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  MANUEL JESÚS NAVARRO SALINAS

Rut                   :            53.489 de Talagante

F.Nacim.            :            08-12-52, 20 años a la fecha de detención

Domicilio            :            Calle Lillo N°69, Isla de Maipo

E.Civil              :            Soltero

Actividad            :            Ayudante de mecánico

C.Repres.            :            Sin militancia política

F.Detenc.            :            7 de octubre de 1973

                                                                

SITUACION REPRESIVA

            Manuel Jesús Navarro Salinas, 20 años de edad, ayudante de mecánico, sin militancia política, fue detenido en la mañana del día 7 de octubre en la Plaza de Isla de Maipo, lugar en el que se encontraba acompañado de amigos. Junto con él fueron aprehendidos otros tres jóvenes: Iván Ordóñez Lama, 17 años; Miguel Brant Bustamante, 19 años y José Herrera Villegas, 17 años de edad. Fueron detenidos por personal de Carabineros pertenecientes a la Tenencia de Isla de Maipo y trasladados a ese recinto policial.

            Su aprehensión se realizó ante numerosos testigos era día domingo y se encontraban paseando en la plaza.

            Los familiares de Manuel Navarro realizaron varias diligencias de búsqueda del joven sin obtener resultados positivos. Le solicitaron también al cura párroco de la localidad que acudiera a la Tenencia, gestión que éste realizó informándole los carabineros que los jóvenes habían sido detenidos por Carabineros pero luego trasladados al Estadio Nacional en Santiago. En este recinto no fueron ubicados.

            El mismo día 7 de octubre fueron detenidos en sus respectivos domicilios, once campesinos de la zona, trabajadores del Fundo Naguayán; fueron arrestados también por Carabineros de la dotación de la Tenencia de Isla de Maipo. Estos campesinos son: Enrique René Astudillo Alvarez, 51 años y sus hijos Omar y Ramón Astudillo Rojas de 20 y 27 años respectivamente; los hermanos Carlos, Nelson y Oscar Hernández Flores de 39, 32 y 30 años de edad; Sergio Maureira Lillo de 46 años y sus cuatro hijos: José, Rodolfo, Segundo y Sergio Maureira Muñoz de 26, 22, 24 y 27 años respectivamente.

            Todos los detenidos ese día 7 de octubre fueron conducidos a la Tenencia de Isla de Maipo; este recinto fue el último lugar en que testigos los vieron con vida.

            El 7 de noviembre de 1975, el delegado de Chile ante las Naciones Unidas Sergio Diez declaró en su exposición ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de ese organismo que "muchos de los presuntos desaparecidos no tienen existencia legal", mientras que otros "fueron ubicados en relaciones del Instituto Médico Legal de Santiago". De los quince detenidos en Isla de Maipo aparecen ocho en los listados: uno de ellos, Sergio Maureira Muñoz, sin existencia legal y los otros siete como fallecidos: 1) Enrique Astudillo Alvarez ingreso 3166, fecha de deceso: 7 de octubre de 1973 a las 14 horas. 2) Nelson Hernández Flores, ingreso 3238, fecha de deceso: 11 de octubre de 1973 a las 14:30 horas. 3) Oscar Humberto Hernández Flores, ingreso 3201, fecha de deceso: 9 de octubre de 1973 a las 12:30 horas. 4) José Manuel Herrera Villegas, ingreso 3130, fecha de deceso: 6 de octubre de 1973 a las 11:30 horas. 5) José Manuel Maureira Muñoz, ingreso 3263, fecha de deceso: 11 de octubre de 1973 a las 20:30 horas. 6) Rodolfo Antonio Maureira Muñoz, ingreso 3332, fecha de deceso: 15 de octubre de 1973 a las 13:00 horas. 7) Segundo Armando Maureira Muñoz, ingreso 3335, fecha de deceso: 15 de octubre de 1973 a las 16 horas.

            Nunca se pudo establecer el origen y los responsables de la elaboración de estas nóminas.

            Durante el mes de noviembre de 1978, un sacerdote de la Iglesia Católica recibió, bajo secreto de confesión, información acerca de un lugar en el que se encontrarían numerosas osamentas humanas.

            Considerando la gravedad del hecho, se constituyó una Comisión encargada de verificar su efectividad, antes de formalizar la denuncia judicial.

            Esta Comisión fue integrada por Monseñor Enrique Alvear, Obispo Auxiliar de Santiago; Monseñor Cristián Precht, Vicario de la Solidaridad, Jaime Martínez, Director del Semanario "Qué Pasa"; Abraham Santibáñez, Sub-Director de la revista "Hoy" y los abogados Alejandro González y Máximo Pacheco.

            La Comisión se constituyó el 30 de noviembre de 1978 en el lugar del hallazgo, una mina abandonada de cal, ubicada en la localidad de Lonquén, pequeño poblado distante 14 kilómetros de la ciudad de Talagante y cercano al pueblo de Isla de Maipo. Allí pudo constatar la existencia de dos hornos, de aproximadamente nueve metros de altura, en uno de los cuales se encontraba un gran número de osamentas humanas.

            Realizada la verificación de la información, el Obispo Monseñor Alvear y los abogados Pacheco y González formalizaron al día siguiente, 1ro. de diciembre, la denuncia respectiva ante el Presidente de la Corte Suprema, don Israel Bórquez, solicitándole que diera cuenta de la misma ante el Pleno de ese Tribunal.

            De esta manera se dio inicio a la investigación judicial que permitió determinar que las osamentas y prendas de ropa encontradas pertenecían a los quince lugareños detenidos el 7 de octubre de 1973, quienes fueron ejecutados por Carabineros y sus restos enterrados ilegalmente en los hornos.

            Los familiares de las víctimas solicitaron la entrega de los cadáveres para darles conveniente sepultura. La Corte marcial dispuso que el Fiscal Militar hiciera entrega de los restos a quien acreditara legalmente el parentesco.

            El Fiscal ordenó dar "estricto cumplimiento a esa orden", pero finalmente, el mismo día que iba a oficiarse el funeral, dispuso que, ante la imposibilidad de identificar los restos, salvo los de Sergio Maureira Lillo, se procediera a sepultarlos en la localidad de Isla de Maipo.

            El mismo día en que se disponía esta orden, los familiares se habían reunido en la Iglesia Recoleta Franciscana en espera de los restos para celebrar una misa de difuntos, enterándose en esos momentos que los cuerpos habían sido sepultados por funcionarios del Servicio Médico Legal en el Cementerio Municipal de Isla de Maipo, en una fosa común, a excepción de Sergio Maureira Lillo que fue enterrado en fosa individual.

            También el Fiscal Militar se negó a autorizar la inscripción de las defunciones en el Registro Civil y de Identificación. Resolución que fue confirmada por la Corte Suprema.

            Días después en la Iglesia Catedral de Santiago se realizó una ceremonia fúnebre por el eterno descanso de estas víctimas, sin la presencia de sus restos. Años más tarde los Hornos de Lonquén, que a esa fecha se habían convertido en un lugar de peregrinación, fueron dinamitados.

 

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            El 7 de abril de 1977 se interpuso denuncia por presunta desgracia, Rol 25.413-2, ante el Juzgado del Crimen de Talagante.

            El Tribunal ofició al Ministerio del Interior, Departamento de Extranjería y Policía Internacional y al Instituto Médico Legal que informaron no tener antecedentes sobre el afectado.

            Compareció el cura párroco de Isla de Maipo quien señaló haber acudido a la Tenencia en octubre de 1973 a solicitar información sobre la detención de 15 personas, entre ellos uno de apellido Navarro, otro de apellido Brant y otro de apellido Maureira "a lo que el Oficial de Guardia le respondió que los detenidos habían sido trasladados al Estadio Nacional sin indicarle las causas".

            Por su parte el Jefe subrogante de la Tenencia de Isla de Maipo señaló la imposibilidad de poder proporcionar datos sobre detención del afectado ya que la documentación correspondiente a esa fecha fue incinerada.

            En tanto, el Informe de la Comisaría de Investigaciones de Talagante, encargada de cumplir la orden de investigar, señala que fueron interrogados los padres del joven quienes ratificaron las circunstancias de la detención de su hijo e informaron sobre gestiones de búsqueda que ellos realizaron a través de la Vicaría de la Solidaridad. El informe agrega que el detective encargado se entrevistó con el Jefe de la Tenencia de Isla de Maipo, quien reiteró que no existían archivos de la época por lo que no había antecedentes, pero informa que en 1973 el Jefe de la Tenencia era el Teniente Lautaro Castro Mendoza. Consultada la Dirección de Personal de Carabineros sobre el lugar donde prestaba servicios el mencionado Teniente, ésta informó que el ahora Capitán de Carabineros Lautaro Eugenio Castro Mendoza se encontraba en la Subcomisaría Potrerillos de la 4a. Comisaría El Salvador de la Prefectura de Copiapó.

            Citado por exhorto a comparecer ante el Juzgado de Letras de El Salvador declaró, con fecha 23 de octubre de 1978, que efectivamente el 7 de octubre de 1973 desempeñaba el cargo de Teniente de la Tenencia de Isla de Maipo y que en esa época, y debido a la anormal situación que imperaba por el Estado de Sitio, le era imposible recordar con precisión la cantidad de personas detenidas con fechas y lugares "a título ilustrativo puedo señalar que se efectuaron unas 150 detenciones más o menos, de lo cual es fácil inferir la imposibilidad para recordar lugares y nombres".

            Realizada esta diligencia, se declara cerrado el sumario el 31 de octubre de 1978, un año y medio después de iniciada la investigación. Se sobresee temporalmente la causa considerando que "no se encuentra completamente justificada la existencia de algún hecho punible". La resolución fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago el 28 de diciembre de 1978.

            El 1º de diciembre de 1978, la Vicaría de la Solidaridad, representada por el Obispo Auxiliar de Santiago, Don Enrique Alvear Urrutia y el Vicario Episcopal, Don Cristián Precht Bañados, presentó ante la Corte Suprema una denuncia por el hallazgo de restos humanos al interior de dos antiguos hornos destinados al tratamiento de minerales en los faldeos de los cerros de Lonquén, en el Departamento de Talagante. Esta información le había sido proporcionada días antes por una persona a un sacerdote, bajo secreto de confesión.

            Previamente a la presentación a la Corte Suprema, las autoridades eclesiásticas conformaron una Comisión que concurrió al lugar indicado comprobando la veracidad de lo informado.

            En la presentación, firmada por el Obispo Mons. Enrique Alvear, el Vicario Mons. Cristián Precht y los abogados señores Máximo Pacheco y Alejandro González, solicitan a la Corte Suprema que ésta "adopte las medidas que aseguren una rápida y exhaustiva investigación".

            La Corte Suprema remitió los antecedentes al Juzgado del Crimen de Talagante para que instruyera el sumario respectivo, iniciándose la causa rol 27.123-3. El magistrado, como primera diligencia, se constituyó el 1ro. de diciembre en el lugar, ubicado a unos 3 km. y medio del pueblo de Lonquén, constatando la existencia de una construcción de piedra, de aproximadamente 9 metros de alto por 16 de ancho en la que había dos hornos, cada uno con un boquete de entrada de 1 mt. por 80 cms. y en cuya parte superior tenía dos fosos que presentaban gran acumulación de tierra y piedras.

            Inspeccionada una de las entradas y removidos algunos escombros, se extrajeron osamentas, trozos de tela y cabellos; la observación en su interior permitió descubrir la presencia de otras osamentas humanas.

            En sucesivas excavaciones se extrajeron restos humanos que también fueron enviados al Instituto Médico Legal para su análisis. Además se encontraron algunas vainas de proyectil.

            El 6 de diciembre, el Pleno de la Corte Suprema designó Ministro en Visita Extraordinaria al Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, señor Adolfo Bañados Cuadra, para proseguir la investigación del hallazgo de osamentas de Lonquén.

            Citados a declarar comparecieron varios campesinos residentes en las cercanías de los hornos, quienes señalaron que algunos días después del 11 de septiembre de 1973, Carabineros de la Tenencia de Isla de Maipo les informó de una orden que les prohibía el paso hacia el sector donde se encuentran los hornos, ya que había "escondrijo de extremistas", otros campesinos dijeron haber visto vehículos militares y escuchado disparos.

            Respecto de la construcción misma de los hornos, un informe del Departamento de Infraestructura de Investigaciones señaló que una parte de ella era antigua, de más de 60 años, mientras que al interior de uno de los hornos había una plataforma de fierro sobre la cual se ejecutó un radier o losa en base a piedra y ladrillo unido con cal o yeso y cuya antigüedad no era mayor de 8 años. El informe finaliza indicando que "al parecer, este trabajo fue ejecutado lanzando desde la abertura superior del horno, primeramente la mezcla y enseguida el resto del material, pues no se aprecia una colocación ordenada de los elementos, lo cual hace suponer que fue ejecutada por personal no especializado".

            Respecto del peritaje balístico de tres vainillas encontradas, la sección Balística Forense del Laboratorio de Criminalística de Investigaciones informó que las vainillas 7,62 NATO habían sido percutadas por un fusil automático marca SIG calibre 7,62 NATO SG 510-4 de procedencia Suiza, todas fueron disparadas por una misma arma de las características señaladas.

            Constituido el Tribunal en la Tenencia de Isla de Maipo, se comprobó que los libros de registro del año 1973 habían sido enviados a la Tercera Comisaría de Talagante para su incineración y respecto del armamento, aparecen en la relación tres fusiles automáticos SIG SG.510-4, cal.7,62 mm.

            En la Tercera Comisaría de Talagante se obtiene la información respecto de la dotación existente en la Tenencia de Isla de Maipo y Retén de Lonquén que ascendía a 21 funcionarios. El Teniente era Lautaro Castro Mendoza.

            Durante el proceso se tiene a la vista la nómina de 63 personas "presuntamente desaparecidas que fueron ubicadas en relaciones del Instituto Médico Legal de Santiago" que fue presentada junto con otra de "presuntos desaparecidos sin existencia legal" por el gobierno chileno a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1975.

            El Tribunal solicitó al Instituto Médico Legal los protocolos de autopsia que, según la nómina correspondían a Segundo, Rodolfo y José Maureira Muñoz. En relación a esto declara el Dr. Claudio Molina, Director del Instituto, que "la inexactitud de la lista de "personas presumiblemente desaparecidas" resulta evidente por lo menos en cuanto se refiere al protocolo Nº3332 ya que el estudio del cadáver reveló que se trataba de una mujer" . Agrega haber visto esta lista en una publicación del año 1975 y que junto con otro médico, identificó la firma como perteneciente al Dr. Vargas (ex Director del Instituto,) "pero ignoro en que se habrá fundamentado este profesional para refrendar dicho rol".

            Se constituyó el Juez del 7º Juzgado del Crimen de Santiago en el Instituto Médico Legal, a petición del Ministro Bañados, y se pudo comprobar que ninguna de las personas de la lista aparecían ingresadas en el Libro Indice del Instituto, lo único que coincidió entre ambas nóminas eran los datos que aparecían en la columna día del deceso con la fecha de ingreso en el libro de Registro. A la fecha de esta diligencia el Dr. Vargas había fallecido. En la tramitación del proceso 240005-1 Juzgado de Maipo-Buin que investiga los desaparecimientos en Paine, se estableció que la firma del Dr. Vargas no era la conocida.

            Al respecto informó el Ministro del Interior, Sergio Fernández Fernández, señalando que no había constancia de que la nómina de personas correspondiera a alguna comunicación oficial emitida o cursada por ese Ministerio. En tanto el Vice-Ministro de Relaciones Exteriores, Subrogante, Coronel de Ejército Roberto Soto Mackenney, informó que la mencionada nómina apareció en el volumen Nº2 de "La situación actual de los Derechos Humanos en Chile", publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el mes de octubre de 1975. La fuente de origen de los datos que se contienen en dicha lista corresponde a información proporcionada por el Instituto Médico Legal de Santiago en el año 1975".

            En definitiva, no se logró establecer las responsabilidades en la elaboración de la nómina.

            En febrero de 1979, a raíz de haber encontrado indicios de que los restos encontrados pertenecen a los detenidos de Isla de Maipo, se iniciaron las diligencias de reconocimiento de las prendas de vestir encontradas en los hornos, compareciendo los familiares de las víctimas, la mayoría de los cuales pudieron reconocer las vestimentas que portaban sus parientes al momento de su detención. Con anterioridad se habían entregado al Tribunal los antecedentes antropomórficos de estas 15 víctimas.

            Citados a declarar los carabineros que en septiembre de 1973 pertenecían a la dotación de la Tenencia de Isla de Maipo, comparece el Capitán de Carabineros Lautaro Eugenio Castro Mendoza, quien manifiesta que él dio la orden para detener a "varios sujetos de la familia Maureira" por ser personas peligrosas vinculadas a los intereses del gobierno anterior que planificaban atacar el cuartel; además fueron detenidos "otros individuos del sector de apellido Hernández y otros que no recuerdo hasta enterar once personas".

            El mismo guiaba el piquete y definía las detenciones guiándose por una nómina adjuntada a un plano encontrado en la casa de uno de los hijos de la familia Maureira. Terminados los arrestos, fueron trasladados al cuartel donde fueron interrogados confirmando sus sospechas "respecto de su peligrosidad". Agrega Castro, que finalizado el interrogatorio, él mismo dispuso su traslado al Estadio Nacional, pero antes, uno de los detenidos le informó en privado que había armas ocultas en una mina abandonada.

            Por esta razón se dirigieron a las minas abandonadas en Lonquén, en un camión municipal y una camioneta particular, 8 a 10 carabineros y los detenidos; una vez llegados al sector, fueron atacados repentinamente con armas de fuego desde los cerros al que respondieron también disparando, situación que duró unos diez a quince minutos. Al proceder a buscar a los detenidos comprobaron que todos ellos estaban muertos. Todos los carabineros resultaron ilesos.

            Posteriormente resolvió, previa consulta con el personal, enterrar los cadáveres en los hornos para evitar represalias contra ellos y sus familias, es así como "fueron echados al interior los cuerpos y acto seguido ordené que se echaran sobre ellos tierra y escombros".

            Consultado sobre las declaraciones que prestó en otros procesos aseverando que los detenidos habían sido trasladados al Estadio Nacional, señala que faltó a la verdad por temor, ya que "al ser arrestados todos estos sujetos tuvieron una actitud de amenaza que me pareció muy seria en el sentido de que podían vengarse de cualquiera forma en nuestras propias personas y familia".

            Respecto de la minuta, declara que fue firmada por él pero desconoce la firma y grafismo manuscrito al pie.

            Reitera que los detenidos eran once y que no conoce a los menores que supuestamente murieron también ese día. Se refería a Iván Ordóñez, Miguel Brant, José Herrera y Manuel Navarro.

            Todos los carabineros que participaron en los hechos iban armados con fusiles SIG y munición NATO.

            Comparecieron también otros carabineros de la dotación, varios de ellos confirmaron la versión del Capitán Castro, agregando que los detenidos estaban amarrados con trintrollas (especie de lienza), que iban tendidos en la plataforma del camión y que se valieron de las manos y los pies para arrojar piedras y material de las laderas del cerro al interior de los hornos.

            El 15 de marzo de 1979, los familiares de los desaparecidos de las familias Maureira, Astudillo y Hernández presentaron una querella criminal por secuestro en contra de los carabineros que participaron en el arresto, por falsificación de instrumento público contra el Teniente Castro y homicidio calificado contra los que resultaran responsables.

            Al día siguiente, el Ministro Bañados rechazó la tramitación de la querella, por cuanto faltaban antecedentes para afirmar que efectivamemte fueran las personas encontradas en los hornos y que, en el evento de que los responsables fueran los carabineros, ese Tribunal carecería de la competencia para sustanciar el  proceso.

            El 4 de abril de 1979, el Ministro en Visita se declaró incompetente. En la resolución, el Ministro señala las siguientes conclusiones:

            -Establece que la identidad de los cadáveres encontrados corresponde a los 15 detenidos el 7 de octubre de 1973 en Isla de Maipo.

            -Presume que "se consumaron múltiples delitos de homicidio perpetrados, al parecer, en un mismo acto".

            -Da por establecido que es falsa la información dada por Carabineros de que la víctimas fueron llevadas detenidas al Estadio Nacional.

            -Igualmente da por falsa la información oficial de que los cadáveres ingresaron al Instituto Médico Legal durante los años 1973 y 1974.

            -Establece como "intrínsecamente inverosímil" la versión del Capitán Lautaro Castro, quien explica la muerte de los detenidos como el resultado de un ataque armado causado por desconocidos en la noche, porque no cabe imaginar que los proyectiles contrarios hayan impactado, en las condiciones ya expresadas, tan sólo a los prisioneros y no a sus captores; que del tiroteo que allí se produjo, no haya quedado ningún rastro, bajo ningún respecto y que, en la totalidad de los casos, las lesiones fueran de tal condición que provocaran la muerte instantánea de las víctimas".

            -Señala que, "en ninguno de los quince restos esqueléticos, estudiados por el Instituto Médico Legal, se comprobaron señales de perforaciones, fracturas u otro tipo de vestigios que pudieran relacionarse con proyectiles de arma de fuego impactando un organismo vivo, por lo que la muerte de las quince personas hay que atribuirla a otras causas".

            -Considera que los carabineros actuaron en acto de servicio y que en los hechos "tuvo ingerencia y responsabilidad directa el Jefe de la Tenencia sin perjuicio de la que pueda afectar a los que obraron bajo su mando".

            Los antecedentes fueron remitidos a la Justicia Militar el 10 de abril y en la Segunda Fiscalía Militar se instruyó el proceso Rol 200-79 a cargo del Fiscal Gonzalo Salazar Swett.

            De esta etapa del proceso cabe destacar la declaración de un testigo -cuñado de los hermanos Hernández- quien fuera también arrestado el 7 de octubre de 1973 junto con ellos en el domicilio de estos; él sostiene haber estado con los once detenidos durante el trayecto a la Tenencia y, al llegar a este recinto, él sólo permaneció alrededor de media hora y luego fue llevado a su hogar por un carabinero.

            También comparece el ex funcionario de Carabineros, Pablo Ñancupil Raquileo, dado de baja en 1977, quien prestó servicios en la Tenencia de Isla de Maipo entre 1971 y 1975. El señala que tuvo a su cargo la detención de los Maureira y los Astudillo, ordenada personalmente por el Teniente Castro; no recuerda haber aprehendido a los hermanos Hernández. Agrega que en los respectivos registros de las viviendas no encontraron armas ni documentos que permitieran catalogarlos de "peligrosos". En relación a esto el Teniente Castro había manifestado anteriormente haberse guiado por una nómina y un plano del cuartel encontrado en casa de uno de los hijos de Sergio Maureira para realizar las otras detenciones.

            Agrega el ex carabinero Ñancupil que unos dos días después del arresto vio, en una pieza del recinto policial destinada a bodega, "a más de 10 y menos de 25 personas", tendidas en el piso y con las manos amarradas a la espalda entre los que reconoció a los detenidos por él y además a tres de los jóvenes aprehendidos en la plaza a quienes nombra por sus apellidos: Brant, Ordóñez y Navarro.

            Señala además no haber participado en el traslado de los detenidos desde la Tenencia y no le consta la suerte corrida por ellos, aunque dice que, a raíz de los comentarios de la gente en el sentido de que los detenidos no aparecían, oyó decir a un carabinero: "qué van a aparecer estos... si los matamos".

            El 2 de julio de 1979, el Fiscal Militar dictó encargatoria de reo en contra de Lautaro Castro Mendoza, Juan J. Villegas Navarro, Félix Sagredo Aravena, Manuel Muñoz Rencoret, Jacinto R. Torres González, David Coliqueo Fuentealba, José Belmar Sepúlveda y Justo Romo Peralta, en calidad de autores del delito de violencias innecesarias causando la muerte de todos los detenidos el 7 de octubre de 1973. El 16 de agosto se dictó la sentencia que sobreseyó total y definitivamente en favor de los reos, en virtud del Decreto Ley de Amnistía de 1978; apelada esta resolución, fue confirmada por la Corte Marcial el 22 de octubre de 1979.

            Por otra parte, el Fiscal Militar ordenó sepultar sus restos al margen de su familia, y a pesar de las múltiples evidencias que existen en el proceso, la muerte de Manuel Jesús Navarro Salinas no fue inscrita en el Registro Civil.


Esta pagina fue modificada el 17/07/2010

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