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SERGIO ALFONSO REYES NAVARRETE

 

Rut       : 5.574.473, Santiago

F.Nacim. : 17-03-48, 26 años de edad a la fecha de detención

Domicilio : Vergara 24, Depto. 403, Santiago

E.Civil  : Casado

Actividad : Egresado de economía de la Universidad de Chile, funcionario de CORFO.

C.Repres. : Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR.

F.Detenc. : 16 de noviembre de 1974

 

                                                                   

 

SITUACION REPRESIVA

            Sergio Alfonso Reyes Navarrete, economista, casado, militante del MIR, fue detenido el 16 de noviembre de 1974 en su departamento ubicado en calle Vergara 24 de la capital, por 3 agentes de la DINA comandados por Osvaldo Romo Mena, quienes se movilizaban en una camioneta Chevrolet de color rojo, toldo de color verde, y patente EM-985 hecha en madera y que resultó ser falsa. Los aprehensores llegaron al edificio de departamentos alrededor de las 14:00 horas y, luego de preguntar al conserje el número del departamento del afectado, dos de ellos subieron al inmueble y tras allanar sus dependencias, Sergio Reyes Navarrete fue bajado con las manos esposadas y subido a la parte trasera del vehículo. La víctima alcanzó a solicitar al conserje, Juan Lincoyán de la Jara, que avisara a sus suegros de su situación, para que a su vez, estos impusieran de los hechos a su cónyuge que en esos momentos se encontraba por razones de trabajo en el sur del país. Una vez que el afectado fuera introducido a la camioneta, uno de los agentes que posteriormente se identificó como Osvaldo Romo, advirtió al conserje que nada contara de lo que había presenciado.

            Juan Lincoyán, al describir a los agentes, expone -en declaración judicial- que uno era macizo de unos 45 años que parecía ser el jefe de los otros dos (identificado como Osvaldo Romo), uno de los cuales era de contextura delgada, usaba bigotes y aparentaba unos 30 años de edad, y el tercero que era el chofer, usaba melena, era más joven y portaba una pistola del 45 que era de uso militar, lo que le consta porque el perteneció a las Fuerzas Armadas, y porque ese hombre sacó y exhibió la pistola en su presencia, sin motivo alguno.

            Su familia, enterada del arresto, realizó numerosas y angustiosas averiguaciones para dar con su paradero. Es así, que su madre, doña Magdalena Mercedes Navarrete Faraldo, simulando ser familiar de personas detenidas en el Campamento "Tres Alamos" (campamento de prisioneros políticos), ingresaba a dicho recinto a fin de entrevistar a los prisioneros, a quienes exhibía una fotografía de la víctima y su descripción física; recibiendo indicios, de que su hijo estuvo un período en el Campamento " 4 Alamos". Sin embargo, su suerte corrida en manos de la DINA sigue siendo un misterio.

            Su nombre apareció en revistas extranjeras (publicaciones que editaron un sólo número) en una nómina de 119 chilenos presuntamente muertos en el extranjero en luchas internas entre grupos de izquierda. Todas las personas allí nombradas, tienen el denominador común de haber sido detenidos por la DINA y encontrarse hasta la fecha en calidad de detenidos desaparecidos.

            Su nombre figuró en una nómina de 60 chilenos que habrían muerto en el extranjero en manos de sus compañeros de lucha o en combates con las Fuerzas Armadas argentinas. Dicha nómina fue dada a conocer por la revista LEA de Argentina, publicación que editó un sólo número, sin editor responsable, y tanto su dirección como su pie de imprenta resultaron ser falsas.

           

 

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            El 18 de noviembre de 1974, se interpuso un recurso de amparo en su favor ante la Corte de Apelaciones de Santiago, rol 1428-74. Los informes solicitados a las autoridades, tales como al Jefe de Zona de Estado de Sitio, Ministerio del Interior, y Comando de Aviación de Combate, no dieron resultado alguno. Asimismo, la diligencia tendiente a individualizar la patente del vehículo en que se movilizaban los agentes, dio como resultado la falsedad de dicha patente. El 11 de diciembre de 1974 el recurso fue rechazado en virtud de que los informes señalados indicaban que el amparado no se encontraba detenido. Sin perjuicio de lo anterior, la Corte remitió los antecedentes al 5º Juzgado del Crimen de Santiago, a fin de instruir el sumario correspondiente, por el desaparecimiento de la víctima.

            El 18 de diciembre de 1974, el 5º Juzgado del Crimen inició el sumario 99.666, en cuya tramitación comparecieron los familiares de la víctima, quienes ratificaron las circunstancias de su arresto y posterior desaparecimiento. En julio de 1975, se agregó al proceso una querella criminal interpuesta por su cónyuge, doña María Elisa Zepeda Rojas, por el delito de secuestro y en contra de la DINA. En ese mismo mes de julio, compareció al Tribunal, Juan Lincoyán de la Jara Rivera, conserje del edificio de departamentos en el cual fue detenido Sergio Reyes Navarrete. En su testimonio expone los hechos que le tocó vivir y que corresponden a las circunstancias ya narradas. Los nuevos informes solicitados a las autoridades nuevamente resultaron negativos, inclusive el informe solicitado a la DINA y que fue respondido a través del Ministerio del Interior. Entre estos informes, destaca el del Ministerio de Relaciones Exteriores, al cual el Tribunal solicitara investigar la noticia publicada por las revistas "LEA" de Buenos Aires, y "O'DIA" de Brasil, en relación a una nómina de chilenos muertos en el extranjero en enfrentamientos con organismos de seguridad en distintos puntos de Argentina. Esa Secretaría informa que no hay antecedente oficial alguno, de que las personas nombradas en esas nóminas -entre ellas el afectado- hayan fallecido en el extranjero, tampoco existen antecedentes que hayan abandonado el país y que los países vecinos nada han informado en particular. No dice el informe de Relaciones Exteriores, de que esas revistas publicaron sólo un número y para el sólo efecto de publicar las nóminas de chilenos supuestamente fallecidos en el extranjero. Por esta misma situación, a raíz de que víctimas sobrevivientes de la DINA manifestaran a la familia del afectado, que numerosos detenidos que aparecen en esas nóminas fueron llevados a Colonia Dignidad, el Tribunal exhortó al Juzgado de Parral a fin que hiciera las consultas pertinentes a los directivos de esa entidad. En el exhorto, diligenciado por Carabineros, se informa que en ese lugar nadie conoce ni ha visto a la víctima; se hace presente que en la puerta de entrada hay instalada una barrera, para controlar el tránsito hacia El Junquillo e interior de la cordillera, y que no fue posible interrogar a Jefe alguno de la Colonia Dignidad.

            El 13 de enero de 1976 la causa fue sobreseída temporalmente con el fundamento de que no se encuentra acreditado el delito que se investiga. Dicha resolución fue aprobada por la Corte de Apelaciones de Santiago el 7 de mayo de 1976.

            En enero de 1978, el proceso fue reabierto a raíz de una nueva querella criminal por los delitos de violación de domicilio; secuestro o arresto ilegal, individualizándose al agente de la DINA, Osvaldo Romo Mena. El Tribunal, acogiendo una petición de la parte querellante, emitió una orden de arresto en contra del agente individualizado, quien nunca fue habido por los organismos policiales.

            En enero de 1980, la causa fue remitida al Sr. Ministro en Visita Servando Jordán López, quien investigó los casos de personas detenidas desaparecidas del Departamento de Santiago. El Sr.Ministro, a raíz de una publicación de la revista "Que Pasa" en el Nº495 correspondiente a la semana del 2 al 8 de octubre de 1980, titulada "Regreso de un 007 criollo", y que indica que Osvaldo Romo Mena estaría de vuelta en funciones de seguridad, que la revista presenta como altas y oficiales, citó a declarar a la periodista María Gabriela Eguiguren Díaz, encargada de la sección "por el ojo de la llave" de la mencionada revista, y en la cual apareció la noticia mencionada. La profesional expuso que ella era la encargada de redactar las noticias que aparecen en la sección, y que la noticia acerca de Osvaldo Romo la dio una de las doce personas que conforman el Comité Editorial de la Revista; como no se acordaba de la persona que proporcionó la información quedó de averiguarlo para el Tribunal. En su segunda comparecencia ante el Sr. Ministro, manifestó haber fracasado en las indagaciones que se había comprometido realizar.

            Finalmente, el proceso fue nuevamente sobreseído en abril de 1982.

            Finalmente, otro recurso de amparo, presentado en enero de 1975 fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago.

            En agosto de 1978, se presentó una querella criminal en contra del General Manuel Contreras Sepúlveda y otros agentes de la DINA, por el delito de secuestro o arresto ilegal en perjuicio de 70 personas, entre las cuales se encuentra Sergio Reyes Navarrete, ambos ante el 10° Juzgado del Crimen de Santiago. Se entregaron al Tribunal los nombres de los siguientes agentes de la DINA, Osvaldo Romo Mena, Miguel Krassnoff Martchenko, Marcelo Moren Brito y de Rolf Wenderoth Pozo. Del organismo de seguridad se denunció la forma de operar y se indicaron los recintos secretos. La jueza después de constatar la pertenencia al Ejército de los querellados y sin efectuar ninguna diligencia, se declaró incompetente y remitió los antecedentes a la Justicia Militar con fecha 10 de agosto de 1978. Se apeló de dicha resolución y se acudió de queja ante la Corte Suprema y no obstante en mayo de 1979 los antecedentes se radicaron definitivamente en la 2a. Fiscalía Militar de Santiago, la que los roló con el N° 553-78.

            Se enviaron Oficios consultando por todos los afectados y se inició rápidamente la acumulación de distintos procesos que estaban siendo investigados en la Justicia Ordinaria. En total se acumularon 37 expedientes -no se realizaron gestiones por ninguno de ellos- algunos provenientes de la Visita del Ministro Servando Jordán y otros para los cuales la Justicia Militar había solicitado la incompetencia del Juez del Crimen que tramitaba el proceso. Recién en agosto de 1982, la Fiscalía expidió Oficios a todos los Servicios de Inteligencia, a Policía Internacional y a cementerios de la Región Metropolitana, inquiriendo por la situación de 58 víctimas, de los 70 que investigaba. Nada logró saberse al respecto.

            En enero de 1983, el Tribunal Militar tuvo a la vista los cuatro tomos del Cuaderno de Instalación de la Visita Extraordinaria de Servando Jordán López y el 1° de marzo de 1983 se declaró cerrado el sumario por "no existir diligencias pendientes". El 17 de marzo del mismo año se sobreseyó total y temporalmente la causa. Se tuvo presente, entre otras consideraciones que: a) se habían tenido a la vista diversos expedientes y el Cuaderno de la Visita; b) que se había allegado antecedentes provenientes del Instituto Médico Legal, Central Nacional de Informaciones, Policía Internacional, Servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas e informes de cementerios, hospitales y postas; y c) que agotada la investigación, no aparecía ningún indicio que permitiera, a lo menos, presumir que se hubiese cometido algún delito imputable al General Manuel Contreras o a los otros Oficiales.

            La parte querellante apeló a la Corte Marcial, la que, con fecha 5 de octubre de 1983, revocó la resolución por "encontrarse incompleta la investigación" y ordenó la citación a declarar de Contreras Sepúlveda e investigar qué funcionarios de la DINA y de la Secretaría Nacional de Detenidos (SENDET) participaron en la detención de los desaparecidos, de los cuales consta en autos que se los detuvo.

            Nuevamente la 2a. Fiscalía Militar envió Oficios a las autoridades. En junio de 1983 se produjo la detención de la colaboradora de la DINA, Marcia Alejandra Merino Vega, la que fue interrogada por el Fiscal Militar Juan Carlos Manns Giglio, y puesta en libertad por éste el 22 de junio del mismo año; no obstante existir una orden del Ministro en Visita Subrogante José Cánovas Robles, en relación a que fuera puesta en forma urgente a su disposición en calidad de detenida. Ante el Fiscal Militar Marcia Alejandra Merino desmintió sus propias declaraciones prestadas ante el 11mo. Juzgado del Crimen de Santiago.

            Con respecto a la citación a Manuel Contreras Sepúlveda ordenada por la Corte Marcial, durante dos años no se le ubicó. A raíz de esta situación, el Coronel de Ejército Rolando Melo Silva, Fiscal General Militar, pidió a la Corte que se dejara sin efecto la comparecencia personal de Contreras Sepúlveda, puesto que ello significaba atribuirle implícitamente la calidad de inculpado de los delitos que se investigaban (agosto de 1985). La solicitud fue acogida con los votos en contra de dos Ministros de la Corte Marcial, quienes estuvieron por denegarla por ser "absolutamente extemporánea".

            Recién el 25 de septiembre de 1985, el General (R) Manuel Contreras declaró por exhorto ante la Fiscalía Militar. Dijo haber ocupado el cargo de Director Ejecutivo de la DINA desde 1974, hasta el 12 de agosto de 1977, fecha en que dicho organismo se disolvió. Negó la existencia de las Brigadas de Inteligencia; señaló que Miguel Krassnoff Martchenko, Fernando Adrián Laureani Maturana, Marcelo Moren Brito, Vianel Valdivieso y Rolf Wenderoth Pozo, habían cumplido funciones de Inteligencia como analistas o integrantes de las Unidades de Inteligencia; que Edgar Ceballos Jones y Roberto Fuentes Morrison, no pertenecieron nunca a la DINA; que Osvaldo Romo Mena sólo fue un informante de un agente de la DINA; que Villa Grimaldi, Londres 38, casa de calle Irán con Los Plátanos y casa de calle José Domingo Cañas no eran lugares de detención; que la clínica de calle Santa Lucía se usaba para la atención médica de los funcionarios de la DINA y de los detenidos; y que no recordaba los nombres de las personas encargadas de los archivos de la Dirección de Inteligencia Nacional.

            Sin que se realizaran diligencias durante cuatro años, el 20 de noviembre de 1989, el Teniente Coronel de Ejército, Enrique Ibarra Chamorro, Fiscal General Militar, solicitó para esta causa la aplicación del Decreto Ley de Amnistía (D.L. 2.191) porque el proceso había tenido como finalidad exclusiva la investigación de presuntos delitos ocurridos durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978 y porque durante los 10 años de tramitación, no se había logrado "determinar responsabilidad de persona alguna". El 30 de noviembre de 1989, la solicitud fue acogida por el 2° Juzgado Militar, el que sobreseyó total y definitivamente la causa -la que aún se encontraba en etapa de sumario- por "encontrarse extinguida la responsabilidad penal de las personas presuntamente inculpadas en los hechos denunciados". Las partes querellantes apelaron de dicha resolución a la Corte Marcial, la que confirmó el fallo en enero de 1992. Se interpuso entonces un Recurso de Queja ante la Corte Suprema de Justicia, la que al mes de diciembre de 1992, aún no evacuaba su resolución.

            Para contar con un cuadro completo de los antecedentes para los cuales se solicitó el sobreseimiento total y definitivo, es necesario recurrir a las investigaciones realizadas en la Justicia Ordinaria relativas a la desaparición forzada de personas que habían sido detenidas por la DINA. Por esta razón entregamos la información contenida tanto en el Cuaderno de Instalación de la Visita del Ministro Servando Jordán López como de los distintos procesos que tramitaron los Juzgados del Crimen de la Jurisdicción de Santiago y que fueron acumulados a la querella contra "Manuel Contreras y otros" -rol Nro. 553-78- (de la que incluso y extrañamente no hay constancia de haber sido proveída). (Antecedentes completos de la querella en contra de Manuel Contreras, verlos en el caso de Eduardo Alarcón Jara).

            El agente identificado en los hechos de la detención de Sergio Navarrete como Osvaldo Romo Mena fue detenido el 16 de noviembre de 1992 a su llegada a Chile, cuando venía expulsado, tras haber permanecido oculto desde finales de 1975 en Brasil, bajo la identidad de Osvaldo Andrés Hernández Mena.

            El agente Romo había sido ubicado en Brasil en julio de 1992, como resultado de una serie de diligencias decretadas por la jueza Gloria Olivares en la causa por el desaparecimiento de Alfonso Chanfreau Oyarce. En razón de ello es detenido por las autoridades brasileras. La madre de Sergio Navarrete, Sra. Magdalena Reyes viaja en el mes de septiembre a Brasil y el 24 de septiembre en el Palacio de Justicia de Campinas logra, con autorización del juez, hacerle algunas preguntas directas al agente, en relación a la detención de su hijo; Romo dijo acordarse del lugar de la detención y ofreció entregar más información en Chile.

            Ya en Chile, Romo ha sido interrogado en varios Tribunales que sustancian causas por detenidos desaparecidos y en 6 de ellas ha sido encargado reo.

 

 


Esta pagina fue modificada el 17/07/2010

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