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CLAUDIO RAUL JIMENO GRENDI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rut : 4.555.064 de Santiago
F.Nacim. : 29-05-40, 33 años de edad a la fecha de su detención
Domicilio : Ramón Sotomayor 2951, Santiago
E.Civil : Casado, 2 hijos
Actividad : Sociólogo
C.Repres. : Asesor de la Secretaría General de Gobierno. Militante del Partido Socialista
F.Detenc. : 11 de septiembre de 1973

Claudio Raúl Jimeno Grendi, casado, dos hijos, sociólogo, militante del Partido Socialista, fue detenido el 11 de septiembre de 1973, al salir el último grupo de personas que se encontraban al interior del Palacio de La Moneda. Fue trasladado al Regimiento Tacna donde permaneció hasta el 13 de septiembre, fecha en que fue conducido en un camión militar con destino desconocido y hasta hoy permanece desaparecido.
Claudio Jimeno era asesor de la Subsecretaría de Gobierno y el 11 de septiembre en la mañana cumplía sus funciones profesionales en el Palacio Presidencial de La Moneda, sede del Gobierno fue tomado por efectivos de Infantería y de tanques del Ejército, dirigidos por el General Javier Palacios, a los que se sumaron más tarde fuerzas de Carabineros. A las 11 de la mañana comenzó el bombardeo de parte de la Fuerza Aérea de Chile, que destruyó gran parte de La Moneda.
Los miembros de la Guardia Presidencial, más conocida por el calificativo de GAP, grupo de amigos personales -aludiendo a una expresión del propio Presidente de la República- y otras personas, permanecieron en el Palacio hasta que recibieron la orden del Presidente Salvador Allende de salir, lo que se hizo por una puerta de calle Morandé 80 del Palacio de La Moneda. Allí fueron encañonados y golpeados por los Militares y se les ordenó tenderse en el suelo con las manos en la nuca, estando permanentemente amenazados, incluso de ser aplastados por un tanque que se dirigió hacia ese lugar.
Estos hechos fueron profusamente registrados en material gráfico que se publicó en la prensa nacional. Un reportaje especial con este material fotográfico fue publicado por la revista QUE PASA.
Dos miembros de la Guardia Presidencial, Antonio Aguirre Vásquez y Osvaldo Ramos Rivera fueron hechos prisioneros en el interior de La Moneda y fueron enviados a la Posta de la Asistencia Pública porque estaban heridos, algunos días después estas dos personas fueron sacados desde dicho centro asistencial, por efectivos Militares, encontrándose desde entonces en calidad de detenidos desaparecidos. Otros miembros del GAP que venían de la residencia presidencial de El Cañaveral y Tomás Moro, no alcanzaron a ingresar en La Moneda, siendo detenidos en sus proximidades por Carabineros. Ellos eran, entre otros, Gonzalo Jorquera Leyton, Williams Osvaldo Ramírez Barría, Carlos Cruz Zavala y Domingo Blanco Tarrés, quienes formaban parte de un grupo de aproximadamente 13 personas, algunos de los cuales fueron posteriormente ejecutados, en tanto que los otros permanecen en calidad de detenidos desaparecidos.
Las personas detenidas en La Moneda permanecieron en la calle Morandé hasta las 18:00 horas. A esa hora, estos prisioneros fueron conducidos en dos vehículos militares al Regimiento Tacna, ubicado a unas 12 cuadras del Palacio de La Moneda, la mencionada unidad militar estaba a cargo del Coronel Joaquín Ramírez Pineda.
Los sobrevivientes de estos acontecimientos han entregado la información que permite reconstruir los hechos: los prisioneros permanecieron en el mencionado Regimiento hasta el día 13 de septiembre. Mientras estuvieron detenidos en ese Regimiento fueron obligados a arrastrarse hincados, estar tendidos, con los brazos sobre la nuca o de pie con los brazos en alto. Durante casi 48 horas debieron permanecer en posiciones dolorosas, en terreno áspero o de huevillo, siendo pisoteados por los militares que corrían sobre ellos y que los golpeaban con las culatas de sus armas o les proferían heridas con sus yataganes, con la permanente vigilancia de guardias armados de ametralladoras, quienes los amenazaban y solicitaban a los Oficiales ejecutarlos de inmediato. Posteriormente permanecieron en un sector denominado los boxes o antiguas caballerizas; desde allí los prisioneros eran llevados a una oficina ubicada en el segundo piso del Regimiento, donde eran torturados e interrogados por personal del Servicio de Inteligencia Militar, SIM. Posteriormente eran devueltos, en malas condiciones físicas, a reunirse con los otros prisioneros y a continuar en las posiciones dolorosas que les asignaban. Cada cambio de guardia comenzaba con una golpiza a culatazos de los prisioneros.
Estos prisioneros eran 49 personas. De ellas se ordenó liberar, al día siguiente, a los 17 funcionarios de Investigaciones que integraban el equipo de protección presidencial y se separó a algunos otros prisioneros. Finalmente quedaron como prisioneros un grupo de personas, de las cuales se ha identificado a 21 de ellas: diez asesores del Presidente de la República o funcionarios del gobierno, diez miembros de la Guardia Presidencial y un obrero. Los asesores del Presidente eran Jaime Barrios Meza, ingeniero comercial, asesor presidencial y Gerente General del Banco Central de Chile; Sergio Contreras, relacionador público de la Intendencia y periodista; Daniel Escobar Cruz, Jefe del Gabinete del Subsecretario del Interior; Enrique Huerta Corvalán, Intendente de Palacio; Claudio Jimeno Grendi, sociólogo, asesor presidencial; Georges Klein Pipper, médico, asesor presidencial; Eduardo Paredes Barrientos, médico, asesor presidencial y ex Director de Investigaciones; Enrique París Roa, médico psiquiatra, asesor presidencial y miembro de Consejo Superior de la Universidad de Chile; Héctor Ricardo Pincheira Núñez, estudiante de medicina, asesor presidencial; y Arsenio Poupin Oissel, abogado, Subsecretario General de Gobierno y asesor presidencial. Los miembros de la Guardia Presidencial, que han podido ser identificados son los siguientes: José Freire Medina, Daniel Gutiérrez Ayala, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Hernán Moreno Pulgar, Luis Rodríguez Riquelme, Jaime Sotelo Ojeda, Julio Tapia Martínez, Oscar Valladares Caroca y Juan Vargas Contreras. Además estaba el obrero Oscar Luis Avilés Jofré, quien había concurrido a La Moneda en apoyo al Gobierno.
El detective Juan Seoane recuerda entre los detenidos a Claudio Jimeno, a quien vio mientras estaban detenidos en una caballeriza del Regimiento Tacna.
Alrededor de las 14:00 horas del día 13 de septiembre de 1973 estos prisioneros, amarrados de pies y manos fueron arrojados en un camión militar, unos encima de los otros y conducidos fuera del Regimiento con destino desconocido. Casi todos los miembros de la Guardia Presidencial que estuvieron en La Moneda el día 11 de septiembre de 1973 fueron ejecutados o desaparecieron. Sin embargo, uno de los que logró sobrevivir y ha contribuido a reconstruir estos hechos, es Juan Bautista Osses Beltrán, quien fue llevado detenido al Regimiento Tacna, pero fue incorporado a otro grupo de prisioneros, lo que le permitió salir con vida después de estar en prisión en el Estadio Chile y en el Estadio Nacional.
Osses señala en su extensa declaración que un grupo de 13 miembros de la Guardia Presidencial acompañó a Allende a La Moneda y fue detenido en su interior. Posteriormente, junto con los demás prisioneros fue conducido al Regimiento Tacna y allí fueron informados que serían fusilados a las 12 de la noche, después que el fusilamiento sería a las 3:00 horas y más adelante, se señaló a las 6:00 horas. Osses ha reconocido que entre los detenidos en el Tacna se encontraban Héctor Daniel Urrutia, Daniel Gutiérrez, Enrique Huerta, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio, Julio Moreno, Eduardo Paredes, Enrique París, Georges Klein, Héctor Pincheira, Arsenio Poupin, Luis Rodríguez Riquelme y Oscar Valladares.
El testigo fue sacado del Regimiento Tacna en la madrugada del día 13 de septiembre de 1973 y conducido junto a otros detenidos al Estadio Chile.
Beatriz Celsa Parrau Tejos, quien estuvo detenida en el Regimiento Tacna, ha podido brindar algunos antecedentes importantes. Ella estaba en INDUMETAL donde atendía a un herido en su calidad de enfermera. A las 18 horas del 11 de septiembre, esta empresa fue ocupada por Carabineros y todos los que allí estaban quedaron detenidos y fueron conducidos a una Comisaría y el mismo día, trasladados al Regimiento Tacna. Allí supo que estaban detenidos los que habían sido apresados en La Moneda y a pesar de estar separada de ese grupo, tuvo la oportunidad de verlos cuando iban al baño o cuando eran conducidos a los interrogatorios. Allí vio a varios médicos, que conocía por sus actividades profesionales y a dirigentes del gobierno, entre ellos vio a Claudio Jimeno. También observó a numerosos grupos de otros prisioneros que ingresaban o salían. El 13 de septiembre, a mediodía, a través de las rendijas del galpón en que estaban encerradas unas 90 mujeres, Celsa Parrau pudo ver salir un camión del Regimiento llevando bultos que parecían cuerpos humanos. Cuando las sacaron del mencionado galpón, a las 14:30 horas, observó que ya no estaban los prisioneros de La Moneda.
Por su parte, el Jefe de Investigaciones en La Moneda, el detective Juan Seoane, permaneció entre los detenidos de La Moneda hasta después del mediodía del 13 de septiembre, momento en que pudo presenciar como se llevaban a los prisioneros en un camión militar.
Según testimonios de los sobrevivientes, ellos escucharon de los militares que participaron en la operación, que los habían llevado a los campos militares de Peldehue, ubicados en Colina, donde habrían sido fusilados e inhumados.
Un soldado del Regimiento Tacna, que pudo presenciar parte de los hechos, relató que los prisioneros fueron amarrados con alambre y lanzados a un camión Pegaso del Ejército que integró un convoy que salió del cuartel a las 14:00 horas aproximadamente, mientras se ordenaba a todos los conscriptos permanecer recluidos en sus cuadras y no transitar por los patios. En la tarde regresó el contingente que había formado parte del convoy y se corrió la voz entre los militares que los prisioneros habían sido conducidos al predio destinado a polígono de tiro que el Regimiento Tacna tiene en los campos militares de Peldehue, en Colina, allí habrían sido ultimados frente a un hoyo o fosa, de un diámetro de unos cinco a seis metros y de varios metros de profundidad, que existía a poca distancia de la vivienda empleada por el personal de guardia del predio. Los prisioneros eran colocados en grupos de cuatro al borde de la fosa y se les disparaba. Una vez ejecutados y arrojados al fondo del foso, se habrían lanzado granadas en su interior y así continuaron las ejecuciones de cuatro en cuatro. El soldado agrega que le correspondió ir al predio mencionado a fines de septiembre de 1973 y encontró la citada fosa tapada. Allí le confirmaron que se había enterrado a los ejecutados en ese lugar y que éstos eran 26 ó 27, los cuales antes de ser asesinados gritaron consignas alusivas al gobierno de la Unidad Popular.
El hogar de Claudio Jimeno fue allanado a fines de septiembre de 1973.
Sin embargo, esta matanza de prisioneros no ha sido jamás reconocida oficialmente ni se han entregado los cadáveres, y las personas mencionadas, entre ellas, Claudio Jimeno Grendi, se encuentran desaparecidas desde el 13 de septiembre de 1973.


GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
El 14 de septiembre de 1973 se presentó un recurso de amparo colectivo, que incluyó a Claudio Jimeno, con el patrocinio del ex Vice-presidente de la República, Bernardo Leighton. Este amparo roló bajo el N°516-73. Ese mismo día La Corte de Apelaciones de Santiago lo rechazó.
El 29 de marzo de 1974 se presentó un recurso de amparo por 131 personas desaparecidas a partir del 11 septiembre de 1973, que incluyó al afectado. Este recurso fue rechazado por la Corte el 28 de diciembre de 1974, en virtud de que a juicio de los ministros no se reunieron los antecedentes sobre su actual paradero y las circunstancias de estar detenido. Esta resolución que fue confirmada por la Corte Suprema el 31 de enero de 1975, que recomendó la designación de un Ministro en Visita. El 20 de febrero de 1975 se designó como Ministro en Visita Extraordinaria al magistrado Enrique Zurita, el que se constituyó en el Primer Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago e inició el proceso rol N°106.657. El 29 de septiembre del mismo año, este magistrado se declaró incompetente, fundando su resolución en que en los distintos casos investigados aparecen involucrados en calidad de aprehensores, miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden.
El Juez Militar de Santiago aceptó su competencia en estos casos el 1° de julio de 1976 se inició el proceso rol N°1.382-76. El 9 de agosto del mismo año el Fiscal Militar designado para la investigación declaró cerrado el sumario y el 14 de septiembre sobreseyó temporalmente el proceso.
El 2 de febrero de 1990, el Segundo Juzgado Militar sobreseyó total y definitivamente la causa rol 1.382-76, en virtud de las disposiciones del Decreto Ley 2191 de 1978 que establece la amnistía para las personas que hayan incurridos en determinados hechos delictuosos durante el lapso comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978.
El abogado de la parte perjudicada presentó un recurso de apelación a este sobreseimiento argumentando que esta resolución es improcedente, agraviante y abusiva porque paraliza para siempre la búsqueda de la verdad de los hechos, amnistía a personas desconocidas y deja en la impunidad los hechos denunciados.
El 22 de febrero de 1990 este Tribunal concedió el recurso de apelación y elevó la causa a la Corte Marcial.
En abril de 1979 se presentó otro recurso de amparo el que no fue acogido a tramitación por provenir del extranjero.
El 31 de diciembre de 1990 la cónyuge de Claudio Jimeno Grendi presentó una denuncia por presunta desgracia en la persona de éste. En el escrito señala que se ve en las obligación de instar esta acción judicial y procurar que sea la Justicia, la que entregue una respuesta satisfactoria a lo acontecido porque no se puede vivir eternamente sobre la base de informaciones no confirmadas. A esta causa ingresó con el rol N° 126465-6 y se tramita en el Quinto Juzgado del Crimen de Santiago, a fines de 1992 se encontraba en estado de sumario.


EL MOSTRADOR

30 de Junio de 2000

En secreto fue presentada querella 127 contra Pinochet

La familia de Claudio Jimeno, quien fuera asesor del Presidente Salvador Allende, prefirió al anonimato. En el más estricto sigilo fue presentada ayer la querella 127 contra Augusto Pinochet. La familia de Claudio Jimeno Grendi, quien fuera asesor del Presidente Salvador Allende al momento del golpe de estado, prefirió hacerlo sin la presencia de cámaras y evitarse las consultas periodísticas.


Primera Linea

4 de Abril 2002

Corresponden a detenidos desaparecidos de La Moneda

La ministra en visita Amanda Valdovinos, a cargo de verificar información de la Mesa de Diálogo sobre la ubicación de los restos de unos 20 detenidos desaparecidos al interior del Regimiento Justo Arteaga, de Colina, descubrió el lugar exacto donde fueron inhumados clandestinamente los cuerpos tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Una fuente exclusiva confirmó a La Voz que los restos están en un pozo de 15 metros de profundidad.
En enero pasado, los trabajos de excavación en el terreno -que fue donado por la Iglesia Católica al Ejército para prácticas de guerra antes del golpe militar- se concentraron en una fosa de 15 por 13 metros, desde donde se han extraído, hasta la fecha, más de 400 fragmentos óseos esparcidos en una profundidad de cerca de tres metros.
Sin embargo, los estudios del suelo realizados por un botánico y por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) permitieron precisar que los fragmentos corresponden a los restos dejados por la remoción de las osamentas a finales de la década del '70. La precisión de los especialistas es tal, que se determinó que, por su ubicación fueron arrastrados desde uno de los extremos del sitio de excavación mediante el uso de una máquina retroexcavadora, cuyas características, (marca, modelo y propiedad) están acreditadas en el proceso.

Pozo equivalente a seis pisos
Los fragmentos, entre los que se cuentan cráneos, falanges, vértebras, dientes y arcadas, provienen de un pozo de unos cinco metros de diámetro y unos 15 metros de profundidad -equivalente a un edificio de seis pisos- donde fueron arrojados los cuerpos, una vez fusilados los detenidos y dinamitados (mediante granadas) en su interior. En los próximos días, las excavaciones se concentrarán en ese lugar y no se descarta que se verifiquen hallazgos de gran magnitud de osamentas.
Hasta el momento, con las recolecciones efectuadas, el Servicio Médico Legal ha podido aproximar en una decena las personas cuyos restos estaban en el lugar. Sin embargo, con las piezas dentales y los antecedentes con que cuenta el proceso se han podido confirmar cinco identidades, que sólo serán oficializadas una vez agotadas las diligencias.
Los familiares de las presuntas víctimas han sido informadas periódicamente por la jueza Valdovinos El último informe entregado por la ministra a la Corte Suprema confirma, además, los errores en el informe entregado por el Ejército a la Mesa de Diálogo, ya que el lugar ha sido localizado gracias a testimonios de lugareños y ex uniformados que se han acercado voluntariamente al tribunal. Todos los antecedentes reunidos por la ministra Amanda Valdovinos serán derivados a los tribunales del Crimen o militares que correspondan para determinar a los responsables de los homicidios y las inhumaciones y exhumaciones ilegales acreditadas en la investigación.

¿Quiénes son?
Según el Informe Rettig, 21 fueron los detenidos de La Moneda que terminaron trágicamente en Colina. Los asesores del Presidente Allende Eduardo Paredes Barrientos, ex director de Investigaciones; Enrique París Roa, Jaime Barrios Meza, gerente general del Banco Central; Sergio Contreras, Daniel Escobar Cruz, Enrique Huerta Corvalán, Claudio Jimeno Grendi, doctor Georges Klein Pipper, Héctor Pincheira Núñez y Arsenio Poupin Oissel, subsecretario General de Gobierno. Los miembros del GAP José Freire Medina, Daniel Gutiérrez Ayala, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Moreno Pulgar, Luis Rodríguez Riquelme, Jaime Sotelo Ojeda, Julio Tapia Martínez, Héctor Urrutia Molina, Oscar Valladares Caroca, Juan Vargas Contreras y Oscar Luis Avilés Jofré.


El Mercurio

1 de Septiembre 2005

Ministro prescribe caso de remoción de cuerpos de detenidos desaparecidos

El ministro Juan Eduardo Fuentes encargado de investigar la remoción de cuerpos desde el Regimiento Peldehue en 1978 prescribió la acción judicial en contra de miembros en retiro del Ejército, por considerar que no están conectados con el delito principal de la causa, el secuestro permanente.

La decisión del juez se aplicó en el caso ocurrido en 1978 con los cuerpos de los ex asesores del Presidente Salvador Allende que fueron detenidos en el Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973.

Según informó radio Cooperativa, el dictamen deja sin efecto los procesamientos que pesaban sobre los suboficiales en retiro Fernando Remigio Burgos Díaz, Sergio Antonio Medina Salazar, Isidro Custodio Durán Muñoz y el oficial retirado José Jaime Darrigrandi Marques.

El fallo sostiene que el hecho constituye una infracción al artículo 144 del Código Sanitario y no tiene el carácter de "crimen o delito de lesa humanidad".

Los procesamientos dejados sin efecto correspondían a la presunta remoción de los restos del ex gerente del Banco Central Jaime Barrios Meza, el intendente de Palacio Enrique Huerta Corvalán; el dirigente del PS Claudio Jimeno Grendi; el dirigente comunista Georges Klein Pipper; el ex subsecretario general de Gobierno Arsenio Poupin Oissel y del ex jefe de gabinete de la Subsecretaría del Interior Daniel Escobar Cruz.

A ellos se suman, de Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Moreno Pulgar, Julio Tapia Martínez, Oscar Valladares y Juan Vargas Contreras, todos miembros del Grupo de Amigos del Presidente y militantes del Partido Socialista.


El Mercurio

20 de Marzo 2009

Corte aprueba ampliación de extradición de general (r) Joaquín Ramírez Pineda

El comandante del Regimiento Tacna en 1973 está procesado en Chile por los secuestros calificados en el denominado caso Palacio de La Moneda.

La Corte Suprema amplió la solicitud de extradición a Argentina de Luis Joaquín Ramírez Pineda, comandante del Regimiento Tacna en 1973, quien se encuentra detenido en Buenos Aires.

Ramírez Pineda está procesado en nuestro país por el ministro Juan Eduardo Fuentes Belmar en la investigación por secuestros calificados en el denominado caso Palacio de La Moneda.

En fallo unánime, los ministros de la Segunda Sala Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros, Jaime Rodríguez, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller, acogieron la solicitud planteada por el ministro Fuentes Belmar en el caso de 9 víctimas que se encuentran desaparecidas desde el 11 de septiembre de 1973.

Se trata de Jaime Gilson Sotelo Ojeda, Sergio Contreras, Héctor Ricardo Pincheira Núñez, José Freire Medina, Juan Eduardo Paredes Barrientos, Egidio Enrique Paris Roa, Manuel Ramón Castro Zamorano, Daniel Antonio Gutiérrez Ayala y Fernando Rodríguez Riquelme.

En 2003, la Corte Suprema decidió remitir una solicitud de extradición del procesado por los casos de secuestro de Jaime Antonio Barrios Meza, Daniel Francisco Escobar Cruz, Enrique Lelio Huerta Corvalán, Claudio Raúl Jimeno Grendi, Jorge Klein Pipper, Óscar Reinaldo Lagos Ríos, Juan José Montiglio Murúa, Julio Hernán Moreno Pulgar, Arsenio Poupin Oissel, Julio Fernando Tapia Martínez, Óscar Enrique Valladares Caroca y Juan Alejandro Vargas Contreras, también ocurridos a partir de 1973 en el Palacio de la Moneda.

Los antecedentes de la ampliación de la solicitud de extradición ya fueron remitidos al Ministerio de Relaciones Exteriores para que los remita a Argentina a su tramitación en ese país.


La Nación

26 de enero de 2009  

Máximo tribunal declaró prescrita la acción presentada por los hijos de Claudio Jimeno Grendi

El sociólogo Claudio Jimeno Grendi fue un estrecho colaborador del Presidente Salvador Allende y como tal integró el último grupo de personas que abandonó La Moneda tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Ese día, cerca de las seis de la tarde, fue aprehendido y trasladado al Regimiento Tacna, lugar en el que permaneció un par de días para luego ser asignado a otro recinto de detención, donde se le perdió su pista. Su nombre engrosó la lista de desaparecidos que fueron calificados como víctimas de la violaciones de los derechos humanos cometidas bajo la dictadura.

A pesar de ello, la Corte Suprema hace algunos días declaró prescrita la demanda interpuesta por sus hijos Diego y Cristóbal Jimeno Chadwick, declarándola prescrita. Esto significa que el máximo tribunal determinó que la acción civil, que buscaba una indemnización por los daños que sufrió la familia del desaparecido militante socialista, excedió los plazos legales de tramitación.

Para los jueces esta acción debería haber sido presentada hasta cuatro años después de ocurrida la desaparición (hasta 1977) o cuatro años desde que los hijos cumplieron la mayoría de edad (hasta 1987) o, en su defecto, cuatro años después de que "el país volvió a la normalidad democrática", plazo que se habría vencido en 1994.

Según consta en el expediente de la causa, la demanda fue proveída en 1999 lo que a juicio de la mayoría de los magistrados que integró la sala excedió todos los plazos y terminó por desechar la acción indemnizatoria.

Voto en contra

Esta resolución contó con el voto en contra del ministro Haroldo Brito, quien estuvo por acoger el pago de la indemnización a favor de los hijos de Jimeno Grendi pues a su juicio esta no es una acción que se enmarque dentro de una relación contractual, ni de índole patrimonial, pues las motivaciones para presentar la demanda son "simplemente humanitarias". El juez agrega que los demandantes buscan compensaciones por "la detención y posterior desaparición del progenitor en completa indefensión por militares que disponían de gran poder de coerción".

Asimismo, señala que negar esta indemnización vulnera tratados internacionales que indican que "el derecho a la reparación es un derecho fundamental, esto es uno de aquellos que los estados declaran para asegurar y hacer posible la convivencia democrática". Por ello, las acciones compensatorias en este caso "por su naturaleza son imprescriptibles", concluye.

Desconocimiento Comisión

El argumento acogido por la Corte Suprema respecto a la prescripción fue presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), demandados en esta acción judicial. Antes, la Corte de Apelaciones de Santiago también había acogido la causal de prescripción para rechazar la demanda, sin embargo, en esa ocasión desechó otra tesis planteada por el fisco.

El CDE en su contestación señaló que el Informe Rettig "no constituye una prueba judicial" porque no se logró a propósito de un determinado proceso, por lo que le negó "valor para acreditar la detención y posterior desaparición de Claudio Jimeno Grendi por la acción de agentes del Estado".

A este respecto, el tribunal de alzada llamó la atención indicando que no era posible que el organismo encargado de la defensa de los intereses del Estado niegue o se desentienda de una comisión creada por el mismo Estado más precisamente porque ésta fue una iniciativa del Poder Ejecutivo.

Tras esta resolución, la esperanza de la familia de Claudio Jimeno está puesta en la investigación penal, aún en curso, que busca determinar quiénes fueron los responsables de la desaparición del colaborador del "Chicho".


Esta pagina fue modificada el 01/01/2014

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