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LUIS ANIBAL MANRIQUEZ WILDEN

Rut       : 2.299.991-5

F.Nacim. : 26-01-29, 44 años a la fecha de su detención

Domicilio : Serrano 248, Iquique

E.Civil  : Casado

Actividad : Comerciante

C.Repres. : Sin militancia política

F.Detenc. : 2 de noviembre de 1973

                                                                     

  SITUACION REPRESIVA

            El 2 de noviembre de 1973, alrededor de las 17:00 horas, Luis Aníbal Manríquez Wilden regresaba a su hogar acompañado de su amigo José Carvallo. Repentinamente tres carabineros vestidos de civil los rodearon, los esposaron y los subieron al propio vehículo del afectado, un Dodge Dart color rojo.

            El Teniente de Carabineros José Antonio Muñoz y los cabos Blas Daniel Barraza Quinteros y René Egidio Valdivia Castro, condujeron a ambos detenidos hasta la 1a. Comisaría de Carabineros de Iquique. Antes de partir, Luis Aníbal Manríquez alcanzó a gritar a su esposa "nos llevan detenidos, no sé por qué... llama a un abogado". Sonia Margarita Ulloa Rodríguez, cónyuge del afectado, salió tras el grupo y en la 1a. Comisaría lo vio en la sala de guardia, en donde le hicieron entrega del reloj de él, la argolla de matrimonio y una cadena de oro. La víctima logró decirle que lo acusaban de guardar un arma en la guantera del auto.

            En la Comisaría, Luis Aníbal Manríquez permaneció incomunicado hasta el 5 de noviembre de 1973, fecha en que fue trasladado al Regimiento de Telecomunicaciones de Iquique. (Algunos testigos señalaron que habría sido llevado al Batallón Logístico del Ejército, el que se encontraba ubicado al lado del de Telecomunicaciones).

            Estando en el Regimiento, el afectado escribió algunas cartas a su familia y obtuvo autorización para arreglar los jardines. De esta manera, su esposa e hijas podían verlo a distancia. Fue entonces cuando ellas se enteraron de que Luis Aníbal Manríquez estaba acusado de tráfico de estupefacientes.

            El 18 de diciembre de 1973, a las 8:00 horas de la mañana, Sonia Margarita Ulloa y sus hijas Mónica y Silvia Manríquez, vieron cuando al afectado y otras personas eran subidas al camión del Ejército que lo llevaría rumbo a Pisagua. Junto al camión también iba un jeep en el que viajaban el Teniente José Antonio Muñoz y los cabos Blas Barraza y René Valdivia, los aprehensores de Luis Aníbal Manríquez Wilden.

            Desde Pisagua, la víctima escribió diversas cartas y telegramas a su esposa, contándole que probablemente sería sometido a un Consejo de Guerra interno y que la acusación tenía relación con tráfico de drogas y de armas. Según manifestaba el mismo afectado, el Comandante Ramón Larraín le había asegurado que una vez realizado el Consejo lo enviarían a la cárcel para ser procesado por la Justicia Ordinaria.

            Sin embargo, nada de ello ocurrió. Las comunicaciones se interrumpieron aproximadamente a mitades de enero de 1974 y el 31 de enero del mismo año, en el diario "La Estrella" de Iquique apareció una información en la que se señalaba que Manríquez Wilden había salido en libertad por orden del Comandante en Jefe de la Zona en Estado de Sitio, General de Brigada Carlos Forestier.

            Luis Aníbal Manríquez Wilden, al llegar a Pisagua, fue bajado del camión con golpes de pies y culatazos, con amenazas e insultos, para terminar siendo encerrado en una de las celdas de incomunicación del penal junto a los prisioneros a quienes el resto de los detenidos llamaban "los coqueros".

            Durante el mes en que permaneció en Pisagua, el afectado fue duramente castigado. En una ocasión tuvo que hacer flexiones y sapitos en el patio del penal mientras el Teniente de Ejército Conrado García disparaba sobre su cabeza, obligándolo a gritos a esquivar las balas.

            Tal como lo relatara un testigo ante el Ministro en Visita, Hernán Sánchez Marré, en Pisagua existía un grupo de personas que se caracterizaba por los tormentos que infligían a las víctimas. Entre estas personas estaba el equipo del Fiscal Mario Sergio Acuña Riquelme, integrado por el sargento de Ejército, Roberto Fuentes ("el Guatón Fuentes"), por el cabo de Ejército Juan Aguirre, por los Tenientes Conrado García, Abarzúa, Herrera, Irigoyen y Pedro Collado. A ellos se sumaban el Teniente de Carabineros José Antonio Muñoz y los cabos Blas Barraza y René Egidio Valdivia. Todo el equipo -según los testigos- se encargaba de detener, interrogar, torturar e incluso ajusticiar.

            A raíz de esta información, el Ministro en Visita, Hernán Sánchez ordenó citar al Tribunal a los carabineros aprehensores de Luis Aníbal Manríquez. El 13 de junio de 1990, Blas Daniel Barraza Quinteros dijo que a partir del 11 de septiembre de 1973 participó en detenciones, vestido de civil, junto con el cabo René Valdivia y el cabo Froilán Moncada, todos bajo las órdenes del Teniente José Antonio Muñoz Muñoz. Reconoció haber detenido a Manríquez, pero negó haberlo trasladado a Pisagua. Declaró además haber cooperado en interrogatorios que se realizaron en ese penal. Por su parte, René Egidio Valdivia Castro dijo que efectivamente había actuado en detenciones bajo las órdenes del Teniente Muñoz, recordando la captura de Manríquez, al que no le encontraron estupefacientes.

            De las declaraciones de ex-prisioneros de Pisagua, se dedujo fácilmente que Luis Aníbal Manríquez y el resto de "los coqueros" permanecieron en ese campo hasta mediados de enero de 1974. En esa fecha, un testigo, que se encontraba con el afectado haciendo tareas de limpieza en la Playa Esperanza, presenció cuando llegaron efectivos militares a avisarle al afectado que arreglara sus cosas porque salía en libertad. Nunca más volvió a verlo, hasta que tres semanas más tarde comenzó a rumorearse que lo habían matado.

            Otros testigos vieron, en la misma época, pasar un camión militar en cuya parte trasera iban los acusados de tráfico de drogas, con la vista vendada y un círculo rojo en el pecho. El camión, acompañado de un jeep en el que viajaban militares, se alejó del penal unos dos o tres kilómetros en dirección al Cementerio. Retornó como una hora más tarde, ya sin los detenidos.

 

 

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            Mientras el afectado se encontraba aún incomunicado en la 1a. Comisaría de Carabineros, se interpuso un Recurso de Amparo por él y otras personas en la Corte de Apelaciones de Iquique, el 5 de noviembre de 1973, rol N°109.868. En la presentación se señalaba que Luis Aníbal Manríquez no había sido puesto a disposición de Tribunal competente y que su detención se había producido sin orden alguna.

            Al igual como ya había ocurrido en otras oportunidades, la Corte pidió información a la Prefectura de Carabineros de Tarapacá, de quien depende la 1a. Comisaría de Iquique. La respuesta llegó el mismo 5 de noviembre, firmada por el Mayor Enzo Meniconi Lorca. En ella se afirmaba que el detenido había sido puesto a disposición del VI Juzgado Militar, con parte N°15 de fecha 3 de noviembre, por "elaboración de estupefacientes y cómplice en tráfico de armas, los detenidos fueron enviados al Regimiento de Telecomunicaciones".

            Al día siguiente, el 6 de noviembre de 1973, "teniendo presente que la detención aparece efectuada por autoridad con facultad para hacerlo" la Corte rechazó el amparo.

            Sin embargo, y frente a nuevas informaciones, el 20 de noviembre de 1973 se presentó un nuevo recurso de amparo ante el mismo Tribunal, el que fue rolado con el N°111.024. En la presentación se decía que el afectado había sido puesto a disposición del VI Juzgado Militar al imputarle carabineros autoría en el delito de tráfico de estupefacientes, pero que éste se había declarado incompetente, devolviendo los detenidos a carabineros el 17 de noviembre de 1973.

            La Corte de Apelaciones de Iquique entonces solicitó a la Prefectura de Carabineros de Tarapacá que informara respecto a esa situación. El 21 de noviembre, el Coronel Rubén Romero Gormaz comunicó al Tribunal que efectivamente Luis Aníbal Manríquez Wilden y otros detenidos implicados en el tráfico de estupefacientes y complicidad en el contrabando de armas, habían sido puestos a disposición del VI Juzgado Militar, el 3 de noviembre de 1973. Agregaba que nunca estos prisioneros le fueron devueltos a carabineros porque "por disposición del Juez Militar, Jefe de la Zona en Estado de Sitio, General de Brigada Carlos Forestier Haensgen, transmitida verbalmente por el Auditor de Ejército, Mayor Enrique Cid Coubles, el proceso seguirá siendo de conocimiento de la Justicia Militar". En suma, Carabineros sólo recibió la documentación pertinente, la que nuevamente entregó al VI Juzgado con fecha 20 de noviembre de 1973. Los antecedentes nunca llegaron a la Justicia Ordinaria y Luis Aníbal Manríquez fue llevado a Pisagua.

            El 22 de noviembre de 1973, la Corte de Apelaciones de Iquique rechazó este segundo amparo a favor del afectado porque "la detención aparece efectuada por autoridad con facultad para hacerlo". Al día siguiente se apeló de la resolución, subrayándose las irregularidades que se habían cometido en la detención y reclusión de Manríquez Wilden, especialmente las relacionadas con la propia declaración de incompetencia del VI Juzgado Militar y con la orden verbal que el Mayor Enrique Cid transmitió a carabineros.

            A pesar de las evidentes anormalidades, el 3 de diciembre de 1973, la Corte Suprema confirmó la resolución del Tribunal de Iquique. Antes de que se cumplieran dos meses de este rechazo, en el diario "La Estrella" se publicaba que, por orden del General Forestier el afectado había quedado en libertad".

            Atendida las circunstancias de no obstante haberse informado públicamente la libertad de Luis Aníbal Manríquez Wilden, éste no retornara a su hogar, su esposa, Sonia Margarita Ulloa, inició una afanosa búsqueda. Escribió cartas inquiriendo sobre la suerte corrida por su marido y se presentó directamente ante las autoridades de la época.

            En la IV División de Ejército, el Mayor Enrique Cid se limitó a mostrarle un documento firmado por el afectado al momento de salir en libertad.

            Por su parte, el Teniente Coronel Ramón Larraín Larraín, Comandante del Campo de Detenidos de Pisagua, respondió, por escrito, a una de las hijas del afectado, insistiendo en que la víctima había quedado en libertad por orden del General Forestier y que si no retornaba a su hogar era porque "pudo haberse ido al extranjero u otro lugar para evitar ser detenido nuevamente". En el mismo sentido, el Capitán Pedro Collado Martí, Jefe de Relaciones Públicas de la IV División de Ejército (y nombrado por más de un testigo como interrogador en Pisagua), en febrero de 1974, escribió a la cónyuge de Manríquez Wilden "su esposo salió en libertad el 15 de enero de 1974, siendo trasladado el mismo día desde Pisagua, dejándosele en la subida de Alto Hospicio a solicitud de él".

            Sonia Margarita Ulloa interpuso ante el Segundo Juzgado del Crimen de Iquique una denuncia por presunta desgracia de su marido, la que fue rolada con el N°32.971, el 5 de marzo de ese mismo año 1974.

            Durante la tramitación de esta causa, declaró ante el Tribunal el abogado Hugo Onetto Urzúa. Este manifestó que alrededor del 21 de enero de 1974 al acudir a la IV División de Ejército, el Mayor Enrique Cid le exhibió varios decretos de libertad firmados por el General de Brigada Carlos Forestier Haensgen. Entre esos decretos estaba el del afectado y los de Hugo Martínez Guillén, Juan Mamani García, Tomás Orlando Cabello y Juan Rojas Osega (todos encontrados en la fosa de Pisagua). Cada una de las víctimas había firmado su libertad al pie del documento.

            Hugo Onetto -dijo en el Tribunal- manifestó su extrañeza al Mayor Cid, puesto que, por razones de su profesión y por haber concurrido a Pisagua con ocasión de los Consejos de Guerra que allí se realizaban, sabía muy bien que cuando un prisionero salía en libertad se le trasladaba en vehículos del Campamento hasta Iquique. En esta ciudad, y sólo después de los controles usuales, el detenido era dejado libre. En esas circunstancias le resultaba difícil creer que el afectado, y a petición de él, hubiera sido dejado en el cruce del camino de Pisagua con la carretera Panamericana.

            En un oficio enviado al Segundo Juzgado, el Mayor Enrique Cid Coubles confirmaba lo declarado por el abogado Hugo Onetto, señalando que Luis Manríquez Wilden "fue puesto en libertad bajo control semanal de Carabineros por Decreto firmado por el Jefe de la Zona en Estado de Sitio, General de Brigada Carlos Forestier, de fecha 16 de enero de 1974".

            Inmediatamente después de recibido el oficio del Mayor Cid Coubles, el Juez del Segundo Juzgado de Iquique cerró el sumario "por encontrarse agotada la investigación" y lo sobreseyó por "no estar acreditado el delito", (2 de abril de 1974).

            La resolución del Juez fue confirmada, el 16 de abril de 1974, por la Corte de Apelaciones de Iquique, con el voto en contra del Ministro Bravo, quien estuvo por reponer la causa a estado de sumario. Para dar su voto en contrario, el Ministro adujo la necesidad de citar a declarar al Mayor de Ejército Enrique Cid Coubles para que informara los detalles de la libertad del afectado; determinar quiénes trasladaron al detenido desde Pisagua hasta la carretera Panamericana; citar a estos últimos al Tribunal, y realizar todas las diligencias que de allí se desprendieran.

            Nunca se concretaría ni una sola de esas indicaciones.

            El 31 de mayo de 1990 se interpuso una denuncia por Inhumación Ilegal ante el Juzgado del Crimen de Pozo Almonte, el 31 de mayo de 1990. En ella se señalaba que en la localidad de Pisagua, en un lugar cercano al Cementerio, pero fuera del mismo, se había practicado la sepultación de aproximadamente 11 cuerpos, al margen de la legalidad vigente.

            El juez Nelson Muñoz Morales acogió la denuncia rolándola con el N°3805 e iniciando las excavaciones el 1° de junio de 1990. Estas tuvieron como resultado el hallazgo de 20 cuerpos enterrados en la fosa común, entre ellos el de Luis Aníbal Manríquez Wilden, todos los cuales serían reconocidos por sus respectivos familiares, excepto el último cadáver rescatado, al que le faltaba el cráneo completo, por lo que no ha sido identificado hasta la fecha (1991).

            El 6 de junio de 1990 la Corte Suprema nombró como Ministro en Visita para que continuara conociendo del proceso a Hernán Sánchez Marré. El Ministro, en el transcurso de su investigación y a través de innumerables testimonios entregadas tanto por ex prisioneros de Pisagua como por personas que incluso integraron los pelotones de fusilamiento, pudo ir configurando judicialmente lo ocurrido en Pisagua.

            El 15 de junio de 1990, la familia de Luis Aníbal Manríquez Wilden presentó ante el Ministro en Visita una querella por Inhumación Ilegal del afectado en contra de aquellas que resultaren culpables. Pero, dos semanas después, el 31 de junio de 1990, el Mayor General Luis Patricio Serre Ochsenius, juez del VI Juzgado Militar de Arica, solicitó al Ministro que declinara su competencia para seguir conociendo del proceso porque habría personal militar aparentemente involucrado en los hechos.

            El 8 de agosto del mismo año, Hernán Sánchez Marré no dio lugar a la petición, elevando los antecedentes a la Corte Suprema para que dirimiera la contienda de competencia. El 15 de noviembre de 1990, este Tribunal resolvió en favor de la Justicia Militar, dejando la causa en manos de la Fiscalía de Iquique, la que la roló con el N°321-90.

            Los abogados de los querellantes solicitaron entonces una serie de diligencias que se encontraban pendientes, sin que se le diera lugar a ninguna de ellas. Más bien, el curso que llevaban las indagaciones se quebró abruptamente al llegar el proceso a la Justicia Militar. Esta situación se vio coronada con la petición hecha por el ex fiscal de Pisagua, Mario Sergio Acuña Riquelme, a la Fiscalía de Iquique, el 5 de febrero de 1991. Ese día, Mario Acuña, quien declaraba en calidad de testigo en el Tribunal Militar, solicitó a éste que se aplicará el D.L. 2.191 de abril de 1978, el que amnistiaba todos los delitos, con excepción de unos pocos, que se habían cometido a partir del 11 de septiembre de 1973 a abril de 1978.

            El Fiscal Militar Juan Romo Aravena dispuso entonces -el mismo 5 de febrero de 1991- el cierre del sumario, sobreseyendo total y definitivamente la causa el 26 de febrero por aplicación del D.L. 2.191 (de Amnistía). Esta resolución fue confirmada por la Corte Marcial.

            En la actualidad (diciembre 1992) los antecedentes se encuentran en la Corte Suprema a la espera de que falle una apelación presentada por los abogados de las víctimas.


23 de Julio 2004 La Nacion

Jueza procesa a edecán de Cámara de Diputados

La mesa directiva de la Cámara de Diputados pidió la renuncia al edecán, coronel (R) Jaime Krauss Rusque, y éste aceptó irse. La renuncia le fue demandada sólo horas después de que la ministra de fuero Carmen Garay lo procesó y ordenó su arresto como autor material de siete homicidios ocurridos en el campo de prisioneros de Pisagua, mientras Krauss cumplió en 1974 funciones como capitán a cargo de la Compañía de Vigilantes de los detenidos.

La información de la renuncia pedida al edecán, quien es hermano del actual embajador de Chile en Madrid Enrique Krauss, fue entregada ayer pasadas las 18:30 horas en el Palacio Ariztía en Santiago por el presidente de la Cámara de Diputados Pablo Lorenzini (DC).

Este expresó que la mesa de la Cámara acordó pedirle la renuncia porque, al haber sido procesado, cayó en la “inhabilidad sobreviniente” que señala el estatuto del personal de la institución en su artículo Nº23 letra c), que establece que “la persona que desempeñe labores funcionarias no podrá estar procesada ni condenada”.

El edecán se había declarado “inocente” en sus declaraciones en el proceso de Pisagua, y así también lo manifestó a La Nación Domingo que en su edición del domingo pasado publicó la crónica “El fantasma del edecán”.

El encausamiento del coronel (R) Krauss fue solicitado por el abogado querellante en la causa Pisagua Adil Brkovic. Este dijo ayer que “estamos muy conformes con esta resolución porque la verdad es que en el proceso existen suficientes antecedentes para acreditar la participación del señor Krauss en los homicidios de siete prisioneros”.

El abogado dijo que si bien a Krauss “no se le acusa de disparar él mismo contra los prisioneros, hay quienes lo sindican como quien impartió las órdenes como el segundo comandante del campo de prisioneros de Pisagua. Esta investigación ha tomado ya seis años y los hechos se encuentran totalmente acreditados”, dijo Brkovic.

Los hechos

El ahora ex edecán de la Cámara será notificado hoy a primera hora en el Palacio de Tribunales en Santiago, y luego será trasladado en calidad de detenido al Batallón de Policía Militar ubicado al interior del Comando de Telecomunicaciones del Ejército en la comuna de Peñalolén.

La ministra Garay sostuvo en su resolución que los siete homicidios ocurridos entre el 18 de enero de 1974 y el 30 de enero de ese año, sucedieron en Pisagua mientras el “capitán Jaime Krauss Rusque se encontraba a cargo de los efectivos militares que tenían por misión custodiar a los prisioneros políticos del Campamento de Pisagua, unidad militar que en definitiva dependía del comandante en jefe de la VI División del Ejército (en Iquique), general Carlos Forestier Haensgen”.

El coronel (R) Krauss reconoció en el proceso que efectivamente estos siete homicidios ocurrieron mientras cumplió funciones en Pisagua entre el 14 de enero de 1974 y al menos, según él, el 30 de enero de ese mes. Pero negó que ordenara las ejecuciones y también negó que su función fue la de comandante de la Compañía de Vigilantes de los prisioneros.

Dijo que su tarea fue “administrativa” inventariando y almacenando “serruchos, martillos, palas, estufas, queso, jamón y azúcar”, provenientes de una ayuda de la Cruz Roja para los prisioneros.

No obstante, según el abogado Brkovic la jueza “no le creyó” ese argumento, puesto que “no encaja” con lo realmente sucedido.

En Pisagua operó entre septiembre de 1973 y julio de 1974, como un reloj, un calendario rotativo de personal de oficiales que integraron la Compañía de Vigilantes de prisioneros, cada vez al mando de un oficial con el grado de capitán.

 A su vez este tenía bajo su mando a cuatro o cinco tenientes y subtenientes. La compañía era la responsable de lo que ocurriera con los prisioneros, y fueron sus integrantes los que siempre participaron en las ejecuciones extrajudiciales, como está establecido en la investigación. Por estas mismas funciones han sido encausados por otros homicidios otros oficiales (R) que a la fecha de sus funciones en Pisagua, de acuerdo al calendario de turnos, tenían también los grados de capitán y tenientes o subtenientes. 

El primero en afirmar que Krauss ordenó ejecutar prisioneros en Pisagua fue el mayor (R) Carlos Herrera Jiménez, quien cumple presidio perpetuo en la cárcel de Punta Peuco. Herrera admitió que Krauss le ordenó matar al prisionero Nelson Márquez Agurto, una de las siete víctimas del auto de procesamiento, porque éste había intentado fugarse para intentar evitar que lo siguieran torturando.

Krauss lo niega, pero careados ambos, Herrera mantuvo sus dichos.

El coronel (R) Krauss también fue encausado por los homicidios de Luis Manríquez, Nicolás Chánez, Tomás Cabello, Juan Rojas, Hugo Martínez y Juan Mamani. Todos ellos fueron declarados “dejados en libertad” por el general Forestier, sin embargo sus cadáveres aparecieron, junto al de Márquez, en la fosa clandestina descubierta en Pisagua en junio de 1990 con 19 cuerpos.

Los otros procesados

Por los siete homicidios también fueron procesados el general (R) Carlos Forestier, como autor intelectual; el mayor (R) Carlos Herrera Jiménez, como autor material; el coronel (R) Bernardo Martínez Téllez, como encubridor; y al suboficial (R) de Carabineros Manuel Vega Collao, también como autor material. Vega integró el pelotón de fusilamiento de los seis prisioneros ejecutados a fines de enero de 1974.

En contra de los argumentos de inocencia del coronel (R) Krauss respecto a que cumplió sólo funciones administrativas, están las declaraciones de algunos ex prisioneros, quienes afirman, coincidentemente, que el entonces capitán Krauss ingresó a la cárcel la noche del intento de fuga de Márquez, amenazando que si éste no aparecía en media hora se iban a matar prisioneros.

Uno de ellos, Luis González Vivas, dijo que “cuando matan a Márquez estaba el mayor Krauss, a quien yo le había hecho un mueble. Y él advirtió que si no aparecía Márquez hasta las cuatro de la mañana, iban a sacar prisioneros de las celdas para ser fusilados”. Lo mismo afirmó Freddy Alonso. Ambas versiones contradicen las tareas “administrativas” del entonces capitán Krauss.

  

13 de Septiembre 2005 El Mostrador

Juez sobresee a ex edecán de la Cámara en caso Pisagua

El ministro en visita Joaquín Billard sobreseyó por "falta de méritos" al coronel (R) Jaime Krauss Rusque, ex edecán de la Cámara de Diputados y hermano del actual embajador de Chile en España, Enrique Krauss.

El ex uniformado se encontraba procesado desde julio del año pasado como autor material del homicidio de siete presos políticos en la zona de Pisagua, Primera Región, en 1974.

La decisión de la jueza Carmen Garay -que entonces tramitaba la causa- obligó a Krauss Rusque a dejar su puesto como edecán de la cámara baja, labor que había desempeñado a partir de 1990.

Esto, porque el Estatuto del Personal de la Cámara de Diputado, era el que establecía que ningún funcionario que sea condenado o procesado por los tribunales de justicia podía permanecer en su cargo

"Como todo militar, me sometí a las reglas del juego y colaboré con la justicia, pero la presunción de inocencia no operó en mí. Ese derecho, que debe regir en Chile desde el Presidente de la República para abajo, me fue denegado", dijo el otrora edecán al diario La Segunda.

Krauss Rusque destacó los testimonios de “una decena” de detenidos que atestiguó a su favor en el transcurso del proceso. “Que a uno lo defiendan militares, es natural. Pero es verdaderamente reconfortante que lo hagan quienes han estado en la vereda de enfrente”, puntualizó el ex uniformado.

El ex uniformado estaba imputado por los asesinatos de Nelson Márquez Agurto, Luis Manríquez Wilden, Juan Rojas Osega, Hugo Martínez Guillén, Tomás Cabello Cabello, Juan Mamani García y Nicolás Chánes Chánes.

Por dichos casos también fueron procesados el general (R) Carlos Forestier, el fallecido suegro del actual jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, y al mayor (R) Carlos Herrera Jiménez y Bernardo Martínez Téllez. Estos últimos no fueron favorecidos con la resolución conocida este martes.

 


Esta pagina fue modificada el 17/07/2010

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