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GUILLERMO ALBINO MARTINEZ QUIJON

 

Rut       : 677.758, Santiago

F.Nacim. : 21-04-08, 68 años a la fecha de su detención

Domicilio : Roberto Espinoza 975, casa 12, Santiago

E.Civil  : Casado

Actividad : Tipógrafo; jubilado

C.Repres. : Partido Comunista; Ex Secretario del Sindicato Unico de la Editorial Gabriela Mistral

F.Detenc. : 21 de julio de 1976

 

                                                                   

 

SITUACION REPRESIVA

            Guillermo Albino Martínez Quijón, casado, tipógrafo, militante del Partido Comunista, de 68 años de edad -con afecciones al corazón y a los bronquios- fue detenido en su domicilio, en presencia de su esposa, por cinco agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), los que lo trasladaron a Villa Grimaldi, recinto secreto de detención y tortura de la DINA, desde donde desapareció.

            Ese día, a las 5 de la madrugada, el matrimonio formado por Guillermo Albino Martínez y María del Carmen San Martín Reyes, fue despertado por fuertes golpes dados en la puerta de calle. La víctima se levantó a abrir, vestida sólo con un pijama, un pantalón delgado puesto sobre éste y zapatillas de levantarse. Cinco individuos, que usaban cotonas blancas como de enfermeros, sin identificarse, irrumpieron en el hogar. La señora María del Carmen -de 72 años- al sentir los ruidos, se levantó para averiguar lo que estaba ocurriendo. En esos momentos, dos agentes la tomaron bruscamente, le propinaron golpes en la cara y abdomen, y procedieron a atarla, con vendas, de pies y manos, y a amordazarla. En esas condiciones la lanzaron sobre la cama. Uno de estos individuos era moreno pálido y de unos 30 años de edad.

            Cuando ella logró zafarse de sus ataduras, unos 20 minutos después, los agentes ya se habían retirado de la casa, llevándose consigo al afectado. Toda la acción se realizó en medio de un gran sigilo -los vecinos no se percataron de lo ocurrido- y en vigencia del toque de queda.

            Guillermo Albino Martínez fue trasladado a Villa Grimaldi, en donde se le vio en malas condiciones físicas y junto a otros Militantes del Partido Comunista detenidos que, al igual que él, están hoy en calidad de desaparecidos. Isaac Godoy, quien fuera detenido el 20 de agosto de 1976 y llevado a Villa Grimaldi, estuvo en el mismo calabozo con el afectado, hacia fines de agosto de 1976. Según el testigo, Martínez se veía muy deprimido, con miedo y enfermo, no quería hablar con nadie, ni siquiera decir su nombre. También estaban en la misma celda Oscar Ramos Vivanco, Pedro Silva Bustos, Eduardo Canteros, Lenín Díaz, Enrique Jeria, Darío Miranda, Jorge Solovera, Vicente Atencio, Jorge Salgado y Angel Guerrero. Todos detenidos-desaparecidos.

            La detención y desaparición de Guillermo Albino Martínez se inscribió en una batida que realizó la DINA en contra de los militantes comunistas vinculados con la actividad tipográfica. En este operativo fueron detenidos, entre otros, José Vicente Tolosa (15 de julio), dirigente gráfico; el afectado; Juan Luis Quiñones (23 de julio), linotipista y dirigente juvenil del Partido Comunista; Guillermo Gálvez (28 de julio), periodista y Presidente del Sindicato de Quimantú. Posteriormente, y durante los primeros días de agosto fueron detenidos Oscar Ramos junto a 4 familiares; el 13 de agosto, lo fue Juan Aurelio Villarroel, dirigente sindical de la Imprenta Horizonte. En todas estas detenciones actuó la DINA y todos ellos tienen hoy la calidad de detenidos-desaparecidos.

           

 

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            El 2 de agosto de 1976 se interpuso un recurso de amparo por el afectado en la Corte de Apelaciones de Santiago, el que fue rolado con el Nº 682-76. En la presentación se solicitaba al Tribunal -entre otras diligencias- que se recabara información a la DINA, lo que fue rechazado por la Corte. El Ministro del Interior y General de División Raúl Benavides Escobar, por su parte, informó que el afectado no se encontraba detenido por orden de esa Secretaría de Estado (9 de agosto de 1976). Sólo en mérito a este informe, el 23 de agosto de 1976, se rechazó el amparo y se remitieron los antecedentes al Juzgado del Crimen correspondiente. Se apeló de la resolución a la Corte Suprema, insistiéndose en la necesidad de oficiar a la DINA. María del Carmen San Martín decía a la Corte "mi esposo efectivamente está detenido. Y lo afirma y lo reafirma esta recurrente, testigo y víctima de los hechos. ¡Cómo no seré yo testigo si los aprehensores me ataron de espaldas, me amordazaron y me tiraron a la cama mientras procedían a llevarse a mi anciano esposo!".

            La Corte Suprema consultó nuevamente al Ministro del Interior, General Benavides, quien respondió, el 2 de septiembre de 1976, exactamente en los mismos términos anteriores. El Tribunal ofició entonces a la DINA. La respuesta provino una vez más del Ministro Benavides, quien señaló que cualquier información relativa a personas detenidas debía ser canalizada a través del Ministerio del Interior. Se agregaba que "tal procedimiento radica en el hecho de que el Ministerio a cargo del infrascrito lleva, por encargo especial de S.E. el Presidente de la República, un estricto control de las detenciones". Por su parte, María del Carmen San Martín ponía en conocimiento de la Corte Suprema que había recibido informaciones relacionadas con el hecho de que el afectado se encontraba detenido e incomunicado en Villa Grimaldi, pidiendo que se constituyera en dicho recinto. Sin embargo, la Corte Suprema, después de recibir el Oficio del General Benavides, confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones en el sentido de rechazar el amparo, el 21 de septiembre de 1976.

            Los antecedentes fueron acumulados a la causa rol 102.639-1 que se tramitaba en el 5º Juzgado del Crimen de Santiago por la desaparición del afectado, desde el 4 de agosto de 1976. Ante dicho Tribunal la cónyuge presentó una denuncia por secuestro de su esposo, solicitando, en un escrito posterior, la constitución en Villa Grimaldi, recinto en donde según informaciones proporcionadas por ex-detenidos se encontraba recluido el afectado.

            Además, durante la tramitación de este proceso declararon vecinos del afectado, los que coincidieron en señalar que no se habían percatado de la detención de Guillermo Albino Martínez. Sin embargo, también dijeron que vieron a la esposa de él sangrando de la boca (la mordaza le produjo heridas) y con vendas adheridas a los brazos y piernas. Según María del Carmen San Martín dichas vendas fueron entregadas al Tribunal, cosa que no fue consignada ni analizada durante el proceso. Sin que se hubiese constituido en Villa Grimaldi, sin una respuesta de la DINA, sin que se hubiera determinado la presencia del afectado en mencionado recinto de reclusión, el 9 de agosto de 1977 se cerró el sumario y se declaró el sobreseimiento temporal de la causa. El 19 de octubre del mismo año, la Corte de Apelaciones aprobó la resolución.

            El 1º de agosto de 1978, la familia del afectado, junto a familiares 70 detenidos-desaparecidos, interpuso una querella por secuestro en el 10º Juzgado del Crimen de Santiago en contra del General Manuel Contreras Sepúlveda, de Marcelo Luis Manuel Moren Brito y de Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, Coronel y Teniente Coronel del Ejército respectivamente.

            Al Tribunal se entregaron además las identidades de otros agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), los antecedentes de recintos secretos de detención del mencionado organismo y otros datos relativos a su estructura y medios con que contaba.

            Sin realizar ninguna diligencia, el 10 de agosto de ese año la Jueza del 10° Juzgado se declaró incompetente y remitió los antecedentes a la Justicia Militar; después de varias apelaciones en mayo de 1979 la causa se reabrió en la 2a. Fiscalía Militar de Santiago, bajo el rol Nro. 553-78.

            En 1983 el Tribunal tuvo a la vista los cuatro cuadernos de instalación de la Visita Extraordinaria por casos de detenidos desaparecidos de la Región Metropolitana, que sustanció el Ministro Servando Jordán, en ellos se contenía importante información respecto al actuar de la DINA y a la responsabilidad de ese organismo de seguridad en cientos de detenidos desaparecidos.

            Sin que se realizaran diligencias durante cuatro años, el 20 de noviembre de 1989, el Teniente Coronel de Ejército, Enrique Ibarra Chamorro, Fiscal General Militar, solicitó para esta causa la aplicación del Decreto Ley de Amnistía (D.L. 2.191) porque el proceso había tenido como finalidad exclusiva la investigación de presuntos delitos ocurridos durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978 y porque, durante los 10 años de tramitación, no se había logrado "determinar responsabilidad de persona alguna". El 30 de noviembre de 1989, la solicitud fue acogida por el 2do. Juzgado Militar, el que sobreseyó total y definitivamente la causa -la que aún se encontraba en etapa de sumario- por "encontrarse extinguida la responsabilidad penal de las personas presuntamente inculpadas en los hechos denunciados". Las partes querellantes apelaron de dicha resolución a la Corte Marcial, la que confirmó el fallo en enero de 1992. Se interpuso entonces un Recurso de Queja ante la Corte Suprema de Justicia, la que al mes de diciembre de 1992, aún no evacuaba su resolución.

            (Antecedentes completos de la querella en contra de Manuel Contreras se encuentran en el caso de Eduardo Alarcón Jara, 30 de julio de 1974).

           

 

 


Esta pagina fue modificada el 17/07/2010

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