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ARMANDO PORTILLA

 

Rut       : 2.758.775

F.Nacim. : 14-06-28; 48 años a la fecha de su detención

Domicilio : Avenida Estrella N°1281, Pudahuel, Santiago

E.Civil  : Casado, 3 hijos

Actividad : Operador Mecánico; Promotor de Ventas

C.Repres. : Ex Director de la Empresa Nacional de Electricidad S.A., ENDESA, en representación de los trabajadores. Militante del Partido Comunista

F.Detenc. : 9 de diciembre de 1976

 

 

SITUACION REPRESIVA

            Armando Portilla, 48 años, casado, tres hijos, operador mecánico, ex-Director de Endesa, militante comunista, fue detenido en la vía pública por agentes de la DINA, el 9 de diciembre de 1976.

            Entre el 29 de noviembre y el 20 de diciembre de 1976, fueron detenidas trece personas: once pertenecientes al Partido Comunista -algunas de ellas miembros de su Comité Central- y dos al Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). Los procedimientos que se utilizaron para detenerlos guardan semejanzas entre sí, particularmente en el hecho de que sus arrestos se realizaron en la vía pública, salvo en un caso, y destacándose que el grueso de las detenciones se verificaron el día 15 de diciembre de 1976, afectándose en ese sólo día a siete personas. Y la otra nota común en sus situaciones, fue aquella que proporcionó oficialmente el gobierno militar, en el sentido que prácticamente todos registraban salida de Chile a Argentina entre fines de diciembre de 1976 o a principios de enero de 1977. Versión que, posteriormente, fue demostrada su falsedad judicialmente.

            La otra característica común a todas estas personas es que hasta la fecha se encuentran desaparecidas.

            Las víctimas son: Santiago Edmundo Araya Cabrera, detenido el 29 de noviembre de 1976; Armando Portilla, detenido el 9 de diciembre de 1976; Fernando Alfredo Navarro Allende, detenido el 13 de diciembre de 1976; Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Luis Segundo Lazo Santander, Juan Fernando Ortiz Letelier, Reinalda del Carmen Pereira Plaza, Waldo Ulises Pizarro Molina, Héctor Véliz Ramírez, todos ellos detenidos el 15 de diciembre de 1976; Lizandro Tucapel Cruz Díaz, Carlos Patricio Durán González, ambos detenidos el 18 de diciembre de 1976; y Edras de las Mercedes Pinto Arroyo, detenido el 20 de diciembre de 1976.

            Armando Portilla, el 9 de diciembre, cerca de las 09:00 horas, salió de su hogar, como lo hacía de costumbre, para cumplir con sus labores de venta en el Laboratorio Analmet. No llegó a su lugar de trabajo ese día, y nunca más se supo de él. La última persona conocida que lo vio, fue una vecina, Marina Sepúlveda González, cuando por la mañana pasó frente a su casa, en los momentos que ella regaba su jardín, agregando que el afectado iba en dirección a la calle San Pablo. El marido de esa vecina, fue compañero de trabajo en ENDESA (Central Hidroeléctrica de Rapel) de Armando Portilla, de manera que le conocía perfectamente.

            Con posterioridad al desaparecimiento, Mireya Adriana Rivera Véliz, declaró en el proceso rol 2-77, refiriendo que a mediados de febrero de 1977 llegó hasta su casa "...un hombre joven, quien me preguntó si mi esposo (se trata de Enrique Coussi, detenido desaparecido desde septiembre de 1973, que también trabajó al igual que el afectado en ENDESA, Rapel) había sido dirigente en ENDESA de Rapel junto con Armando Portilla. Ante lo cual le pregunté de parte de quién venía y me replicó que era del Ministerio de Defensa y que andaba haciendo una encuesta sobre los desaparecidos. No me exhibió ninguna credencial y no me proporcionó más detalles. Sólo me agregó, al despedirse: "pronto va a tener noticias nuestras...".

            Por otra parte, en la misma investigación criminal, el gobierno informó oficialmente, en base a datos de la Policía de Investigaciones, que el afectado registraba salida del país a la Argentina el 11 de enero de 1977. Al efecto, el Subcomisario de Investigaciones, Sergio Vukasovic, indicó "que es posible que la persona de que se trata (Armando Portilla) haya viajado en el automóvil patente XO-60024". En otra información, también proveniente de la Policía de Investigaciones, se dijo que el afectado salió "en automóvil particular", sin decir qué patente tendría ese vehículo; pero, además, se indicó como año de nacimiento del afectado el de 1933, hecho inexacto, pues Armando Portilla nació el año 1928.

            Esta indicación que nació el año de 1933, se volvió a repetir en la hoja de ruta relativa a la salida del afectado, en que figuraba su nombre a continuación al de otras dos personas, saliendo ese día 11 de enero de 1977 a la Argentina, por el paso Los Libertadores, y en la cual se indicaba el automóvil patente extranjera XO-60024, respecto de los tres viajeros.

            El Ministro Carlos Cerda, en el proceso rol 2-77, tomó declaración al funcionario de Investigaciones Rolando José Pérez Villena, e interrogado para que disipara algunas dudas respondió: "Reconozco como mía la letra de la línea tres del documento de fs.267 (allí es donde, después de los otros dos viajeros, aparecía Armando Portilla y sus datos) cuyo original se me exhibe, en copia a carbón, y no estoy seguro si la fecha es mía, porque los número son como los que yo hago; también puede corresponder a mi mano la expresión "Lbt" (Libertadores, el paso). No sé responder al Tribunal por qué en los listados de Policía Internacional no aparece oportunamente registrado el pasajero de la línea número dos. Tampoco sé explicar el por qué de la participación de distintas personas en ese instrumento, pues, en realidad, yo acostumbraba a llenar íntegramente una hoja y, en este caso, yo aparezco tomando una hoja cuyas dos primeras líneas y los datos del auto estaban ya escritos por otra persona..." Y cuando fue interrogado finalmente sobre una inconsecuencia, dijo "...no sé por qué en la hoja de vida de fs.806 no se registra mi permanencia en la avanzada de Libertadores, en enero de 1977".

            A su turno, cuando el Ministro Cerda interrogó al Subcomisario de Investigaciones, Mario Enrique Guzmán Bustamante, a esa época Jefe de la Avanzada Los Libertadores, para que diera algunas explicaciones, éste respondió: "...no sé explicar por qué el vehículo registrado en la hoja de ruta (se trata de la de los dos pasajeros junto a Armando Portilla y del vehículo patente XO- 60024)... no aparece en los listados correspondientes, saliendo del país el 11 de enero de 1977. Tampoco sé por qué el pasajero de la línea 2 no fue oportunamente registrado en los listados de ciudadanos salidos del país en esa fecha, a pesar de haber sido yo el Jefe de la Avanzada en esa época. Lo más seguro es que esa persona esté mal ingresada, trabajo que se hacía en Santiago y escapaba a nuestro control...". Y luego, en términos generales, afirmó: "Digo categóricamente que jamás recibí instrucciones superiores, ni órdenes, ni influencias de amigos o interesados tendientes a producir alteraciones en las hojas de ruta. Tampoco creo que ello haya ocurrido con alguno de mis dependientes en esa época...".

            Como ha quedado de manifiesto, en la supuesta salida del país de Armando Portilla, como también de otros del grupo de los trece desaparecidos, se detectaron varias irregularidades, llegándose incluso a encargar reo a dos dependientes del Jefe de la Avanzada, Subcomisario Guzmán, precisamente por falsificación de instrumento (hojas de ruta), en los casos de Reinalda Pereira Plaza y Edras Pinto. Los familiares de los detenidos desaparecidos siempre dijeron que sus parientes jamás abandonaron el país sino que fueron detenidos, y que la versión oficial no pasaba de ser una maniobra más para dar impunidad a los agentes envueltos en los dramáticos hechos.

            Hasta la fecha se desconoce el paradero o suerte corrida por Armando Portilla con posterioridad a su detención.

            GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            Con fecha 13 de diciembre de 1976, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la cónyuge del afectado presentó recurso de amparo, el que ingresó con el rol número 1071-76. En su tramitación sólo se accedió a oficiar al Ministerio del Interior, quedando respecto de las demás diligencias de resolver en su oportunidad (se pedía informe a la DINA y al Ministerio de Justicia). Pasado más de una semana de interpuesto el recurso, se certificó en éste la respuesta de la Cartera de Interior: "no se encuentra detenido por orden de ese Ministerio".

            El 27 de diciembre de 1976, con el sólo mérito de lo informado por el Ministerio del Interior, se procedió a rechazar el recurso, sin pronunciarse jamás acerca de las diligencias referidas a la DINA y al Ministerio de Justicia. Eso sí, la Corte ordenó enviar los antecedentes al Juzgado del Crimen para que investigue la posible comisión de un delito con motivo del desaparecimiento del afectado.

            Se apeló del fallo ante la Corte Suprema, Tribunal que no se pronunció acerca de las diligencias pedidas y que la Corte de Apelaciones había quedado de resolver en su oportunidad, y procedió sin más a confirmar lo actuado por la Corte de Apelaciones, en sentencia pronunciada el 30 de diciembre de 1976, por los Ministros Israel Bórquez, Luis Maldonado, Manuel Rivas y los abogados integrantes Enrique Urrutia y Román de Amesti.

            Luego que los respectivos recursos de amparo fueran rechazados, familiares de las víctimas solicitaron a la Excma. Corte Suprema la designación de un Ministro en Visita para que se abocara al conocimiento de los 13 desaparecidos ya nombrados. El Tribunal accedió a lo solicitado, pero limitando el ámbito de investigación a sólo 8 de los casos. Al poco tiempo de iniciada la investigación se incluyeron dos más. Entre estos 8 primeros se encontraba el caso de Armando Portilla.

            La tramitación de esta causa duró cerca de 13 años y se acumularon en ella 21 tomos con más de 9.000 fojas, y la investigación estuvo a cargo de distintos Ministros.

            El máximo Tribunal de la República ordena a la Corte de Apelaciones de Santiago que efectúe tal designación, la que recayó en el Ministro Sr. Guastavino, quien luego de requerir informe al Ministerio del Interior -quien informó que los afectados habían hecho abandono del país por un paso cordillerano, hacia la República Argentina- sobreseyó la causa. Dicha resolución fue revocada por la Corte de Apelaciones de Santiago, al igual que en la segunda oportunidad en que se decretó un nuevo cierre del sumario. Posteriormente, el Ministro Carlos Letelier Bobadilla vino a subrogar al Ministro Guastavino, cerrando el sumario en agosto de 1978, "no pudiendo adelantarse en la investigación".

            Dicha resolución fue impugnada por los abogados que hicieron ver al Ministro que sí podía adelantar en la investigación, por existir diligencias pendientes solicitadas y porque del estado del proceso surgirían otras por disponer. Fue así como el Ministro Letelier dejó sin efecto su propia resolución, decretando diligencias.

            Más adelante, reasumiendo sus funciones el Ministro Guastavino, decretó sobreseimiento definitivo por aplicación del D.L. 2191 en diciembre de 1980. La Corte de Apelaciones, esta vez, revocó la resolución de cierre del sumario, y el propio Ministro en Visita dejó sin efecto el sobreseimiento decretado, por haberse omitido una formalidad legal. De esta manera continuó la tramitación. Ya en el año 1983 se hizo cargo de continuar la investigación por el "proceso de los trece", el Ministro señor Carlos Cerda Fernández, quien dictó cientos de diligencias, consistentes en citaciones de personas, reconocimientos de lugares y de personas, peritajes, revisión de expedientes criminales, despacho de Oficios recabando informes a servicios del Estado, a ramas de las Fuerzas Armadas, instituciones particulares y otras de vital importancia.

            En suma recibió cerca de 200 testimonios de testigos presenciales de las detenciones de los afectados y de su reclusión en recintos clandestinos. Entre estos testimonios también se contaron los de miembros de las Fuerzas Armadas, que participaron en Servicios de Inteligencia, como asimismo de funcionarios de Carabineros y de Investigaciones, y de algunos civiles que colaboraron con los servicios de seguridad, como es el caso de Otto Trujillo y de Miguel Estay Reyno (El Fanta).

            En esta etapa se contó con la declaración del un soldado primero de la Fuerza Aérea de Chile, Andrés Valenzuela Morales, que en 1984 desertó de esta Institución, quien mediante su declaración dio cuenta y datos que, a mediados de la década del 70, comenzó a operar un llamado "Comando Conjunto" o "Comando Conjunto Antisubversivo", integrado por miembros de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de orden, más algunos civiles que pertenecieron a partidos de izquierda y que luego de ser detenidos por los servicios de inteligencia, sometidos a presiones y/o extorsiones, se transformaron en colaboradores.

            En este grado de investigación, el Ministro Carlos Cerda llegó a establecer datos valiosos y esclarecedores respecto de otros casos de violaciones de derechos humanos, algunos de ellos de desaparecimiento de personas, disponiendo incluso la remisión de algunas piezas del "proceso de los trece" a otros Tribunales que conocían de causas criminales por ellos.

            El Ministro Carlos Cerda dictó durante la tramitación que a él le tocó sustanciar 43 encargatorias de reos, en septiembre de 1983 a dos funcionarios de Investigaciones por los delitos de falsificación de instrumento público constituido por la hoja de ruta que daba cuenta de la salida del país y de ilegítima privación de libertad de Reinalda Pereira Plaza y de Edras Pinto Arroyo; y en septiembre de 1985, a Miguel Estay Reyno (El Fanta), como cómplice en los delitos de ilegítima privación de libertad de Reinalda Pereira Plaza y Edras Pinto Arroyo.

            El 14 de agosto de 1986, el Ministro dicta 40 encargatorias de reo por igual número de personas entre los que se encuentra el ex miembro de la Junta Militar, General del Aire Gustavo Leigh, otros Generales, Oficiales y Suboficiales de Carabineros, Fuerza Aérea y Marina de Chile, detectives de la Policía de Investigaciones y de algunos civiles. Los uniformados eran algunos en servicio activo y otros en retiro a esa fecha.

            Cuatro de estos 40 reos presentaron queja por no aplicación de ley de amnistía y la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 10 de septiembre de 1986, deja sin efecto las encargatorias de reo, no sólo de los cuatro reos que apelaron sino que incluye, por Oficio, a los otros 36 reos. Este fallo fue confirmado por la Corte Suprema el 6 de octubre del mismo año.

            Ante tal resolución, el Ministro Cerda resolvió suspender su cumplimiento y representar a la Corte Suprema un escrito fundamentando las razones de su determinación. Enterada de esta situación la Corte Suprema en Pleno, del 8 de octubre de 1986, resolvió aplicar medida disciplinaria de suspensión del cargo por dos meses, con goce de media remuneración, al Ministro Carlos Cerda Figueroa.

            Se nombró como suplente al juez Manuel Silva Ibañez quien, el 23 de octubre de 1986, aplicando el D.L. de amnistía sobreseyó definitivamente el proceso Rol 2-77.

            Los familiares de las víctimas apelaron y la Corte de Apelaciones, el 10 de junio de 1987, confirmó el fallo del juez Silva. Ante esta situación se presentaron recursos de casación en la forma y en el fondo ante la Corte Suprema, Tribunal que en sentencia del 11 de agosto de 1989, confirmó el sobreseimiento definitivo por amnistía de la causa Rol 2-77 que investigaba la suerte corrida tras la detención de Armando Portilla.

            Para mejores antecedentes del proceso Rol 2-77, que investiga la suerte de detenidos desaparecidos del año 1976, ver ficha de Reinalda del Carmen Pereira Plaza, detenida el 15 de diciembre de 1976.

           

 


 Primera Linea 18 de Octubre  2001 - Gobierno pide investigar remoción de restos en Cuesta Barriga

Cumpliendo con el compromiso verbal asumido con los familiares de las víctimas de Cuesta Barriga, el gobierno, a través del Programa de Derechos Humanos, solicitó al ministro Héctor Carreño que instruya sumario en el caso de la desaparición de trece dirigentes comunistas en 1976 e investigue los antecedentes que demostrarían que hubo remoción de restos en ese lugar.

Si es acogida la solicitud del Programa, se abrirá un nuevo frente de investigación, pues el mandato que otorgó la Corte Suprema a Héctor Carreño y Amanda Valdovinos -a cargo de la búsqueda de veinte cuerpos en el Fuerte Arteaga- fue sumamente restrictivo desde el minuto que los designó como jueces especiales, pues sólo les comisionó confirmar la veracidad de la información de la Mesa de Diálogo y encontrar los cuerpos que estarían en esas coordenadas, pero nada les dijo sobre esclarecer las circunstancias de las desapariciones investigadas.

Así, a diez meses de esta resolución, sólo ha habido avances en materia de hallazgo de osamentas. De hecho, desde que el 9 de enero comenzó la investigación en el socavón de la mina Los Bronces, ubicada en el kilómetro 12 de la Cuesta Barriga, el proceso se ha visto enturbiado por las limitaciones impuestas por el máximo tribunal.

De acuerdo a los familiares de las víctimas de Cuesta Barriga no se puede pretender encontrar cuerpos, identificarlos y luego dejar el caso botado. Aseguran que todo juez debe tener como principal misión la verdad y la justicia y, en ese plano, determinar quiénes fueron los culpables de los crímenes de 1976 y quiénes removieron sus cuerpos. Por ello, anticipan que si falla la presentación del Programa presentarán querellas para determinar la remoción de restos de sus parientes, la que aseguran se efectuó, con 90 por ciento de certeza, en 1987.

La remoción de 1987

Una pieza fundamental para investigar la remoción de restos será la información proporcionada por dos testigos a Investigaciones y el mismo tribunal, que declararon que en 1987 camiones del Ejército recorrieron la zona y realizaron operativos, trasladando bultos.

Esta tesis cobra fuerza, porque los peritajes de los expertos del Servicio Médico Legal han determinado que los cuerpos fueron exhumados entre cinco a diez años después de su entierro, lo que queda en evidencia porque los restos que permanecieron en la mina corresponden a aquellos que caen libremente al moverse y no presentan las fracturas propias de un cadáver que no está en avanzado proceso de descomposición.

Si a ello se suma que el propio ex almirante Jorge Arancibia, cuando se desempeñaba como comandante en jefe de la Armada confirmó que la información de restos en Cuesta Barriga fue entregada por su institución, las posibilidades que el juez Carreño inicie una investigación en esa área pone como principales inculpados -nuevamente- a miembros de las Fuerzas Armadas.

Para los familiares de las víctimas estos antecedentes son tan contundentes que ameritan solicitar al Ejército que informe sobre estos trabajos y rompa -parcialmente- el secreto que ofreció la Mesa de Diálogo a las personas que entregaron estos datos, pues en su opinión tendrían alguna participación en el delito de exhumación y remoción de cuerpos.

Entre los familiares existe la creencia que la totalidad de los restos de sus padres y hermanos jamás serán encontrados, pues señalan que luego de remover los restos la práctica habitual fue dinamitarlos o destruirlos y, muy difícilmente se realizaron en ese período operativos para lanzar cuerpos al mar.

Lenta identificación

Mientras los familiares de los desaparecidos aguardan con ilusión el resultado de la diligencia solicitada por el Programa, el Servicio Médico Legal comenzó la larga tarea de establecer la identidad de las osamentas, que de acuerdo al organismo corresponderían al menos a diez personas.

Las 200 piezas encontradas sólo han permitido a la fecha tener certeza de la identidad de dos personas: Horacio Cepeda y Fernando Ortiz, gracias a la comparación de las piezas dentales con radiografías que guardaban sus familiares, aunque sus restos deberán ser evaluados como todos los demás con pruebas de ADN, investigación que se extenderá al menos por un año. Ello, pese a que los familiares esperan que el trámite sea más corto de lo previsto, considerando que se chequearon grupos de osamentas comunes para facilitar los peritajes.

El informe de la mesa de diálogo sólo consigna que en la Cuesta estarían los cuerpos de Lincoyán Yalu Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Luis Segundo Lazo Santander, Luis Segundo Fernando Alfredo Navarro Allendes, Juan Fernando Ortíz Letelier y Héctor Véliz Ramírez, todos ellos detenidos el 13 de diciembre de 1976.

Pero las agrupaciones de derechos humanos y el Informe de la Comisión Rettig suman los nombres de Santiago Edmundo Araya Cabrera (detenido el 29 de noviembre de 1976), Armando Portilla (detenido el 9 de diciembre de 1976), Reinalda del Carmen Pereira Plaza y Waldo Ulises Pizarro Molina, detenidos en el operativo del 13 de diciembre de 1976; Lizandro Tucapel Cruz Díaz y Carlos Patricio Durán González, ambos apresados el 18 de diciembre de 1976; y Edras de las Mercedes Pinto Arroyo, arrestado el 20 de diciembre de 1976.

A la fecha los informes forenses han establecido "acercamientos" a las identidades de Héctor Véliz, Alfredo Navarro, Luis Lazo y Lincoyán Berríos, pues sus antecedentes médicos presentan importantes correspondencias con las piezas óseas periciadas en el Servicio Médico Legal. También se menciona a Lizandro Cruz y Carlos Durán que se encuentran entre las víctimas del Partido Comunista


 

Primera Linea 18 de Octubre 2001
Gobierno pide investigar remoción de restos en Cuesta Barriga
Cumpliendo con el compromiso verbal asumido con los familiares de las víctimas de Cuesta Barriga, el gobierno, a través del Programa de Derechos Humanos, solicitó al ministro Héctor Carreño que instruya sumario en el caso de la desaparición de trece dirigentes comunistas en 1976 e investigue los antecedentes que demostrarían que hubo remoción de restos en ese lugar.
Si es acogida la solicitud del Programa, se abrirá un nuevo frente de investigación, pues el mandato que otorgó la Corte Suprema a Héctor Carreño y Amanda Valdovinos -a cargo de la búsqueda de veinte cuerpos en el Fuerte Arteaga- fue sumamente restrictivo desde el minuto que los designó como jueces especiales, pues sólo les comisionó confirmar la veracidad de la información de la Mesa de Diálogo y encontrar los cuerpos que estarían en esas coordenadas, pero nada les dijo sobre esclarecer las circunstancias de las desapariciones investigadas.
Así, a diez meses de esta resolución, sólo ha habido avances en materia de hallazgo de osamentas. De hecho, desde que el 9 de enero comenzó la investigación en el socavón de la mina Los Bronces, ubicada en el kilómetro 12 de la Cuesta Barriga, el proceso se ha visto enturbiado por las limitaciones impuestas por el máximo tribunal.
De acuerdo a los familiares de las víctimas de Cuesta Barriga no se puede pretender encontrar cuerpos, identificarlos y luego dejar el caso botado. Aseguran que todo juez debe tener como principal misión la verdad y la justicia y, en ese plano, determinar quiénes fueron los culpables de los crímenes de 1976 y quiénes removieron sus cuerpos. Por ello, anticipan que si falla la presentación del Programa presentarán querellas para determinar la remoción de restos de sus parientes, la que aseguran se efectuó, con 90 por ciento de certeza, en 1987.
La remoción de 1987
Una pieza fundamental para investigar la remoción de restos será la información proporcionada por dos testigos a Investigaciones y el mismo tribunal, que declararon que en 1987 camiones del Ejército recorrieron la zona y realizaron operativos, trasladando bultos.
Esta tesis cobra fuerza, porque los peritajes de los expertos del Servicio Médico Legal han determinado que los cuerpos fueron exhumados entre cinco a diez años después de su entierro, lo que queda en evidencia porque los restos que permanecieron en la mina corresponden a aquellos que caen libremente al moverse y no presentan las fracturas propias de un cadáver que no está en avanzado proceso de descomposición.
Si a ello se suma que el propio ex almirante Jorge Arancibia, cuando se desempeñaba como comandante en jefe de la Armada confirmó que la información de restos en Cuesta Barriga fue entregada por su institución, las posibilidades que el juez Carreño inicie una investigación en esa área pone como principales inculpados -nuevamente- a miembros de las Fuerzas Armadas.
Para los familiares de las víctimas estos antecedentes son tan contundentes que ameritan solicitar al Ejército que informe sobre estos trabajos y rompa -parcialmente- el secreto que ofreció la Mesa de Diálogo a las personas que entregaron estos datos, pues en su opinión tendrían alguna participación en el delito de exhumación y remoción de cuerpos.
Entre los familiares existe la creencia que la totalidad de los restos de sus padres y hermanos jamás serán encontrados, pues señalan que luego de remover los restos la práctica habitual fue dinamitarlos o destruirlos y, muy difícilmente se realizaron en ese período operativos para lanzar cuerpos al mar.
Lenta identificación
Mientras los familiares de los desaparecidos aguardan con ilusión el resultado de la diligencia solicitada por el Programa, el Servicio Médico Legal comenzó la larga tarea de establecer la identidad de las osamentas, que de acuerdo al organismo corresponderían al menos a diez personas.
Las 200 piezas encontradas sólo han permitido a la fecha tener certeza de la identidad de dos personas: Horacio Cepeda y Fernando Ortiz, gracias a la comparación de las piezas dentales con radiografías que guardaban sus familiares, aunque sus restos deberán ser evaluados como todos los demás con pruebas de ADN, investigación que se extenderá al menos por un año. Ello, pese a que los familiares esperan que el trámite sea más corto de lo previsto, considerando que se chequearon grupos de osamentas comunes para facilitar los peritajes.
El informe de la mesa de diálogo sólo consigna que en la Cuesta estarían los cuerpos de Lincoyán Yalu Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Luis Segundo Lazo Santander, Luis Segundo Fernando Alfredo Navarro Allendes, Juan Fernando Ortíz Letelier y Héctor Véliz Ramírez, todos ellos detenidos el 13 de diciembre de 1976.
Pero las agrupaciones de derechos humanos y el Informe de la Comisión Rettig suman los nombres de Santiago Edmundo Araya Cabrera (detenido el 29 de noviembre de 1976), Armando Portilla (detenido el 9 de diciembre de 1976), Reinalda del Carmen Pereira Plaza y Waldo Ulises Pizarro Molina, detenidos en el operativo del 13 de diciembre de 1976; Lizandro Tucapel Cruz Díaz y Carlos Patricio Durán González, ambos apresados el 18 de diciembre de 1976; y Edras de las Mercedes Pinto Arroyo, arrestado el 20 de diciembre de 1976.
A la fecha los informes forenses han establecido "acercamientos" a las identidades de Héctor Véliz, Alfredo Navarro, Luis Lazo y Lincoyán Berríos, pues sus antecedentes médicos presentan importantes correspondencias con las piezas óseas periciadas en el Servicio Médico Legal. También se menciona a Lizandro Cruz y Carlos Durán que se encuentran entre las víctimas del Partido Comunista


 

 


Esta pagina fue modificada el 17/07/2010

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