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MIGUEL HERNAN OVALLE NARVAEZ

Rut       : 6.023.053, Santiago

F.Nacim. : 17 8 53, 20 años a la fecha de su detención

Domicilio : América 3059, Conchalí

E.Civil  : Casado, 2 hijos

Actividad : Empleado

C.Repres. : Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR

F.Detenc. : 27 de junio de 1976

 

                                                                   

 

SITUACION REPRESIVA

            Miguel Hernán Ovalle Narváez, 20 años de edad, casado, dos hijos, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), fue detenido el día 27 de junio de 1976, aproximadamente a las 21:00 horas, en la vía pública en la esquina de las calles Recoleta con Manuel Kant. La detención, que fue presenciada por numerosos vecinos, ocurrió cuando el afectado se dirigía desde la casa de su madre a su propio domicilio (entre ambas casas hay alrededor de dos cuadras de distancia). En el trayecto, sorpresivamente, fue interceptado por un individuo de civil, armado de metralleta, quien descendió de un automóvil FIAT 125 sin patente, que se encontraba estacionado. El sujeto lo apuntó con su arma, lo intimó a acercársele y, esposándole, lo introdujo a la fuerza en el vehículo en el que se movilizaban el aprehensor junto a otro hombre y una mujer. Enseguida, dos autos más se acercaron al lugar, aparcándose uno delante y otro detrás del Fiat. Los agentes que participaron en este operativo permanecieron un rato conversando en el lugar hasta que los tres automóviles partieron con distintos rumbos y destinaciones desconocidas.

            Al día siguiente de la detención de Ovalle Narváez fue arrestado y hecho desaparecer Héctor Manuel Contreras Rojas, también militante del MIR, en circunstancias similares; ambos formaban parte de una misma estructura partidaria.

            Al ser aprehendido, Miguel Hernán Ovalle Narváez portaba consigo un comprobante de depósito a plazo fijo del Banco de Crédito e Inversiones, Sucursal Avenida Matta, el que vencía exactamente al día siguiente de su arresto. El documento fue cobrado oportunamente en caja por alguien que, según se comprobó más tarde judicialmente, adulteró su firma y luego lo endosó o bien exhibió la cédula de identidad del afectado.

            Ocho días después de la detención de Ovalle Narváez, llegaron a la casa de Berta Narváez Torrejón, madre del detenido desaparecido, dos civiles que portaban una carta manuscrita del detenido, en la que éste instaba a su madre a que los dejase revisar el entretecho. Estas personas afirmaron que buscaban armas y registraron el lugar sin encontrar nada.

            Berta Narváez solicitó una publicación, acompañada de la fotografía de su hijo, en el diario "La Tercera" de fecha 20 de octubre de 1976, requiriendo información acerca de su paradero. Una semana después se presentó en su domicilio un individuo que dijo ser detective privado enviado por la firma Carozzi de Quilpué, y especialmente por su Gerente, con el objeto de investigar las razones que había tenido Ovalle Narváez para abandonar la empresa donde trabajaba. El sujeto fue atendido por María Victoria Ovalle Narváez, hermana de la víctima, quien recibió el ofrecimiento de acompañar al presunto investigador a Quilpué, lo cual no fue aceptado por la hermana. La investigación judicial originada en estos hechos determinó fehacientemente que el sujeto era un impostor y que Ovalle Narváez jamás había trabajado en Carozzi.

            A la semana siguiente de esta visita, apareció en el mismo lugar un individuo de unos 60 años que preguntó por doña Berta Narváez; el hombre parecía extremadamente nervioso y le dijo a la madre del afectado que había visto a su hijo en los muelles de Antofagasta, juntando dinero para irse a Venezuela. Su visita estaba, al igual que la anterior, motivada en el artículo aparecido en "La Tercera", pero en esa publicación no aparece el nombre de su madre, a quien el sujeto hizo llamar con nombre y apellido. Posteriormente fue imposible localizar a ese sujeto. Miguel Hernán Ovalle Narváez se encuentra desaparecido desde la fecha en que fue detenido, ignorándose completamente su paradero.

           

 

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            El 6 de julio de 1976, María Angélica Escobar Lecaros, cónyuge del afectado, interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el que llevó el rol 582‑76 de ese Tribunal.

            La recurrente solicitó un gran número de diligencias, principalmente oficiar a la DINA, al Centro de Detenidos incomunicados de Cuatro Alamos, al Ministerio de Justicia y a otros lugares, actuaciones todas que fueron denegadas por la Corte. Solamente se dispuso oficiar al Ministerio del Interior para que éste informara acerca de la detención del amparado, lugar en el que se encontraba, fecha y número del decreto de detención y autoridad de la cual emanó la orden.

            El Ministerio del Interior, con fecha 12 de julio de 1976, informó que Miguel Hernán Ovalle Narváez no se encontraba detenido por orden de esa Secretaría de Estado.

            El 21 de julio de ese año, la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de amparo.

            Se apeló de esa sentencia y al Corte Suprema, el 27 de julio de 1976, confirmó el rechazo del recurso. Asimismo, ordenó que se remitieran los antecedentes al Juzgado del Crimen correspondiente a fin de que se investigara el posible delito que pudiera existir en el desaparecimiento de Miguel Hernán Ovalle Narváez.

            Ello dio origen a la causa rol 122.136 del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, Tribunal que ordenó instruir sumario el 18 de agosto de 1976, decretando una serie de diligencias (órdenes de investigar, Oficios a la DINA, al Instituto Médico Legal, Policía Internacional, etc.). Ninguna de ellas arrojó un resultado positivo.

            El 27 de agosto y el 2 de septiembre de 1976 María Angélica Escobar Lecaros se adhirió a la denuncia y luego la ratificó judicialmente.

            El 23 de noviembre de ese año la denunciante indicó al Tribunal que había llegado al domicilio de la madre del afectado el supuesto detective privado de Carozzi de nombre Roberto Toledo, quien venía de parte del Gerente General, Carlos Salazar; lo atendió María Victoria Ovalle Narváez, hermana del detenido desaparecido. La denunciante solicitaba la inmediata comparecencia de ambos.

            Pero el 10 de diciembre de 1976, la firma Carozzi comunicó a la juez del Tercer Juzgado del Crimen que Carlos Salazar no era gerente ni empleado de esa sociedad y que no lo conocían; lo mismo era aplicable al supuesto detective privado Roberto Toledo. Se agregaba que Miguel Hernán Ovalle Narváez no laboraba como empleado de Carozzi y ahí no se le conocía.

            La hermana del afectado se presentó en el Tribunal el 23 de diciembre de 1976, para confirmar la visita que había recibido del presunto investigador privado de Carozzi; añadió que también habían tenido una visita de otra persona que dijo llamarse José Palomera Vásquez, quien indicó que Ovalle Narváez se encontraba en Antofagasta. La madre del afectado acudió a la presencia judicial ese mismo día para corroborar lo anterior.

            El sujeto que dijo llamarse José Palomera Vásquez dio una dirección inexistente y ulteriormente fue imposible localizarlo.

            Con fecha 7 de septiembre de 1977, y a petición de la denunciante, se despacharon requisitorias a Tribunales del país comprendidos en un área geográfica que abarcaba desde Arica hasta Punta Arenas, para dar con el paradero del desaparecido, sin lograrse resultados positivos.

            El 23 de marzo de 1978 el Tribunal dictó sobreseimiento temporal, por no encontrarse completamente acreditado que Miguel Hernán Ovalle Narváez hubiera sido secuestrado y se le mantuviera en carácter de tal. El 25 de mayo de 1978 la Corte de Apelaciones aprobó el sobreseimiento.

            No obstante, el 23 de junio de 1980, se presentó ante el Ministro Servando Jordán, quien investigaba las desapariciones de personas en el departamento de Santiago, una querella contra la DINA por el delito de secuestro con grave daño en la persona de Miguel Hernán Ovalle Narváez. El Ministro admitió a tramitación la querella, ordenó desarchivar el proceso rol 122.136 acumulándolo a la querella y dispuso la práctica de numerosas diligencias.

            Todas éstas, que incluyeron la comparecencia de ex agentes de la DINA y miembros de la CNI resultaron, no obstante, infructuosas. Tampoco arrojó luz a la investigación el haber tenido a la vista y certificado en la causa piezas de procesos de las fiscalías militares, originados en robos de vehículos y otros delitos efectuados por miembros de los servicios de seguridad.

            Solamente, y con fecha 25 de agosto de 1980, se tuvo una información fidedigna emitida por el Jefe del Departamento Legal del Banco de Crédito e Inversiones que adjuntaba el certificado de depósito a plazo a nombre de Miguel Hernán Ovalle Narváez. Este documento bancario fue cobrado el 28 de junio de 1976, un día después de la detención de su titular.

            María Angélica Escobar Lecaros acompañó al proceso tres poemas que le había escrito su esposo. Estos sirvieron para realizar un peritaje caligráfico a la firma del documento bancario. El 24 de agosto de 1981 la Sección de Investigaciones Documentales del Laboratorio Criminalística de la Policía de Investigaciones, en un informe rubricado por dos peritos y un prefecto, concluyó que la firma de cancelación del certificado de depósito a plazo fijo no renovable "no procede de la mano de Miguel Hernán Ovalle Narváez y en consecuencia es falsa".

            El 6 de noviembre de 1981 el Ministro en Visita sobreseyó temporalmente la causa por no encontrarse completamente justificado el secuestro del afectado. El 12 de mayo de 1982 la Corte de Apelaciones, no obstante, dejó sin efecto el sobreseimiento, ordenando la práctica de una serie de diligencias solicitadas por la querellante.

            Estas se efectuaron sin obtenerse nuevos indicios y el 1° de julio de 1982 el Ministro Servando Jordán nuevamente declaró cerrado el sumario, pero la querellante apeló de esta resolución. El 20 de septiembre de 1982 la Corte de Apelaciones confirmó el cierre de la investigación.

            En consecuencia, el 4 de octubre de 1982 el Ministro en Visita volvió a decretar el sobreseimiento temporal, resolución que fue aprobada por la Corte de Apelaciones el 30 de noviembre de 1982.

            A pesar que en el caso particular de Miguel Ovalle no hay avances significativos la investigación del Ministro en Visita Servando Jordán logró importantes antecedentes y pruebas del actuar de la DINA. Más información derivada de la investigación de los casos de detenidos desaparecidos de Santiago en ficha de Eduardo Enrique Alarcón Jara, detenido el 30 de julio de 1974.

            Se suman a las acciones judiciales incontables acciones administrativas y de denuncia que no permitieron establecer la suerte de Miguel Ovalle Narváez.

           

 

 


Esta pagina fue modificada el 17/07/2010

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