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Carlos Miguel GARAY BENAVIDES

El 6 de octubre de 1973 fueron ejecutados en el sector de la Mina "La Veleidosa", cerca de Tocopilla, los siguientes cinco detenidos:

- Freddy Alex ARAYA FIGUEROA, 21 años de edad, estudiante universitario, militante socialista; quien había sido detenido el 30 de septiembre de 1973 en el domicilio de un familiar, conducido al Cuartel de Investigaciones, desde donde fue llevado a la Comisaría de Tocopilla dos días después;

- Reinaldo Armando AGUIRRE PRUNEDA, de 28 años de edad, empleado de la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), militante socialista; detenido el 4 de octubre de l973, por personal de la Policía de Investigaciones de Tocopilla y conducido a la Comisaría de Carabineros del lugar.

- Claudio Rómulo TOGNOLA RIOS, de 42 años de edad, Médico, militante socialista; quien fuera detenido el 16 de Septiembre de l973 en su domicilio, por funcionarios de la Policía de Investigaciones y de Carabineros, trasladado a la Comisaría y luego recluído en la Cárcel.

- Luis Orozimbo SEGOVIA VILLALOBOS, de 28 años de edad, ingeniero de ejecución, empleado de Cobrechuqui, militante socialista; detenido el 11 de septiembre de 1973 en su lugar de trabajo. A pesar de ser buscado por sus familiares en diversos lugares de reclusión no obtienen noticias de su paradero hasta la publicación del comunicado oficial del Jefe de Plaza de Tocopilla que da cuenta del intento de huida.

- Carlos Miguel GARAY BENAVIDES, de 25 años de edad, supervisor en Cobrechuqui, militante comunista; quien fue detenido el 12 de septiembre por funcionarios de Carabineros en su lugar de trabajo. Fue llevado a la Comisaría de Tocopilla y posteriormente a la Cárcel.

Según un comunicado oficial emitido por el Jefe de Plaza de Tocopilla, publicado en el diario "la Estrella" de Antofagasta, el 8 de octubre los detenidos en la Cárcel de Tocopilla, Carlos Garay Benavides, Luis Segovia Villalobos, Claudio Tognola Ríos, Freddy Navarro Araya y Reinaldo Aguirre Pruneda, fueron trasladados a una mina ubicada a 15 kms. al norte de Tocopilla para cumplir una diligencia de la Fiscalía Militar. Aprovechando que el personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros "desenterraba una gran cantidad de dinamita y amongelatina, los prisioneros se dieron a la fuga hacia el interior de la mina y a pesar de las advertencias, no obedecieron la orden de detención, motivo por el cual se disparó sobre ellos.

Como consecuencia de lo anterior, fueron dados de baja Freddy Navarro Araya y Reinaldo Aguirre Pruneda. El resto de los prisioneros lograron huir hacia el interior de la mina, pero por antecedentes recogidos en el lugar del hecho se estima huyen lesionados".

Los restos mortales de Reinaldo Armando Aguirre y Freddy Alex Araya Navarro fueron entregados a la morgue local, desde donde fueron recogidos por sus familiares luego de conocido el comunicado oficial.

La versión oficial que en sí era de gran debilidad quedó desmentida durante 1990, cuando por orden judicial se excavó la mina La Veleidosa y fueron encontrados e identificados legalmente los restos de los presuntos fugados, y hasta entonces desaparecidos, en condiciones tales que evidenciaban haber sido ejecutados.

La Comisión se formó la convicción que las muertes de las cinco personas ya individualizadas correspondieron a ejecuciones de prisioneros capturados, de responsabilidad de agentes del Estado, incurriéndose en grave violación de los derechos humanos, en mérito de las siguientes circunstancias:

- Resulta inverosímil que un grupo de detenidos fuertemente custodiados, más aún si se considera que se pretendía buscar armas y explosivos, pudiesen haber intentado la fuga;

- Además de lo anterior, por diversos testimonios confiables, consta que al menos algunos de ellos se encontraban en precarias condiciones físicas, producto de las torturas que habían recibido durante su reclusión;

- Finalmente, la aparición de los cuerpos sin vida de los presuntos fugados en el mismo lugar en que ocurrieron los hechos, escondidos en una mina y con indicios de haber sido ejecutados desmiente la versión oficial sobre su huida.

(Informe Rettig)


Actualidad:

Primera Linea 28 de Septiembre 2001
Juez Guzmán relega causas y abre un nueva investigación
Cumpliendo con su mandato básico de ayudar a los procesos judiciales que tengan como fin encontrar detenidos desaparecidos, el Programa de Derechos Humanos, conocido anteriormente como Corporación de Reconciliación Nacional, se hará parte coadyuvante en las 22 causas en que el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia se declaró incompetente.
El Programa también afina la estrategia para hacerse parte en los procesos que tramita el juez Guzmán sobre detenidos desaparecidos o ejecutados políticos cuyos restos aún no han sido encontrados. El punto aún no resuelto es si presentarán escritos de acuerdo a los episodios ya fijados -Villa Grimaldi, Pisagua, Calle Conferencia, Liquiñe, Operación Cóndor, Operación Colombo- o sólo con respecto a cada una de las víctimas que investiga el magistrado.
A la fecha, Guzmán sólo ha recibido el escrito firmado por el subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, por el caso del pique mina Mapocho y se espera que próximamente la instancia dependiente del gobierno solicite diligencias para apresurar esta causa, que no se encuentra dentro de las prioridades de Guzmán.
Con ello, el Programa persigue que los procesos progresen en forma simultánea y se cumpla con el desafío de hallar el mayor número de restos de detenidos desaparecidos.
Aunque originalmente el juez planteó que era incompetente en 27 procesos, en los últimos días a solicitud de los querellantes ha decidido revocar algunas de sus resoluciones.
Esto fue lo sucedió en el caso de Luis Alberto Gómez Cerda, Claudio Romulo Tognola Ríos y Carlos Miguel Garay Benavides cuya investigación había sido delegada al Juzgado de Letras de Tocopilla y hoy, junto con el resto de causas de detenidos desaparecidos de esa zona, conformarán un nuevo cuaderno de investigación caratulado como Tocopilla y al que en los próximos días se abocará en profundidad el ministro de fuero.
Gómez Cerda fue detenido el 13 de septiembre de 1973, mientras se desempeñaba en la División Chuquicamata de la Corporación del Cobre (Codelco) de Tocopilla (Cobrechuqui), de militancia socialista no hay registros fehacientes que establezcan que sucedió con él.
Distinta es la historia de Tognola Ríos -médico obstetra (PS) que trabajaba en la maternidad del hospital de Tocopilla y en la Sociedad Química de Chile (Soquimich) y de quien se pierde el rastro el 16 de septiembre de 1973- y de Garay Benavides -supervisor de Cobrechuqui (PC), detenido el 12 de septiembre de 1973-, pues de acuerdo a los querellantes sus cuerpos estarían en la mina "La Veleidosa", donde ya se realizaron excavaciones, las que tuvieron como resultado el hallazgo de un gran número de restos óseos, que corresponderían a ellos.
Otro proceso que volverá a manos del Guzmán es la causa de Isidoro Carrillo Tornería y otros, donde actúa como querellante Vasili Carrillo, caso que había sido rechazado por el magistrado y entregado en agosto de este año al juzgado de turno de Concepción.
Pero el logro más trascendental para los querellantes fue que el ministro acogiera nuevamente la desaparición de Cardenio Ancacura Manquian (PS) y Manuel Jesús Hernández Inostroza, pues de acuerdo al informe que entregaron las Fuerzas Armadas al concluir la Mesa de Diálogo sus restos fueron lanzados al Lago Ranco, Décima región.
Debido a los antecedentes aportados por las FF.AA esta causa constituye para los querellantes un aporte significativo a los procesos de derechos humanos, por lo que no debería ser abandonada por el ministro.
Según el jefe del área jurídica del Programa de Derechos Humanos, abogado Roberto Garretón, una vez que conozcan la lista definitiva de causas en que se declaró incompetente Guzmán lo inmediato sería pedir ministros en visita en los casos que corresponda e, independiente de ello, la entidad debe participar en la investigación.
Las causas que Guzmán no revisará
Entre las causas relegadas por Guzmán hasta ahora se estableció que la investigación sobre la ejecución de Mario Alvarado Araya, Faruc Aguad Pérez, Wilfredo Sánchez Silva y Artemio Pizarro Aranda, quienes perdieron la vida a manos de personal del Ejército en el sector de Las Coimas en San Felipe, será vista por la ministra de fuero Gabriela Corti en Valparaíso.
Por su parte, la desaparición el 17 de noviembre de 1975 del militante socialista Miguel Enrique Rodríguez Vergara será investigada por la jueza con dedicación exclusiva Raquel Lermanda, titular del Noveno Juzgado del Crimen de la capital.
Lo mismo sucederá con la ejecución en la vía pública que sufrió el 24 de septiembre de 1973 Arnoldo Camu Veloso, asesor legal del Presidente Salvador Allende, cuyo proceso quedará en manos de la jueza exclusiva María Ines Collins, del Octavo Juzgado del Crimen de Santiago.
Otras causas en las que Guzmán se declaró incompetente :
- Luis Rodríguez Arancibia, Alfredo Moreno Neira, Luis Verdejo Contreras y Jaime Max Bastián Leiva: será enviada al Vigésimo Juzgado del Crimen de Santiago. - Hugo Riveros Gómez: quedará a cargo del 18º Juzgado del Crimen de la capital. - Juan Isaías Heredía Olivares: será vista por el Juzgado de Letras de Los Angeles. - José Esaú Velásquez Velásquez y otros: quedará en manos del Juzgado de Chaitén. - Guillermo Vargas Gallardo:será pesquisa por el Juzgado del Crimen de turno de Copiapó. - Humberto Salas Salas :se revisará en el Juzgado del Crimen de turno de Osorno. - Máximo Astolfo Bermúdez Ballón y Juan Rafael Bermúdez Gaete: será analizada por el 26º Juzgado del Crimen de Santiago. - Tránsito Cabrera Ortiz: será vista por el Juzgado del Crimen de Talcahuano.
- Máximo Segundo Neira Salas: será indagada por el Juzgado de turno de Talcahuano. - Salvador Cautivo Ahumada: será pesquisada por el Juzgado de turno de Arica. - Miguel Vega: será analizada por el Juzgado de turno de Curicó. - José Alfonso Constanzo Vera: quedará a cargo del Juzgado de turno de Talcahuano. - Susana Estrella Obando: será investigada por el Juzgado de turno de Punta Arenas. - Lisandro Salvador Sandoval Fuentes: será revisada por el 14º Juzgado del Crimen de Santiago. - Silvio Francisco Betancourt Bahamondes: será analizada por el Juzgado de turno de Punta Arenas. - Ramón Luis Vivanco Díaz: a cargo del Segundo Juzgado de Letras de San Bernardo. - Guillermo Amador Alvarez Cañas: quedará en manos del Juzgado de turno de San Antonio. - Ariel Monsalves Martínez: será vista por el Segundo Juzgado de Letras de San Bernardo. - Bernardo Mario Lejderman y María del Rosario Avalos Castañeda: será investigada por el Juzgado de Letras de Vicuña. Juez Sergio Muñoz interrogó a ex jefe CNI Roberto Schmied por caso Alegría Mundaca;
El ministro en visita Sergio Muñoz interrogó hoy al ex funcionario de la Central Nacional de Informaciones (CNI), brigadier (R) Roberto Schmied Sanzi, para establecer si le cabe responsabilidad en calidad de autor, cómplice o encubridor en el proceso por el homicidio del carpintero Juan Alegría Mundaca, delito conectado al de Tucapel Jiménez.
Alegría Mundaca fue asesinado en 1983 por agentes de la CNI para encubrir el homicidio del dirigente sindical. El 19 de julio del año pasado, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones condenó a cadena perpetua al ex jefe operativo de la CNI, Alvaro Corbalán, y los ex agentes de ese organismo Carlos Herrera Jiménez y Armando Cabrera, en calidad de autores del crimen, mientras que castigó con diez años de prisión a Osvaldo Pincetti.
Además, está sometido a proceso Hugo Alarcón Vergara, ex chofer de Alvaro Corbalán.
Al momento de cometerse el crimen, Schmied era el subdirector de la disuelta CNI y se le atribuye la calidad de cómplice por ser el oficial superior en la línea de mando de los agentes de ese organismo que ya han sido condenados.
La versión entregada por Schmied en el interrogatorio de Muñoz señala que jamás tuvo conocimiento de la operación porque en esa época se hallaba fuera del país, de acuerdo a su pasaporte que está incluido en el expediente



Primera Linea 24 de Abril 2002
Remociones: La nueva prioridad del Programa de DD.HH.
El horror que se apoderó de los chilenos el 30 de noviembre de 1978 cuando por primera vez la evidencia fue más que las palabras de la Junta Militar y el hallazgo de osamentas en los Hornos de Lonquén demostró los crímenes ocultos de la dictadura y abrió la puerta a un nuevo episodio mucho más alevoso: la exhumación de cuerpos y su destrucción.

Debieron pasar varios años para que la palabra remoción comenzara a circular como un hecho cierto en los pasillos de los tribunales, junto a la evidencia irrefutable de la Cuesta Barriga y del Fuerte Arteaga.
Los pequeños fragmentos hallados en Calama también alertaron sobre dinamitación de cuerpos que luego fueron cambiados de posición, ya que tras Lonquén era necesario encubrir de mejor forma los crímenes y eliminar cualquier vestigio de evidencia.
Consciente de esta realidad, el Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior consideró que su mandato de ayudar en las investigaciones, tras las huellas de detenidos desaparecidos, no debían detenerse sólo en el primer crimen, sino que avanzar en la búsqueda de la verdad última de los detenidos desaparecidos.
Basándose en el mandato que otorga la ley 19.123 del 8 de febrero de 1992, el Programa analiza hace semanas en su reunión habitual del equipo jurídico que se efectúa los martes, los casos en que hacerse parte para indagar este nuevo episodio.
Tras la presentación hecha en Cuesta Barriga que no fructificó y que ahora espera que la Corte de Apelaciones determine si la ministra Amanda Valdovinos o el titular del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago Mario Carroza debe conocer este abrir sumario sobre este crimen, el Programa insistió en el caso Fuerte Arteaga. Y ahí la respuesta fue la misma que en el proceso anterior, la ministra Valdovinos -que busca osamentas de detenidos desaparecidos de La Moneda en el recinto castrense- informó que deben ser los tribunales del crimen correspondientes quienes inicien una investigación al respecto.

Calama, Tocopilla y Purén
Con el panorama adverso, el Programa ahora se juega las cartas con más calma y analiza en paralelo pedir que se investigue remociones en tres causas: Calama, Tocopilla y Purén.
En el primer lugar, siguen sin ser ubicados los restos de trece personas que habrían sido encontrados hace algunos días en las pampas de Moctezuma, a unos 15 kilómetros de Calama.
Aunque no se indica aún a quién corresponden estas piezas, los informes preliminares hablan de remociones de cuerpos por los pequeños restos hallados. En la zona aún falta por encontrar las osamentas de Carlos Berger Berger Guralnik (PC), Daniel Jacinto Garrido Muñoz (sin militancia), David Ernesto Miranda Luna (PC), Manuel Segundo Hildago Rivas (PC), Domingo Mamani López (PS), Luis Alfonso Moreno Villarroel (PS), Rosario Aguid Muñoz Castillo (PS), Alfredo Víctor Ortega Cuevas (PS), Rafael Enrique Pineda Ibacache (PS), Haroldo Ruperto Cabrera Abarzúa (PS), Sergio Moisés Ramírez Espinoza (sin militancia), Jorge Ruben Yueng Rojas (sin militancia) y Bernardo Cayo Cayo (PC).
Todos ellos figuran -de acuerdo al informe de las Fuerzas Armadas presentado en el marco de la Mesa de Diálogo- como lanzados al mar frente a las costas de Tocopilla.
El caso lo ve el juez con dedicación preferente, titular del Segundo Juzgado del Crimen de Loa-Calama Jaime Medina.
En Tocopilla la entidad dependiente del ministerio del Interior tiene puestos los ojos sobre la posibilidad que se identifique el paradero de un grupo de detenidos desaparecidos que habrían sido enterrados en la mina La Veleidosa. Ya se han logrado ubicar los cuerpos de Claudio Rómulo Tognola Ríos y Carlos Miguel Garay Benavides, pero aún falta las osamentas de Luis Alberto Gómez Cerda.
El ministro de fuero Juan Guzmán Tapia ha revisado al menos en dos oportunidades el sector y ahora esta a la espera que la ministra de fuero Gabriela Corti, en Valparaíso, termine con los trabajos en el desaparecido centro de reclusión de Isla Riesco, para utilizar la maquinaria pesada necesaria paras las excavaciones.

El estudiante de Arica
El otro episodio que podría implicar al Programa se refiere a Sergio Amador Pantoja Rivera, estudiante, quien cumplía su servicio militar obligatorio en el Regimiento Rancagua de Arica y que, encontrándose en campaña militar en la localidad de Putre, fue detenido luego de un interrogatorio practicado por personal del Servicio de Inteligencia Militar, SIM, y sacado del campamento con fecha 24 de Octubre de 1974, junto al conscripto Juan Peña Fuenzalida, por un grupo de uniformados, quienes los trasladaron amarrados y vendados en un jeep con destino desconocido.
Se estima que desde el 2 de enero de 1974 la víctima estuvo en el Regimiento Coraceros de Viña del Mar, hasta que el 3 de octubre de 1974 fue trasladado al Regimiento de Infantería Motorizado "Rancagua" de la ciudad de Arica donde se perdió su rastro. Aquí los informes hablan también de la posibilidad que halla sido inhumado y luego exhumado su cuerpo.


El Mostrador 17 de Julio 2002
Ejecuciones en Tocopilla: Procesan a 2 ex carabineros
El ministro de fuero Juan Guzmán Tapia dictó autos de procesamiento por violaciones a los Derechos Humanos, ocurridos en Tocopilla, y encausó por los delitos de homicidios calificados reiterados a lo ex Carabineros Luciano Astete Almendras, quien fue prefecto de Tocopilla, y Juan de Dios Salazar Lantery, que se desempeñó como fiscal militar de Carabineros.
El auto de procesamiento consigna que existen presunciones fundadas para acreditar la participación en grado de autor de los ex miembros de las fuerzas de orden en los homicidios de Julio Brewe Torres, Claudio Tognola Ríos, Agustín Villaroel Carmona, Carlos Garay Benavides, Freddy Araya Figueroa, Reinaldo Aguirre Prudena, Luis Segovia Villalobos, Ernesto Moreno Díaz, Iván Morán Araya, Carlos Gallegos Sántis, Breno Cuevas Díaz y Vicente Cepeda Soto.
Los homicidios de estas persona tuvieron lugar en el puerto de Tocopilla entre el 18 de septiembre y el 23 de octubre de 1973. Muchos de ellos se hicieron pasar por falsos enfrentamientos

El Mercurio 23 de Julio 2002
Deniegan libertad a ex fiscal militar, Juan de Dios Salazar
La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, denegó hoy la libertad bajo fianza para el ex fiscal militar de la Segunda Región, capitán en retiro Juan de Dios Salazar Lantery.
El oficial (R) fue procesado la semana pasada, junto al ex prefecto de Carabineros, Luciano Astete Almendras, por el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia, bajo los cargos de homicidio y secuestro cometidos en contra de 12 personas en Tocopilla, entre el 18 de septiembre y el 23 de octubre de 1973.
Según consta en el auto de procesamiento, Astete y Salazar dieron muerte con armas de fuego a doce personas. Seis de las víctimas fallecieron en la mina "La Veleidora", ubicada a treinta kilómetros al oriente de Tocopilla, cuatro murieron en el calabozo de la misma ciudad y otros dos cuerpos fueron entregados a la morgue del hospital Marcos Macuada.
Desde 1991 se empezaron a encontrar los cuerpos de estas doce víctimas, identificadas como Julio Enrique Brewe Torres, Claudio Rómulo Taguala Ríos, Agustín de la Cruz Villarroel Carmona, Carlos Miguel Garay Benavides, Félix Álex Araya Figueroa, Reinaldo Armando Aguirre Pruneda, Luis Orosimbo Segovia Villalobos, Ernesto Manuel Moreno Díaz, Iván Florencio Morán Araya, Carlos Óscar Gallegos Santis, Bruno Benicio Cuevas Díaz y Vicente Ramón Cepeda Soto.
Los dos procesados como autores de homicidio calificado reiterado están detenidos en la Escuela de Formación Policial de Carabineros.
El tribunal de alzada estuvo compuesto por los ministros Sergio Valenzuela Patino, Lamberto Cisternas y el abogado integrante, Domingo Hernández.
 

 


Esta pagina fue modificada el 17/07/2010

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