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DOMINGO OCTAVIO GALAZ SALAS


Rut : 6.278.976-K
F.Nacim. : 10-09-50, 23 años a la fecha de la detención
Domicilio : Asentamiento El Escorial. Paine
E.Civil : Soltero
Actividad : Obrero Agrícola
C.Repres. : Sin militancia política conocida
F.Detenc. : 3 de octubre de 1973

Domingo Octavio Galaz Salas, soltero, 23 años al momento de los hechos, obrero agrícola domiciliado en el Asentamiento El Escorial de Paine, fue detenido el día 3 de octubre de 1973 desde su domicilio en presencia de su familia, por Militares pertenecientes a la Escuela de Infantería de San Bernardo. En la oportunidad, en un vasto operativo que abarcó el Fundo Liguay y el Asentamiento El Escorial, se detuvo a once campesinos cuyos nombres figuraban anotados en una lista que portaban sus aprehensores. El operativo que incluyó arrestos y allanamientos fue realizado al margen de toda legalidad.
Restos humanos correspondientes a Domingo Octavio Galaz Salas y a otros 13 campesinos detenidos en ambos predios agrícolas durante operativos Militares realizados el 24 de septiembre y 2 y 3 de octubre de 1973, fueron encontrados en marzo de 1974 en una quebrada del Cerro Redondo ubicado en la Cuesta de Chada, distante 4 kilómetros del lugar de los arrestos. En la oportunidad el Instituto Médico Legal informó al Tribunal su imposibilidad de identificar las víctimas y establecer la causa de la muerte. Sin embargo, en enero de 1991 el mismo Instituto tras un nuevo peritaje informó acerca de la identidad de cada una de las osamentas. Además se estableció que sus muertes fueron provocadas por múltiples impactos de bala. Es así como de un total de 20 detenidos -en esta seguidilla de operativos- tres campesinos recuperaron su libertad tras permanecer recluidos una semana en el Campamento de Chena, y otros tres fueron ejecutados en el mismo Campamento aduciendo los ejecutores haber actuado ante un intento de fuga y otros 14 campesinos fueron exterminados con ocultamiento de sus cuerpos.
A las 4:00 horas de la madrugada del día 3 de octubre y en circunstancias que todos sus moradores dormían, un grupo de Militares fuertemente armados unos con sus rostros tiznados de negro y otros que parecían ser sus jefes con pasamontañas, ingresaron sorpresivamente al hogar del afectado. Inmediatamente requirieron la presencia de Domingo Galaz y los otros moradores, fueron conminados a salir de sus camas, en tanto que a Galaz Salas se le indicaba que sería llevado con ellos para lo cual debería llevar su cédula de identidad. Sin alcanzar a vestirse del todo fue sacado de su hogar con rumbo desconocido para su familia. Junto a los aprehensores estaba José Cabezas Bueno, campesino de ese asentamiento, que fuera detenido el día anterior. A éste lo tenían con su rostro cubierto por un paño pese a ello pudo ser reconocido por quienes estaban presente.
En enero de 1991 las osamentas correspondientes a Domingo Octavio Galaz Salas fueron entregadas a sus deudos y sepultadas en el Cementerio de Huelquén. En la inscripción de defunción N?105 del 5 de febrero de 1991 se consignó como fecha de muerte el 3 de octubre de 1973, en Cuesta de Chada causada por traumatismo cráneo facial y de extremidades inferiores por bala.
El nombre de Domingo Octavio Galaz Salas fue incluido en una nómina de personas "presuntamente desaparecidas" y fallecidas que hiciera acompañar el Gobierno de Chile a su informe sobre "La Situación actual de los Derechos Humanos en Chile" presentado ante el 30 período de sesiones de la ONU en octubre de 1975. Dicha nómina que incluía un total de 63 personas, de las cuales 11 eran detenidos desaparecidos de Paine, fue declarada falsa por el Ministro en Visita Juan Rivas Larraín quien realizó una investigación al respecto, dentro de la tramitación de la causa 24005-1 del Juzgado de Letras Maipo Buin relativa al secuestro de 23 campesinos ocurrida en Paine en 1973. El Ministro estableció que los protocolos asignados a los 11 detenidos desaparecidos de la lista mencionada correspondían a personas muertas con posterioridad al 11 de septiembre de 1973 en Santiago y sus alrededores, todos a consecuencia de impactos de bala y cuya identificación no había sido posible por carecer los cadáveres al momento de ingreso al Instituto Médico Legal de epidermis en sus manos quedando todos ellos inscritos como NN sin haberse producido modificaciones posteriores al respecto. A Galaz Salas se le había asignado el protocolo de autopsia N?3096. Además el Ministro concluyó que el documento atribuido a la dirección del Instituto Médico Legal tenía adulterada la firma de quien fuera su director y el timbre en ella consignado no correspondía al ocupado en la Dirección del Establecimiento.
La detención y ejecución de Domingo Octavio Galaz Salas se enmarca en lo que fue la represión en Paine con posterioridad al 11 de septiembre de 1973.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
La tramitación judicial se inicia el 15 de enero de 1974 con la interposición de un Recurso de Amparo rol 36-74, que fue declarado sin lugar por la Corte de Apelaciones de Santiago, el 20 de mayo de 1974, tras haber recibido informes negativos de la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos, Ministerio del Interior y de las Prefecturas de Carabineros e Investigaciones. En marzo de 1977 se interpuso una denuncia por Presunta Desgracia en el Juzgado de Letras Maipo Buin rol N 24862. En ella se decretaron idénticas diligencias a las ya ordenadas en el Amparo obteniéndose similares respuestas y resolviendo el juez sumariante en noviembre de 1977 sobreseer temporalmente la causa, resolución que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Rancagua.
En 1980 la causa fue desarchivada y el proceso reabierto al presentar la parte denunciante nuevos antecedentes al Tribunal. Se transcribió de la causa 24005-1 (Ministro en Visita Espejo) la denuncia presentada por el Vicario General Don Ignacio Ortúzar Rojas relativa a inhumaciones masivas e irregulares ocurridas en el Patio 29 del Cementerio General durante el año 1973. La irregularidad comprendía tanto tumbas asignadas a personas NN como otras que si bien existía una identificación de la víctima merecía dudas la autenticidad de la información consignada en los libros del Cementerio. Entre estas últimas se consignaban 2 campesinos detenidos desde el Asentamiento El Escorial y posteriormente ejecutados en el Campamento de Detención del Cerro Chena (Juan Guillermo Cuadra Espinoza e Ignacio del Tránsito Santander Albornoz).
A la denuncia por la presunta Desgracia por Galaz Salas reabierta rol Nro. 24862, se agregó una querella contra los efectivos de la Escuela de Infantería de San Bernardo que participaron en el operativo del 3 de octubre de 1973 en el Asentamiento El Escorial. En ella el Tribunal ofició al Ministro en Visita, don Humberto Espejo, a fin de que le fuera informado si el nombre de Domingo Octavio Galaz Salas figuraba en la nómina que el gobierno chileno entregaba ante la ONU con motivo del 30 período de sesiones y de ser así se le remitieran las conclusiones a las cuales se habría llegado respecto de su contenido. Los antecedentes no le fueron remitidos al Juez instructor informando el Ministro Espejo que la causa se encontraba radicada en la II Fiscalía Militar, tras haberse declarado su incompetencia. En enero de 1981 el proceso N 24862 fue acumulado al proceso rol N 26037 del mismo juzgado y que se iniciara en enero de 1980, tras haberse interpuesto una querella por el delito de secuestro de 5 campesinos del Asentamiento El Escorial y Fundo Lircay y también en contra del personal militar de la Escuela de Infantería de San Bernardo. En ésta iniciada por el Juez Fernando Montenegro Araya se había oficiado al Ministro del Interior, Policía Internacional, Dirección del Registro Civil, Cementerio General de Santiago e Instituto Médico Legal de cuyas respuestas se concluía que no figuraban ni detenidas ni fallecidas, por su parte la respuesta de la Escuela de Infantería argumentaba su imposibilidad de verificar los nombres dado que la documentación pertinente se habia destruido en 1973. (Mayores antecedentes en José Domingo Adasme Núñez).

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
Con fecha 12 de julio de 1978 se interpuso una querella ante el Juzgado de Letras Buin Maipo por el delito de secuestro de Hernán Pinto Caroca, en contra de la dotación de la Escuela de Infantería de San Bernardo.
La causa fue acumulada al proceso 24005-1 del mismo Tribunal en la cual se investigaba similares denuncias relativas a 22 campesinos de Paine, todos detenidos ilegalmente en septiembre y octubre de 1973.
La causa 24005 se inició el 21 de marzo de 1975, fue sobreseída temporalmente el 20 de enero de 1976 para ser reabierta el 23 de marzo de 1977 al entregar la parte denunciante nuevos antecedentes. El 4 de abril de 1977 se designó el Ministro en Visita don Juan Riveras por parte de la Corte de Apelaciones de Rancagua para que continuara conociendo el caso. Este se declaró incompetente el 13 de agosto de 1979 debido a la creación de la corte de Apelaciones Presidente Aguirre Cerca a cuya jurisdicción correspondió el sector de Maipo-Buin. Su nuevo rol fue el N?1-79, la investigacion quedó a cargo del Ministro en Visita Humberto Espejo. El Ministro se declaró incompetente en tres oportunidades remitiendo los antecedentes del caso a la Fiscalía Militar por haber personal militar sindicado en las querellas como responsables del secuestro. En la tercera oportunidad, el 7 de enero de 1980, la Corte aprobó la incompetencia y remitió el proceso a la II Fiscalía.
Su nuevo rol fue el N 952-80. Con fecha 28 de noviembre de 1989 el Fiscal Militar se hace parte en representación del Notario Público Militar y solicita el sobreseimiento de la causa y la aplicación de la Ley de Amnistía. (D.L. 2191 de 1978). El 1 de diciembre el II Juzgado Militar aprobó la resolución.
Al cierre de esta redacción (fines de 1992) la causa se encontraba en la Corte Marcial desde el 2 de enero de 1990 a fin de verse la apelación presentada.
Durante el desarrollo de la causa 24005-1 referente a Hernán Pinto Caroca se realizaron las siguientes diligencias relevantes: con fecha 15 de junio de 1979 declara la esposa de Pinto Caroca y entrega nuevos antecedentes al Tribunal informando del hallazgo en la Cuesta de Chada y de la no entrega de sus restos a sus familiares por parte del Instituto Médico Legal.
El 15 de mayo de 1979 el Ministro Rivas solicita traer a la vista el proceso rol 23643 ("Hallazgo osamentas en Chada"). El 22 de junio de 1979 responde el Oficio el Comandante en Jefe de la II División del Ejército señalando lo siguiente " no es posible dar curso a la petición formulada" por tratarse de una causa que ha sido tramitada conforme al procedimiento Penal Militar en Tiempo de Guerra y agregaba que el 4 de noviembre de 1975 se había dictado sobreseimiento temporal.
Al ser consultado el Director de la Escuela de Infantería de San Bernardo acerca del nombre del personal que actuó en octubre de 1973 en Paine y sus alrededores, respondió su director Carlos Meirelles Muller el 7 de febrero de 1979; "por tratarse de antecedentes clasificados que el Director infrascrito no tiene atribuciones para darlos a conocer, tal petición debe tramitarse a través del señor Ministro de Defensa Nacional". Este a su vez respondió el 22 de mayo de 1979, a través de su Ministro, General Raúl Benavides, argumentando que dadas las condiciones imperantes en el país en los meses de septiembre y octubre de 1973 le era materialmente imposible determinar el contingente militar que operó en Paine y sus alrededores.
El 11 de julio de 1980 el Pleno de la Corte Suprema acordó remitir la causa rol 561-75 (rol de origen 23643) a fin de que el Ministro Espejo la tuviera a la vista.
El 16 de agosto de 1980 el Ministro en Visita agregó compulsas de la causa rol 23643 (rol de Fiscalía 561-75). De esta forma quedaron consignadas declaraciones de otros familiares que confirmaran lo ya declarado por la esposa de Pinto Caroca.
En el mismo mes el Ministro en Visita Humberto Espejo oficia al Instituto Médico Legal a fin de recabar información sobre el destino de las osamentas que de acuerdo a los antecedentes la II Fiscalía Militar habría ordenado su sepultación (Causa 561-75).
El 22 de julio de 1981 la parte denunciante solicita la acumulación del proceso 561-75 por contener importante información sobre el destino de los detenidos en el Asentamiento El Escorial. En resolución del 27 de noviembre de 1981, el Juez Militar denegó la acumulación fundamentando la decisión textualmente "no hay indicios suficientes que permitan sindicar a determinadas personas como autor o cómplice o encubridor de los hechos denunciados".
Con fecha 19 de agosto de 1981 el Instituto Médico Legal informó al Tribunal su imposibilidad de dar respuesta a lo consultado, por haber enviado los antecedentes a la causa 561-75 de las cuales no guardó copia velando por el secreto debido en causa en estado de sumario.
Entre agosto de 1984 y julio de 1985 declaró la oficialidad de la Escuela de Infantería de San Bernardo que a octubre de 1973 se desempeñaba en esa Unidad. La totalidad de ellos declararon no haber participado en operativos realizados en Paine y sus alrededores y desconocen acerca de las muertes ocurridas en Chada.
Años después a petición del Fiscal Militar, la causa fue sobreseída la Ley de Amnistía sin establecerse el destino de los detenidos-desaparecidos, ni indicar responsabilidades en su desaparecimiento. Tal resolución fue revocada en febrero de 1992 por la Corte Marcial, este Tribunal instruyó que la causa volviera a estado de sumario y ordenó la diligencia de la exhumación de las seis tumbas en el Patio 29. Dicha exhumación no se pudo realizar por orden de este Tribunal, ya que en septiembre de 1991 en la causa 4449-AF del 22 Juzgado del Crimen de Santiago se había practicado la exhumación del total de restos de personas no identificadas enterradas entre septiembre y diciembre de 1973 en el referido patio en el Cementerio General.La causa, a diciembre de 1992, continuaba en tramitación.
Por otra parte, en causa 2-90-E iniciada en agosto de 1990, tras haber designado la Corte de Apelaciones Presidente Aguirre Cerda al Ministro en Visita Don Germán Hermosilla para que conociera de denuncias por inhumaciones irregulares ocurridas en Paine y que afectaría a detenidos-desaparecidos de la zona, el Tribunal también decretó diligencias tendientes a esclarecer el paradero de las víctimas de El Asentamiento El Escorial.
En el expediente quedó consignada la magnitud de los hechos represivos ocurridos en los Asentamiento El Escorial y Fundo Liguay. Se dio cuenta de 17 víctimas, nombre de testigos e identificación de la rama de las Fuerzas Armadas que operó en el sector. Se dio cuenta del hallazgo y la no entrega de sus cuerpos para su sepultura. Con estos antecedentes el Ministro Hermosilla realizó las siguientes diligencias: el 22 de mayo de 1990 se constituyó en el Servicio Médico Legal cerciorándose de la existencia de 3 sacos de arpilleras con osamentas referidos a los protocolos N 519 al 530 del año 74, éstos tenían una etiqueta con la leyenda "Osamentas de Chada año 1974". Dispuso que dichas osamentas quedaran a su disposición y ordenó que fueran nuevamente periciadas. El 15 de octubre de 1990 el Tribunal se constituyó en el Cerro Redondo de la Cuesta de Chada. Se recogieron evidencias, fragmentos óseos, partes de vestuario, 2 vainillas percutadas, 25 proyectiles deformados y 18 en buen estado. El 24 de octubre de 1990 el Ministro del Interior informó que al asumir las nuevas autoridades el 14 de marzo de 1990 no se encontraron antecedentes relacionados con la detención de personas en el período 11 de septiembre de 1973 al 31 de diciembre de 1974, agregando que lo anterior no descartaba que las personas individualizadas en la nómina hubiesen sido detenidas por orden de las anteriores autoridades. En diciembre de 1990 el laboratorio de criminalística de la Policía de Investigaciones, desde su sección Balística Forense, informó respecto a dos vainillas y 17 de los proyectiles encontrados en la cuesta, llegando a las siguientes conclusiones: son en su mayoría proyectiles diseñados para ser disparados por armas de fuego del tipo fusil ametralladora automática, su calibre corresponde a 7,62 mm. Nato, siendo éstas municiones de guerra. Otro proyectil corresponde al calibre 32 largo, diseñado para ser disparado por armas de fuego tipo revólver y el otro que es calibre 7.9 está diseñado para ser disparado por fusiles o carabinas de ese calibre. Respecto a las personas o servicios que utilizaban ese tipo de armas durante los últimos 4 meses de 1973 informó que se trataba, textualmente "Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad (policiales) como asimismo cualquier persona que tenga acceso a este tipo de armamento como grupos paramilitares". El 28 de diciembre de 1991 el Instituto Médico Legal informó al Tribunal que había identificado cada una de las catorce osamentas y se encontraban a disposición del Tribunal a fin de que fueran exhibidas a sus familiares. En enero de 1991 se hizo entrega de las osamentas a los familiares de las 14 víctimas procediéndose a su sepultación e inscripción en el Registro Civil de Independencia. Al cierre de esta redacción (fin de 1992) la causa 2-90-E se encontraba en estado de sumario no habiéndose decretado diligencias referente a los inculpados.

 


Esta pagina fue modificada el 17/07/2010

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