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CARLOS FREDDY PEREZ VARGAS

 

Rut       : 6.227.008

F.Nacim. : 08-09-49, 25 años a la fecha de su detención

Domicilio : Martín de Zamora 3290, Las Condes, Santiago

E.Civil  : Casado

Actividad : Publicista

C.Repres. : Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR); encargado de imprentas y publicaciones.

F.Detenc. : 10 de septiembre de 1974

 

                                                                   

 

SITUACION REPRESIVA

            Carlos Freddy Pérez Vargas, casado, publicista, militante del MIR, fue detenido el 10 de septiembre de 1974, alrededor de las 10 de la mañana, en su oficina particular ubicada en el centro de Santiago, por civiles que se identificaron como miembros del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), que lo condujeron hasta el recinto secreto de detención y tortura de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), ubicado en la calle José Domingo Cañas con República de Israel, en la comuna de Ñuñoa, en donde fue visto por testigos y desde donde desapareció. Junto con él fueron detenidos Miguel Lathrop Cristi, de 63 años de edad, Juan Orlando González Lizana, ascensorista del edificio, y un portero que no fue identificado durante el proceso que se siguió por el desaparecimiento de la víctima.

            Carlos Freddy Pérez fue el primero de cinco hermanos en sufrir las consecuencias directas de la represión. Otros cuatro de ellos, desaparecieron o murieron en enfrentamientos con agentes de la DINA.

            El 10 de septiembre de 1974, Carlos Freddy Pérez Vargas se dirigió como de costumbre a su oficina ubicada en calle Estado N°360 (edificio que correspondía al ex-Hotel Splendid). Hasta allí llegaron, a lo menos, 5 agentes que se identificaron ante los testigos como miembros del SIM. A las 10 de la mañana, llegó hasta la oficina Miguel Lathrop, encontrándose con que el lugar estaba ocupado por civiles que retenían al afectado y a un trabajador de éste, cuyo nombre el testigo ignora. Sin interrogarlo y pidiéndole disculpas a Lathrop por las molestias, los aprehensores procedieron a vendarles la vista y a llevárselos detenidos. Por su parte, Juan Orlando González -ascensorista- recuerda que los agentes dijeron ser del SIM y que se los llevaron hasta un lugar que él no pudo identificar. Una semana más tarde, salieron en libertad ambos testigos, sin que se les interrogara y habiendo permanecido durante todo ese tiempo con la vista vendada en el recinto secreto de la DINA, ubicado en José Domingo Cañas, lugar que se pudo identificar por diversos testimonios.

            Al día siguiente en la mañana el afectado fue llevado hasta el domicilio de don Vicente Claro, el que fue rodeado por unos 27 hombres armados. Unos cuantos de ellos entraron a la casa, llevando consigo a Carlos Freddy. Este parecía estar dopado, hablaba con dificultad y los aprehensores le tiraban el pelo y le empujaban la cabeza hacia atrás cuando querían que hablara. Llevaba las manos atadas y una de ellas se veía herida y sin vida. Los agentes allanaron el lugar, diciendo que buscaban armas y preguntando insistentemente por Dagoberto Pérez, hermano mayor del afectado, alto dirigente del MIR e intensamente buscado por los Servicios de Seguridad. Incluso, al momento de la detención, Carlos Freddy le comentó a Miguel Lathrop que no se preocupara porque no era a él a quien buscaban, sino que a su hermano Dagoberto.

            También ese mismo 11 de septiembre de 1974, llegaron hasta la casa particular del afectado, cuatro civiles que se identificaron ante Virginia Valenzuela Jiménez -cónyuge de la víctima, de nacionalidad costarricense y ex-Agregado Cultural de su Embajada- como funcionarios de la DINA. Uno de ellos procedió a registrar el domicilio, sin mostrar identificación alguna y sin dar explicaciones por los hechos. Se retiraron sin llevarse nada. Uno de estos agentes era joven, rubio, alto, de ojos claros, vestido de sport, modales educados y facciones finas; un segundo, pelo negro, piel trigueña, alto, delgado, con una marca de golpe en la cara, nariz achatada, patillas y también vestido de sport.

            El día 12 de septiembre, a las 15:00 horas, nuevamente llegaron civiles hasta el hogar de la víctima. Estos expresaron ser del Servicio de Inteligencia Militar y también allanaron el inmueble, incautando numerosos documentos. Antes de irse, intentaron detener a Virginia Valenzuela, la que opuso enérgica resistencia. Ante esta situación, los agentes desistieron y le dijeron que ellos tenían detenido a su esposo, por cargos que se hacían a su hermano Dagoberto. Uno de estos sujetos era alto, delgado, nervioso, de temperamento intranquilo, pelo negro y ojos oscuros, educado y vestía una chaqueta azul marino; otro, de unos 40 a 50 años, más bien gordo, de espaldas anchas, ojos claros y pequeños, muy observador, vestía un abrigo gris o beige. El tercero era más bajo, grueso, de piel clara y pelo castaño oscuro, hablaba poco. Se movilizaban en una camioneta Chevrolet nueva color celeste.

            El afectado, entretanto, permanecía recluido en la casa de calle José Domingo Cañas. Allí fue visto por los detenidos Cristián Van Yurick Altamirano y Rosalía Martínez Cereceda. Esta última había sido detenida el 22 de septiembre de 1974, junto a su marido y a María Cristina López Stewart (actualmente detenida desaparecida), y conducida hasta el recinto anteriormente mencionado, en donde permaneció hasta el 5 de octubre del mismo año. Al llegar a la casa de calle José Domingo Cañas, se encontró con Carlos Freddy Pérez Vargas, al que vio en malas condiciones físicas, a causa del tratamiento que recibía durante los interrogatorios y el que le dijo que sólo esperaba reunirse pronto con su familia. Unos días después, recuerda la testigo, llegó también detenido, Aldo Pérez Vargas (actualmente detenido-desaparecido). Ambos hermanos se encontraron y se abrazaron muy emocionados. Según les contó Aldo, Osvaldo Romo Mena lo detuvo en la calle porque lo confundió con Dagoberto, a quien se parecía mucho. Los hermanos se mostraban preocupados por la suerte de sus familiares.

            De acuerdo a los testimonios, Carlos Freddy Pérez permaneció en el recinto de José Domingo Cañas hasta aproximadamente, la última semana de septiembre de 1974, fecha en que fue sacado con destino desconocido. No se le volvería a ver en algún otro centro de reclusión.

            Posteriormente, en julio de 1975, su nombre apareció en la lista de 119 chilenos presuntivamente muertos en enfrentamientos en el extranjero. El afectado estaba incluido en la nómina del diario "O'Dia" de Curitiba, Brasil, publicación que salió a circulación en esa única oportunidad, sin director responsable ni pie de imprenta. Con el tiempo se comprobó la falsedad de este hecho, el que no fue ratificado por ningún Gobierno, ni siquiera el chileno. Al respecto, el Mayor de Ejército, Enrique Cid Coubles, Jefe de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, informó a los distintos Tribunales que así lo requirieron, que no existían antecedentes relativos a la muerte de esos chilenos ni a su salida del país.

            Además, el 28 de mayo de 1975, por Decreto Supremo publicado en el Diario Oficial de la fecha, se declaró que pasaba a dominio del Estado un automóvil station wagon, modelo 1957, patente KO 284 de Providencia, de propiedad del afectado. El motivo aducido era que dicho vehículo "fue adquirido con fondos del MIR". Virginia Valenzuela -en un escrito al Ministro del Interior, puesto que se trató de una medida administrativa- entregó las pruebas de que ella había puesto ese dinero.

            Carlos Freddy Pérez Vargas era uno de los 6 hijos del matrimonio formado por Osvaldo Pérez y Otilia Vargas, cinco de ellos militantes del MIR. De esa numerosa familia, sólo sobrevivieron ambos padres y la hermana menor, Patricia, los que se asilaron en Cuba. El primero en desaparecer fue el afectado. Días más tarde, la DINA detuvo a Aldo Pérez, el que desapareció de Cuatro Alamos. El 16 de octubre de 1975, murió, en un enfrentamiento, el mayor y más buscado de los hermanos: Dagoberto Pérez. Los hechos ocurrieron en la parcela Santa Eugenia de Malloco, en donde se había ocultado la alta dirigencia del MIR: Andrés Pascal Allende, Nelson Gutiérrez, Martín Hernández Vásquez, Mary Anne Beausire Alonso (esposa de Andrés Pascal), María Elena Bachmann y la pequeña hija de Nelson Gutiérrez. Mientras Dagoberto Pérez obstaculizó el paso de los agentes, el resto del grupo logró huir. Nelson Gutiérrez iba herido, debiendo dejar a la niña en casa de unos campesinos. Días después, la doctora de nacionalidad británica, Sheila Cassidy atendió al herido y, producto de ello, fue detenida el 1° de noviembre de 1975 en la Casa de los Padres Columbanos. Hasta allí llegaron los agentes de la DINA, generando una balacera con el objeto de simular un enfrentamiento. Lamentable y dolorosamente, en esa oportunidad fue alcanzada por las balas la empleada de la casa, Enriqueta Reyes Valerio, la que falleció.

            El cuerpo de Dagoberto Pérez permaneció por largo tiempo en el Instituto Médico Legal, en calidad de "NN", no obstante las reclamaciones que continuamente realizaron familiares y abogados. El 11 de diciembre de 1975, funcionarios de ese Organismo informaron que el día anterior el cadáver había sido llevado a la fosa común del Cementerio General, para después decirle a la señora Otilia Vargas, que los restos se encontraban en el Patio 29, sin informarle del lugar exacto en que yacía su hijo.

            Meses después, el 24 de febrero de 1976, murieron los mellizos Pérez Vargas: Iván Renato y Mireya de Lourdes, de 22 años de edad. Se encontraban viviendo en un domicilio del pasaje Juan Ramón Jiménez, en el paradero 14 de Vicuña Mackenna, junto a Amador del Fierro Santibáñez, a la esposa de éste, Herminia Uberlinda Espíndola, y a la pequeña hija de un año de ese matrimonio. Hasta allí llegaron agentes de la DINA, produciéndose una balacera. Iván Renato Pérez y Amador del Fierro murieron en el mismo lugar. También fue alcanzada por las balas una pequeña que jugaba en el jardín de la casa, Susana Elizabeth Sanhueza Salinas, la que falleció. Por su parte, Mireya fue sacada viva de la casa, herida de las piernas, y conducida por los agentes hasta el recinto secreto de detención de la DINA conocido como "Villa Grimaldi". Existen testimonios de su permanencia en ese lugar, en donde se le dio muerte. Su cadáver y el de su hermano permanecieron, durante meses, en el Instituto Médico Legal, siendo entregados recién el 5 de mayo de 1976 a un sacerdote, a un abogado y a una asistente social, quienes fueron los únicos en acompañarlos hasta el Cementerio General. Sus padres ya no podían hacerlo. Osvaldo Pérez se encontraba en el exilio. Otilia Vargas y su única hija sobreviviente, no pudieron asistir por motivos de seguridad.

           

 

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            El 1° de octubre de 1974, ante el 6° Juzgado del Crimen de Santiago, Virginia Valenzuela presentó una denuncia por secuestro en la persona del afectado, la que fue rolada con el N°90.626. En la presentación, ella denunció los allanamientos que se habían realizado en su domicilio, el hecho de que los agentes se identificaran como pertenecientes al Servicio de Inteligencia Militar y que expresaran que tenían detenido a su cónyuge. Señaló también que había hecho trámites a través de la Embajada de Costa Rica, de la cual fue Agregada Cultural. Sin embargo -"para mi asombro y sorpresa"- en la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos (SENDET), el Comandante Correa en persona le informó que su cónyuge no figuraba en la lista de detenidos y que para él, estaba desaparecido.

            Ante una orden judicial, el 6 de diciembre de 1974, Investigaciones informó al Tribunal que se habían realizado averiguaciones tendientes a ubicar el paradero de Carlos Freddy Pérez. Funcionarios de este Organismo acudieron al edificio de Estado 360, ex-Hotel Splendid, en donde lograron establecer que efectivamente el afectado había salido de allí, el 10 de septiembre de 1974, acompañado de personal militar. Se acudió entonces al Palacio de La Moneda, Sección Consular y al SENDET, sin que el nombre de Pérez Vargas apareciera en la relación de personas detenidas. El Coronel Jorge Espinoza Ulloa, Secretario Ejecutivo del SENDET, ofició al Tribunal, el 23 de diciembre de 1974, diciendo que no registraba antecedentes relativos a la víctima.

            Sólo sobre la base de los informes anteriormente mencionados, sin ninguna otra diligencia, el 2 de enero de 1975, se cerró el sumario y se sobreseyó temporalmente la causa por no resultar "completamente justificada la perpetración del delito". El 20 de marzo del mismo año, la Corte de Apelaciones de Santiago aprobó la resolución consultada.

            El 29 de julio de 1975, Virginia Valenzuela solicitó la reapertura de la causa, señalando que el nombre de su marido había aparecido en la lista de 119 chilenos muertos en el extranjero. En esa oportunidad, solicitó que se oficiara al Ministerio de Relaciones Exteriores para que informara sobre el método usado para la identificación de los cadáveres, la inscripción de la defunción en el Libro de Registro Civil de la agencia consular respectiva y la posible repatriación de los restos. Sin reabrir la causa, el Juez ordenó oficiar al SENDET para que informara sobre la veracidad y circunstancias que rodearon los hechos entregados a la opinión pública. El Teniente Coronel Julio Fuenzalida Arancibia, Secretario Ejecutivo Subrogante de ese Organismo, informó no poseer antecedentes sobre Carlos Freddy Pérez Vargas.

            El 8 de octubre de 1974, Virginia Valenzuela Jiménez interpuso un recurso de amparo por el afectado, el que fue rolado con el N°1205-74. En la presentación dijo a la Corte que su domicilio había sido allanado en dos oportunidades después de la detención de la víctima y que existían testigos de la aprehensión de ésta. En el transcurso de su tramitación, el Ministro del Interior y General de División, Raúl Benavides Escobar, informó que Carlos Freddy Pérez Vargas no se encontraba detenido por orden de autoridad administrativa y que se desconocía su paradero, (22 de octubre de 1974). Exactamente en los mismos términos se pronunció el 5 de noviembre de ese mismo año. Por su parte, el General de Brigada Sergio Arellano Stark, a la sazón Jefe de la Zona en Estado de Sitio de la Provincia de Santiago, informó que el afectado no se encontraba detenido en la jurisdicción de esa Jefatura, (23 de diciembre de 1974).

            El 5 de febrero de 1975 -cuatro meses después de ser presentado y sin otras diligencias- la Corte rechazó el amparo y remitió los antecedentes al Juzgado del Crimen correspondiente.

            El 13 de febrero de 1975, en el 1er. Juzgado del Crimen de Santiago, se instruyó la causa rol N°106.634, por el desaparecimiento de Carlos Freddy Pérez. Al ser citada a declarar, el 24 de febrero de ese año, Virginia Valenzuela dijo "hasta la fecha no he sabido dónde se pueda encontrar mi esposo y menos si le ha sucedido alguna desgracia. Se han estado haciendo gestiones por medio de la Embajada de Costa Rica, pero tampoco se ha obtenido ningún resultado hasta la fecha". Después que declararan los testigos de la detención de la víctima -Miguel Lathrop y Juan Orlando González- se adjuntó el informe entregado por Investigaciones al Tribunal. En éste se señalaba que se había averiguado en Policía Internacional, en donde se informó que Carlos Freddy Pérez no se encontraba registrado en la lista de personas que había salido del país, ni en la de las personas que se habían asilado. Tampoco se obtuvieron resultados positivos en Postas, Hospitales e Instituto Médico Legal, (13 de marzo de 1975).

            Posteriormente se ofició a los distintos cementerios y se obtuvo la ficha clínica del afectado. El 30 de julio de 1975, como resultado de la aparición del nombre de Carlos Freddy Pérez en la lista de 119 chilenos presuntivamente muertos en el extranjero, el Tribunal ofició al Ministerio de Relaciones Exteriores para que informara si efectivamente el afectado había muerto, si se había recabado la inscripción de su defunción y dónde se encontraba enterrado. Al respecto se agregó a la causa el Oficio del Mayor de Ejército Enrique Cid Coubles, en el que decía carecer de antecedentes tanto de las posibles muertes como de las salidas del país de aquellas personas nombradas en dichas nóminas. En cuanto al diario "O'Dia" decía que dicha publicación no existía en Curitiba.

            El 12 de septiembre de 1975 se cerró el sumario y sobreseyó temporalmente la causa, por no resultar acreditado que la desaparición de la víctima se haya debido a un delito o cuasidelito. El 13 de enero de 1976, la Corte de Apelaciones aprobó dicha resolución.

            Además, Virginia Valenzuela realizó numerosas gestiones administrativas tendientes a dar con el paradero de su cónyuge, muchas de ellas con el apoyo de la Embajada de Costa Rica. Se enviaron cartas a autoridades, se recurrió al Sendet, al Ministerio del Interior, se solicitó la intervención de algunos funcionarios de Iglesia. De esta forma, el 4 de noviembre de 1974, el Teniente Coronel de Ejército Luis Patricio Serre Ochsenius, Secretario de Augusto Pinochet Ugarte, respondió -por encargo del Presidente- al Cardenal Raúl Silva Henríquez, diciendo que el Jefe de Estado había ordenado una investigación cuyos resultados se adjuntaban (se referían a la participación política de Carlos Freddy y Dagoberto Pérez). Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en una nota dirigida a la Embajada de Costa Rica, el 20 de febrero de 1975, decía que "pese a las exhaustivas investigaciones efectuadas por el Ministerio del Interior, no ha sido posible determinar a la fecha el paradero de dicha persona". Se agregaba que como el afectado no se encontraba detenido en ningún centro de reclusión civil o militar dependiente del Gobierno, "es lícito formular la posibilidad de que su detención del día 10 de septiembre de 1974 sea producto de una maniobra extremista con propósitos no precisables". También el General de División y Ministro del Interior, Raúl Benavides Escobar, respondió una nota de la Embajada de Costa Rica. En su respuesta, el Ministro Benavides señalaba que al resultar todas las indagaciones infructuosas se puede "confirmar que se encuentra presuntivamente desaparecido". Agregaba, "lo anterior no excluye la posibilidad de que por razones personales, hubiere hecho abandono del país o se mantenga oculto en algún lugar desconocido con nombre y documentos falsos".

            El 26 de abril de 1991, Otilia Vargas, quien viajó desde el exilio, interpuso ante el 11° Juzgado del Crimen una querella por los delitos de secuestro y asociación ilícita cometidos en las personas de sus hijos Carlos Freddy y Aldo Gonzalo Pérez Vargas. Junto con relatar las circunstancias de la detención de sus hijos, solicitaba la citación a declarar a testigos de la reclusión de ambos y la reapertura y acumulación de las causas ya mencionadas. La causa fue ingresada a tramitación con el rol 59552-5 y a diciembre de 1992 se encontraba en estado de sumario.

           

 


4 de Enero 2004 La Nacion
Juez Guzmán volvió a golpear a la DINA
 

En uno de los procesamientos que terminó por echar abajo uno de los principales montajes de la pasada dictadura, el ministro de fuero Juan Guzmán encausó a diez ex agentes de la DINA, varios de ellos de su plana mayor, incluido el ex jefe Manuel Contreras, por ocho víctimas desaparecidas en la conocida como Operación Colombo. Este es el segundo encausamiento dictado por el juez Guzmán por este montaje acontecido en 1975, siendo el primero el decretado el 2 de septiembre, cuando el magistrado procesó a 16 ex agentes por 37 víctimas de la Colombo.

Las resoluciones adoptadas por el juez Guzmán en este episodio, constituyen en conjunto el más masivo procesamiento dictado hasta ahora por este ministro, y uno de las que abarca más cantidad de víctimas y encausados en los juicios que se instruyen por violaciones de los derechos humanos.

Los procesados, todos en situación de retiro y declarados reos como autores de secuestro calificado son, además de Contreras, el ex jefe de la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA, general César Manríquez Bravo, hermano de Mario, coronel (R) encartado como autor intelectual del crimen de Víctor Jara; el ex segundo hombre de la DINA, brigadier Pedro Espinoza Bravo; el ex jefe de Villa Grimaldi, coronel Marcelo Moren Brito; el ex jefe del recinto DINA Cuatro Alamos, oficial de Gendarmería Orlando Manzo Durán; el ex jefe del grupo Halcón de la DINA, brigadier Miguel Krassnoff Martchenko; el ex jefe del Servicio Secreto de la Dirección de Inteligencia del Ejército y ex miembro de la plana mayor de la DINA, coronel Francisco Ferrer Lima, que cumple condena en Punta Peuco por el crimen del sindicalista Tucapel Jiménez; el ex jefe del recinto DINA Tres Alamos, oficial de Carabineros Conrado Pacheco Cárdenas; el suboficial de Ejército Basclay Zapata Reyes; y el ex agente civil Osvaldo Romo Mena.

Las nuevas ocho víctimas de Colombo son: Aldo Pérez Vargas, Roberto Aranda Romero, Jorge Müller Silva, Modesto Espinoza Pozo, Carlos Pérez Vargas, Carmen Bueno Cifuentes, Rodrigo Ugas Morales y Carlos Gajardo Wolf. Los cinco últimos figuran en la lista de los 119 desaparecidos por este operativo, no así los tres primeros.

El montaje

La llamada Operación Colombo nació en los primeros meses de 1975, cuando la DINA y el propio ex dictador Augusto Pinochet, así como otros de sus ministros militares, comenzaron a difundir informaciones de que el MIR preparaba “guerrilleros” en distintas ciudades argentinas para hacerlos entrar clandestinamente a Chile por pasos fronterizos a combatir el régimen militar. Los diarios El Mercurio, La Tercera, Las Ultimas Noticias y el vespertino La Segunda fueron los encargados de publicarlas.

La cúspide del montaje ocurrió entre los días 17 y 19 de julio de 1975, cuando primeramente el diario brasileño O Dia, de breve tiempo de circulación, informó

El retirado general Manuel Contreras ha sumado otro enjuiciamiento a su expediente en los tribunales chilenos.

 que 59 chilenos habían sido ejecutados en Argentina por sus propios compañeros de izquierda, atribuyendo las muertes a “ajustes de cuentas” políticas. El día 19, la revista argentina Lea, publicó en su único número que lo mismo había ocurrido con otros 60 chilenos, la mayoría del MIR.

En abril de 1975 apareció en un sótano de Buenos Aires el cuerpo destruido por una explosión con un cartel que decía “dado de baja por el MIR”. Se dijo que era el detenido desaparecido comunista David Silberman. Sin embargo, no era él. El 12 de julio de 1975 aparecieron en Buenos Aires otros dos cuerpos baleados y quemados con una leyenda similar. La dictadura informó que se trataba de quienes habían sido dado por desaparecidos en Chile, Jaime Robotham Bravo y Luis Guendelman Wisnik. Lo que también resultó falso.

El 24 de julio de 1975, La Segunda publicó en portada tal vez el titular más representativo del invento: “Exterminados como ratones: 59 miristas chilenos caen en operativo militar en Argentina”.

Objetivo y origen de la acción

El objetivo de la Operación Colombo fue hacer creer que decenas de personas, que en Chile sus familiares, abogados y las iglesias daban por detenidos desaparecidos, en realidad habían salido clandestinamente a Argentina a prepararse en guerrillas para regresar a Chile a combatir. Y que en el intertanto afuera se habían ajustado cuentas políticas matándose entre ellos o cayendo abatidos por operativos militares en Argentina, país que vivía la convulsión política y militar en los últimos meses antes del golpe de Estado de marzo de 1976.

En cuanto al origen del nombre Operación Colombo, éste se remite a declaraciones del ex agente civil de la DINA Enrique Arancibia Clavel, quien admitió en Buenos Aires en 1978 -acusado de “espionaje”- que en 1975 llegó a esa capital el agente Raúl Eduardo Iturriaga Neumann (ex jefe del Departamento Exterior DINA y actual general retirado) para hacer aparecer muerto en Argentina a un “subversivo chileno” de nombre “Simelman o algo parecido”. Se trataba de Silberman. Según Arancibia Clavel, Iturriaga le dijo que se trataba de la Operación Colombo en la cual se contó con la colaboración, entre otros, del civil argentino y miembro de la Triple A (Alianza Argentina Anticomunista) Martín Ciga Correa.

 

Fallo Corte de Apelaciones - Aldo y Carlos Perez Vargas - 2008

 


Esta pagina fue modificada el 17/07/2010

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