Rubilar Gutiérrez Manuel Florencio

Rut       : 37.313 de Mulchén / 29.675 Mulchén

F.Nacim. : 15-12-48, 24 años a la fecha de la detención.

Domicilio : Fundo "El Carmen Maitenes", Mulchén.

E.Civil  : Soltero.

Actividad : Obrero agrícola de la Corporación Nacional Forestal -CONAF-.

C.Repres. : Sin militancia ni cargo de representación social.

F.Detenc. : 6 de octubre de 1973

    SITUACION REPRESIVA

            Florencio Rubilar Gutiérrez, soltero, obrero de la Corporación Nacional Forestal -CONAF- sin militancia política, fue detenido el día sábado 6 de octubre de 1973, junto a su hermano José Liborio, en circunstancias que ambos, después de haber almorzado, se dirigieron al campo a ver unos animales. Luego, alrededor de las 15:00 horas, fuerzas combinadas de Carabineros, del Ejército y civiles, en un número aproximado a 30, fuertemente armados y montados a caballo pasaron frente a la casa de la familia Rubilar Gutiérrez llevando detenidos a los hermanos Florencio, José Liborio y José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, los que, posteriormente, fueron unidos a otros trabajadores del fundo que también habían sido apresados. Ellos son Alejandro Albornoz González, Luis Alberto Godoy Sandoval, Miguel del Carmen Albornoz Acuña, Daniel Alfonso Albornoz González, Guillermo y Germán Albornoz Acuña.

            El día anterior, es decir, el 5 de octubre de 1973, alrededor de las 19:00 horas Florencio y José Liborio, fueron interceptados por dos civiles armados -Romualdo ("Mayo") Guzmán Saavedra, agricultor y Francisco Urrizola Elías, industrial dueño de barraca maderera -ambos domiciliados en Mulchén- cuando iban llegando a su domicilio, con quienes mantuvieron una conversación de unos 15 minutos. Situación que, a pesar de inquietar a la familia, los hermanos Rubilar no comentaron lo tratado. Ese mismo día posterior a ese hecho, Francisco Urrizola Elías, solicitó a Ladislao Rubilar González, padre de los Rubilar Gutiérrez, que le guardara varios bultos que contenían una gran cantidad de carne de vacuno, a lo que éste accedió. Los civiles, en esa ocasión, se movilizaban en un jeep marca Willys de color rojo. Asimismo, al día siguiente, pidieron a don Ladislao que les guardara unos caballos.

            Entre los aprehensores se encontraba el, en ese entonces Teniente de Carabineros Jorge Maturana Concha; los carabineros Osvaldo Díaz Díaz (alias "El Alicate") y Héctor Armando Guzmán Saldaña, -ambos ex funcionarios del Retén El Morro- y un Sargento de Ejército de apellido Díaz. Entre los civiles, aparte de los dos ya individualizados, se pudo identificar también a Ramón Elías Abella, industrial maderero; Aquiles Guzmán Fritz, agricultor, -ambos domiciliados en Mulchén- y a Carlos Lehman, quien residía en el fundo. Este último era yerno de Romualdo ("Mayo") Guzmán.

            Los detenidos, tal como se señaló antes, eran obreros agrícolas domiciliados en el Fundo El Carmen Maitenes ubicado en la comuna de Mulchén, Provincia de Bío-Bío. Todos estaban contratados por la Corporación Nacional Forestal -CONAF-. Este fundo había estado en trámite de expropiación por la Corporación de la Reforma Agraria -CORA- la que lo había cedido a la CONAF para su forestación, debido al virtual abandono por parte de sus propietarios.

            Uno de los civiles portaba un documento firmado por el Capitán de Carabineros Sergio Neira Tapia -quien posteriormente ocupó el cargo de Gobernador de Mulchén- que los autorizaba para actuar en el sector y para exigir todo tipo de facilidades y cooperación. Romualdo Guzmán se destacaba del resto por su prepotencia, razón por la cual los campesinos, familiares de las víctimas, hablan de un Capitán Guzmán como jefe del grupo. Los efectivos Militares pertenecían al Regimiento de Infantería de Montaña N°17 "Los Angeles", en tanto los policías estaban adscritos a la Segunda Comisaría de Carabineros de Mulchén.

            El grupo llevaba consigo una lista de nombres de lugareños del sector la que, aparentemente, habían obtenido en un allanamiento a una sede sindical campesina en Mulchén.

            Esta versión se encuentra corroborada por el Ministro en Visita en su investigación, expresando en su resolución final:

            "Por declaraciones de los testigos de la causa, el grupo armado era portador de una lista previamente confeccionada de las personas que debían ser detenidas y ultimadas, sin que hubiera existido enfrentamiento, sin que existieren pruebas fehacientes de militancia política extremista de izquierda". (Existen informes incluso que demuestran que no existían tales implicancias ni delictuales).

            Los detenidos fueron recluidos en la Administración del fundo, la que fue facilitada para esos efectos por Carlos Lehman. En ese lugar los detenidos fueron obligados a tenderse boca abajo con las manos en la nuca, mientras sus captores caminaban por sobre sus espaldas, taqueando, golpeándoles con las espuelas y con las culatas de las armas. Se les obligó a golpearse duramente entre los mismos familiares -hermanos contra hermanos y padres contra hijos- bajo amenaza de muerte si se resistían; todo ello acompañado de insultos y sarcasmos. Posteriormente, fueron sacados de la Administración y obligados a ponerse con la cara contra la pared, donde les hicieron simulacros de fusilamiento.

            Mientras esto ocurría en la Administración, otro grupo se dedicó a allanar algunas viviendas de las víctimas. Los vecinos más cercanos a las casas de Administración del fundo, escucharon gritos y lamentos.

            Alrededor de las 19:00 horas de ese día, los aprehensores liberaron a los hermanos José Nieves y Germán Albornoz Acuña, quienes narraron a sus familiares lo que estaba ocurriendo. Aproximadamente a las 23:00 horas, los habitantes del fundo "El Carmen Maitenes" escucharon dos ráfagas largas de disparos provenientes de la Administración y, luego, silencio absoluto.

            Al día siguiente, domingo 7 de octubre, concurrieron a la casa de los hermanos Rubilar Gutiérrez dos funcionarios de la CONAF, don Adolfo Martín Sánchez y el guardabosques Juan Leal, quienes manifestaron a los padres de los primeros que sus hijos y los otros detenidos habían sido trasladados a un lugar lejano y que les serían devueltos en un plazo de dos años.

            Ese mismo día por la mañana, unos uniformados se hicieron presentes en la casa de los padres de los hermanos Rubilar Gutiérrez con el objeto de pedirles unas palas, con las que se dirigieron a un lugar ubicado a unos 500 metros hacia el oriente de las casas patronales del fundo, donde cavaron una fosa en una vega a las faldas de un cerro, entre un estero y un cerco de alambre. En esa fosa procedieron a sepultar siete cadáveres de las ocho víctimas del fundo "El Carmen Maitenes". Los victimarios prohibieron, bajo amenaza de muerte, a los familiares acercarse al lugar.

            Al respecto, el Ministro Sumariante en su declaración de incompetencia afirma:

            "Respecto de cuyos cuerpos existen fundadas presunciones de haber sido ultimados a tiros en una pampa cercana a las casas del fundo, para lo cual se excavó una fosa de 6 por 4 mts. aproximadamente, en la cual se inhumaron los restos de las siete (7) personas nombradas, recubriéndolas con trozos de césped irregularmente colocados, lugar al cual concurrían familiares y terceros a colocar ofrendas florales.

            Existe consenso en que nunca más se volvió a ver vivos a las personas nombradas, según el Fiscal Militar ad-hoc don Raúl López Tournier ninguna de estas personas aparecía como registrada en las listas de detenidos".

            La octava víctima, José Guillermo Albornoz González, fue ejecutado en la mañana del día 7 de octubre en un puente de cimbra sobre el río Renaico donde, atado, le dispararon varias ráfagas que le ocasionaron la muerte. Sin que hasta ahora se haya encontrado su cadáver.

            En el mes de marzo de 1979, coincidiendo con la fecha en que la Corte Suprema ordenara la investigación de los hechos señalados, desconocidos que se identificaron como carabineros, procedieron a la exhumación clandestina y al ocultamiento de los restos. No obstante, detectives de Angol recuperó algunas osamentas humanas de data aproximada a la fecha de comisión de los hechos.

            El Ministro al respecto afirma en su resolución:

            "Que tanto las características de los lugares de los entierros de los cadáveres, aparte de los vestigios encontrados, hace más verosímil la versión que emana de un importante número de testigos sabedores de los hechos y las conclusiones que ha venido sentando el Tribunal. En efecto, en la especie de fosa común de Carmen Maitenes, la excavación claramente identificable por los retazos de césped cortados y vueltos a colocar, en forma irregular, no existía con anterioridad a la incursión del grupo armado, fue removida antes de la inspección del tribunal y no obstante se encontraron allí restos humanos. El lugar, además, era venerado por las gentes del lugar".

            "Existen antecedentes de que al disponer la Excma. Corte Suprema la investigación de los hechos materia de esta querella y se designó Ministro en Visita Extraordinaria, se vio a vehículos motorizados y personas que en forma sigilosa deambularon por la tumba en referencia y probablemente se procedió a una exhumación clandestina y al ocultamiento de los restos para lo cual contaron con la facilidad que proporcionaba la cercanía del río; el hecho cierto es que, constituido el Tribunal en esos lugares, sólo encontró evidencias que el lugar había sido excavado por terceros, no obstante detectives de Angol recuperó algunas osamentas humanas de una data aproximada a la fecha de la comisión de los hechos".

            "Que conforme al informe del Laboratorio de Policía Técnica el resto hallado es de hierro y como según el Coronel Rehren la munición que usaban los militares en sus fusiles SIG era de acero relleno con plomo, aparece evidente la relación".

            La situación de esta víctima se ubica en un contexto represivo ocurrido en la zona los días 5, 6 y 7 de octubre de 1973 en que fueron detenidos en el Fundo El Morro primero, por efectivos Militares y de Carabineros acompañados por civiles y luego ultimados 5 detenidos, cuyos cuerpos fueron reconocidos mientras permanecieron en el lugar "La Playita", observándose que presentaban sus manos atadas a la espalda y el cuerpo con impactos de armas de fuego. Los detenidos eran Juan Laubra Brevis, José Yáñez Durán, Celsio Vivanco Carrasco, Edmundo Vidal Aedo y Domingo Sepúlveda.

            En el lugar Carmen Maitenes, en análogas circunstancias fueron hechos prisioneros primero, mantenidos encerrados y obligados a pelearse entre sí, en las casas del fundo Carmen y Maitenes, más tarde ultimados y sus cuerpos enterrados en una pampita cercana a las casas de Administración, las siguientes personas: José Liborio Rubilar Gutiérrez, Florencio Rubilar Gutiérrez, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Alejandro Albornoz González, Luis Alberto Godoy Sandoval, Miguel del Carmen Albornoz Acuña, Daniel Alfonso Albornoz González y Guillermo Albornoz González.

            Por último, en el fundo Pemehue fueron detenidas las siguientes personas: Alberto Albornoz González, Felidor Exequiel Albornoz, Gerónimo Humberto Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme y Fernando Gutiérrez Ascencio. Miembros de las fuerzas antes indicadas el día 7 de octubre de 1973 detuvieron a estas personas en sus casas, las que fueron posteriormente ultimadas. (Ver ficha de Juan de Dios Laubra Brevis).

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            Debido a antecedentes hechos llegar por la Corte Suprema a través de la Corte de Apelaciones de Temuco, se instruyó el sumario rol N°33.316 por la presunta desaparición de Florencio Rubilar Gutiérrez, José Liborio Rubilar Gutiérrez y José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, en el Juzgado de Letras de Angol. El día 10 de julio de 1979, la Jueza se declaró incompetente debido a que el delito denunciado tuvo lugar fuera de su jurisdicción, razón por la cual los antecedentes fueron remitidos al Juzgado de Letras de Mulchén, el que inició el conocimiento de la causa el 18 de julio de 1979, siendo rolado con el N°20595. Mientras este proceso se desarrollaba, en el mismo Juzgado de Letras se presentó el 21 de noviembre de 1979 una querella criminal por los delitos de "allanamiento ilegal de morada, secuestro, apremios ilegítimos, lesiones y homicidio calificado cometido en las personas de José Liborio, José Lorenzo y Florencio Rubilar Gutiérrez; de Alejandro, Daniel, José Guillermo, Alberto y Felidor Albornoz González; de Miguel Albornoz Acuña; de Gerónimo Sandoval Medina y de Luis Alberto Godoy Sandoval". Esta querella fue acumulada a la causa 20.595 del mismo tribunal.

            El día 22 de noviembre de 1979 se solicitó la designación de Ministro en Visita para conocer de estos hechos. El día 6 de mayo de 1980 la Corte de Apelaciones de Concepción designó para tales efectos al ministro Carlos Cerda Medina.

            En la investigación judicial se logró establecer la responsabilidad de efectivos Militares y de Carabineros acompañados de civiles en la detención, reclusión, ejecución e inhumación ilegal de ocho campesinos del fundo El Carmen Maitenes. En la resolución de fecha 29 de diciembre de 1980, el Ministro en Visita se declaró incompetente para proseguir conociendo la causa remitiendo los antecedentes a la Fiscalía Militar de Concepción de Turno.

            Dicha resolución se basó en numerosos antecedentes recopilados por el Ministro Sumariante concluyendo:

            "Que los hechos precedentemente descritos son constitutivos de diversos delitos de homicidio en las personas de los nombrados que en orden cronológico tuvieron lugar los días 5, 6 y 7 de octubre de 1973, primero en la Hacienda El Morro, luego Carmen Maitenes y finalmente en Pemehue. Esos lugares están en itinerario obligado por el camino que saliendo de Mulchén llega al Morro y continúa hacia Carmen Maitenes y Pemehue en las cercanías de la cordillera de Los Andes.

            Que con los magros datos que han logrado extraerse de los altos comandos de las Fuerzas Armadas no se ha podido establecer quién o quiénes materialmente comandaban el grupo armado. Interrogados los Oficiales Sres. Reheren Pulido y Morell Donoso, Jefes de Plaza de Los Angeles y Angol, respectivamente, han negado haber dispuesto operativos en la zona por no estar dentro de su jurisdicción este último, por otro lado la incineración de los libros o archivos que podrían haber aportado luz sobre el particular no han permitido otra cosa que inculpar como persona que comandaba al grupo a un Sargento del Regimiento de Montaña de Los Angeles, de apellido Díaz, personaje que aparece nombrado por no menos de tres testigos: cuya individualización no ha sido posible obtener de la Comandancia de ese Instituto Militar.

            No obstante importantes datos del interrogatorio al Coronel señor Martínez Moena de Santiago que se habría desempeñado como Comandante al mando de la tropa del Regimiento de Montaña de Los Angeles, sus magros y escuetos resultados en nada han contribuido a esclarecer la situación.

            Que en cuanto a la participación de miembros de las Fuerzas de Carabineros de Mulchén existen presunciones fundadas de que el Teniente Sr. Jorge Maturana Concha, Osvaldo Díaz Díaz (alias el Alicate) y el carabinero Héctor Armando Guzmán Saldaña -ex funcionarios del Retén El Morro- tuvieron participación en la detención ilegal, maltrato y presumiblemente en la muerte de Brevis, Yáñez, Vidal, Sepúlveda y Vivanco. Al respecto existen las declaraciones de testigos, de la calidad de un profesor de la Escuela de la localidad, la esposa del ex médico de la Posta, funcionarios administrativos de la Hacienda El Morro, declaraciones de parientes y vecinos en la referida Hacienda, quienes acusan directamente a estos funcionarios, aparte de algunos civiles como Romualdo Guzmán, Francisco Urrizola, Rolf Düring, Raúl Tirapeguy, Samuel Arriagada, etc.

            Que si bien todos éstos han negado su participación, sus descargos son casi increíbles puesto que como calcadas sus declaraciones (cerca de 56 funcionarios) todos ejecutaban labores de orden interno, jamás salían del radio de la ciudad y apenas conocen de nombre la Hacienda El Morro, Carmen Maitenes y Pemehue, pese a que muchos de ellos debieron cumplir órdenes judiciales en esos lugares.

            Por otra parte alegan no haber visto Militares en la zona; en cambio, otros funcionarios alejados ya del servicio han reconocido la presencia constante de fuerzas militares y la realización de operativos con Carabineros y Militares, que incluso pasaron a pedir caballares y monturas a la Comisaría de Mulchén, lo cual abona la conclusión de que efectivamente un grupo militar reforzado por Carabineros al mando del Teniente Maturana, se desplazó hacia la Hacienda El Morro, llegando a horas de la madrugada al fundo San Francisco donde se premunieron de cabalgaduras para continuar su patrullaje y operativo con los resultados que se conocen.

            Resulta por demás corroborante con lo anterior la intervención de los carabineros Héctor A. Guzmán Saldaña y Osvaldo Díaz, personas que por haber pertenecido a la dotación del Morro conocían no sólo a las personas sino los lugares donde vivían.

            Que en lo que respecta al carabinero Osvaldo Díaz, más conocido como "el Alicate", existe también testimonio inculpatorio de Juan Angel Segura Merino, quien fuera "expropiado" de un novillo para atender a la tropa, hecho en el que actuó el nombrado Osvaldo Díaz. Todo ello ocurrió en Pemehue. Osvaldo Díaz presentaba después de los hechos verdaderas crisis de angustia.

            Que también aparecen implicados en estos hechos los civiles Sres. Romualdo Guzmán y Francisco Urrizola, quienes reconocen haberse encontrado en las Reservas Forestales con un grupo militar armado con el que estuvieron tres días y aún cuando sostienen no haberse movido de las casas de huéspedes de la Reserva Forestal de Malleco, no es menos cierto que al menos Romualdo Guzmán fue visto en el grupo que pasó al fundo San Francisco y además en El Morro, en Carmen Maitenes y en Pemehue donde intervino en la detención de Juan Roa Riquelme.

            Que por otra parte no resulta verosímil la versión de estos dos individuos, pues se cuidaron muy bien de insistir en que no vieron la detención de ninguna persona, no oyeron disparos y se mantuvieron en las casas cuando, como se ha visto, existen cargos en contrario y del propio ex administrador de Reservas Forestales don Adolfo Martin quien sostiene que tanto los militares como civiles salían a recorrer los alrededores.

            Resulta también inculpatoria para los nombrados Francisco Urrizola y Romualdo Guzmán, Rolf Düring, Samuel Arriagada y Raúl Tirapequy, la circunstancia de que todos reconocen ser muy conocidos de los Jefes de las Fuerzas de Carabineros de ese entonces, concurriendo al cuartel haciendo guardias internas y al decir de algunos de los funcionarios de Carabineros, de una intimidad notable, a quienes constantemente se les veía en el cuartel departiendo con los jefes, circunstancias que incluso autorizarían para concluir que, en la confección de las listas a que antes se ha hecho alusión, tuvieron también activa participación y, por ende, constituyen precedentes anteriores y aún simultáneos a la perpetración de los delitos.

            La participación de los funcionarios de Carabineros Maturana, Díaz y Guzmán no es otra que la de presuntos autores de los delitos de detención arbitraria, maltrato seguido de muerte de personas, allanamientos ilegales; la de los civiles, en el mejor de los casos, no sería otra que la de cómplices, pues reconocen que sirvieron a las fuerzas como conocedores o veedores de la zona y sin duda también de las personas que se trataba de aprehender.

            Que de conformidad a lo que dispone el artículo 5 del Código de Justicia Militar "corresponde a la Jurisdicción Militar el conocimiento…", de las causas por delitos comunes cometidos por Militares durante el estado de guerra, estando en campaña, en acto del servicio militar o con ocasión de él.

            Con arreglo, además, a lo prevenido en el artículo 426 del mismo Código, se declara que este Tribunal no es competente para proseguir en el conocimiento de esta causa, la cual deberá remitirse a la Fiscalía Militar de Concepción, de turno".

            La causa fue remitida al 3er. Juzgado Militar de Concepción siendo rolada con el N°446-81.

            El 7 de enero de 1983, en virtud de Decreto Ley 2191 de Amnistía, los tribunales militares sobreseyeron total y definitivamente la causa. Sin embargo, el 8 de noviembre de ese mismo año, la Corte Marcial dejó sin efecto la aplicación de la amnistía y cambió el carácter de sobreseimiento de definitivo a temporal, debido a que "si bien se encuentra acreditado en el Proceso la existencia de hechos que revistieron las características de delitos, no ha sido posible establecer la participación en ellos de personas determinadas, circunstancia esta última que impide aplicar las disposiciones sobre amnistía".

Tan emotivo como de justicia fue el reconocimiento que la Corporación Nacional Forestal y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos hicieron a los 19 trabajadores de CONAF que fueron fusilados tras el Golpe Militar de 1973.

La iniciativa se encuentra enmarcada en el proyecto institucional “Árbol de la Memoria: reconocimiento a funcionarios de CONAF víctimas de la dictadura”, que busca rescatar la historia de la Corporación en esta materia y para lo cual el director ejecutivo de CONAF, Aarón Cavieres, y el director ejecutivo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Francisco Estévez, firmaron un convenio de cooperación tendiente a recopilar los antecedentes de aquellos trabajadores asesinados, información que posteriormente quedará plasmada en un libro.

En la ceremonia estuvieron presentes familiares de las víctimas (Claudia Gutiérrez, nieta del trabajador de la Reserva Forestal Malleco, José Gutiérrez Ascencio; Marina Rubilar, hija del trabajador de la Reserva Forestal Malleco, José Rubilar Gutiérrez; y Óscar Aedo, primo hermano de Óscar Aedo Herrera), como también el abogado del Programa de DD.HH. del Ministerio del Interior, Rodrigo Cortés; el Doctor en Historia y miembro de la ONG Eco-Comunicaciones, Mario Garcés; y la abogada de DD.HH. María Raquel Mejías, entre otros representantes de los servicios del agro.

Durante su intervención, Aarón Cavieres, muy emocionado, indicó que “hace 42 años, justo con el nacimiento de CONAF, estos 19 funcionarios perdieron la vida cuando estaban abocados a la conservación de la naturaleza. Hoy la institución, cuyo principal objetivo es el bienestar y el desarrollo de las personas, abre este nuevo camino destinado a la conservación de las personas… Quiero agradecer, además, la presencia en este acto de Homero Altamirano, ex director ejecutivo de CONAF hasta 1973 y que vivió esos duros momentos”.

El proyecto, inédito entre los servicios del Estado, está orientado a difundir el valor de los Derechos Humanos, y con ello mantener vivo el recuerdo de quienes formaron parte de la institución y que perdieron la vida por la acción militar. En este contexto, se harán encuentros a lo largo de todo el país, partiendo por las regiones Coquimbo, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

Francisco Estévez, director ejecutivo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, al hacer uso de la palabra, señaló que “para nosotros es de vital importancia colaborar con el proyecto ‘Árbol de la Memoria’ de la Corporación Nacional Forestal, que viene a rescatar la memoria de los trabajadores de esta institución que fueron víctimas de la dictadura. Son sus vidas e historias de trabajo las que hoy hemos dignificado en parte al iniciar un trabajo de colaboración conjunto entre CONAF y el museo, como un aporte a la investigación de casos como el asesinato de los trabajadores de la Reserva Nacional Malleco”.

Conforme al espíritu del proyecto, la idea es enfatizar en el respeto de los Derechos Humanos, promoviendo así una convivencia social sin discriminaciones y de respecto a la dignidad de las personas. En este sentido, la educación adquiere una dimensión relevante como herramienta de difusión en los distintos niveles de la sociedad.

Los 19 funcionarios de CONAF víctimas de la dictadura son:

1) Oscar Gastón Aedo Herrera
2) Miguel del Carmen Albornoz Acuña
3) Daniel Alfonso Albornoz González
4) Alejandro Albornoz González
5) Guillermo José Albornoz González
6) Alberto Albornoz González
7) Felidor Exequiel Albornoz González
8) Luis Alberto Godoy Sandoval
9) Manuel Florencio Rubilar Gutiérrez
10) José Liborio Rubilar Gutiérrez
11) José Lorenzo Rubilar Gutiérrez
12) José Fernando Gutiérrez Ascencio
13) Gerónimo Humberto Sandoval Medina
14) Juan de Dios Roa Riquelme
15) Mario Rubén Morales Bañares
16) José Alejandro Ramos Jaramillo
17) Gerardo Alejandro Ramos Huina
18) José Moisés Ramos Huina
19) Luis Alberto Soto Chandía

La masacre de 18 campesinos en tres fundos de la comuna de Mulchén, región del Bío Bío, en octubre de 1973, es uno de los hechos más crueles cometidos durante la dictadura. El ministro en visita Carlos Aldana, procesó a cinco ex funcionarios de carabineros como responsables de secuestro calificado y homicidio, figuras que fueron modificadas por la Corte de Apelaciones de Concepción.

Modificaciones a los autos de procesamiento dictados por el ministro en visita Carlos Aldana en contra de cinco ex carabineros por la matanza de 18 campesinos en Mulchén, en octubre de 1973, introdujo la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, tras resolver la apelación presentada por la defensa de los encausados.

En junio del año pasado, el ministro especial para causas de derechos humanos, Carlos Aldana, había procesado a Jorge Maturana Concha, Jacob del Carmen Ortiz Concha, Juan de Dios Higueras Alvarez, Osvaldo Enrique Díaz Díaz y Héctor Armando Guzmán Saldaña, como autores de los delitos de secuestro y homicidio calificado , en perjuicio de Juan Laubra Brevis, José Yañez Durán, Celsio Vivanco Carrasco, Edmundo Vidal Aedo, Domingo Sepúlveda, José Liborio Rubilar Gutiérrez, Florencio Rubilar Gutiérrez, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Alejandro Albornoz Acuña, Luis Alberto Godoy Sandoval, Miguel del Carmen Albornoz Acuña, Daniel Alfonso Albornoz González, Alberto Albornoz González, Felidor Exequiel Albornoz, Jerónimo Humberto Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme , Fernando Gutiérrez Ascencio y José Guillermo Albornoz González.

Todos ellos fueron detenidos por una patrulla integrada por militares, civiles y carabineros en los fundos Pemehue, Carmen Maitenes y El Morro, situados en la comuna de Mulchén, los días 5,6 y 7 de octubre de 1973.

Este caso de larga data, había sido investigado en profundidad por el ministro en visita Carlos Cerda, en 1981, pero la causa fue sobreseída en 1996 por la Corte Marcial, luego que se aplicara Ley de Amnistía.

Pero años más tarde, la investigación fue retomada y es así como en marzo del año pasado llegó a manos del ministro Aldana, quien después de varias diligencias, determinó someter a proceso a cinco ex funcionarios de carabineros.

El pasado 30 de enero, la Quinta Sala de la Corte penquista emitió su fallo, redactado por la ministra Irma Bavestrello, que en lo sustancial modifica las figuras por las cuales Aldana sometió a proceso a los ex uniformados.

Es así como en la resolución se señala que si bien “en cuanto a los delitos de secuestro, estos sentenciadores estiman que se encuentran acreditadas las detenciones sin orden judicial o administrativa de Juan Laubra Brevis, Edmundo VIdal Aedo, Domingo Sepúlveda, José Liborio Rubilar Gutiérrez, Florencio Rubilar Gutiérrez, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Alejandro Albornoz Acuña, Luis Alberto Godoy Sandoval, Miguel del Carmen Albornoz Acuña, Daniel Alfonso Albornoz González, Alberto Albornoz González y Jerónimo Humberto Sandoval Medina, y José Guillermo Albornoz González”, hasta ahora no se ha  podido comprobar su paradero ni el fallecimiento de estos individuos en forma legal.

Por otra parte, indican que se encuentra comprobado en el proceso que José Yáñez Durán y Celsio Vivanco Carrasco, fueron víctimas de secuestro,  y fueron luego ajusticiados en el sector playita del Fundo El Morro, de Mulchén, a orillas del río Renaico, el 5 de octubre de 1973, e , igualmente resulta acreditado que a los ilegalmente detenidos el día 7 de octubre de 1973, Felidor Exequiel Albornoz González y José Fernando Gutiérrez Ascencio, se les dio muerte en el fundo Pemehue de Mulchén, defunciones de las que dan testimonio los certificados incorporados al expediente.

Teniendo en consideración estos fundamentos, la Corte determinó que “Jorge Maturana Concha, Jacob del Carmen Ortiz Concha, Juan de Dios Higue ras Alvarez, Osvaldo Enrique Díaz Díaz y Héctor Armando Guzmán Saldaña, son sometidos a proceso como coautores de los delitos de secuestro de Juan Laubra Brevis, Edmundo Vidal Aedo, Domingo Sepúlveda, José Liborio Rubilar Gutiérrez, Florencio Rubilar Gutiérrez, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Alejandro Albornoz Acuña, Luis Alberto Godoy Sandoval, Miguel del Carmen Albornoz Acuña, Daniel Alfonso Albornoz González, Alberto Albornoz González y Jerónimo Humberto Sandoval Medina y José Guillermo Albornoz González, ilícitos perpetrados entre los días 5 y 7 de octubre de 1973”.

Asimismo, quedan sometidos a proceso Maturana Concha, Ortiz Concha, Higueras Alvarez, Díaz Díaz y Guzmán Saldaña, como coautores de los delitos de secuestro con resultado de muerte de Celsio Nicasio Vivanco Carrasco, José Florencio Yáñez Durán, Felidor Exequiel Albornoz González y José Fernando Gutiérrez Ascencio, delitos cometidos entre los días 5 y 7 de octubre de 1973.  

Del mismo modo, el tribunal de alzada rechazó considerar como argumentos la cosa juzgada y la prescripción de los delitos, argumentos esgrimidos por la defensa de algunos de los procesados.

Resuelta la apelación, ahora le corresponderá al ministro Aldana dictar sentencia en este caso, en la que sin duda que esta modificación hecha por el tribunal de alzada, influirá en la condena que se determine para los responsables de una de las violaciones a los derechos humanos más brutales cometidas en la zona durante la dictadura militar.

La Corte de Apelaciones de Concepción elevó y decretó penas efectivas de cárcel por el asesinato de 18 campesinos de Mulchén en 1973, cuyos restos el Ejército hizo desaparecer seis años más tarde.

El fallo decreta la privación de libertad para 10 excarabineros y exmilitares, a quienes se responsabilizó como autores, coautores y encubridores de los homicidios calificados.

Cuando el ministro para causas por violación de derechos humanos, Carlos Aldana, dictó el fallo de primera instancia hace dos años, los familiares de las víctimas criticaron las bajas penas dictadas y que iban desde los 541 días a los 10 años de cárcel, absolviendo incluso a algunos acusados.

Y es que como parte de la sanción al mismo tiempo se permitía el cumplimiento en libertad, siendo justamente este el principal cambio realizado por la Corte de Apelaciones de Concepción, que al aumentar las penas más bajas a 5 años y 1 día, hasta la más alta de 15 años y 1 día, el cumplimiento tras las rejas se hace una obligación.

La abogada querellante, Patricia Parra, saludó la sentencia del tribunal de alzada, pues además de sancionar a quienes perpetraron las ejecuciones de los 18 campesinos de Mulchén, la Corte confirmó la existencia de la Operación Retiro de Televisores que entre 1978 y 1979 llevó a cabo la desaparición de los restos de víctimas asesinadas por la dictadura.

No obstante, los más de 46 años desde los crímenes y el revés que significó la resolución del ministro Aldana en 2017, la dirigenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, Norma Panes, expresó que el fallo de la Corte reafirma la esperanza que tienen en que a pesar del tiempo se haga justicia.

El caso Mulchén comenzó investigando las ejecuciones en 1973 de los 18 campesinos en la zona cordillerana a manos de personal de Carabineros y del Ejército de Los Ángeles, para después abrir el ministro Aldana la arista de la Operación Retiro de Televisores, lo que si bien retrasó el sumario, permitió acreditar -subrayó la abogada querellante- cómo y quiénes desaparecieron los cuerpos.

Ahora la sentencia irá a la Corte Suprema para el pronunciamiento final, donde además se revisará la indemnización de 1.600 millones de pesos que el Fisco debería pagar a las esposas, hijos y hermanos de las víctimas de la llamada Masacre de Mulchén.

Ex funcionarios de Carabineros y el Ejército de Chile son acusados de secuestro, homicidio, inhumación y exhumación ilegal de 18 personas. Las penas fluctúan entre los 3 y 10 años de prisión, lo que es calificado de insuficiente por familiares de las víctimas.

La investigación del ministro en visita, Carlos Aldana, estableció que el 4 de octubre de 1973, un cabo del regimiento N° 13 del Ejército de Los Ángeles, junto a 3 conscriptos, fueron delegados para ponerse a disposición de la comisaría de Carabineros de la ciudad.

Esa comisión acompañada de un teniente de Carabineros y 4 de sus funcionarios partió al sector cordillerano de Mulchén, para buscar una lista de personas opositoras a la dictadura militar de la época.

El 5 de octubre la comitiva llegó hasta el fundo ‘El Morro’ y detuvo, sin orden administrativa o judicial a 5 personas, quienes fueron trasladadas hasta el sector ‘La Playita’ del río Renaico para ser ejecutadas y posteriormente hacer desaparecer sus cuerpos.

Asimismo, la comitiva llegó hasta los fundos ‘Carmen’ y ‘Maitenes’, donde se detuvo a 7 personas a quienes se les obligó a cavar su propia fosa de muerte, de 6 por 4 metros, para posteriormente ser fusilados e inhumados ilegalmente.

El 7 de octubre, se detuvo a 5 personas en el fundo ‘Pemehue’, quienes fueron ejecutadas en el lugar y sus cuerpos dejados en fosas clandestinas, donde fueron encontrados por sus propios familiares.

Posteriormente, entre fines del año 1978 y principios del 1979, una sección del regimiento “Húsares” de Angol, luego de recibir un criptograma de la Comandancia en Jefe del Ejército, concurrió a los sitios de las inhumaciones ilegales y exhumó los restos para hacerlos desaparecer, en medio de un proceso de investigación de los hechos.
 

CONDENADOS Y SUS VÍCTIMAS
En el fallo, el ministro Aldana condenó a Jacob Ortiz, Juan Higueras, Osvaldo Díaz y Héctor Guzmán a 10 años de prisión, en calidad de coautores de los delitos de homicidio calificado de Florencio Rubilar, José Liborio, José Lorenzo, Alejandro Albornoz, Luis Godoy, Miguel Albornoz, Daniel Albornoz, Alberto Albornoz, Felidor Albornoz, Jerónimo Sandoval, Juan Roa y José Gutiérrez.

Asimismo, estos mismos condenados deberán cumplir 5 años de presidio por los secuestros calificados de Juan Labruna, José Yáñez, Celsio Vivanco, Edmundo Vidal, Domingo Sepúlveda y Guillermo Albornoz.

En tanto, José Iturriaga, Jaime Muller, Julio Fuentes, Luis Torres, Juan Balboa y Jaime García fueron condenados a 3 años como encubridores del homicidio de 11 víctimas, más 541 días por exhumación ilegal. Absuelto resultó José Puga.

FAMILIARES INCONFORMES
El ministro Aldana explicó a radio Cooperativa que "ellos (carabineros) fueron sentenciados por delitos de homicidio calificado, secuestro calificado y de inhumación ilegal, en cambio, los militares participaron en un hecho el año 79, fue por el llamado 'Retiro de televisores' en que concurrieron al lugar de los hechos, desenterraron restos óseos de estas personas ejecutadas. Entonces, la pena de ellos es por encubridores, porque ellos no participaron ni como autores ni como cómplices, pero sí lo hicieron como encubridores", indicó.

Esto molestó a las familias de las víctimas y la vocera de los familiares de los 18 campesinos asesinados, Marina Rubilar, manifestó que "no estamos tan conformes, porque considero que los años que les han dado igual son pocos con respecto a la cantidad de víctimas asesinadas".

Mientras que Patricia Barra, abogada de las víctimas y familiares, anunció que en los próximos días presentarán un recurso de apelación para reconsiderar las condenas.

El reconocido abogado de la provincia, René Núñez Ávila, explicó a La Tribuna que “los familiares de las víctimas de derechos humanos en Chile, en general, consideran que este tipo de homicidios de lesa humanidad merecen las penas más altas, porque fueron hechas por el aparataje estatal, con alevosía y una serie de agravantes más, entonces las condenas recientemente asignadas son insuficientes para ellos de acuerdo a sus expectativas”.

Igualmente el también candidato al Parlamento comentó que “esta es una sentencia de primera instancia, por lo que este fallo es apelable por ambas partes”.

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) es una entidad dependiente del Ministerio de Agricultura, que nace de la antigua Corporación de Reforestación mediante un decreto firmado por el gobierno de Salvador Allende el 19 de abril de 1973 y publicado en el Diario Oficial el 10 de mayo del mismo año. El origen de la institución tiene raíces históricas en los comienzos del siglo XX y tiene como primer hito importante la creación de la Reserva Forestal de Malleco en 1907, ubicada en la comuna de Collipulli.

La CONAF llevaba solo meses de ser creada, para el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, sin embargo fue una de las instituciones más golpeadas tras el derrocamiento del gobierno popular, 19 de sus trabajadores fueron asesinados por los golpistas en las semanas siguientes al bombardeo a la Moneda.

El propio dictador nombró a su propio yerno, Julio Ponce Lerou, como director ejecutivo de esta Corporación. Hasta entonces, Ponce era un ex empleado de la familia Matte en la Papelera Biobio, en Concepción. La familia Matte también colocaría a uno de sus ex empleados, Fernando Léniz Cerda, como ministro de economía de la Junta Militar.

Trabajadores de CONAF asesinados en Mulchén

Fue muy cerca de la Reserva Forestal Malleco, donde se cometió el mayor crimen contra los trabajadores de CONAF tras el golpe de estado. Entre los días 5 y 7 de octubre de 1973 en los fundos cordilleranos, de la comuna de Mulchén -llamados El Morro, Carmen, Maitenes y Pemehue-, fueron ultimados 18 personas del sector: 13 de ellos trabajadores de la Corporación Nacional Forestal (CONAF).

Una patrulla de aproximadamente treinta personas, compuesta por carabineros de Mulchén, militares del Regimiento de Infantería de Montaña N°17 de Los Ángeles y un grupo de civiles entre los que tribunales logró individualizar al agricultor Romualdo «Mayo» Guzmán Saavedra, al industrial dueño de barraca maderera Francisco Urrizola Elías, al industrial maderero Ramón Elías Abella, al agricultor Aquiles Guzmán Fritz y al administrador de fundo Carlos Lehman.

Esta "patrulla" recorrió los fundos y predios de la zona cordillerana de Mulchén, portando una lista previamente confeccionada de las personas que debían ser detenidas y que fueron posteriormente, asesinadas.

La "patrulla" inició su recorrido en el fundo El Morro el 5 de octubre en la tarde. Procedieron a detener a cinco campesinos en sus domicilios, los cuales fueron trasladados hasta las orillas del río Renaico: Juan de Dios Laubra Brevis (26 años), Domingo Sepulveda Castillo (29 años), Edmundo José Vidal Aedo (20 años), Celsio Nicasio Vivanco Carrasco (26 años) y José Florencio Yañez Duran (34 años). Vecinos del sector rivereño del río escucharon disparos; unos meses después, en las acciones de búsqueda de los suyos, vecinos y familiares de las víctimas encontraron en el sector La Playita los cuerpos de los obreros asesinados con impactos de balas y las manos atadas a la espalda con alambres.

Al día siguiente, 6 de octubre, la "patrulla" llegó hasta los fundos el Carmen y Maitenes, deteniendo a 8 obreros de CONAF: Miguel del Carmen Albornoz Acuña (20 años), Daniel Alfonso Albornoz Gonzalez (28 años), Alejandro Albornoz Gonzalez (48 años), Luis Alberto Godoy Sandoval (23 años), Florencio Rubilar Gutierrez (25 años), José Liborio Rubilar Gutierrez (28 años) y José Lorenzo Rubilar Gutierrez, (33 años), los cuales fueron conducidos hasta la casa patronal. Cerca de las 23:00 horas, campesinos testigos escucharon ráfagas de metralleta. Al día siguiente los miembros de la "patrulla" sepultaron siete cuerpos en una fosa cavada en una pampa cercana al sector de las casas, cubriéndolos con césped.

Ese mismo día 7 de octubre, la "patrulla" se trasladó hacia el fundo Pemehue, hasta la misma oficina de la CONAF en la Reserva Forestal Malleco, llevándose detenido a Guillermo José Albornoz González (32 años), quien fue brutalmente golpeado y, en muy mal estado físico, llevado hasta el Rio Renaico, donde su cuerpo apareció flotando. En el fundo Pemehue, la "patrulla" criminal procedió a detener y ejecutar a otros 5 trabajadores de CONAF: Alberto Albornoz González (41 años), Felidor Exequiel Albornoz González (33 años), José Fernando Gutiérrez Ascencio, (25 años), Gerónimo Humberto Sandoval Medina (22 años) y Juan de Dios Roa Riquelme (35 años). En horas de la noche se escucharon reiteradas ráfagas de fusilería. Todos ellos fueron sepultados en los mismos lugares en que fueron asesinados. Familiares encontraron luego sus cuerpos con las manos atadas, los rostros destrozados y numerosos impactos de bala.

Por estos hechos criminales, se inició una causa judicial en los tribunales de justicia, concretamente, ante la Corte de Apelaciones de Concepción. En octubre de 2017 el ministro Carlos Aldana dictó sentencia de primera instancia en donde sólo condenó a los ex carabineros: Jacob del Carmen Ortiz Palma, Juan de Dios Higueras Álvarez, Osvaldo Enrique Díaz Díaz y Héctor Armando Guzmán Saldaña a penas de 10 años y un día de presidio, en calidad de coautores de los delitos de homicidio calificado de las víctimas Florencio Rubilar Gutiérrez, José Liborio Rubilar Gutiérrez, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Alejandro Albornoz González, Luis Godoy Sandoval, Miguel Albornoz Acuña, Daniel Albornoz González, Alberto Albornoz González, Felidor Albornoz González, Jerónimo Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme y José Gutiérrez Ascencio.

Los mismos cuatro ex carabineros deberán purgar 5 años y un día de presidio, por su responsabilidad en los secuestros calificados de otras 6 víctimas, Juan de Dios Laubra Brevis, José Yáñez Durán, Celsio Vivanco Carrasco, Edmundo Vidal Aedo, Domingo Sepúlveda Castillo y Guillermo Albornoz González. La causa judicial sigue con trámites de apelación pendientes ante la Corte de Concepción, de modo que ninguno de estos criminales está cumpliendo pena de prisión por estos delitos.

A fines de 1978 la tiranía de Pinochet organizó y ejecutó la llamada "Operación Retiro de Televisores", una de las acciones más bestiales de la dictadura militar, que buscó borrar las huellas de los asesinatos hasta allí cometidos por las hordas uniformadas y civiles. La operación consistió en exhumar los cuerpos de los asesinados e inhumados ilegalmente a lo largo del país y hacer desaparecer esos restos para no dejar ningún indicio de los crímenes. Se trataba, en definitiva, de hacer desaparecer los restos de las personas detenidas desaparecidas. La nefasta acción fue organizada con prontitud por la CNI y ejecutada con solicitud criminal por las tropas militares y agentes civiles que se solazaron con el terror que provocaban entre sus víctimas, sobre los familiares de las víctimas y sobre la población en general.

En el caso de las víctimas de Mulchén, probablemente en marzo de 1979, personal del Regimiento «Húsares», de Angol, en cumplimiento de un criptograma proveniente de la Comandancia en Jefe del Ejército de la época, exhumó ilegalmente las sepulturas clandestinas, retiró los restos de quienes fueron ejecutados en octubre de 1973 y se los llevaron con destino desconocido, consumando los propósitos de la operación.

Trabajador de CONAF fusilado en La Serena

En los mismos días que en el sur se cometían los crímenes de Mulchén, en el norte el técnico forestal y trabajador de CONAF Oscar Gastón Aedo Herrera (23 años), era detenido por carabineros en Salamanca, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. Fue incomunicado en el cuartel policial de la localidad, y luego llevado el día 12 de octubre hasta la Cárcel de Illapel, para luego ser trasladado al Regimiento "Arica", de La Serena, donde fue ejecutado en la madrugada del día 16 de octubre de 1973 junto a otros 14 prisioneros políticos asesinados por el paso de la Caravana de la Muerte por esa región.

En el plano judicial, en octubre de 2022 la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a ocho ex oficiales y dos ex suboficiales del Ejército por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de las 15 personas víctimas de la "Caravana de la Muerte" en la ciudad de La Serena. El graneado grupo de criminales está compuesto por un ex General y Comandante en Jefe de esa institución, dos ex brigadieres, cinco ex tenientes coroneles, además de dos suboficiales.

Trabajadores de CONAF asesinado en Truful Truful Melipeuco

El día 14 de octubre de 1973 son detenidos en el sector de Truful truful, comuna de Melipeuco los trabajadores de CONAF: José Alejandro Ramos Jaramillo (46 años), Gerardo Alejandro Ramos Huina (21 años) y José Moisés Ramos Huina (22 años) padre e hijos respectivamente. Al día siguiente es detenido en su domicilio en Melipeuco Mario Rubén Morales Bañares (23 años), tractorista trabajador de CONAF. Testigos señalan haber visto sus cadáveres, maniatados junto al rio Allipen.

Sin embargo, ellos no eran los primeros trabajadores de CONAF asesinados en la comuna de Melipeuco, ya que el mismo día del golpe militar fue detenido el tractorista Luis Alberto Soto Chandía (25 años), siendo el primer trabajador de CONAF asesinado solo a horas del derrocamiento de Salvador Allende.

En lo judicial, sólo en el caso de la victima Luis Alberto Soto Chandía se conoce causa procesal, existiendo solo un ex carabinero procesado por este hecho.

Trabajador de CONAF detenido desaparecido

El 29 de enero de 1975 fue detenido en Santiago por agentes de la DINA el técnico forestal Juan René Molina Mogollones (29 años), ex funcionario de CONAF en la provincia de Curicó y ex dirigente sindical de los trabajadores de la esa corporación. Inmediatamente ocurrido el golpe militar, comenzó a ser perseguido y buscado por las tropas uniformadas, por lo que siguió viviendo en clandestinidad y se trasladó a Santiago. Tiempo después fue detenido y llevado secuestrado hacia el centro clandestino de detención y tortura Villa Grimaldi y desde ese recinto fue hecho desaparecer.