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ANGEL GABRIEL GUERRERO CARRILLO

 
Rut : 5.712.335
F.Nacim. : 26 02 52, 24 años a la fecha de su detención
Domicilio : José Pedro Alessandri 5065, Ñuñoa, Santiago
E.Civil : Soltero
Actividad : Estudiante del DUOC
C.Repres. : Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR); ex dirigente estudiantil secundario
F.Detenc. : 25 de mayo de 1976



Angel Gabriel Guerrero Carrillo, soltero, estudiante del DUOC, militante del MIR, fue detenido el 25 de mayo de 1976, alrededor de las 17:00 horas, en Antonio Varas con Providencia, en presencia de Audalia Erica Quintanilla, por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), quienes lo trasladaron a Villa Grimaldi - centro secreto de detención y tortura de la DINA - en donde lo vieron testigos y desde donde desapareció.
Ese día, Angel Gabriel Guerrero se encontró en el lugar señalado con su tía política, Erica Audalia Quintanilla. Según lo relató la testigo, cuando ambos caminaban, dos hombres se cruzaron con ellos, los que repentinamente se volvieron y tomaron bruscamente al afectado por la espalda, tirándolo al suelo y procediendo a registrarlo. Erica Audalia alcanzó a escuchar cuando uno de los agentes decía que algo le habían encontrado a Angel Gabriel. Ella no supo de qué se trataba.
De inmediato los agentes subieron a la víctima a un auto Peugeot color blanco. Simultáneamente, un tercer desconocido y una mujer asieron a Erica Audalia Quintanilla por los brazos y la subieron a otro vehículo que avanzaba desde Antonio Varas. En esos momentos, la mujer que la había aprehendido se alejó del lugar. Un par de cuadras después, la empujaron fuera del auto, dejándola libre. La testigo perdió de vista el Peugeot en que llevaban a su sobrino. Al día siguiente, dos civiles llegaron hasta la casa donde trabajaba Erica Audalia y la interrogaron sobre la detención de la víctima, habiéndose identificado como "de Investigaciones".
Angel Gabriel Guerrero Carrillo fue mantenido recluido en Villa Grimaldi. Aquí fue visto meses más tarde por Ricardo Arturo Alarcón, quien fue detenido por la DINA el 18 de agosto de 1976 y trasladado a dicho recinto. Alarcón fue torturado e interrogado. En una de las salas de interrogatorio vio al afectado, con quien se conocían desde su época de dirigentes estudiantiles secundarios. Lo estaban interrogando sobre cuestiones específicas partidarias y sobre unas cartas que había intercambiado con Alarcón. También Isaac Godoy Castillo vio al afectado en Villa Grimaldi. El testigo señaló que se trataba "de un joven que jamás habló ni dijo nada".
El afectado era buscado por los Organismos de Seguridad desde 1974. En octubre de ese año se allanó el domicilio de sus padres y fue detenido su hermano Washington Guerrero, a quien los Tribunales Militares condenaron a tres años y un día de prisión. Posteriormente, en noviembre de 1975, nuevamente se allanó su domicilio, esta vez por personal de Investigaciones que llevaban una orden de detención en contra del afectado. La situación se repitió en enero de 1976. Dicha orden había sido despachada en diciembre de 1974 por la 2a. Fiscalía Militar de Santiago en un proceso por ley de control de armas de 1972.
Al día siguiente de la detención del afectado, fueron detenidos Oscar Dante Valdivia y Luis Hernán Núñez Rojas, también militantes del MIR quienes se encuentran desaparecidos hasta la fecha, al igual que la víctima.


GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
El 27 de mayo de 1976 se interpuso un recurso de amparo por la víctima ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el que fue rolado con el Nº 455?76. Durante la tramitación de éste, la 2º Fiscalía Militar informó de la orden de aprehensión pendiente en contra de la víctima, mientras que el Ministro del Interior señalaba no registrar antecedentes relacionados "con su eventual detención" (7 de junio de 1976). El 16 de junio de 1976 y sólo sobre la base de estos informes se rechazó el amparo, remitiéndose los antecedentes al Juzgado del Crimen correspondiente. Se apeló de la resolución a la Corte Suprema, la que confirmó el fallo el 21 de junio del mismo año. En el 6º Juzgado del Crimen de Santiago se instruyó el proceso rol 94.218, iniciado el 1 de julio de 1976. El 12 de julio del mismo año, el Tribunal ofició al Director de la DINA solicitando información sobre la detención del afectado. El 19 de julio, dicho organismo informó que el Oficio debía ser remitido al Ministerio del Interior. Por su parte, esta Secretaría de Estado, había informado, el 15 de julio de 1976, que Angel Gabriel no se encontraba detenido por orden de ese Ministerio. Firmaba el General de División y Ministro del Interior, raúl Benavides Escobar.
El 18 de abril de 1977 se interpuso querella criminal por el delito de secuestro en contra de aquellos agentes que resultaren responsables, la que fue acumulada a la causa ya en trámite.
Sin que se hubiese avanzado en la investigación, el 19 de mayo de 1978, por aplicación de la Ley de Amnistía (D.L.2.191, de abril de 1978), se cerró el sumario y sobreseyó definitivamente la causa. Se apeló del fallo, y el 30 de junio del mismo año, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la resolución "por no encontrarse agotada la investigación". Se solicitó entonces la citación a declarar del testigo de la reclusión del afectado, Ricardo Alarcón, y que se enviara un Oficio a la CNI recabando información relativa a la víctima. El 8 de agosto de 1978, el Coronel Jerónimo Pantoja Henríquez, Jefe del Estado Mayor de la CNI, respondió al Tribunal que cualquier solicitud debía ser dirigida al Ministerio del Interior, agregando que "en CNI no existen detenidos, ni constancias relativas a los mismos". Posteriormente, el 23 de mayo de 1979, la causa empezó a ser vista por el Ministro en Visita Servando Jordán López, designado en calidad de tal por la Corte Suprema para investigar los casos de detenidos?desaparecidos denunciados en la jurisdicción de Santiago (marzo de 1979). Ante él declaró el testigo Ricardo Alarcón.
Después de tomar conocimiento de la causa instruida en contra del afectado por la Justicia Militar, por robo de material de guerra y sin mayores diligencias, el Ministro Jordán se declaró incompetente para seguir conociendo de la investigación y remitió los antecedentes a la Justicia Militar, el 16 de enero de 1980. Se apeló de la resolución, haciéndose notar en la presentación que "la Visita tiene aún un largo trayecto que recorrer antes de pronunciarse acerca de cuál es el Tribunal competente en definitiva". Se afirmaba que la represión, en 1974, se dirigió fundamentalmente en contra de los miembros del MIR, lo mismo que en la primera parte de 1975. Durante el resto de ese año, la DINA dirigió sus acciones en contra del Partido Socialista, para centrarse en 1976 en miembros del Partido Comunista. El 17 de marzo de 1981, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la resolución de incompetencia del Ministro Jordán, lo que implicó la presentación de un Recurso de Queja ante la Corte Suprema, la que no le dio lugar el 12 de mayo del mismo año.
De esta manera, los antecedentes fueron remitidos a la Justicia Militar, la que los acumuló a la causa rol 553?78, que instruía la 2º Fiscalía Militar de Santiago. Dicho proceso se había iniciado el 1º de agosto de 1978, en el 10º Juzgado del Crimen de Santiago cuando 70 familiares de detenidos?desaparecidos presentaron una querella por el delito de secuestro en contra del General Manuel Contreras Sepúlveda, de Marcelo Luis Manuel Moren Brito y de Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, Coronel y Teniente Coronel de Ejército respectivamente. El Juez se declaró incompetente y remitió las piezas a la Justicia Militar, la que las radicó en la 2º Fiscalía. El proceso fue rolado con el Nº 553 78.
En 1983 el Tribunal tuvo a la vista los cuatro cuadernos de instalación de la Visita Extraordinaria por casos de detenidos desaparecidos de la Región Metropolitana, que sustanció el Ministro Servando Jordán, en ellos se contenía importante información respecto al actuar de la DINA y a la responsabilidad de ese organismo de seguridad en cientos de detenidos desaparecidos.
Sin que se realizaran diligencias durante cuatro años, el 20 de noviembre de 1989, el Teniente Coronel de Ejército Enrique Ibarra Chamorro, Fiscal General Militar, solicitó para esta causa la aplicación del Decreto Ley de Amnistía (D.L. 2.191), porque el proceso había tenido como finalidad exclusiva la investigación de presuntos delitos ocurridos durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978 y porque, durante los 10 años de tramitación, no se había logrado "determinar responsabilidad de persona alguna". El 30 de noviembre de 1989 la solicitud fue acogida por el 2do. Juzgado Militar, el que sobreseyó total y definitivamente la causa - la que aún se encontraba en etapa de sumario - por "encontrarse extinguida la responsabilidad penal de las personas presuntamente inculpadas en los hechos denunciados". Las partes querellantes apelaron de dicha resolución a la Corte Marcial, la que confirmó el fallo en enero de 1992. Se interpuso entonces un Recurso de Queja ante la Corte Suprema de Justicia, la que al mes de diciembre de 1992, aún no evacuaba su resolución.
(Antecedentes, completos de la querella en contra de Manuel Contreras se encuentran en el caso de Eduardo Alarcón Jara, 30 de julio de 1974).

 

 


Esta pagina fue modificada el 17/07/2010

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