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Informacion reciente recopilada por el equipo Memoria VivaEl Pais- 11 Octubre 2000 - Querella 174 contra Pinochet en Chile por un sacerdote desaparecido Nueve sacerdotes, cuatro de ellos españoles, presentaron ayer en la Corte de Apelaciones de Santiago una querella criminal contra el general Augusto Pinochet y tres ex agentes de la DINA por su responsabilidad en el secuestro y torturas del sacerdote español Antonio Llidó Mengual, en 1974, en plena dictadura militar. Llidó Mengual integra desde entonces la lista de los detenidos desaparecidos en Chile. La querella contra Pinochet es por secuestro calificado, torturas y asociación ilícita. EL MOSTRADOR- Miércoles, 4 de Octubre de 2000 - Joan Garcés pide procesamiento de asesinos de dos españoles en Chile El abogado español Joan Garcés, que ejerce la acusación particular y popular en España en la causa sobre los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, pidió el procesamiento de los asesinos de los españoles Carmelo Soria y Antonio Llidó. Entre otros, se solicita el procesamiento del ex mando de la Dirección Nacional de Inteligencia chilena (DINA) Manuel Contreras Sepúlveda, del ex director de la Policía de Investigaciones Ernesto Baeza Michaelson y del general retirado Sergio Arellano Stark. También pide que se procese a los agentes de la DINA considerados los autores directos de los crímenes y de varias personas acusadas de encubrimiento. Según fuentes de la acusación, Garcés solicitó al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que procese y dicte órdenes de detención contra "todos los responsables" de la muerte del diplomático Carmelo Soria y de la desaparición del sacerdote Antonio Llidó.
PrimeraLinea 7 de Junio 2002 - Corte de Apelaciones reabre proceso por desaparición de sacerdote español La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó reabrir el proceso por el secuestro y desaparición del sacerdote español Antonio Llidó Mengual, quien llegó a Chile en 1969 y desarrolló su misión pastoral y social en la localidad de Quillota hasta septiembre de 1973. La causa había sido sobreseída por la aplicación de la Ley de Amnistía por el tribunal de alzada capitalino. Hace dos años la familia del religioso español apeló a la decisión del tribunal argumentando que no se puede amnistía un delito sin antes investigar y determinar responsabilidades. El abogado querellante Héctor Salazar informó que en estos dos años se han aportado numerosos antecedentes a la causa, manifestando su optimismo en que logrará al menos establecer los hechos que rodearon la muerte del religioso, ocurrida en octubre de 1974. "A mi me deja bastante optimista a futuro el resultado de esta causa. No sé si en definitiva logremos encontrar los restos del padre LLidó pero por lo menos vamos a poder dejar establecido como mínimo saber que ocurrió con él y quienes fueron los responsables", declaró el jurista
Primera Linea 24 de Junio 2002 - El vital testimonio de la Iglesia Decretada la reapertura del proceso por la desaparición y muerte del sacerdote español Antonio Llidó, los ojos de los querellantes se posan sobre los antecedentes que pueda aportar la Iglesia Católica en las diligencias ordenadas por la propia Corte de Apelaciones de Santiago al terminar con el sobreseimiento. Tras el abrupto cierre del proceso, decretado el 10 de enero de 1992, fueron muchos los elementos que quedaron en el aire, entre ellos el grado de conocimiento que tuvo Augusto Pinochet sobre el secuestro del sacerdote. Y es en este punto donde cobran vital relevancia los testimonios aportados por miembros del clero, los que deberán ser ratificados ante los tribunales. Aunque aún no se decide si la causa sigue abierta en el Décimo Cuarto Juzgado del Crimen, o bien se agrupa en la querella que fue interpuesta sólo hace un año en manos del ministro de fuero Juan Guzmán Tapia, lo cierto es que los querellantes en el proceso antiguo confirman que existen datos para que la investigación avance no sólo hacia el grupo operativo que torturó al prelado en José Domingo Cañas y Cuatro Alamos, sino también hay declaraciones que ponen en tela de juicio el conocimiento que tuvo Augusto Pinochet del crimen. Pese a la que Iglesia Católica ha preferido observar desde lejos el avance del caso -panorama que se ha repetido en otros procesos que involucran a sacerdotes como el caso de Michael Woodward en Valparaíso-, también ha colaborado solapadamente entregando testimonios. Oficialmente en el ambiente eclesial se afirma que no se trata de exigir justicia sino de aclarar un delito que les atañe de manera más directa y es igual de importante que cualquier víctima de la represión. "Es un marxista" Para los querellantes resulta imprescindible que se aborden por segunda vez las conversaciones que sostuvieron autoridades eclesiales con Pinochet, y en esa línea no se descarta que se cite a declarar al obispo de Copiapó, Fernando Ariztía. Su nombre salió a colación debido a que cuando ejerció como presidente de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, monseñor Ariztía, concurrió junto con el representante de la Iglesia Luterana, Helmut Frenz; el rabino judío Angel Kreiman, y el padre jesuita Fernando Salas, a entrevistarse con Pinochet en el edificio Diego Portales. El encuentro -según reza el proceso- se realizó a fines de 1974 o en los primeros meses de 1975, y en esa oportunidad los clérigos le presentaron al general una lista de detenidos desaparecidos, en donde figuraba el ex gerente de CobreChuqui David Silberman. El obispo Ariztía relata que al consultarle a Pinochet sobre el sacerdote Llidó, el general respondió escuetamente que "ese no es un cura; es un marxista", tras lo cual nada más se podía esperar. El mismo testimonio entregó el clérigo luterano en 1996 ante el juez español Baltasar Garzón, declaración que fue una de las piezas claves para que el magistrado abriera proceso contra Pinochet. Una comunicación, menos ofensiva, pero igualmente relevante para el proceso la tuvo en 1974 monseñor Emilio Tagle, al reunirse con Pinochet. Tras la consulta de rigor sobre la situación de Antonio Llidó, el militar afirmó que el prelado estaba bien y que pronto sería puesto en libertad. Este mismo comentario se repitió incansablemente, al punto que el mundo católico no tuvo más remedio que confiar que esta fuera la verdad. A juicio de la Iglesia es importante reivindicar el nombre del sacerdote español porque se ha olvidado su trabajo en el área social y se ha destacado más su posición política. Es así como la querella entablada en el 14 juzgado del crimen también intentará perseguir el delito "ultraje a un ministro de culto", junto con los tradicionales ilícitos de secuestro, homicidio y aplicación de tormentos. Programa de Derechos Humanos Otro giro que vivirá el proceso es si el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior inicia las gestiones para hacerse parte en la causa. La discusión aún no se realiza en el seno de la entidad gubernamental, pero se estima que debería concretarse, considerando la disposición del organismo a ayudar en todos los procesos "importantes" sobre detenidos desaparecidos. También se recuerda que el panorama jurídico que se vivió al momento de sobreseer el caso es diametralmente opuesto al actual. El criterio que antes primó para terminar con el proceso decretado por la misma Suprema hoy yace en el más absoluto olvido, ya que ha sido el máximo tribunal el que se ha negado sistemáticamente a aplicar la amnistía, la cosa juzgada y la prescripción del delito, considerando el secuestro como un ilícito de carácter permanente. Cúpula de José Domingo Cañas en la mira Este cambio también está enmarcado en la búsqueda de responsabilidades en el círculo de hierro que manejaba el campo de detención de José Domingo Cañas a cargo de la Dina. El recinto clandestino fue conocido como lugar de tránsito de los prisioneros políticos, en donde la aplicación de apremios ilegítimos era una práctica diaria. La idea de los querellantes es citar a declarar por segunda vez al jefe del recinto, el oficial (r) de Carabinero, Ciro Amerto Torre Sáez, quien en su testimonio anterior había negado enfáticamente que el sacerdote hubiera recibido algún grado de agresión al interior del recinto. Al mismo tiempo se intentará avanzar en dirección al brigadier (r) Marcelo Moren Brito, el coronel (r) Miguel Krassnoff Marchenko y el oficial de Gendarmería Orlando Manzo Durán, quien fuera el responsable del recinto de la DINA llamado Cuatro Alamos. En el caso del primero su nombre surge porque el sacerdote -según testigos- fue "auscultado por un médico de la Dina, el cual recomendó su hospitalización inmediata, recomendación que fue rechazada por un oficial de apellido Morel, quien respondió que ello no era posible". Al solicitarle que identificara físicamente a este oficial se comprobó que se trataba de Moren Brito. En el caso Krassnoff, tuvo un tristemente célebre paso por José Domingo Cañas y Cuatro Alamos y ejerció hasta 1991 como coronel en Valdivia, tras lo cual pasó a retiro. Ocupó el cargo de jefe de Estado Mayor de la Cuarta División y dirigió la Agrupación Halcón de la Dina. La evidencia irrefutable de los testimonios constituye el elemento que relata de mejor forma la violencia con que fue tratado el sacerdote. Así se cuenta que "sufría frecuentes hemorragias estomacales", derivadas de las constantes sesiones en que se le aplicaba electricidad. Se destaca que tras ser trasladado a Cuatro Alamos, el 11 de octubre de 1974, junto a un grupo de diez prisioneros, fue tratado de manera brutal. Pese a su precaria condición -presentaba intensos dolores en el pecho- en la noche del 13, "los presos más antiguos organizaron un pequeño coro para levantar el ánimo de los que venían llegando de las casas de interrogación y tortura. En la mitad de la sesión de canto, se oyó la voz débil del cura que se sumaba al coro y que siguió cantando un buen rato. En los días siguientes, Antonio Llidó cantó, bailó, hizo clases de francés y conversó largamente con todos los presos de la celda. En su condición de sacerdote, era buscado por los prisioneros que requerían ayuda para reflexionar sobre su propia situación. Cerca de un día domingo, se le propuso que celebrara la Misa, lo que suscitó un largo y fraternal debate pues no había dificultad para obtener pan, pero el padre insistía que era necesario algo de vino, aunque sólo fueran unas gotas". El relato de un ex prisionero continúa señalando que se le solicitó al guardia conocido como Carlos "Mauro" -que en realidad se llamaba Carlos Carrasco Matus y que posteriormente se convirtió en otro detenido desaparecido- que consiguiera vino. La misa nunca se concretó, de hecho, el guardia no pudo hallar vino para el domingo, se excusó de esta postergación, pero se comprometió a que la semana siguiente tendría el licor para realizar adecuadamente la ceremonia religiosa, pero eso fue muy tarde para Llidó. Un día en la mañana -según los cálculos de los prisioneros el 25 de octubre de 1974- un grupo de guardias se llevaron a varios detenidos, entre ellos Llidó. Nunca más se supo del sacerdote 15 de Mayo 2003 El Mostrador Justicia chilena procesa por primera vez en Caso Llidó Por primera vez, la justicia chilena dictó autos de procesamientos en contra de personas que participaron en el secuestro calificado del sacerdote español Antonio Llidó. El caso del sacerdote fue uno de los que determinó la detención en Inglaterra del general (R) Augusto Pinochet Ugarte, a raíz de la investigación que llevaba el juez español Baltasar Garzón. Esta mañana fueron sometidos a proceso como autores del secuestro calificado, nueve ex integrantes de la DINA, incluida su plana mayor. Los encausados son Manuel Contreras Sepúlveda, Marcelo Moren Brito, Miguel Krasnov Marchenco, Osvaldo Romo Mena, Maximiliano Ferrer Lima, Fernando Lauriani Maturana, Orlando Manzo Durán, Ciro Torré Sáez y Brazclay Zapata Reyes. El sacerdote Llido fue detenido ilegalmente en octubre de 1974 y visto por ultima vez en el centro de reclusión clandestino de Cuatro Álamos. Agentes de la DINA lo torturaron por ayudar y dar protección a militantes del MIR.
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