaparición de otras 118 personas, fue enmascarado por la Operación Colombo del Plan Cóndor, con el montaje periodístico de un falso enfrentamiento “en las pampas argentinas” en que murieron 119 supuestos refugiados izquierdistas provenientes de Chile. Esta colosal mentira fabricada por los diarios de las cadenas El Mercurio, La Tercera y otros grandes medios, con la complicidad de ciertos periodistas de la época, también es conocida como el caso de “Los 119”.

Otro episodio terrorífico sesgó la vida del joven boliviano Enrique Saavedra, 18, quien jamás mostró ningún interés por la política. Sólo viajó a Chile para formarse como ingeniero comercial en la PUC, que ya había se había hecho famosa por su adscripción a las teorías neoliberales que impartía la escuela de economía de la universidad de Chicago. Alcanzó a aprobar el primer semestre en 1973 y con su primo Ramiro Carlos González enfrentaban la aventura de vivir solos en un hotel céntrico de la capital chilena. Cuatro días después del golpe del 11 de septiembre de 1973, salieron a caminar por las calles, a curiosear y comprar alimentos, tras el prolongado toque de queda impuesto por el nuevo gobierno. Jamás reresó a su hotel, al igual que el primo. Nunca más se supo de ellos. Tampoco apareció cadáver alguno, ni hubo causa judicial. Pasaron al olvido como si nunca hubieran existido.

La única explicación de esta desaparición es la fobia racista contra los extranjeros estandarizada por los militares como pilar ideológico del golpe contra Allende “para defender la patria amenazada por el comunismo internacional”. Las fantasías castrenses pregonaban el mito de un ejército secreto de 10.000 checoslovacos, húngaros, cubanos, etc., y toda clase de “comunistas” empeñados en dominar el país. Cualquier latinoamericano sospechoso de “tropical”, o que hablara de manera distinta al chileno, se convirtió en un peligroso “comunista cubano”, aunque fuera brasilero o centroamericano, y si era negro, peor. Por lo demás, desde la expansión territorial chilena conquistada en la llamada Guerra del Pacífico de 1879, los bolivianos siempre han padecido en Chile la xenofobia racista subyacente en la propaganda de una clase propietaria bicentenaria.

Empatía PUC-dictadura

La PUC, que se llama Pontificia porque pertenece al Vaticano, fue un importante soporte ideológico y teórico de los militares. La universidad jamás mostró interés en rescatar la memoria de estos 28 miembros de la casa de estudios, en contradicción con el innegable esfuerzo de 17 años de la jerarquía católica por “dar voz a quienes no la tienen” defendiendo los derechos humanos de las víctimas de la dictadura (1973-1990) a través de la Vicaría de la Solidaridad. La facultad de economía de la PUC motorizó las teorías político-económicas acuñadas por Milton Friedman en la Universidad de Chicago, que del debate académico pasaron a implantarse por la fuerza en Chile sobre una clase trabajadora incapaz de defenderse de la feroz represión castrense, en el primer experimento neoliberal de la historia contemporánea en todo el mundo.

Muchos académicos de la facultad de economía de la PUC se convirtieron en millonarios, ministros y altos cuadros del aparato económico-financiero del estado, que bajo la dictadura militar privatizó todas las empresas públicas, incluida la línea aérea LAN, que al cabo de los años terminó en manos de Sebastián Piñera. El mayor aporte teórico de esos ingenieros comerciales fue un pesado texto fundamentalista de teoría económica neoliberal apodado “El Ladrillo”, que se convirtió en el catecismo de la dictadura.

En el ámbito jurídico, el académico de derecha Jaime Guzmán, ideólogo del régimen militar, muy cercano a Pinochet y profesor de derecho de la Católica, fundador del movimiento de extrema derecha que se hace llamar “gremialismo”, fue uno de los forjadores de la constitución impuesta por la dictadura en 1980, después de gobernar 7 años sin ninguna carta fundamental. Esta constitución sigue vigente en Chile gracias al maquillaje de sucesivas modificaciones que más bien legitimaron una carta caduca que sólo refleja los intereses de la clase política. Algunos profesores, como el abogado y ex senador UDI Carlos Bombal, incluso ayudaron a la DINA a capturar y torturar a sus colegas y alumnos de ideología izquierdista.

“Son conocidos los casos del abogado Carlos Bombal, que ayudó a la DINA en la detención de Alejandro Ávalos Davidson, [de] Andrés Terrisse, quien habría participado en interrogatorios a detenidos de la Universidad Católica, y el de la enfermera egresada de esta casa de estudios María Eliana Bolumburú Taboada, que fue conocida en la DINA como la ‘Reina del Pentotal’ por ser quien lo inyectaba a los detenidos antes de ser subidos al helicóptero que los lanzaba al mar”, cita un párrafo del libro (pág. 24) “Una luz sobre la sombra…”

Los restos de un ciudadano uruguayo y dos bolivianos, desaparecidos en Chile desde el golpe militar de 1973, fueron identificados entre las osamentas de 11 personas sepultadas en una fosa comun del Cementerio General de Santiago.

La Fundacion de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) preciso el viernes que se trata del artesano uruguayo Arazati Lopez Lopez y de los estudiantes bolivianos Ramiro Gonzalez Gonzalez y ENRIQUE ANTONIO SAAVEDRA GONZALEZ.

La organizacion humanitaria establecio contactos con los respectivos consulados, asi como con familiares de las victimas, para la probable repatriacion de las osamentas.

Esta es la primera oportunidad en que se identifican los restos de extranjeros desaparecidos tras el golpe de Estado entre el centenar de cadaveres exhumados en 1992 del Patio 29, una fosa comun del Cementerio General.

Establecer la identidad de los restos ha sido una labor dificil y prolongada, por el largo tiempo de sepultura, lo cual determino que el Estado hiciera aportes especiales para financiar los trabajos y contratar asesorias de expertos de otros paises.

Arazati Lopez, un artesano que entonces tenia 33 anos de edad, estaba desaparecido desde el 14 de septiembre de 1973, fecha en que fue detenido por agentes que allanaron una pension en Santiago donde vivia con otros uruguayos.

Ramiro Gonzalez, de 18 anos, quien tenia la nacionalidad chileno- boliviana, y su primo Enrique Saavedra, boliviano, de la misma edad, fueron aprehendidos el 15 de septiembre de 1973 en el hotel capitalino ej que se hospedaban.

Gonzalez era estudiante de Medicina en la Universidad de Chile, en tanto Saavedra seguia la carrera de Economia en la Universidad Catolica.

El informe de la Comision Verdad y Reconciliacion, emitido en 1991, consigno a 52 extranjeros entre las 2.279 victimas de violaciones de derechos humanos en Chile durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90).

El listado, que incluye a personas asesinadas y desaparecidas, registra a tres uruguayos, a tres bolivianos y a un chileno- boliviano.

FASIC informo que entre las 11 osamentas identificadas por expertos del Instituto Medico Legal estan tambien los restos de tres desaparecidos desde su detencion en el palacio presidencial de La Moneda el mismo dia del golpe.

Se trata de Manuel Castro y Luis Rodriguez, miembros de la escolta de seguridad de Allende, y Hector Pincheira, asesor de la Presidencia.

Tambien fueron individualizadas las osamentas de los campesinos Josa Castro, Luis Gaete y Luis Lazo, detenidos tres dias despues del golpe por efectivos militares en Paine, una localidad agricola cercana a Santiago.

La lista de victimas de desapariciones forzadas cuyos restos fueron identificados se completa con el estudiante Pedro Perez, que solo tenia 15 anos al momento de su detencion, y Luis Gutierrez, un dirigente barrial.

Los abogados de FASIC destacaron que Gutierrez, de 29 anos, sobrevivio a un fusilamiento el 30 de septiembre de 1973 y se le traslado a un hospital, donde fue secuestrado por una patrulla militar.

Testimonios, fotografías, cartas, testimonios y otros documentos que familias, amigas y amigos entregaron o escribieron especialmente para ser publicados incorpora el libro “Rompiendo el silencio de niñas, niños y adolescentes ejecutados políticos durante la dictadura cívico-militar 1973-1990”, el que fue realizado por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos, y a la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.

La publicación basada principalmente en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1991) y el Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (1996), busca reconstruir de forma integral y cuidada cada una de las vidas e historias de las víctimas.

Durante la investigación se accedió al archivo de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, donde se custodian documentos que las familias han preservado a través de años. También se incluyeron ilustraciones que estuvieron a cargo de Álvaro Gómez.

El proceso de creación fue un desafío complejo que implicó conjugar delicadeza, respeto y rigurosidad metodológica para enunciar en esta obra una verdad dolorosa e ineludible.

El Ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, participó hoy en el acto de homenaje y reconocimiento a Jorge “Chichi” Ríos y Jorge Ignacio Soto, estudiantes de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), que fueron detenidos y ejecutados por la dictadura chilena en septiembre de 1973.

“Representar al Estado de Chile es un honor para cualquiera que haya ocupado u ocupe, en mi caso, el cargo de Canciller. Yo no soy una excepción. Es un honor representar a Chile, pero en una ocasión como ésta es un deber hacerlo, y un deber extremadamente triste porque significa reconocer la responsabilidad de un Estado, que nosotros representamos, frente a esta horrorosa situación que se produjo a partir del 11 de septiembre y cuyas víctimas de la hermana República de Bolivia hoy estamos conmemorando”, afirmó el Ministro durante el homenaje.

"El periodo que estamos recordando pertenece al pasado y la idea nuestra es que pertenezca definitivamente al pasado, que permanezca en nuestra memoria, pero que ya no tenga ninguna presencia en nuestro país y en América Latina. El gobierno del presidente Boric está comprometido con la defensa y cumplimiento de los derechos humanos. Es una de las prioridades de nuestra política exterior, una prioridad que está siempre presente", agregó el Canciller.

Los dos jóvenes bolivianos forman parte de los más de sesenta casos de ciudadanos extranjeros identificados por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en 2003 y la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura en 2011, como víctimas extranjeras de la represión en Chile. Entre ellos, hubo ciudadanos de Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay y España.

En el homenaje de hoy, además participaron Juan Mario y Jorge Ríos, hijos de Jorge Ríos; el ex Presidente de Chile y ex Secretario General de Flacso, Ricardo Lagos; la Secretaria General de Flacso, Josette Altmann, y el Director de Flacso-Chile, Frabricio Franco.

El Patio 29 solía destinarse a la sepultación de indigentes, pacientes iquiátricos y personas que morían sin ser identificadas (NN). Sin embargo, entre septiembre de 1973 y enero de 1974, sus tumbas se utilizaron para ocultar como NN a víctimas de la represión. Javiera Bustamante y Stephan Ruderer reconstruyen la dolorosa historia del lugar, valiéndose de testimonios de los familiares de detenidos- desaparecidos, cartas, documentos y otras fuentes. El libro da cuenta, igualmente, del arduo proceso de identificación y entrega de los cuerpos, así como de las irregularidades que caracterizaron estas diligencias. Las potentes fotografías que ilustran el volumen fueron realizadas por la artista visual Mara Daruich.

Bustamante, Javiera; Ruderer, Stephan

El martes 11 de septiembre de 1973, el pueblo chileno amaneció de golpe. Efectivos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, a las que se sumó Carabineros, arremetieron contra el presidente Salvador Allende, quien luego de resistir con las armas en la mano durante horas, murió en el Palacio de La Moneda pasado el mediodía.

En los mil días del gobierno de la Unidad Popular (UP), decenas de miles de refugiados políticos de América Latina y el Caribe se arrimaron hasta el país para vivir de primera mano "la vía chilena al socialismo", un experimento inédito. No fueron la excepción las y los centenares de bolivianos, que se vieron forzados a abandonar su país tras el golpe de Hugo Banzer en agosto de 1971.

El presente artículo es fruto de una alianza editorial entre el periódico chileno Resumen y la revista Correo del Alba, y está dedicado a abordar las historias de vida de los seis jóvenes bolivianos ejecutados por la dictadura de Pinochet.

Ramiro Carlos Gonzales Gonzales y Enrique Antonio Saavedra Gonzales

Nacido el 20 de marzo de 1955 en la ciudad de Arica, Ramiro desde su niñez adoptó la nacionalidad boliviana, por línea paterna.

A sus 18 años estudiaba la carrera de Medicina en la Universidad de Chile, siendo detenido el sábado 15 de septiembre en Santiago, junto a su primo Enrique Antonio Saavedra Gonzales, nacido el 13 de junio de 1955, estudiante de Economía de la Pontificia Universidad Católica,

Solteros y sin militancia política, según el Informe Corporación, ambos "desaparecieron el día 15 de septiembre. Ese día, los jóvenes salieron del Hotel São Paulo, lugar en el cual residían, con el objeto de comprar alimentos, luego de cuatro días en que rigió el toque de queda. Desde esa fecha se ignora su paradero y las circunstancias que rodearon su desaparecimiento".

En la investigación de reconstrucción de los hechos, Dorbeo Hanssen Torrico, administrador del Hotel, atestiguó: "Efectivamente el año 1973, por el lapso de un mes aproximadamente estuvieron hospedados los jóvenes Ramiro Gonzáles y Antonio Saavedra, quienes me fueron recomendados por sus madres. Debo agregar que la última vez que vi a estos muchachos fue el día 15 de septiembre de 1973, fecha en que aproximadamente a las 16:00 hrs. salieron a dar una vuelta a las cercanías del Hotel, no regresando más a éste. Ignoro qué pueda haberles ocurrido, ya que nunca más supe de ellos, informando de esta situación a sus madres".

Luego de su desaparición, las madres de estos jóvenes viajaron a Chile y gestionaron su búsqueda ante la Cancillería y Cruz Roja Internacional; por años se especuló de su paso por el centro de detención y tortura del Estadio Nacional. Entre las décadas del 70 y 80 hicieron lo propio ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el Ministerio de Defensa y otras tantas instituciones públicas, sin éxito alguno.

A fines del año 1994 sus osamentas fueron identificadas, tras ser inhumadas de una fosa común del Patio 29 del Cementerio General en Santiago, siendo repatriados por sus familiares en 1996.

Donato Quispe Choque

De 28 años de edad, sin actividad política conocida, se desempeñaba como obrero textil delegado de la sección Hilandería de la Fábrica Sumar, entonces parte del Cordón Industrial Vicuña Mackenna.

Según el Informe Rettig, "esta industria había sido allanada previamente el día 12 de septiembre por efectivos del Ejército, quienes tomaron el control de la empresa [Sumar].  El día 23 de septiembre se presentaron la mayoría de los operarios a su lugar de trabajo, obedeciendo a un llamado de las nuevas autoridades. En la medida que los trabajadores iban llegando a la empresa, eran formados y separados aquellos que se consideraban como los más peligrosos de acuerdo a listas que los militares consultaban".

Donato fue detenido, junto a una veintena de colegas, en su lugar de trabajo el domingo 23 de septiembre, siendo asesinado ese mismo día.

Su cadáver fue encontrado en la vía pública, en la carretera General San Martín, desde donde fue llevado hasta el Instituto Médico Legal. La autopsia de Donato y sus compañeros -vendados y con múltiples balas- arrojó que habían sido ejecutados por agentes del Estado.

El año 2008 su cuerpo fue identificado en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago y repatriado a Bolivia.

Luis Busch Morales

Ingeniero agrónomo, militante del Partido Socialista, de 36 años de edad.

Fue detenido por el Servicio de Inteligencia de Carabineros (Sicar) el viernes 5 de octubre de 1973. Inmediatamente, se le trasladó al retén Río Loa, dependiente de la Primera Comisaría de Carabineros y luego a la Cárcel Pública de Calama.

Junto a otros dos militantes socialistas -Francisco Valdivia y Andrés Rojas- fue sometido a un Consejo de Guerra que se habría llevado a cabo el sábado 6 de octubre en el Regimiento N° 15 de Calama.

Acusado de protagonizar un amago de sabotaje en la planta de explosivos Dupont de la empresa Enaex, fue ejecutado en el sector Cerro Topater, en las afueras de la norteña ciudad.

Según el Informe Corporación: "las ejecuciones se practicaron el mismo día en que se habría desarrollado el Consejo y los restos de los ejecutados no fueron entregados a sus familiares sino hasta dos años después, cuando se les indicó el lugar en que se hallaban sepultados y se les permitió exhumarlos".

En marzo de 2023 el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Hormazábal, condenó al exoficial de Ejército Adolfo Born Pineda a la pena de 10 años y un día de prisión efectiva por los asesinatos de Busch, Valdivia y Rojas. En su informe final sentenció: "el asesinato de los señores Francisco Gabriel Valdivia Valdivia, Luis Busch Morales y Andrés Rojas Marambio, se ejecutó actuando los hechores con alevosía, esto es, sobre seguro, tratándose de tres personas que fueron detenidas por funcionarios de Carabineros del Sicar, quienes habiendo sido llevados previamente a otros recintos de detención e interrogados con aplicación de tortura, fueron trasladados el día 6 de octubre de 1973 al Regimiento N° 15 de Calama y, ese mismo día, en horas de la tarde, aproximadamente a las 18:30, las tres personas fueron fusiladas en el cerro Topater de Calama, en un contexto posterior al golpe militar en que las fuerzas militares tenían el control total y absoluto del país. […] Que, respecto de esos homicidios calificados, además, debe considerarse que de los antecedentes allegados al proceso fluyen algunos elementos para determinar cuáles fueron las verdaderas razones para detener a Valdivia, Rojas y Busch por los funcionarios de Carabineros, y si bien se les trató de vincular a un irrisorio plan terrorista, lo cierto es que queda claro que fueron razones políticas las que motivaron a los hechores a ultimar a las víctimas, lo cual constituye delitos de lesa humanidad».

Jorge Ignacio Soto Quiroga

De 28 años de edad, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) de Bolivia, este joven abogado y estudiante de postgrado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) se exilió en Chile, siendo detenido junto a su esposa, Ruth Miriam Canelas Luján, su amigo Homero Bustos Quiroga y su primo Medardo Navia Quiroga -ambos estudiantes de Sociología-, por efectivos del Comando de Ingenieros del Ejército, quienes irrumpieron ilegalmente en su domicilio ubicado en calle Sazié N° 2104, donde les interrogaron y sometieron a tormentos físicos.

Tras su detención, las últimas tres personas fueron llevadas al Comando de Ingenieros del Ejército, en la intersección de las calles República y Sazié, y luego al Estadio Nacional, recinto del cual, al correr de los días, fueron liberados.

Jorge Soto Quiroga, por su parte, fue igualmente recluido en el Comando de Ingenieros del Ejército, lugar del que se le arrojó al vacío desde una azotea el miércoles 26 de septiembre.

Si bien el Ejército informó a la familia de un supuesto suicidio, en 2011 la Comisión Presidencial Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura concluyó que se trató de un asesinato por parte de agentes del Estado.

En abril de 2022, la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, procedió a imputar por el delito de secuestro calificado al militar retirado José Enrique Contreras Pacheco. El documento del procesamiento indicó: "encontrándose a disposición de sus captores, Jorge Soto Quiroga fue conducido a la azotea del edificio, de una altura aproximada a un inmueble de cuatro pisos, donde no existían elementos de protección ni medida de seguridad alguna. Desde dicho lugar cae, falleciendo en el acto producto de un traumatismo craneoencefálico toraco-abdominal".

El miércoles 29 de marzo del presente año, el canciller chileno, Alberto van Klaveren, participó de un homenaje a Jorge Soto y Jorge Ríos realizado por Flacso en Santiago. Allí la autoridad expresó: «es un honor (representar a Chile en el acto), pero en una ocasión como esta es un deber hacerlo. Y un deber extremadamente triste porque significa reconocer la responsabilidad de un Estado, que nosotros representamos, frente a esta horrorosa situación que se produjo a partir del 11 de septiembre y cuyas víctimas de la hermana República de Bolivia hoy estamos conmemorando".

Jorge Ríos Dalenz

Nacido el 25 de julio de 1941 en Cochabamba, tenía 32 años de edad para el golpe de Pinochet. Era odontólogo, exdirigente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB) y uno de los fundadores emblemáticos del MIR de Bolivia, había evadido la dictadura de Banzer tras el golpe de 1971 para refugiarse en Santiago de Chile. Al momento de su muerte cursaba estudios de postgrado en Ciencias Políticas en la Flacso.

Detenido por una Patrulla Militar, el jueves 13 de septiembre, frente a su cónyuge y dos hijos, en su departamento de la calle Seminario en la comuna de Providencia. Relató uno de los hijos a Wilson García Mérida ("Un cochabambino en manos de Pinochet. Lucha, pasión y muerte de Jorge Ríos Dalenz"): "mi hermano Jorge Eduardo y yo jugábamos fulbito en el pasillo de nuestro departamento cuando vimos llegar a los soldados. Subieron al piso y gritaban el nombre de mi padre buscándolo. Un militar me preguntó si yo sabía dónde estaban las armas que supuestamente mi papá escondía en la casa. Ese día nos visitaba Susy Requena, quien nos ocultó en nuestro dormitorio y nos leía un cuento mientras detenían a mi padre. Lo bajaron y lo pusieron en un jeep sin capot, yo lo miraba sentado desde una ventana y me hizo un gesto diciéndome chau con las manos. Fue la última vez que lo vi».

Asesinado a las 21:00 hrs. del día siguiente, según el Informe Corporación, su cuerpo se hallaba en la vía pública con "múltiples heridas de bala, cráneo encefálica, cervical, torácicas, abdominal y de extremidades con salida de proyectiles", como consignó el informe del Instituto Médico Legal.

Rosario Galindo, su viuda, años más tarde narró los pormenores de la búsqueda del cuerpo de su marido, con claras huellas de tortura, en el mencionado Instituto, el día 16 de septiembre: "era domingo, unos cuatro días después de la desaparición de mi esposo. Mis hijos y yo fuimos invitados a almorzar por un familiar y convenimos vernos con él en un parque próximo a nuestro departamento. Cuando nos disponíamos a salir, vino Carmen Pereira trayéndonos la noticia. Tonchi Marincovic le había comunicado que un médico chileno, amigo suyo, vio el cadáver de Jorge en el Instituto Médico Legal. Me apresuré en dejar a mis hijos con una amiga y fui presurosa a la morgue. Estaba a punto de desvanecerme.  En el Instituto Médico Legal había miles de cadáveres amontonados en varias habitaciones. Miles. Había jóvenes, ancianos, mujeres. Hallé a mi esposo entre ese montón de muertos, con la cara amoratada, aunque era reconocible. Tenía la misma ropa del día en que se lo llevaron, una camisa blanca toda teñida de sangre. Tenía una clavícula fracturada y las rodilleras del pantalón desgarradas, con las rodillas descubiertas".

Su cuerpo fue recuperado, cremado y repatriado por su familia.

Meses después de aquel 11 de septiembre, un sobreviviente a la tragedia, René Zavaleta Mercado, reflexionó: «sacaron su cadáver [de Allende] envuelto en un poncho boliviano. Perseguidos también nosotros, como una raza maldecida, por el Chile de Pinochet, quisimos ver en ello un símbolo intacto de la fraternidad de los revolucionarios de Bolivia y Chile».