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 JUAN FRANCISCO PEÑA FUENZALIDA

 

Rut       : 184.127 Rancagua

F.Nacim. : 18-2-53, 21 años a la fecha de la detención

Domicilio : Villa Nueva Alborada, pasaje 3, casa 524, Rancagua

E.Civil  : Soltero

Actividad : Estudiante 3er. Año medio Escuela Industrial, conscripto, se encontraba en el Servicio Militar Obligatorio a la fecha de la detención.

C.Repres. : Sin militancia política

F.Detenc. : 24 de octubre de 1974

 

                                                                   

 

SITUACION REPRESIVA

            Juan Francisco Peña Fuenzalida, estudiante fue detenido en el Regimiento Rancagua de Arica a fines del mes de octubre de 1974, desconociéndose su paradero desde esa fecha.

            El afectado era estudiante del 3er. Año Medio de la Escuela Industrial de Rancagua, ciudad donde residía junto a su familia. Ingresó a cumplir con el Servicio Militar Obligatorio el día 2 de enero de 1974 al Regimiento Coraceros de Viña del Mar, donde se desempeñó hasta el 3 de octubre de 1974. En esa fecha, junto a otros conscriptos fueron trasladados a Pisagua y de allí al regimiento Rancagua de Arica.

            Según relata la familia, desde su traslado a esa ciudad no recibieron nunca más noticias de Juan F. Peña Fuenzalida. Ante esta situación y habiendo transcurrido 15 días desde su traslado, su hermana, doña Aurora Peña Fuenzalida concurrió personalmente al Ministerio de Defensa, al 6° piso, enviando desde allí un radiograma al Regimiento Rancagua de Arica, cuya respuesta fue que el afectado se encontraba en campaña.

            Durante noviembre de 1974, repitieron esta diligencia de envíos de radiogramas, siendo la respuesta la misma anterior.

            En diciembre de 1974 llamaron por teléfono al Regimiento Rancagua desde donde recibieron información contradictoria; a veces se les dijo que estaba en campaña y en otras oportunidades se les negó su existencia como conscripto. Además, extraoficialmente la familia supo que el afectado tenía problemas en el Regimiento.

            En mayo de 1975, sus padres, doña Zunilda Fuenzalida Fuenzalida y don Francisco Peña Suárez, alarmados ante esta situación, viajaron hasta Arica donde en entrevistas con don Miguel Alfonso Doran, Comandante Subrogante del Regimiento, y don Jorge Halty Pino, Ayudante General, se les informó que su hijo había desertado junto con Sergio Pantoja Rivera, conscripto -también detenido desaparecido hasta hoy- con fecha 31 de octubre de 1974, y habían sido dados de baja por el mismo delito.

            Otra información verbal que logró obtener la hermana de Francisco Peña Fuenzalida, Aurora Peña Fuenzalida, le fue proporcionada en el Ministerio de Defensa, desde donde se le envió a oficinas que eran de la Dirección de Inteligencia Nacional, (DINA), ubicadas en el noveno piso del edificio y allí se enteró que su hermano habría sido puesto a disposición de la DINA, trasladado a Santiago y que se encontraría en algún centro de detención en calidad de detenido, lo que según dice doña Aurora Peña Fuenzalida, no tiene explicación, puesto que su hermano jamás tuvo participación política alguna.

            Relata también la familia Peña Fuenzalida, que los padres de Sergio Pantoja Rivera, el otro supuesto desertor y amigo de Juan Francisco Peña Fuenzalida, también detenido desaparecido, recibieron una carta de su hijo Sergio fechada en Arica el día 24 de octubre de 1974, donde les cuenta que "...está desmoralizado porque Peña se fue, huyó al extranjero ...él huyó de esto, yo me apené mucho porque él era un gran amigo...".

            Las informaciones oficiales que la familia logró reunir en esa época tampoco resultaron esclarecedoras sobre lo que había sucedido con la víctima.

            El 5 de junio de 1975, el Teniente Coronel Carlos López Tapia, comandante del Regimiento Coraceros, certificó que "...el ciudadano Juan Francisco Peña Fuenzalida que actualmente cumple con su Servicio Militar en el Regimiento Rancagua de Arica, estuvo acuartelado en esta Unidad desde el 2 de enero al 3 de octubre de 1974".

            Por su parte, el entonces Coronel y Comandante del Regimiento Rancagua de Arica, Odlanier Mena Salinas, con fecha 27 de mayo de 1975 firma la siguiente orden del día reservada: "Conforme lo dispone el Art.314 del Código de Justicia Militar, dése de baja con fecha 31 de octubre de 1974, a los SL (C) JUAN PEÑA FUENZALIDA y SERGIO PANTOJA RIVERA, de la 2da. Compañía de Cazadores, por haberse cumplido el delito de deserción".

            Y meses más tarde, el 29 de octubre de 1975, el S.O.M. Lorenzo Pedrazzini Tapia, en funciones en la Jefatura del Estado Mayor del Ejército, certifica que: "...en el día de hoy jueves 29 de octubre de 1975 concurrió al Estado Mayor del Ejército, la Srta. Aurora Peña a objeto de consultar sobre el paradero de su hermano.

            Efectuadas las averiguaciones correspondientes, dicho Soldado Conscripto fue dado de baja de la Institución en noviembre de 1974 por haberse cumplido el delito de deserción".

            Sin embargo, el 4 de junio de 1990, ante Notario Público, compareció don Manuel Angel Ulloa Espinoza, quien fue compañero de Juan Peña Fuenzalida y Sergio Pantoja Rivera durante el tiempo que estos últimos alcanzaron a hacer el Servicio Militar y expone que: en el mes de septiembre de 1974 estando en el Regimiento Coraceros de Viña del Mar, uno de los conscriptos que provenía de Rancagua y a quien hasta entonces no conocía, JUAN PEÑA FUENZALIDA, huyó del Regimiento. La versión que dieron las autoridades del Regimiento era que Juan Peña Fuenzalida, había huido con un arma y que en su casillero había dejado una nota en la que se leía que iba a Rancagua a matar al General Pinochet. Sin embargo Juan Peña fue capturado y devuelto al Regimiento. Pese a lo grave que parecía el asunto a Juan Peña sólo le cortaron el cabello, continuando en forma normal sus actividades como conscripto.

            Continúa el relato señalando que el día 2 de octubre de 1974, luego de varios días de permiso que tanto Sergio Amador Pantoja Rivera como el declarante aprovecharon para viajar hasta Rancagua, fueron embarcados en Valparaíso en el transporte de la Armada Aquiles, con destino a Pisagua. Junto a ellos viajó también el conscripto Juan Peña Fuenzalida. Al llegar a Pisagua el 6 ó 7 de octubre, fueron transportados en camiones hasta el Regimiento Rancagua de Arica.

            Tras dos días de permanecer en el Regimiento, fueron armados con tenida de combate y trasladados hasta la localidad de Putre. Se vivía una verdadera psicosis de guerra con Bolivia. Recién llegados a Putre, Juan Peña Fuenzalida, protagonizó un nuevo incidente al robar un tarro de conservas a otro conscripto. A raíz de ello Juan Peña fue severamente castigado en presencia de toda la compañía por un Instructor, un cabo de apellido Díaz. A los 10 días Peña Fuenzalida, aprovechando la noche, burló la guardia y arrancó del campamento con su equipo de combate. Su búsqueda se le encomendó al cabo CARRASCO, con orden de dispararle y matarlo en caso que opusiera resistencia. A los dos días Carrasco volvió con Peña vivo y en buen estado. Lo había encontrado casi congelado en el caserío Pampa Yocuma, situada a unos 20 kilómetros de Putre. Como consecuencia de la fuga de Peña, llegó hasta el campamento un teniente de apellido Ortega, al parecer de Inteligencia, quien durante el mes que permaneció en la compañía se dedicó a preguntarnos sobre las actividades personales que cada uno tenía, si se sentían bien cumpliendo con el servicio militar... y un numeroso contingente de civiles y militares, quienes procedieron a interrogar a toda la compañía, dividiéndolos en grupos y tratándolos como prisioneros de guerra, fueron fotografiados de frente y de perfil como si se tratara de delincuentes. Preguntaron por sus ideas políticas y en relación a un supuesto plan subversivo por el que se pretendía matar a oficiales del Ejército. El 24 de octubre al término de los interrogatorios Juan Peña Fuenzalida y Sergio Pantoja Rivera, fueron sacados del campamento con las manos atadas y vendados y subidos en un jeep que emprendió la marcha por el camino hacia Arica. Sobre este hecho no se dio ninguna explicación. Juan Francisco Peña Fuenzalida y Sergio Amador Pantoja Rivera no fueron vistos nunca más.

           

 

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            El 22 de diciembre de 1975, la hermana del afectado, doña Aurora Peña Fuenzalida, interpone en la Corte de Apelaciones de Santiago el recurso de amparo rol 1713-75, en el que hace presente las circunstancias de la desaparición de su hermano y relata las gestiones que tanto ella como sus padres han realizado en la búsqueda de Juan F. Peña Fuenzalida.

            El 23 de diciembre de 1975, la Corte solicitó información al Ministro del Interior, al Director de la Dirección Nacional de Inteligencia -DINA- y por vía telegráfica al Fiscal Militar de Arica. El Ministerio del Interior respondió que el afectado no se encuentra detenido por orden de ese Ministerio; La DINA no respondió, mientras que la Fiscalía Militar de Arica lo hizo también por vía telegráfica, diciendo que Juan Francisco Peña Fuenzalida se encuentra procesado en causa rol 1-75 por deserción, causa que fue archivada el 5 de marzo de 1975 por rebeldía del inculpado ya que no fue habido.

            Con el mérito de estas informaciones, el 6 de febrero de 1976 se desechó el recurso de amparo, siendo apelado en el mismo día. Sin embargo, la Corte Suprema en fallo del 17 de febrero de 1976 confirmó la resolución dictada el día 6 de febrero de 1976.

            En agosto de 1978 y abril de 1979, los padres del desaparecido interpusieron en el Juzgado del Crimen de Arica, una denuncia por presunta desgracia en la persona de su hijo. Aún cuando no se conocen las gestiones efectuadas durante la tramitación de esta causa, Juan Francisco Peña Fuenzalida continúa en calidad de detenido desaparecido y su familia no ha logrado obtener ninguna respuesta oficial sobre el destino de su hijo.


EL PAIS- 1 Mayo 2000

El juez Guzmán denuncia la exhumación de los cuerpos de desaparecidos en Chile. Varios grupos esconden o destruyen los cadáveres, según el magistrado del 'caso Pinochet'

Después de dos años de investigación del caso Pinochet, el juez Juan Guzmán llegó a una siniestra conclusión digna de un argumento de Stephen King: los autores de los crímenes no sólo han ocultado el paradero de los cuerpos a los parientes de las víctimas durante más de un cuarto de siglo, sino que en muchos casos hubo brigadas especializadas que exhumaron los pocos huesos que quedaban para llevárselos con un destino que ahora sí sería desconocido.

En las cercanías de Putre, unos 2.000 kilómetros al norte de la capital, el juez buscaba los restos de dos reclutas que hacían la mili en el Regimiento de Coraceros en octubre de 1974, detenidos después de desertar y desde entonces desaparecidos. Tenía un dato firme de dónde estaban sepultados clandestinamente Sergio Pantoja y Juan Peña, dos víctimas más de la dictadura que no eran militantes de los partidos de izquierda, cuenta el abogado Nelson Caucoto, que mañana, martes, presentará una querella por el caso, la número 95 que acumulará en su contra Pinochet.

Pero después de dos días de excavaciones, Guzmán se encontró con la evidencia de que gran parte de los restos fueron sacados del lugar. Sólo pudo ubicar, contó, "una mano, dos costillas, parte de una columna y parte de un cráneo", que envió a examinar y los técnicos del Servicio Médico Legal (forenses) constataron que los cadáveres habían sido removidos y calcinados. Molesto, el magistrado comentó: "Nos parece raro que en nuestra búsqueda siempre encontramos tierra removida". E hizo pública su denuncia de que, "al parecer, hay un grupo especializado a lo largo del país dispuesto a entorpecer nuestras diligencias".

Quienes investigan las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura tienen certeza de la existencia de estos grupos de desenterradores macabros que retiran restos inhumados en secreto para destruirlos o llevárselos a un lugar que nunca pueda ser encontrado. Creen que lo hicieron en los años ochenta, pero que estas acciones prosiguieron en menor medida después, en los noventa, bajo los gobiernos democráticos. Hugo Gutiérrez, uno de los abogados querellantes que alegaron en la corte contra Pinochet, sostenía ayer en una entrevista en el diario La Nación que, después de iniciada la transición, "las Fuerzas Armadas siguieron comprometidas en las violaciones de los derechos humanos; tanto es así, que, sabiendo el paradero de detenidos desaparecidos, los sacaron de los lugares conocidos por ellos y los hicieron desaparecer".

Caucoto dice que la información apunta al interior del Ejército. Él recibió el testimonio de un miembro de una brigada llevada a buscar y remover osamentas que no sabía a quién pertenecían ni por qué lo hacían. "Cuando desenterraban los restos, era otro el grupo que determinaba el destino de éstos. Fue un plan, una operación en que se hizo un trabajo compartimentado, en que cada grupo no sabía qué hacía el otro". Sostiene el abogado que detrás hubo una voluntad de borrar huellas de los crímenes, y se refiere a los hechos como "la resaca", consistente en hacer desaparecer de nuevo a quienes ya estaban desaparecidos. A una de las abogadas que alegaron contra Pinochet en la corte, Carmen Hertz, la denuncia de Guzmán le es conocida. Con los cuerpos de las 26 víctimas de la ciudad de Calama de la Caravana de la muerte, la comitiva militar enviada por Pinochet en 1973 que asesinó a 75 prisioneros, sucedió algo parecido. Después de varias búsquedas infructuosas en la soledad del desierto que reina en esta zona, encontraron una fosa con restos que se dejaron olvidados quienes habían retirado previamente los cuerpos de ese lugar.

La paradoja es que mientras estos cuerpos no aparezcan, de acuerdo a la reinterpretación de la Ley de Amnistía que hizo la Corte Suprema, el delito cometido es un secuestro calificado de carácter permanente, porque se sigue cometiendo, y por el cual se intenta ahora juzgar ahora a Pinochet y a los integrantes de la Caravana de la muerte.

Primera Linea 24 de Abril 2002

Remociones: La nueva prioridad del Programa de DD.HH.

El horror que se apoderó de los chilenos el 30 de noviembre de 1978 cuando por primera vez la evidencia fue más que las palabras de la Junta Militar y el hallazgo de osamentas en los Hornos de Lonquén demostró los crímenes ocultos de la dictadura y abrió la puerta a un nuevo episodio mucho más alevoso: la exhumación de cuerpos y su destrucción.

Debieron pasar varios años para que la palabra remoción comenzara a circular como un hecho cierto en los pasillos de los tribunales, junto a la evidencia irrefutable de la Cuesta Barriga y del Fuerte Arteaga.

Los pequeños fragmentos hallados en Calama también alertaron sobre dinamitación de cuerpos que luego fueron cambiados de posición, ya que tras Lonquén era necesario encubrir de mejor forma los crímenes y eliminar cualquier vestigio de evidencia.

Consciente de esta realidad, el Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior consideró que su mandato de ayudar en las investigaciones, tras las huellas de detenidos desaparecidos, no debían detenerse sólo en el primer crimen, sino que avanzar en la búsqueda de la verdad última de los detenidos desaparecidos.

Basándose en el mandato que otorga la ley 19.123 del 8 de febrero de 1992, el Programa analiza hace semanas en su reunión habitual del equipo jurídico que se efectúa los martes, los casos en que hacerse parte para indagar este nuevo episodio.

Tras la presentación hecha en Cuesta Barriga que no fructificó y que ahora espera que la Corte de Apelaciones determine si la ministra Amanda Valdovinos o el titular del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago Mario Carroza debe conocer este abrir sumario sobre este crimen, el Programa insistió en el caso Fuerte Arteaga. Y ahí la respuesta fue la misma que en el proceso anterior, la ministra Valdovinos -que busca osamentas de detenidos desaparecidos de La Moneda en el recinto castrense- informó que deben ser los tribunales del crimen correspondientes quienes inicien una investigación al respecto.

Calama, Tocopilla y Purén

Con el panorama adverso, el Programa ahora se juega las cartas con más calma y analiza en paralelo pedir que se investigue remociones en tres causas: Calama, Tocopilla y Purén.

En el primer lugar, siguen sin ser ubicados los restos de trece personas que habrían sido encontrados hace algunos días en las pampas de Moctezuma, a unos 15 kilómetros de Calama.

Aunque no se indica aún a quién corresponden estas piezas, los informes preliminares hablan de remociones de cuerpos por los pequeños restos hallados. En la zona aún falta por encontrar las osamentas de Carlos Berger Berger Guralnik (PC), Daniel Jacinto Garrido Muñoz (sin militancia), David Ernesto Miranda Luna (PC), Manuel Segundo Hildago Rivas (PC), Domingo Mamani López (PS), Luis Alfonso Moreno Villarroel (PS), Rosario Aguid Muñoz Castillo (PS), Alfredo Víctor Ortega Cuevas (PS), Rafael Enrique Pineda Ibacache (PS), Haroldo Ruperto Cabrera Abarzúa (PS), Sergio Moisés Ramírez Espinoza (sin militancia), Jorge Ruben Yueng Rojas (sin militancia) y Bernardo Cayo Cayo (PC).

Todos ellos figuran -de acuerdo al informe de las Fuerzas Armadas presentado en el marco de la Mesa de Diálogo- como lanzados al mar frente a las costas de Tocopilla.

El caso lo ve el juez con dedicación preferente, titular del Segundo Juzgado del Crimen de Loa-Calama Jaime Medina.

En Tocopilla la entidad dependiente del ministerio del Interior tiene puestos los ojos sobre la posibilidad que se identifique el paradero de un grupo de detenidos desaparecidos que habrían sido enterrados en la mina La Veleidosa. Ya se han logrado ubicar los cuerpos de Claudio Rómulo Tognola Ríos y Carlos Miguel Garay Benavides, pero aún falta las osamentas de Luis Alberto Gómez Cerda.

El ministro de fuero Juan Guzmán Tapia ha revisado al menos en dos oportunidades el sector y ahora esta a la espera que la ministra de fuero Gabriela Corti, en Valparaíso, termine con los trabajos en el desaparecido centro de reclusión de Isla Riesco, para utilizar la maquinaria pesada necesaria paras las excavaciones.

El estudiante de Arica

El otro episodio que podría implicar al Programa se refiere a Sergio Amador Pantoja Rivera, estudiante, quien cumplía su servicio militar obligatorio en el Regimiento Rancagua de Arica y que, encontrándose en campaña militar en la localidad de Putre, fue detenido luego de un interrogatorio practicado por personal del Servicio de Inteligencia Militar, SIM, y sacado del campamento con fecha 24 de Octubre de 1974, junto al conscripto Juan Peña Fuenzalida, por un grupo de uniformados, quienes los trasladaron amarrados y vendados en un jeep con destino desconocido.

Se estima que desde el 2 de enero de 1974 la víctima estuvo en el Regimiento Coraceros de Viña del Mar, hasta que el 3 de octubre de 1974 fue trasladado al Regimiento de Infantería Motorizado "Rancagua" de la ciudad de Arica donde se perdió su rastro. Aquí los informes hablan también de la posibilidad que halla sido inhumado y luego exhumado su cuerpo

 

25 de Agosto 2003 El Mercurio

Entregan restos de soldados muertos en 1973

Los restos de dos conscriptos ejecutados tras el golpe militar de 1973 en Chile serán entregados a sus familiares casi 29 años después, por decisión de un juez asignado a casos de violaciones a los derechos humanos.

El juez Daniel Calvo ordenó hoy entregar los restos de los soldados Sergio Pantoja y Juan Peña, detenidos desaparecidos desde octubre de 1974, luego que fueron plenamente identificados por el Servicio Médico Legal.

Las osamentas fueron encontrados en el año 1999 por el juez Juan Guzmán luego de remover terrenos en la localidad de Putre, 1.800 kilómetros al norte de Santiago.

Pantoja y Peña cumplían su servicio militar obligatorio en el Regimiento Rancagua del limítrofe puerto de Arica, y fueron ejecutados por razones que se investigan.

Posteriormente sus osamentas fueron removidas clandestinamente desde el cementerio de Putre.

Debido a que las osamentas son muy pequeñas, el juez Calvo había decidido inicialmente entregarlas en forma conjunta, pero ello fue rechazado por los familiares de las víctimas.

Tras ello las osamentas serán entregadas a sus familiares en actos separados previstos para esta semana en el Servicio Médico Legal.

 


13 de Septiembre 2003 El Mercurio

En Rancagua fueron enterrados restos de dos desaparecidos

Hoy se efectuaron en Rancagua, Sexta Región, los funerales de dos detenidos desaparecidos cuyos restos fueron exhumados en 1999 y que el viernes recién pasado fueron entregados por el Servicio Médico Legal (SML) de Santiago a sus respectivos familiares.

Se trata de Sergio Pantoja Rivera y Juan Peña Fuenzalida, dos jóvenes que al momento de su desaparición, en octubre de 1974, cumplían con el Servicio Militar Obligatorio.

Sus cuerpos fueron hallados a 20 kilómetros al interior de Putre y fueron exhumados en 1999 por orden del juez Juan Guzmán Tapia. Actualmente el proceso está en manos del magistrado Daniel Calvo.

Al respecto, Celinda Pantoja, señaló que las exequias de su hermano Sergio, constituía un reencuentro tras una espera larga y angustiosa.

A esta despedida final, que se realizó en el cementerio Parque Jardín Las Flores de Machalí, acudieron los diputados Aníbal Pérez (PPD) y Juan Pablo Letelier (PS).

Juan Peña, también será sepultado en la misma localidad. Su hermano Oscar indicó que al menos tienen el consuelo de que pudieron "cumplir con los sueños de los papás, que es darle una sepultura cristiana, darle un lugar donde ir a dejarle una flor, donde ir a meditar".

 


Esta pagina fue modificada el 17/07/2010

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