Rekas Urra Elizabeth Mercedes

ELIZABETH MERCEDES REKAS URRA

Nombre : ELIZABETH MERCEDES REKAS URRA
R.U.T. : 5.849.187-K de Santiago
F.Nacim. : 28 03 49, 27 años al momento de su detención
Domicilio : Diagonal Los Presidentes Nº143 B, Dpto. 2, Ñuñoa, Santiago
E.Civil : Casada Actividad : Asistente Social del Metro
C.Repres. : Militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria MAPU
F.Detenc. : 26 de mayo de 1976
 

Nombre : ANTONIO ELIZONDO ORMAECHEA
R.U.T. : 4.469.4921 de Santiago
F.Nacim. : 21 05 47, 29 años al momento de su detención
Domicilio : Diagonal Los Presidentes Nº143 B, Dpto. 2, Ñuñoa, Santiago
E.Civil : Casado
Actividad : Egresado de Ingeniería de la Universidad Técnica del Estado
C.Repres. : Militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria MAPU
F.Detenc. : 26 de mayo de 1976

Antonio Elizondo Ormaechea, casado, egresado de Ingeniería de la Universidad Técnica del Estado y Elizabeth Mercedes Rekas Urra, casada, embarazada, asistente social, ambos militantes del MAPU, fueron detenidos por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional DINA el día 26 de mayo de 1976, aproximadamente a las 18:30 horas, en la intersección de las calles Alameda con Lord Cochrane.

Ambos fueron detenidos en la vía pública, a bordo de una citroneta propiedad de la Empresa Constructora Raúl Varela S.A., donde Antonio se desempeñaba como ingeniero en ejecución, a cargo de la mantención de la maquinaria y equipos, desde el 29 de enero de 1975.

Dos días antes de la detención del matrimonio Elizondo Rekas, es decir, el día 24 de mayo de 1976, alrededor de las 15:00 horas, fue detenido Andrés Constantino Rekas Urra, hermano de Elizabeth, quien fue aprehendido por agentes de la DINA en la vía pública, en la esquina de las calles Alameda con Amunátegui, en los momentos en que éste descendía de un bus de la locomoción colectiva, luego de haber sido sometido a un notorio seguimiento. Sus captores lo introdujeron por la fuerza en un automóvil marca FIAT, modelo 125, de color gris, en el que lo trasladaron hasta el recinto de tortura y detención clandestino de la DINA, conocido como Villa Grimaldi. En ese lugar, fue interrogado acerca de las actividades de su hermana, de su cuñado y de un amigo y compañero de partido de éstos, señalándolo como un joven rubio que iba con frecuencia a la casa y cuya descripción correspondía a Juan Maino Canales (también detenido desaparecido). Concluido el interrogatorio, Andrés fue llevado por sus captores hasta el lugar donde trabajaba su hermana, con el objeto de que éste la reconociera. Para ello utilizaron el mismo vehículo en que detuvieron a Andrés Constantino. Una vez en el centro de la ciudad, le quitaron a éste la venda y estacionaron el vehículo en la calle Lord Cochrane, frente al trabajo de Elizabeth. Aproximadamente a las 18:30 horas, llegó hasta el lugar Antonio Elizondo, conduciendo la citroneta en que posteriormente fuera detenido junto a su esposa. Precisamente, recogió a ésta y abandonaron el lugar, siendo seguidos por el automóvil en que se trasladaban los agentes; pero varias cuadras más allá, perdieron de vista al vehículo en que se movilizaban Antonio y Elizabeth, razón por la cual los agentes y Andrés Constantino, regresaron nuevamente hasta Villa Grimaldi. Sin embargo, estando este último en ese recinto, el día 26, alrededor de las 19:00 horas, pudo distinguir el ruido característico del motor de la citroneta que utilizaba Antonio debido que al detenerse, seguía emitiendo un ruido la correa del ventilador, asimismo escuchó las voces de éste y de su hermana. Ese mismo día Andrés fue puesto en libertad por sus captores. Desde esa fecha se ha perdido todo rastro de Antonio, Elizabeth y de Juan Bosco Maino Canales, quien fuera detenido horas más tarde del mismo día 26 de mayo de 1976. Juan Bosco era militante y dirigente del partido MAPU, compañero de estudios de Antonio, con quien se encontraba realizando la tesis para obtener el título de Ingeniero Mecánico. Razón por la cual, Maino Canales concurría regularmente al domicilio del matrimonio Elizondo Rekas y muy a menudo alojaba allí, donde mantenía incluso algunas pertenencias suyas.

A raíz de la desaparición de la citroneta (conjuntamente con los detenidos), la empresa propietaria interpuso una denuncia por robo del mencionado vehículo, la que se tramitó ante el quinto Juzgado del Crimen de Santiago, con el Rol Nº102.463 7.

El mismo día de las detenciones, fue allanado el departamento donde residía el matrimonio Elizondo Rekas, oportunidad en que fue detenido Juan Bosco. Acerca del estado en que quedó el inmueble, da fe el acta de constitución en él del Notario Público don Rafael Zaldívar Díaz, asistido además por el propietario del departamento don Luis Bravo Vásquez y la madre de Juan Bosco Maino Canales. Este acto se realizó en virtud de que el Tribunal respectivo que investigaba la desaparición de Maino Canales, se negó a constituirse en el lugar. 

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS El día 3 de junio de 1976, Andrés Constantino Rekas Urra, interpuso ante la Corte de Apelaciones de Santiago el Recurso de Amparo Rol Nº486?76, en favor de Antonio Elizondo Ormaechea y de Elizabeth de las Mercedes Rekas Urra, el que fue rechazado el 1° de julio de 1976, teniendo en cuenta sólo dos informes del Ministro del Interior, que indicaba que los amparados no se encontraban detenidos por orden de esa Secretaría de Estado. Lo anterior fue obrado a pesar que en la presentación del Amparo se solicitó explícitamente que se requirieran informes, además de dicho Ministerio, a la DINA, al Ministerio de Justicia y al Jefe del Campamento de Detenidos "Cuatro Alamos", toda vez que al recurrente le constaba personalmente la reclusión de ambos en el recinto de Villa Grimaldi. Teniendo en cuenta tal situación, se solicitó a la Corte de Apelaciones, la designación de uno de sus Ministros para que se constituyera en Villa Grimaldi, petición que también fue rechazada por dicha Corte. Posteriormente, la resolución de no acoger el Recurso de Amparo, fue confirmada por la Corte Suprema el 29 de julio de 1976, la que además ordenó remitir los antecedentes al Juzgado del Crimen correspondiente, a fin de investigar la posible comisión de un delito en el hecho denunciado. Con fecha 13 de agosto de 1976, la Corte de Apelaciones remitió el expediente sobre recurso de amparo Nº486 76 al Segundo Juzgado del Crimen de Santiago. A su vez, la jueza Raquel Camposano Echegaray, el día 17 del mismo mes, ordenó remitir los antecedentes al Octavo Juzgado del Crimen, debido a que, según su opinión "la detención de Antonio Elizondo Ormaechea y Elizabeth de las Mercedes Rekas Urra, se habría llevado a efecto en el domicilio de dichas personas, el que se encuentra fuera de la jurisdicción de este Tribunal…". Comentando dicha declaración, el juez del 8° Juzgado del Crimen señala: "de lo que no existe antecedente alguno en el expediente y por el contrario, tal afirmación no se compadece con lo afirmado por el recurrente en orden a las diligencias que se habrían efectuado para buscarlos, que no tendrían objeto si hubieren sido ubicables en su domicilio…", razón por la cual le remite de vuelta los antecedentes al Segundo Juzgado del Crimen, el 24 de agosto de 1976. En el intertanto, la familia de Antonio recurrió a la representación diplomática de España en carta fechada el 25 de junio de 1976, a fin que recabaran información, ante las autoridades chilenas, acerca del matrimonio Elizondo Rekas; a quienes se les informó verbalmente que los detenidos se encontraban en Cuatro Alamos, respuesta que había sido dada por circular oficial. Finalmente, con fecha 1° de septiembre de 1976, son remitidos nuevamente los autos del Segundo al Quinto Juzgado del Crimen, teniendo en cuenta el lugar de detención del recurrente (en el Amparo). Iniciándose en este último Juzgado la tramitación, en forma definitiva, el 8 de septiembre de 1976, bajo el rol Nº102.825?1. Entre las diligencias ordenadas, se tuvo la causa rol Nº13.979?6 del Octavo Juzgado, iniciada el 17 de agosto de 1976 por presunta desgracia de Juan Bosco Maino Canales. De igual forma, durante el proceso, se tuvo a la vista la causa rol Nº102.463 del Quinto Juzgado del Crimen por hurto de la citroneta IUV 58 de La Cisterna, modelo 1962 que usaba Antonio Elizondo el día de su detención. Con fecha 31 de octubre de 1977, se cierra el sumario, sobreseyéndose temporalmente la causa. Sin que se lograra establecer ni el paradero ni el estado de las víctimas, ni menos los responsables de su desaparición, a pesar de la precisión de los datos aportados respecto a la reclusión de ambas víctimas en el recinto de Villa Grimaldi. El 14 de diciembre de 1977 la Corte de Apelaciones aprobó dicha resolución. Posteriormente, con fecha 1° de agosto de 1978, se presenta ante el Décimo Juzgado del Crimen de Santiago, una querella colectiva por el delito de secuestro de setenta detenidos desaparecidos, entre los cuales figuraba Antonio Elizondo Ormaechea y Elizabeth Rekas Urra, en contra del General (R) Manuel Contreras Sepúlveda, del Coronel de Ejército Marcelo Luis Moren Brito y del Teniente Coronel de Ejército Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo. Al Tribunal se entregaron además las identidades de otros agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), los antecedentes de recintos secretos de detención del mencionado organismo y otros datos relativos a su estructura y medios con que contaba la DINA. Sin realizar ninguna diligencia, el 10 de agosto de ese año la Jueza del 10° Juzgado se declaró incompetente y remitió los antecedentes a la Justicia Militar; después de varias apelaciones, en mayo de 1979 la causa se radicó en la 2a. Fiscalía Militar de Santiago, bajo el rol N° 553 78. En 1983 el Tribunal tuvo a la vista los cuatro cuadernos de instalación de la Visita Extraordinaria por casos de detenidos desaparecidos de la Región Metropolitana, que sustanció el Ministro Servando Jordán, en ellos se contenía importante información respecto al actuar de la DINA y a la responsabilidad de ese organismo de seguridad en cientos de detenidos desaparecidos. Sin que se realizaran diligencias durante cuatro años, el 20 de noviembre de 1989, el Teniente Coronel de Ejército Enrique Ibarra Chamorro, Fiscal General Militar, solicitó para esta causa la aplicación del Decreto Ley de Amnistía (D.L. 2.191), porque el proceso había tenido como finalidad exclusiva la investigación de presuntos delitos ocurridos durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978 y porque, durante los 10 años de tramitación, no se había logrado "determinar responsabilidad de persona alguna". El 30 de noviembre de 1989 la solicitud fue acogida por el 2° Juzgado Militar, el que sobreseyó total y definitivamente la causa – la que aún se encontraba en etapa de sumario-  por "encontrarse extinguida la responsabilidad penal de las personas presuntamente inculpadas en los hechos denunciados". Las partes querellantes apelaron de dicha resolución a la Corte Marcial, la que confirmó el fallo en enero de 1992. Se interpuso entonces un Recurso de Queja ante la Corte Suprema de Justicia, la que al mes de diciembre de 1992, aún no evacuaba su resolución. (Antecedentes completos de la querella en contra de Manuel Contreras se encuentran en el caso de Eduardo Alarcón Jara, 30 de julio de 1974).

DISPONIBLE ENYOUTUBE.COM

https://www.youtube.com /watch?v=zV5f_B8YHaY

Con un homenaje a estudiantes y profesionales víctimas de la dictadura militar, la Escuela de Trabajo Social junto al Colegio de Trabajadores Sociales de Chile, conmemoró los 66 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948 – 2013), este 10 de diciembre.

En un acto realizado en el memorial que recuerda a los 17 trabajadores sociales  detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, inaugurado el año pasado en dependencias de nuestra Universidad,  se recordó uno por uno a esos  hombres y mujeres que perdieron la vida en manos de agentes del Estado. “Nuestros compañeros tienen rostros y nombres”, señalan quienes les conocieron.

La actividad estuvo encabezado por el director de Escuela Pablo Miranda, docentes, estudiantes y representantes del Colegio de Asistentes Sociales de Chile.

Omar Ruz, de la Escuela de Trabajo Social de nuestra Universidad, recordó que diez de las víctimas estudiaron en dependencias de lo que es actualmente la Academia y,  que por esos años,  acogía a la Escuela de Servicio Social de la Universidad de Chile. Además,  destacó la ideología de quienes perdieron la vida tras el golpe militar, quienes a su juicio creyeron y lucharon por un ideal, “son un rayo de luz presentes en cada uno de nosotros”, indicó.

En una declaración pública y leída en la jornada por Luis Cáceres, el Colegio Provincial del Colegio Nacional de Trabajadores/as y Asistentes Sociales de Chile manifestó que  “Queremos en esta ocasión rendir un sentido homenaje a nuestros colegas y estudiantes de Servicio Social que fueron víctimas de la represión de la dictadura militar, por el sólo hecho de pensar diferente y soñar con un mundo mejor”.

Agregan que “la defensa irrestricta e irrenunciable de los Derechos Humanos es parte constitutiva de nuestra historia, memoria e identidad profesional. Nos sentimos plenamente legitimados/as a exigir justicia y castigo a los responsables de la dictadura cívico-militar de 1973-89, que amparados en el estado organizaron, dirigieron y ejecutaron esta política del terror sistemático”, indican en la declaración.

También estuvo presente la presidenta nacional, Alicia Yáñez y representantes de la comisión nacional de DD.HH de la entidad, quienes entregaron detalles y avances de las causas que se encuentran en tribunales, de las cuales varias han tenido resultados favorables.

“Uno de los sellos de nuestro Colegio a nivel nacional es trabajar con los derechos humanos desde el punto de vista de la historia para no olvidarla y eso también se ha visto reflejado en el trabajo que ha realizado durante los últimos 41 años nuestra Comisión de DD.HH”, sostuvo Yáñez.

Son 17 víctimas a nivel nacional que pertenecían a  diversas universidades del país,  cinco de los cuales  encabezan la lista de ejecutados y 12 fueron detenidos y hasta la actualidad se encuentran desaparecidos.

A estos se suma un nuevo caso que el Colegio de Trabajadores Sociales no contemplaba en sus registros. Se trata del estudiante de la Universidad de Chile,  sede Chillán, José Alfredo Romero Lagos de 22 años, quien detenido y asesinado en 1973 en una localidad cordillerana de dicha ciudad.

“La búsqueda de posibles  nuevas víctimas de la dictadura, especialmente de estudiantes de servicio social,  es una herida abierta y una tarea permanente para el Colegio”, indicó Omar Ruz.

Las victimas

Alfredo Gabriel García Vega (Estudiante, desaparecido), Carolina Wiff Sepúlveda (As. Social, desaparecida), Elizabeth Rekas Urra (As. Social, desaparecida), Jacqueline Binfa Contreras (Estudiante, desaparecida), Jacqueline Droully Yurich (Estudiante, desaparecida), José Ernesto Agurto Arce (As. Social, desaparecido), José Alberto Salazar Aguilera (Estudiante, desaparecido), Juan Ernesto Ibarra Toledo (Estudiante, desaparecido), Luis Jorge Almonacid Dúmenez (Estudiante, desaparecido), María Cecilia Labrín Saso (As. Social, desaparecida) María Teresa Bustillos Cereceda (Estudiante, lista de los 119), María Teresa Eltit Contreras (Estudiante, lista de los 119), Elizabeth Cabrera Balarritz (As. Social, Ejecutada política), Gilberto Victoriano Veloso (Estudiante, Ejecutado político), Segundo Norton Flores Antivilo (As. Social, Ejecutado político), Sonia Valencia Huerta ( As. Social, Ejecutada política), Rolando Angulo Matamala (As. Social, Ejecutado político).

La clase política está por el suelo con tanto chanchullo, una clase que se apropió del sistema político chileno, pero el colmo es la famosa “Bancada por la Vida”, integrada por casi 40 parlamentarios.

El grupo que, a mi juicio, representa una minoría conservadora en el parlamento, es amplificadas por los medios como El Mercurio y otros en manos de la derecha, nos hacen creer que la mayoría de los chilenos los apoya.

les. Algunos de estos mismo personajes, nada hicieron por defender a numerosas mujeres chilenas, que embarazadas fueron detenidas, torturas, violadas y desaparecidas por los agentes de la Dictadura. ¿Esto es doble estándar?

Cecilia Miguelina Bojanic Abad fue detenida junto a su esposo Flavio Oyarzun el 2 de octubre de 1974, cuando tenía 5 meses de embarazo. Testigos la vieron por última vez con vida en Cuatro Alamos.

Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, 24 años, fue detenida el 30 de octubre de 1974, con 3 meses de embarazo. Fue vista por última vez por testigos cuando agentes de la DINA la sacaron junto a su esposo de Cuatro Alamos a paradero desconocido.

María Cecilia Labrin Lazo, asistente social de 25 años, fue secuestrada el 12 de agosto de 1974 y llevada a la casa de torturas de la DINA Calle Londres 38. Un ex agente de seguridad de la Marina declaró extra-judicialmente que María Cecilia dió luz a una niña en marzo de 1975.

Gloria Lagos Nilsson, madre de tres hijos y embarazada de 3 meses, fue tomada como rehén para presionar a su compañero, miembro del MIR que se había fugado de la DINA. Fue vista en Cuatro Álamos en septiembre de 1974.

Nalvia Rosa Mena Alvarado, 20 años, fue secuestrada junto con su esposo Luis Emilio Recabarren González y su cuñado Manuel Guillermo Recabarren González, el 29 de abril de 1976. Tenía 3 meses de embarazo cuando testigos la vieron por última vez en Villa Grimaldi.

Michelle Peña Herreros, militante del Partido Socialista y estudiante de ingeniería de 27 años de edad, tenía más de 8 meses de embarazo. Fue detenida el 20 de junio de 1975 y llevada a Villa Grimaldi, donde fue vista por última vez con vida. Su madre se informó que fue llevada al Hospital de la Fuerza Aérea para dar a luz.

Reinalda del Carmen Pereira Plaza, 29 años, tenía 6 meses de embarazo al momento de su detención el 15 de diciembre de 1976. Elizabeth de las Mercedes Rekas Urra, 27 años y 6 meses de embarazo, fue detenida el 15 de diciembre 1976.  ( listado gentileza villa francia )

n el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido -que se instauró en 2011 gracias a iniciativa de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam) y el apoyo de la ONU-, representantes de la Coordinadora de Sociología y del Colectivo Antropología Popular UdeC realizaron intervenciones para recordar a compañeros y compañeras que fueron víctimas de la dictadura militar.

Sociología interrumpida
Con una instalación artística que intentaba simular un aula de clases, la Coordinadora de Sociología de la Universidad de Concepción le rindió homenaje a 17 alumnas y alumnos de la carrera que sufrieron la ejecución política o la desaparición forzada entre 1973 y 1990.

“Hoy en día nos encontramos frente a una arremetida negacionista que busca ocultar los crímenes de lesa humanidad que cometió el Estado de Chile durante la dictadura cívico militar. Es por ello como estudiantes de Sociología de la Universidad de Concepción queremos recordar a compañeras y compañeros que nos faltan, que fueron estudiantes como tú y yo, y que sus familias ni siquiera pudieron enterrar sus cuerpos”, indicaba la Coordinadora de Sociología en los trípticos que se le entregaban a estudiantes que se acercaban a presenciar este espacio de memoria.

Las personas recordadas este jueves fueron:
– Juan Carlos Gómez Iturra
– Nelson Herrera Riveros
– Luis Pincheira Llanos
– Héctor Sobarzo Núñez
– Héctor Velásquez
– Ana Luisa Peñailillo Parra
– Elizabeth Cabrera Balarritz
– Carlos Fernández Zapata
– Jorge Fuentes Alarcón
– Sergio Riffo Ramos
– Roberto Chaer Vásquez
– Ariel Salinas Argomedo
– Manuel Villalobos Díaz
– Washington Cid Urrutia
– Sergio Lagos Marín
– Alejandro Robinson Mella Flores

En honor a las mujeres caídas
Otra manifestación que se desarrolló en la Facultad de Ciencias Sociales corrió por parte de estudiantes de la carrera de Antropología, quienes montaron un lienzo con rostros de alumnas que estaban embarazadas al momento de sufrir detenciones forzadas.

“A lo largo de la historia la mujer se ha visto desplazada al ámbito privado y su participación política se ha limitado a posiciones menores, no se ha reconocido su rol activo en las transformaciones y se ha invisibilizado su lucha. Aquí tenemos evidencia suficiente que nos posiciona como protagonistas de la lucha armada y que destaca las convicciones de cada una de las que por esta causa dieron sus vidas, todas ellas, mujeres estudiantes, trabajadoras y madres que fueron reprimidas, torturadas, asesinadas y desaparecidas por motivos políticos, por ser militantes, por ser combativas y por atreverse a creer en un proyecto que apuntaba a una transformación real de la sociedad. Cada una de ellas fue parte fundamental de su movimiento y resistió firmemente hasta sus últimos momentos, y debemos recordarlas no sólo como víctimas de la dictadura sino como mártires que sembraron rebeldía en las nuevas generaciones”, comunicó el Colectivo Antropología Popular UdeC en una reseña que se compartió en la intervención.

Las mujeres conmemoradas por estudiantes fueron:
-Jacqueline Paulette Droully Yurich
-María Cecilia Labrín Saso
-Michelle Peña Herreros
-Cecilia Miguelina Bojanic Abad
-Diana Frida Aron Svigilsky
-Gloria Esther Lagos Nilsson
-Reinalda del Carmen Pereira Plaza
-Elizabeth Mercedes Rekas Urra
-Nalvia Rosa Mena Alvarado
-Gloria Ximena Delard Cabezas

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas (establecido por la Organización de Naciones Unidas (ONU), este lunes, la Federación de Sindicatos del Metro S.A. (Fesimetro), inauguró una placa en memoria de Elizabeth Rekas Urra, asistente social de Metro, detenida por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el 26 de mayo de 1976, mientras transitaba por la Alameda esquina Lord Cochrane (comuna de Santiago, RM). Fue trasladada al centro de secuestro, tortura y exterminio Villa Grimaldi, siendo hasta ahora detenida-desaparecida. Al momento de su detención tenía cuatro meses de embarazo.

La placa en memoria de Elizabeth Rekas Urra, se instaló en el frontis del edificio corporativo del Metro, ubicado en Alameda esquina Lord Cochrane

En la ceremonia estuvieron presentes representantes de la Federación de Sindicatos de Metro, presidida por Eric Campos, quien también es el secretario General de la CUT Chile; de la Administración del Metro de Santiago – Chile; de la Municipalidad de Santiago; del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y de la Fundación Londres 38.

Eric Campos, presidente de la Fesimetro y secretario General de la CUT Chile

La Segunda Sala del máximo tribunal consideró que se cumplen los requisitos para solicitar la extradición al país europeo para que Reinhard Doring Falkenberg sea juzgado en Chile.

La Corte Suprema estimó procedente solicitar a Italia la extradición del ciudadano alemán Reinhard Doring Falkenberg, procesado por la ministra en visita de causas de derechos humanos Paola Plaza González como cómplice de los secuestros calificados de Juan Bosco Maino Canales, Elizabeth de las Mercedes Rekas Urra y Antonio Elizondo Ormaechea, cometidos el día 26 de mayo de 1976 en dependencias de Colonia Dignidad, el enclave germano que encabezó el exsoldado nazi y pederastra Paul Schäfer, en Parral, en la Región del Maule.

En la sentencia dada a conocer este sábado, la Segunda Sala del máximo tribunal, integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Mauricio Silva Cancino, Leopoldo Llanos y Jean Pierre Matus, consideró que se cumplen los requisitos para solicitar la extradición al país europeo para que sea juzgado en Chile.

La resolución expone que “todas las exigencias para efectos de requerir la entrega del requerido se satisfacen, de modo que corresponde acceder a la petición de que se formule el pedido de extradición y continuar con su tramitación”.

“Los delitos por los cuales se encuentra procesado el requerido, son delitos comunes, no siendo en consecuencia de aquellos políticos o militares que no hacen procedente la extradición, según se refiere en el tratado suscrito entre los Estados Partes; el delito por el cual fue procesado el requerido es punible con una sanción superior a un año de privación de libertad; se trata de delitos perpetrados en territorio nacional; existe un mandato de aprehensión librado en su contra vigente y la acción penal no se encuentra prescrita por tratarse de hechos punibles que son considerados de lesa humanidad, cometidos en contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos”, dice el fallo.

Reinhard Doring Falkenberg se encuentra detenido en Italia a consecuencia de la orden de detención y captura internacional emanada de los tribunales chilenos.El 11 de noviembre la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el procesamiento del ciudadano alemán en virtud de “datos constitutivos de indicios que posibilitan presumir que Reinhard Doring Falkenberg intervino en los hechos materia de este proceso con actos de colaboración propios de quien reviste la condición de cómplice”.Tras esa decisión, la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, querellante en el caso, emitió un comunicado en el que expresaban su “satisfacción” por una decisión que permitía “avanzar en justicia” en favor de las víctimas y sus familias.El 26 mayo de 1976 fue detenida Elizabeth Rekas de 27 años, asistente social de la empresa Metro, quien presentaba un embarazo de cuatro meses, y su cónyuge, Antonio Elizondo, egresado de Ingeniería de la Universidad Técnica del Estado y militante del MAPU, de 29 años. También fue detenido el compañero de estudios de Elizondo Juan Maino, dirigente del MAPU. Fueron llevados al centro de detención clandestino de Villa Grimaldi y posteriormente a Colonia Dignidad, donde se perdió su rastro.

La Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad, actualmente Villa Baviera, fue fundada en 1961. Su fundador, Paul Schäfer, fallecido hace 11 años, fue detenido en Argentina en 2005 y condenado en Chile al año siguiente a 20 años de cárcel por abuso sexual de niños, posesión de armas y otros delitos vinculados a violaciones a los derechos humanos.

La Corte Suprema estimó procedente solicitar a Italia la extradición del ciudadano alemán Reinhard Doring Falkenberg, en la foto, procesado por la ministra en visita de causas de derechos humanos Paola Plaza González como cómplice de los secuestros calificados de Juan Bosco Maino Canales, Elizabeth de las Mercedes Rekas Urra y Antonio Elizondo Ormaechea, cometidos el día 26 de mayo de 1976 en dependencias de Colonia Dignidad, el enclave germano que encabezó el exsoldado nazi y pederastra Paul Schäfer, en Parral, en la Región del Maule.

En la sentencia dada a conocer este sábado, la Segunda Sala del máximo tribunal, integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Mauricio Silva Cancino, Leopoldo Llanos y Jean Pierre Matus, consideró que se cumplen los requisitos para solicitar la extradición al país europeo para que sea juzgado en Chile.

La resolución expone que “todas las exigencias para efectos de requerir la entrega del requerido se satisfacen, de modo que corresponde acceder a la petición de que se formule el pedido de extradición y continuar con su tramitación”.

“Los delitos por los cuales se encuentra procesado el requerido, son delitos comunes, no siendo en consecuencia de aquellos políticos o militares que no hacen procedente la extradición, según se refiere en el tratado suscrito entre los Estados Partes; el delito por el cual fue procesado el requerido es punible con una sanción superior a un año de privación de libertad; se trata de delitos perpetrados en territorio nacional; existe un mandato de aprehensión librado en su contra vigente y la acción penal no se encuentra prescrita por tratarse de hechos punibles que son considerados de lesa humanidad, cometidos en contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos”, dice el fallo.

Reinhard Doring Falkenberg se encuentra detenido en Italia a consecuencia de la orden de detención y captura internacional emanada de los tribunales chilenos.

El 11 de noviembre la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el procesamiento del ciudadano alemán en virtud de “datos constitutivos de indicios que posibilitan presumir que Reinhard Doring Falkenberg intervino en los hechos materia de este proceso con actos de colaboración propios de quien reviste la condición de cómplice”.

Tras esa decisión, la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, querellante en el caso, emitió un comunicado en el que expresaban su “satisfacción” por una decisión que permitía “avanzar en justicia” en favor de las víctimas y sus familias.

El 26 mayo de 1976 fue detenida Elizabeth Rekas de 27 años, asistente social de la empresa Metro, quien presentaba un embarazo de cuatro meses, y su cónyuge, Antonio Elizondo, egresado de Ingeniería de la Universidad Técnica del Estado y militante del MAPU, de 29 años. También fue detenido el compañero de estudios de Elizondo Juan Maino, dirigente del MAPU. Fueron llevados al centro de detención clandestino de Villa Grimaldi y posteriormente a Colonia Dignidad, donde se perdió su rastro.

La Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad, actualmente Villa Baviera, fue fundada en 1961. Su fundador, Paul Schäfer, fallecido hace 11 años, fue detenido en Argentina en 2005 y condenado en Chile al año siguiente a 20 años de cárcel por abuso sexual de niños, posesión de armas y otros delitos vinculados a violaciones a los derechos humanos.

La medida contra el ex jerarca alemán, Willy Malessa Boll fue decretada por la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza.  El detenido sería el único de los perpetradores directamente implicados en estos crímenes detenido en Chile. Otros de los cómplices, como Rudolf Collen, Gerard Mucke, Karl Van Den Berg y Kurt Schnellekamp, fallecieron de muerte natural y otros como Reinhard Döring y Hartmut Hopp viven en completa impunidad en Alemania.  

El ex integrante del equipo de seguridad del jerarca alemán Paul Schafer, y líder de Colonia Dignidad, Willy Malessa Boll, quedó detenido y en prisión preventiva en la cárcel de Mulchén en calidad de cómplice de los delitos de secuestro calificado de tres presos políticos detenidos por la DINA y cuyos cuerpos fueron hechos desaparecer por Paul Schafer   

La medida contra el ex jerarca alemán, Willy Malessa Boll fue decretada por la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza.   

Malessa sería el único de los perpetradores directamente implicados en estos crímenes detenido en Chile. Otros de los cómplices, como Rudolf Collen, Gerard Mucke, Karl Van Den Berg y Kurt Schnellekamp, fallecieron de muerte natural y otros como Reinhard Döring y Hartmut Hopp viven en completa impunidad en Alemania.  

Al imputado se le vincula con las desapariciones de Juan Bosco Maino Canales, Elizabeth de las Mercedes Rojas Urra y Antonio Elizondo, todos ellos, según estableció la investigación judicial, fueron detenidos por la DINA en Santiago, tras el golpe de Estado de 1973 y entregados a Paul Schäfer en Colonia Dignidad.   

Fuentes ligadas a la causa judicial señalan que años más tarde, la DINA dispuso que los cuerpos fueran desenterrados y hechos desaparecer. En el caso de Colonia Dignidad, Schäfer ordenó esa misión a Gerard Mücke y Willy Malessa. El primero de ellos confesó que Malessa desenterró los cuerpos y, luego, los habrían quemado o disuelto en cal y agua, para finalmente cargar las cenizas en máquinas y lanzarlas al río Perquilauquén, en la frontera sur de Colonia Dignidad.  

En un reportaje televisivo que se transmitió a nivel mundial por la plataforma digital de contenidos audiovisuales Netflix, el propio Malessa también confiesa y confirma la versión que Mucke entregó a la justicia chilena. Sin embargo, Malessa nunca fue detenido por causas de violaciones a los derechos humanos, hasta este viernes