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FERNANDO ALFREDO NAVARRO ALLENDES

Rut       : 312.505

F.Nacim. : 16-11-27; 49 años a la fecha de su detención

Domicilio : Población Ferroviaria, Villa Agua Santa, casa 75, Viña del Mar, Valparaíso.

E.Civil  : Casado, 3 hijos

Actividad : Jubilado de Ferrocarriles del Estado

C.Repres. : Ex Dirigente de la Central Unica de Trabajadores; CUT. Ex presidente de la Federación Santiago Watt de Ferrocarriles del Estado, sede Valparaíso. Miembro del Comité Central del Partido Comunista.

F.Detenc. : 13 de diciembre de 1976

 

                                                                   

 

SITUACION REPRESIVA

            Fernando Alfredo Navarro Allendes, 49 años, casado tres hijos ex- dirigente de la CUT y ex-Presidente de la Federación Santiago Watt de F.F.C.C. del Estado, miembro del Comité Central del Partido Comunista, fue detenido el 15 de diciembre de 1976 en la vía Pública.

            Entre el 29 de noviembre y el 20 de diciembre de 1976, fueron detenidas trece personas: once pertenecientes al Partido Comunista -algunas de ellas miembros de su Comité Central- y dos al Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). Los procedimientos que se utilizaron para detenerlos guardan semejanzas entre sí, particularmente en el hecho de que sus arrestos se realizaron en la vía pública, salvo en un caso, y destacándose que el grueso de las detenciones se verificaron el día 15 de diciembre de 1976, afectándose en ese sólo día a siete personas. La otra nota común en sus situaciones, fue aquella que proporcionó oficialmente el gobierno militar, en el sentido que casi todos registraban salida de Chile a Argentina entre fines de diciembre de 1976 o a principios de enero de 1977, versión cuya falsedad se demostró judicialmente. La otra característica común a todas estas personas es que hasta la fecha se encuentran desaparecidas.

            Las trece víctimas son: Santiago Edmundo Araya Cabrera, detenido el 29 de noviembre de 1976; Armando Portilla, detenido el 9 de diciembre de 1976; Fernando Alfredo Navarro Allende, detenido el 13 de diciembre de 1976; Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Luis Segundo Lazo Santander, Juan Fernando Ortiz Letelier, Reinalda del Carmen Pereira Plaza, Waldo Ulises Pizarro Molina, Héctor Véliz Ramírez, todos ellos detenidos el 15 de diciembre de 1976; Lizandro Tucapel Cruz Díaz, Carlos Patricio Durán González, ambos detenidos el 18 de diciembre de 1976; y Edras de las Mercedes Pinto Arroyo, detenido el 20 de diciembre de 1976.

            Fernando Alfredo Navarro Allende, producido el Golpe Militar, comenzó a ser buscado para ser detenido; su hogar fue allanado en múltiples ocasiones por efectivos del Ejército y de la Armada, y en el último de ellos, a mediados de octubre de 1973, dado que no encontraran al afectado, procedieron a detener a su cónyuge, Edith Díaz Bahamondes, la que fue conducida al Cuartel de Artillería de la Armada "Silva Palma" de Viña del Mar, donde se le preguntó insistentemente por el paradero de su marido; además, con su detención, se pretendía obtener que el afectado "se entregara". Por espacio de 15 días permaneció la cónyuge privada de libertad en aquel recinto, lapso en el que fue incomunicada y apremiada físicamente. Luego de obtener su libertad, debió por un año, firmar semanalmente un libro en una Comisaría del sector de su domicilio.

            La requisitoria para el afectado, de presentarse ante las nuevas autoridades, apareció publicada en el diario El Mercurio de Valparaíso el 13 de septiembre de 1973, en el que se reproducía el Bando N°11 de fecha del día anterior, dictado por el Intendente de la zona, Contralmirante Adolfo Walbaum, en que Fernando Navarro y otras personas aparecían sindicadas como peligrosas para la seguridad nacional.

            Todos estos hechos, indujeron a Fernando Navarro a tener que dejar de vivir en su hogar, y apartarse forzadamente de su seno familiar, pero siempre manteniendo contacto con su esposa.

            Pasados algunos años, concretamente el 18 de diciembre de 1976, la cónyuge recibió un llamado telefónico anónimo de una persona que le avisó que su marido había sido detenido y que fuera a la Vicaría de la Solidaridad en Santiago para más información. En efecto, en esa institución de Iglesia la señora Etelvina Figueroa Pacheco dejó un relato de una detención que en Santiago, junto a varias personas, presenció el día 13 de diciembre de 1976, en Avenida Grecia con Ramón Cruz, en un paradero de micros, alrededor de las 13:40 horas, momentos en que se aproximaron a ese punto dos automóviles: un Peugeot de color celeste con patente argentina, y el otro un Dodge de color naranja. Del Peugeot celeste bajaron cinco sujetos vestidos de civil, que rápida y brutalmente agredieron y detuvieron a un señor de unos 50 años, canoso, gordo, que se encontraba en el paradero, según refiere la testigo. Y agregó que de inmediato lo forzaron a subir a un vehículo, pero junto con oponer resistencia, alcanzó a gritar su nombre y a decir ¡son de la DINA!

            A la testigo le llamó la atención "el carácter bestial de la agresión y de los golpes recibidos por el detenido, quien cayó inconsciente dentro del automóvil. El Peugeot celeste siguió a toda velocidad por Ramón Cruz y el naranja continuó por Grecia".

            Cabe destacar que esta testigo, sin ninguna relación con el afectado, estimó "su deber ineludible" de testimoniar acerca de lo que vio, pero por la misma gravedad de los hechos pidió reserva. Otro testigo también confirmó la ocurrencia de los hechos.

            Hasta la fecha se ignora la suerte o paradero de Fernando Alfredo Navarro Allende.

 

 

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            Ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el 31 de diciembre de 1976, la cónyuge del afectado presentó un recurso de amparo en favor de éste el que ingresó a tramitación bajo el rol 1104-76.

            Se solicitó a la Corte que se requirieran informes al Ministerio del Interior y a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA): sólo se accedió a pedirlo al Ministerio del Interior.

            Pero ya pasadas casi dos semanas de interpuesto el recurso, y aún no habiendo noticia alguna sobre el paradero del afectado, la cónyuge insistió en reiterar la petición de oficiar a la DINA, haciendo ver a la Corte que por esa misma fecha se habían producido otras detenciones de personas con el resultado de desaparecimiento. Se adelanta, en relación a lo pedido a la DINA, que ni la Corte de Apelaciones de Santiago, ni la Corte Suprema dieron lugar a esa petición, pese a las argumentaciones que se dio en el amparo: entre otras se le adjuntó una nómina de más de diez recursos de amparo en los que el Ministerio del Interior informó negativamente sobre la detención de los amparados, pero resultando a la postre, contradictoriamente, que sí habían sido detenidas por agentes del Estado.

            En definitiva, la Corte de Apelaciones de Santiago, con la sola respuesta del Ministerio del Interior en la que informaba que el amparado "no se encuentra detenido por orden de ese Ministerio", rechazó el recurso de amparo y, sin perjuicio de ello, ordenó remitir los antecedentes al Juzgado del Crimen a objeto de que "investigue la posible comisión de un hecho punible con motivo del desaparecimiento del mencionado Navarro Allende", el 31 de enero de 1977.

            En consecuencia, los antecedentes se remitieron al 8° Juzgado del Crimen de Santiago, los que ingresaron bajo el rol 14.779, formándose una investigación criminal. En dicho expediente, la cónyuge de Fernando Navarro interpuso querella criminal por los delitos de secuestro, arresto ilegal, incomunicación indebida y lesiones, que dirigió en contra de funcionarios y demás personas civiles y militares pertenecientes y adscritas a los Servicios de Seguridad del Estado, especialmente de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA.

            El titular de ese 8° Tribunal del Crimen, el juez Alfredo Pfeiffer Richter, no dio lugar a la querella interpuesta, en razón de no contener el nombre, apellido, profesión u oficio y residencia de los querellados, o una designación clara de su persona. Y sin perjuicio de ello accedió de Oficio a algunas diligencias, relativas a obtenerse información del Ministerio del Interior y sobre la eventual salida del país de Fernando Navarro.

            El juez Pfeiffer, no accedió a la petición de que se requiriera informar a la DINA sobre la detención de la víctima.

            En el proceso criminal tramitado por el mencionado juez, en síntesis, se confirmó el testimonio de la testigo Etelvina Figueroa sobre la ocurrencia de la detención; que el Ministerio del Interior no había dispuesto orden en contra del afectado; que éste no registraba salida fuera del país, y que los servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y Carabineros informaron negativamente acerca de la detención de Fernando Navarro. Sí corresponde señalar, que la Fuerza Aérea como la Armada, no contestaron directamente al 8° Juzgado del Crimen como se había dispuesto, sino que lo hicieron a través del Ministerio del Interior; en tanto que el Ejército de Chile devolvió el Oficio al Tribunal sin dar respuesta sobre lo requerido, no mereciendo esto ningún reparo ni insistencia de parte del juez Instructor.

            Así, en octubre de 1977, el mismo juez, declaró cerrado el sumario, teniendo presente "que no se encuentra completamente justificado el hecho que dio motivo a la formación de la presente causa", y sobreseyó temporalmente el proceso.

            En diciembre de 1977, en el trámite de consulta, la Corte de Apelaciones de Santiago aprobó la resolución del juez Pfeiffer, con el voto en contra del Ministro Enrique Paillás, que estuvo por revocar aquella decisión y reabrir el sumario para decretar nuevas diligencias investigativas.

            Otra gestión judicial que realizó la cónyuge de Fernando Navarro consistió en pedir a la Corte Suprema, junto a los familiares de los otros 12 detenidos desaparecidos de fines de diciembre de 1976, más arriba nombrados, la designación de un Ministro en Visita para que conociera de los casos de desaparecimiento de ese total de trece detenidos, solicitud que fue hecha en enero de 1977, en razón de la evidente conexión que había entre sus casos.

            La Corte Suprema accedió a aquella designación lo que motivó la apertura de un proceso criminal con el rol 2-77, que estuvo a cargo de un Ministro en Visita Extraordinaria que debió designar la Corte de Apelaciones de Santiago, investigación en la cual, en definitiva, sólo quedaron comprendidos diez casos para su esclarecimiento, con exclusión del de Héctor Véliz, Carlos Durán González y de Fernando Navarro Allendes.

            Sobre este punto, cabe hacer presente que del tenor de la resolución de la Corte Suprema resulta imposible saber el por qué la mayoría de sus ministros no estuvieron por incluir a estas tres personas detenidas desaparecidas. En todo caso, por formar este afectado, Fernando Navarro, y los demás detenidos desaparecidos, un grupo de personas afines ideológicamente y por los procedimientos comunes que les afectaron en un mismo período, es importante considerar lo que se alcanzó a investigar en el proceso rol 2-77, que se comenta en el caso de Reinalda Pereira Plaza.

 


EL MOSTRADOR - Viernes, 12 de Enero de 2001
Coletazos del informe de las Fuerzas Armadas. La operación para ocultar a los responsables de las violaciones
La confirmación de una compleja operación -montada por el régimen militar en el marco de la "Operación Cóndor"- para ocultar su responsabilidad en el asesinato de los detenidos desaparecidos, es una de las consecuencias del informe entregado por las Fuerzas Armadas, en el que aparecen los restos de seis chilenos como enterrados clandestinamente en el sector de Cuesta Barriga. Según el informe, Lincoyán Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Luis Lazo Santander, Fernando Navarro Allendes, Fernando Ortiz Letelier y Héctor Veliz Ramírez, todos ellos detenidos desaparecidos, habrían sido enterrados en una fosa clandestina en Cuesta Barriga, luego de haber sido detenidos por los organismos secretos de seguridad en 1976. Esa información viene a confirmar, 24 años más tarde, que la explicación oficial entregada por las autoridades del régimen militar de la época, apoyada en documentos de extranjería argentinos, era falsa y fue fabricada a través de los canales de cooperación entre los servicios de seguridad de las dictaduras del Cono Sur: la Operación Cóndor.
Con esos documentos entregados a los tribunales por el Ministerio del Interior -cuyo titular era el actual senador UDI Sergio Fernández- se paralizó toda investigación de los tribunales y se pretendió convencer a los organismos internacionales que intentaban detener la represión en Chile que los detenidos desaparecidos no existían y que se trataba de "extremistas" que habían escapado de Chile. Que todo era un "invento del comunismo internacional".



Primera Linea 16 de Junio 2001
Familiares de detenidos-desaparecidos afirman: "Arancibia perdió su honor"
Familiares de detenidos desaparecidos señalaron hoy que el renunciado comandante en jefe de la Armada, Jorge Arancibia, "perdió todo su honor al haber renunciado a la institución, con lo cual se coloca en duda su real aporte en la mesa de diálogo". Los familiares de Linocoyán Berrios, Horacio Cepeda, Luis Lazo, Fernando Navarro, Héctor Ortiz y Héctor Veliz -cuyos restos según los informes de las Fuerzas Armadas habrían sido dejados en la Cuesta Barriga- entregaron una carta al ministro del Interior, José Miguel Insulza, en la cual manifiestan su preocupación por la actitud del jefe naval de haber dimitido a su cargo por pretenciones políticas.
Antonia Cepeda, señaló que "la Armada perdió su honor el dia mismo que hizo lo que hizo con nuestros familiares. También Arancibia perdió su honor cuando entregó a la mesa de dialogo una información confusa de dudosa veracidad y que no ha permitido hasta ahora encontrar los restos de nuestros familiares".

Primera Linea 19 de Julio de 2001
Encuentran nuevas Osamentas en Fuerte Arteaga
La ministra en visita Amanda Valdovinos confirmó que restos óseos humanos, correspondientes a tres personas, fueron encontrados al interior del Regimiento del Ejército Justo Arteaga, de Colina. La diligencia corresponde a lo ordenado por la Corte Suprema luego de recibir el informe de la Mesa de diálogo que concluyó en enero y que, según los antecedentes entregados por las Fuerzas Armadas, en ese recinto militar estarían sepultados los restos de unas 20 personas.
Caucoto: "Son del Comando Conjunto"
El abogado Nelson Caucoto dijo a La Voz que todos los restos que puedan ser ubicados en el sector de Colina corresponden a víctimas del denominado Comando Conjunto.
Según el Informe Rettig, algunas de las personas desaparecidas son Humberto Fuentes Rodríguez, Luis Moraga Cruz, Ricardo Weibel Navarrete (identificado), Ignacio González Espinoza (identificado), Miguel Rodríguez Gallardo, Nicomedes Toro Bravo, José Sagredo Pacheco, Carlos Contreras Maluje, Juan René Orellana, Luis Emilio Maturana y Juan Gianelli Company, Fernando Navarro Allendes, Horacio Cepeda Marinkovic, Lincoyán Berrios Cataldo, Juan Fernando Ortiz Letelier, Waldo Pizarro Molina, Héctor Veliz Ramírez, Luis Lazo Santander y Reinalda Pereira Plaza, entre otros.
Por esto, el profesional considera "poco eficiente" el sistema de designación de jueces especiales que realizó la Corte Suprema a petición del gobierno. "El sistema ha provocado confusión, porque sin duda que se avanza más con un ministro a cargo de casos específicos".


Primera Linea 24 de Agosto 2001
AFDD: Arancibia sabe destino de detenidos desaparecidos
Amparándose en informes de 1979, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) informó que el hermano del candidato a senador Jorge Arancibia, Fernando Arancibia, desempeñó el cargo de subdirector de la Central Nacional de Informaciones (CNI) y habría negado ante jueces de la época la existencia de prisioneros políticos.
De acuerdo a la presidenta de la entidad, Viviana Díaz, consta que el ex coronel de Ejército, Fernando Arancibia, participó en el grupo operativo del Golpe de Estado y luego en la creación de la DINA. Además, fue Agregado Militar en Argentina en 1978 y regresó en 1979 para convertirse en el subdirector de la CNI.
La dirigenta explicó que estos antecedentes ponen en evidencia la necesidad de iniciar acciones judiciales para investigar la verdadera participación de la CNI en la actualidad y, puntualmente, la vinculación del ex almirante Arancibia en este cuadro.
"Un candidato a senador y un subdirector de la CNI, genética e ideológicamente hermanados, uno en la marina y otro en el Ejército, ambos unidos por un pasado golpista y un presente conspirativo, están liderando una gran operación política y de inteligencia destinada a instalar el legado pinochetista", indica una declaración de la AFDD.
Las informaciones de la agrupación precisan también que "en 1980, a raíz del hallazgo en Lonquén de osamentas, la CNI inicia una operación de remoción de restos de detenidos desaparecidos a lo largo de todo el país, bajo su propia coordinación".
Añaden que tiempo después el coronel (r) Arancibia aparece junto con el líder de Avanzada Nacional, Alvaro Corbalán.
Estos antecedentes, para Viviana Díaz, ponen en evidencia que el candidato a senador Arancibia no pudo desconocer la información de detenidos desaparecidos que negó durante su permanencia en la Mesa de Diálogo, instancia que él mismo propició, aseguró.
"El almirante (r) Arancibia le mintió a todo el país al entregar esa información sobre el caso Cuesta Barriga, pues indudablemente que estaba enterado de la remoción de los restos de Fernando Ortiz, Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Héctor Veliz, Horacio Cepeda y Luis Lazo, disfrazando una operación destinada a hacer desaparecer por segunda vez a nuestros familiares y presentándola como una contribución para esclarecer lo sucedido".

Primera Linea 18 de Octubre 2001
Gobierno pide investigar remoción de restos en Cuesta Barriga
Cumpliendo con el compromiso verbal asumido con los familiares de las víctimas de Cuesta Barriga, el gobierno, a través del Programa de Derechos Humanos, solicitó al ministro Héctor Carreño que instruya sumario en el caso de la desaparición de trece dirigentes comunistas en 1976 e investigue los antecedentes que demostrarían que hubo remoción de restos en ese lugar.
Si es acogida la solicitud del Programa, se abrirá un nuevo frente de investigación, pues el mandato que otorgó la Corte Suprema a Héctor Carreño y Amanda Valdovinos -a cargo de la búsqueda de veinte cuerpos en el Fuerte Arteaga- fue sumamente restrictivo desde el minuto que los designó como jueces especiales, pues sólo les comisionó confirmar la veracidad de la información de la Mesa de Diálogo y encontrar los cuerpos que estarían en esas coordenadas, pero nada les dijo sobre esclarecer las circunstancias de las desapariciones investigadas.
Así, a diez meses de esta resolución, sólo ha habido avances en materia de hallazgo de osamentas. De hecho, desde que el 9 de enero comenzó la investigación en el socavón de la mina Los Bronces, ubicada en el kilómetro 12 de la Cuesta Barriga, el proceso se ha visto enturbiado por las limitaciones impuestas por el máximo tribunal.
De acuerdo a los familiares de las víctimas de Cuesta Barriga no se puede pretender encontrar cuerpos, identificarlos y luego dejar el caso botado. Aseguran que todo juez debe tener como principal misión la verdad y la justicia y, en ese plano, determinar quiénes fueron los culpables de los crímenes de 1976 y quiénes removieron sus cuerpos. Por ello, anticipan que si falla la presentación del Programa presentarán querellas para determinar la remoción de restos de sus parientes, la que aseguran se efectuó, con 90 por ciento de certeza, en 1987.
La remoción de 1987
Una pieza fundamental para investigar la remoción de restos será la información proporcionada por dos testigos a Investigaciones y el mismo tribunal, que declararon que en 1987 camiones del Ejército recorrieron la zona y realizaron operativos, trasladando bultos.
Esta tesis cobra fuerza, porque los peritajes de los expertos del Servicio Médico Legal han determinado que los cuerpos fueron exhumados entre cinco a diez años después de su entierro, lo que queda en evidencia porque los restos que permanecieron en la mina corresponden a aquellos que caen libremente al moverse y no presentan las fracturas propias de un cadáver que no está en avanzado proceso de descomposición.
Si a ello se suma que el propio ex almirante Jorge Arancibia, cuando se desempeñaba como comandante en jefe de la Armada confirmó que la información de restos en Cuesta Barriga fue entregada por su institución, las posibilidades que el juez Carreño inicie una investigación en esa área pone como principales inculpados -nuevamente- a miembros de las Fuerzas Armadas.
Para los familiares de las víctimas estos antecedentes son tan contundentes que ameritan solicitar al Ejército que informe sobre estos trabajos y rompa -parcialmente- el secreto que ofreció la Mesa de Diálogo a las personas que entregaron estos datos, pues en su opinión tendrían alguna participación en el delito de exhumación y remoción de cuerpos.
Entre los familiares existe la creencia que la totalidad de los restos de sus padres y hermanos jamás serán encontrados, pues señalan que luego de remover los restos la práctica habitual fue dinamitarlos o destruirlos y, muy difícilmente se realizaron en ese período operativos para lanzar cuerpos al mar.
Lenta identificación
Mientras los familiares de los desaparecidos aguardan con ilusión el resultado de la diligencia solicitada por el Programa, el Servicio Médico Legal comenzó la larga tarea de establecer la identidad de las osamentas, que de acuerdo al organismo corresponderían al menos a diez personas.
Las 200 piezas encontradas sólo han permitido a la fecha tener certeza de la identidad de dos personas: Horacio Cepeda y Fernando Ortiz, gracias a la comparación de las piezas dentales con radiografías que guardaban sus familiares, aunque sus restos deberán ser evaluados como todos los demás con pruebas de ADN, investigación que se extenderá al menos por un año. Ello, pese a que los familiares esperan que el trámite sea más corto de lo previsto, considerando que se chequearon grupos de osamentas comunes para facilitar los peritajes.
El informe de la mesa de diálogo sólo consigna que en la Cuesta estarían los cuerpos de Lincoyán Yalu Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Luis Segundo Lazo Santander, Luis Segundo Fernando Alfredo Navarro Allendes, Juan Fernando Ortíz Letelier y Héctor Véliz Ramírez, todos ellos detenidos el 13 de diciembre de 1976.
Pero las agrupaciones de derechos humanos y el Informe de la Comisión Rettig suman los nombres de Santiago Edmundo Araya Cabrera (detenido el 29 de noviembre de 1976), Armando Portilla (detenido el 9 de diciembre de 1976), Reinalda del Carmen Pereira Plaza y Waldo Ulises Pizarro Molina, detenidos en el operativo del 13 de diciembre de 1976; Lizandro Tucapel Cruz Díaz y Carlos Patricio Durán González, ambos apresados el 18 de diciembre de 1976; y Edras de las Mercedes Pinto Arroyo, arrestado el 20 de diciembre de 1976.
A la fecha los informes forenses han establecido "acercamientos" a las identidades de Héctor Véliz, Alfredo Navarro, Luis Lazo y Lincoyán Berríos, pues sus antecedentes médicos presentan importantes correspondencias con las piezas óseas periciadas en el Servicio Médico Legal. También se menciona a Lizandro Cruz y Carlos Durán que se encuentran entre las víctimas del Partido Comunista

Primera Linea 18 de Octubre 2001
Comando conjunto y caso de los trece
Entre noviembre y diciembre de 1976 se produjo una verdadera redada del Comando Conjunto sobre altos dirigentes de izquierda. Luego de su muerte a manos de los efectivos de esa unidad, los cuerpos de estas trece personas detenidas fueron arrojados a un socavón de difícil acceso en la Cuesta Barriga y, más tarde, removidos sin que existan antecedentes de su paradero final.
En materia judicial, el caso de los once dirigentes comunistas y dos integrantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) dan luces sobre el modo de actuar del grupo operativo paralelo a la DINA, el Comando Conjunto que agrupo a representantes de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas.
Incluso, el Ministerio del Interior de Argentina confirmó que cuatro chilenos - Luis Lazo, Héctor Véliz, Horacio Cepeda y Edras Pinto- ingresaron a su territorio el 6 de enero de 1977, en un vehículo con patente chilena HG-19. Curiosamente los tribunales chilenos, en los que se había presentado una denuncia por presunta desgracia señalaban que Véliz no registraba salida del país y se citaba un informe del régimen militar.
Después de una serie de tentativas judiciales en que los familiares solicitaron ministros en visita, la causa quedó en manos del magistrado Guestavino pero con limitaciones: se indagarían ocho casos y no trece. La tramitación de esta causa duró cerca de 13 años y se acumularon en ella 21 tomos con más de nueve mil fojas. Durante ese período no sólo Guestavino conoció el proceso sino también Carlos Letelier Bobadilla, quien en agosto de 1978 cerró el sumario que reabrió a los pocos meses.
Reasumió entonces Guestavino, quien decretó el sobreseimiento definitivo por aplicación del D.L. 2191 en diciembre de 1980. En un hecho inédito durante este período, la Corte de Apelaciones revocó el cierre del sumario, y el propio ministro en Visita dejó sin efecto el sobreseimiento decretado, por haberse omitido una formalidad legal.
Así en 1983 el proceso recayó en manos del actual ministro de la Corte de Apelaciones capitalina Carlos Cerda Fernández, quien dictó cientos de diligencias, consistentes en citaciones, reconocimientos de lugares y de personas, peritajes, revisión de expedientes criminales, despacho de Oficios recabando informes a servicios del Estado, a ramas de las Fuerzas Armadas, instituciones particulares y otras de vital importancia.
En total sumó cerca de 200 testimonios, entre ellos destaca las declaraciones de miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en Servicios de Inteligencia, como asimismo de funcionarios de Carabineros y de Investigaciones, y de algunos civiles que colaboraron con los servicios de seguridad, como es el caso de Otto Trujillo y de Miguel Estay Reyno (El Fanta).
En esta etapa se contó con la declaración del soldado primero de la Fuerza Aérea de Chile, Andrés Valenzuela Morales, que en 1984 desertó de esta institución y dio cuenta que a "mediados de la década del 70, comenzó a operar un llamado Comando Conjunto o Comando Conjunto Antisubversivo, integrado por miembros de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden, más algunos civiles que pertenecieron a partidos de izquierda y luego de ser detenidos por los servicios de inteligencia, sometidos a presiones y/o extorsiones, se transformaron en colaboradores".
En este grado de investigación, el ministro Carlos Cerda llegó a establecer datos esclarecedores respecto de otros casos de violaciones de derechos humanos, disponiendo incluso la remisión de algunas piezas del "proceso de los trece" a otros tribunales que conocían de causas criminales por ellos.
Pero fue el 14 de agosto de 1986 cuando el magistrado asestó su golpe más fuerte, cuando dictó 40 procesamientos por igual número de personas, entre los que se encuentra el ex integrante de la Junta Militar, General del Aire Gustavo Leigh, otros generales, oficiales y suboficiales de Carabineros, Fuerza Aérea y Marina de Chile, detectives de Investigaciones y de algunos civiles. Los uniformados eran algunos en servicio activo y otros en retiro a esa fecha.
Cuatro de éstos presentaron un recurso de queja por no aplicar la Ley de Amnistía y la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 10 de septiembre de 1986, deja sin efecto las encargatorias de reo no sólo de los cuatro oficiales, sino que mediante oficios de la totalidad de los procesados.
Como consecuencia directa de estos encausamientos, el ministro Cerda fue amonestado por el pleno de la Corte Suprema que determinó su suspensión por dos meses del poder judicial.
Desde esa época, las causas del Comando Conjunto se encuentran dispersas en distintos juzgados del crimen y una de ellas, el caso de los trece, es manejada por el ministro Héctor Carreño. Los familiares de las víctimas confían en que por primera vez se acercarán a la verdad y a la justicia, y sostienen que hoy más que nunca merecen saber quiénes detuvieron a sus familiares y quiénes removieron años después sus cuerpos


 

 


Esta pagina fue modificada el 12 Junio, 2007

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