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LUIS ALBERTO GAETE BALMACEDA


Rut : 6.565.471-7
F.Nacim. : 19-06-52, 21 años a la fecha de la detención
Domicilio : Asentamiento Nuevo Sendero. Paine
E.Civil : Casado, 1 hijo póstumo
Actividad : Obrero Agrícola
C.Repres. : Sin militancia política conocida
F.Detenc. : 16 de octubre de 1973

Luis Alberto Gaete Balmaceda, de 20 años al momento de los hechos, casado, un hijo póstumo, obrero agrícola, sin militancia política, domiciliado en el Asentamiento Nuevo Sendero de Paine, fue detenido a las 04:00 de la madrugada del día 16 de octubre de 1973 en su domicilio y en presencia de su familia. Sus aprehensores fueron Militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo que llegaron al domicilio de Gaete Balmaceda pateando la puerta y diciendo su nombre en voz alta. Irrumpieron en el hogar, allanaron el domicilio a la vez que preguntaban por el lugar donde tenían ocultas las armas. Fue llevado por los militares aduciendo que debía prestar una declaración. No se les exhibió la orden correspondiente al procedimiento. Su esposa, al amanecer, concurrió a la Escuela de Infantería de San Bernardo donde fue negada su detención. A partir de su arresto se ignora su paradero. Luis Alberto Gaete Balmaceda permanece detenido desaparecido.
Esa noche fueron detenidas 22 personas en la localidad de Paine, en un vasto operativo efectuado por Militares bajo las órdenes del Teniente Andrés Magaña. En ninguno de los casos se contó con la autorización correspondiente para allanar y detener.
Los efectivos Militares que participaron en las detenciones vestían trajes de campaña o bien uniformes grises y sobre estos una capa del mismo color, llevaban brazalete y en sus cabezas tenían puesto boina negra o bien casco. Sus rostros en algunos casos estaban tiznados, en otros estaba cubierto con pasamontañas. Se movilizaban en al menos un camión rojo con barandas y un jeep. Todos andaban fuertemente armados, alumbraban las habitaciones con linterna impidiendo a los moradores prender la luz. El operativo se inició a primera hora del día 16 de octubre y se prolongó hasta las 04:00 de la madrugada. Las personas que resultaron detenidas, todas simpatizantes del gobierno depuesto y en su mayoría asentados que eran parte del proceso de Reforma Agraria, figuraban anotados en una lista que portaban los militares. Sus domicilios fueron allanados y los detenidos sacados de sus casas, con la advertencia a las familias que volverían durante el día después de prestar declaración en San Bernardo. Todos fueron subidos a un camión que esperaba en el camino principal. El operativo fue realizado silenciosamente y a los familiares de las víctimas se les prohibió asomarse de sus casas.
Las acciones se iniciaron con la detención de Andrés Pereira Salsberg, industrial, dueño de una maestranza; luego se detuvo a René del Rosario Maureira Gajardo, comerciante, en seguida los militares se dirigieron hacia el sector correspondiente al Asentamiento 24 de abril, donde se detuvo a Patricio Loreto Duque Orellana, a los hermanos Raúl Antonio, a Silvestre René y Jorge Hernán Muñoz Peñaloza, su cuñado Basilio Antonio Valenzuela Alvarez, a Germán Fredes García, Carlos Enrique Gaete López, Carlos Alberto Nieto Duarte, Laureano Quiroz Pezoa, Rosalindo Delfín Hernán Muñoz y Ramón Luis Silva Carreño. A continuación se dirigieron al Asentamiento El Tránsito, donde fueron detenidos Pedro Antonio Cabezas Villegas y Roberto Servando Galaz. Finalmente, se dirigieron al Asentamiento Nuevo Sendero, donde se detuvo a Enrique Lazo Quintero, su hermano Samuel Altamiro Lazo Quinteros y sus hijos Luis Rodolfo y Samuel Lazo Maldonado, José Domingo Adasme Núñez, Luis Alberto Gaete Balmaceda y José Ignacio Gaete Maldonado.
El 10 de octubre Carabineros de la Subcomisaría de Paine había detenido en su domicilio en el Asentamiento El Tránsito, a Samuel Altamiro Lazo Quinteros el que había quedado en libertad transcurridas las 24:00 horas de reclusión en dicha Subcomisaría. Este campesino fue arrestado nuevamente la madrugada del 16 de octubre de 1973. Con posterioridad a su primera detención, dio a conocer a sus compañeros de Asentamiento que había sido advertido por los carabineros que en días posteriores vendrían Militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo y procederían a detener a los asentados. Idéntica información habían recibido los campesinos de dicho asentamiento que se habían acercado a la Subcomisaría, donde entablaron una conversación con el Sargento Reyes acerca de la situación en que ellos se encontraban.
De todas las personas detenidas el 16 de octubre de 1973 se desconoce su permanencia en algún recinto de reclusión. Hasta la fecha no existen testigos al respecto. Antecedentes judiciales dan cuenta que habrían sido llevados esa madrugada en dirección de los cerros de Codegua, cercanos a Melipilla, donde se procedió a su ejecución. Sus restos no han sido hallados.
La detención y posterior desaparecimiento de estos casos se enmarca en lo que fue la represión en Paine 1973. (Mayores antecedentes en José Domingo Adasme Núñez).

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
El 24 de marzo de 1974, se interpuso un recurso de amparo masivo por 131 personas ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el que fue rolado con el N°289-74. Luis Roberto Gaete Balmaceda fue incluido en él.
Se consultó a las autoridades sin que se lograra establecer la situación particular de cada uno de los amparados. El 28 de noviembre de 1974, el amparo fue rechazado. Se apeló de la resolución. El Pleno de la Corte Suprema confirmó el fallo el 31 de enero de 1975, acordando nombrar Ministro en Visita Extraordinaria que se abocara a la investigación correspondiente. La designación recayó en el Ministro Enrique Zurita Camps, quien el 24 de febrero de ese año instruyó el proceso N°106657 en el Primer Juzgado del Crimen de Santiago. Los familiares de Gaete Balmaceda fueron citados a declarar por el Ministro Zurita, quedando una nueva constancia de las circunstancias de su detención.
El 25 de septiembre de 1975, sin que se hubiese profundizado en ninguno de los casos denunciados, se cerró el sumario por "no poderse adelantar más en la investigación". El 29 de septiembre del mismo año el Ministro dictó fallo, en el caso de Gaete Balmaceda así como en otros 27 casos de detenidos de Paine, sobreseyó temporalmente la causa por cuanto no quedaba plenamente justificada la existencia de algún hecho delictuoso. El 10 de mayo de 1976, la Corte de Apelaciones de Santiago aprobó la resolución del Ministro Zurita Camps.
El 21 de marzo de 1975 se interpuso ante el Juez de Letras Maipo- Buin, una denuncia por presunta desgracia, la que roló con el N°24005-1, a raíz de la detención y posterior desaparecimiento de 23 lugareños de Paine, en su gran mayoría campesinos detenidos por Militares, salvo uno detenido por Carabineros, y entre los cuales se incluía el caso de Luis Alberto Gaete Balmaceda. En el mes de julio de ese año se decretaron las primeras diligencias del sumario. Se ofició a la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos (SENDET) y a la Escuela de Infantería de San Bernardo. Ambos en sus Oficios respuesta manifestaron no tener antecedentes acerca de las personas consultadas. El Instituto Médico Legal, por su parte, respondió que los nombres de esas 23 personas no figuraban en el libro de índices de ingreso de cadáveres a ese establecimiento. El Tribunal impartió orden amplia de investigar a Carabineros e Investigaciones. Carabineros se limitó a tomar declaraciones a las denunciantes, en tanto que Investigaciones además de realizar diligencias similares a la efectuada por carabineros, informó al Tribunal haber realizado averiguaciones a fin de "ubicar e individualizar a las personas que al parecer vestían de militares el día de los hechos sin resultados favorables". Sin haber decretado otras diligencias, en noviembre de 1975 el Tribunal cerró el sumario y sobreseyó definitivamente la causa, por aparecer "del sumario presunciones de que se hayan verificado los hechos denunciados". El 20 de enero de 1976, la Corte de Apelaciones de Rancagua confirmó el sobreseimiento estableciendo que debía ser temporal. El 23 de marzo de 1977, la causa fue reabierta al ser acogida una petición de la parte denunciante. La solicitud de reapertura se fundamentó en el hecho que 10 casos incluidos en la causa 24005-1, figuraban formando parte de una nómina de 63 personas de las cuales el gobierno chileno en el 30° período de sesiones de la ONU en el año 1975, planteaba que no eran "detenidos desaparecidos" -como lo denunciaban sus familiares- sino que eran personas muertas cuyos cadáveres estaban consignados en los libros de índice de ingresos del Instituto Médico Legal. Esta lista de 63 nombres estaba incluida en el documento titulado "Situación actual de los Derechos Humanos en Chile" (volumen II pág.381-382-383). Los antecedentes contenidos en el informe -agregaban los denunciantes- eran contradictorios con los que ese Tribunal había recibido del mismo Instituto Médico Legal al serle consultado. Luis Alberto Gaete Balmaceda formaba parte de la nómina y se le asignaba el protocolo N° 3368.
El 3 de abril de 1979 fue designado para seguir conociendo de la causa al Ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Sr. Juan Rivas Larraín, en respuesta a una petición formulada por la Iglesia Católica a fin de que Ministros en Visita se avocaran al conocimiento de los casos de detenidos desaparecidos en todo el territorio nacional. Es así como transcurridos dos años de la reapertura de la causa, al asumir el Ministro Rivas ordenó las primeras diligencias orientadas a esclarecer la contradicción entre la información que poseía el Tribunal, respecto a las 10 personas, y aquella que entregaba el gobierno chileno ante la ONU. En el mes de abril ofició al Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que se le informara de los antecedentes y procedimientos que permitieran confeccionar la nómina de "personas presumiblemente desaparecidas" que habían sido ubicadas en relaciones del Instituto Médico Legal. En mayo de 1979, el Ministro se constituyó en el Instituto Médico Legal e hizo una inspección ocular, solicitó y le fueron presentados el índice general de ingresos de cadáveres correspondientes al 2° semestre de 1973 hasta la fecha de la diligencia, verificando que las personas cuya presunta desgracia se investigaba no figuraban. También revisó el libro "Indice general de Registro de Autopsias". Al examinar especialmente los números de protocolos de autopsia que en el informe del Gobierno Chileno se asignaba a las personas que indicaba como ingresadas al Instituto Médico Legal, constató que dichos protocolos hacían referencia a personas no identificadas asignadas como NN. Ninguno de esos protocolos consignaba una identificación posterior. Se trataba de cadáveres que carecían de epidermis en sus manos. Además verificó que todos esos NN se trataban de personas muertas con posterioridad al 11 de septiembre de 1973 a causa de heridas de bala cuyas muertes habían ocurrido en Santiago y sus alrededores. En la oportunidad el Dr. Claudio Molina Fraga, Director del Instituto, informó al Tribunal que con ocasión de la investigación practicada por el Ministro en Visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Adolfo Bañados, por el hallazgo de cadáveres en la localidad de Lonquén, se había evacuado un informe dirigido a ese Ministro, relativo a la identidad de la firma y timbre que aparecían al final de la nómina en referencia y respecto a las cuales existían muchas dudas de si correspondían la primera a la del Dr. Alfredo Vargas Baeza (QEPD) y al Instituto la segunda. El Oficio en cuestión contenía antecedentes sobre el posible origen de las discrepancias entre los antecedentes del Instituto y aquéllas consignadas en la nómina ocupada por el gobierno. En la oportunidad el Ministro Visitador solicitó copia de ese Oficio (of. N°36 del 12 de febrero de 1979) petición que le fue objetada por el asesor jurídico del establecimiento manifestando que el documento original había sido remitido con carácter de reservado al Tribunal, cuyo expediente se encontraba en Fiscalía Militar por incompetencia del Ministro en Visita Adolfo Bañados. El Ministro en Visita Rivas ofició a la Fiscalía Militar (mayo 1979) a fin de que se autorizara al instituto Médico Legal la entrega de copia del Oficio N°36. En el mes de junio del mismo año el Fiscal Militar, Gonzalo Salazar Swett, responde negativamente al Ministro en Visita textualmente "pongo en su conocimiento que no resulta posible acceder por ahora a la solicitud por US Iltma., atendido al estado de la causa". Ante tal respuesta el Ministro en Visita oficia a la I. Corte de Apelaciones de Santiago a fin de que le sea remitida copia autorizada del Oficio N°36, teniendo por respuesta firmada por su Pdte., Don Enrique Paillás P., la negativa a tal solicitud expresando textualmente "el Tribunal en pleno de esta Corte acordó no acceder a su solicitud, en atención a que el informe referido, pertenece a antecedentes confidenciales de esta presidencia. Sin perjuicio de lo que quiera resolver el Ministro señor Bañados".
Es así como debe oficiar directamente al Ministro don Adolfo Bañados, el cual hará llegar copia del mencionado Oficio. En agosto de 1979 el Comandante en Jefe de la II Div. del Ejército y Juzgado Militar hacía llegar al Tribunal su autorización para que el Instituto Médico Legal entregara copia del Oficio 36 al Ministro en Visita Extraordinaria, don Juan Rivas.Este hacía pocos días se había declarado incompetente para seguir investigando la causa 24005, por haberse creado recientemente la Corte de Apelaciones Pdte. Aguirre Cerda a cuya jurisdicción correspondía el Juzgado de Buin-Maipo. Al momento de su incompetencia, dejó establecida la falsedad de la nómina empleada por el organismo chileno en su informe sobre la "Situación actual de los Derechos Humanos". La investigación la continuó a partir del 13 de agosto de 1979, el Ministro en Visita Humberto Espejo C., bajo el rol 1-79.
Durante la investigación en torno a las irregularidades contenidas en informes evacuados bajo la responsabilidad del Instituto Médico Legal, el Director de dicho Instituto había expresado al Tribunal el interés en iniciar un sumario interno a fin de esclarecer tal irregularidad. Al requerírsele información en noviembre de 1979, respecto al resultado de dicho sumario, su director Claudio Molina Fraga respondió, en abril de 1980, informando textualmente en una de sus partes "no se efectuó sumario alguno ni nadie lo solicitó y, si se hubiera hecho, se habría llegado a las mismas conclusiones contenidas en el Oficio remitido al Sr. Ministro en Visita don Adolfo Bañados Cuadra, quien no estimó necesario solicitar mayores informaciones en relación con este proceso".
En mayo de 1980 el Ministro en Visita Extraordinaria Don Humberto Espejo, por instrucción de la Corte de Apelaciones Pdte. Aguirre Cerda, envía Oficios al señor fiscal de la Excma. Corte Suprema comunicando que los diversos antecedentes que obraban en el proceso, hacían presumir la existencia de una posible irregularidad en la confección de "una nómina de personas desaparecidas", esto lo ponía en su conocimiento por corresponderle la supervigilancia de los servicios del Instituto Médico Legal. Al Oficio se le acompañaron las fojas pertinentes de la causa 24005-1.
El 4 de mayo de 1977 había sido presentada una nueva denuncia por la detención y posterior desaparecimiento de Luis Alberto Gaete Balmaceda ante el Juzgado de Letras de Maipo-Buin. La causa fue acumulada desde su inicio a la causa rol 24005-1 del mismo Tribunal. La denuncia incluía un relato pormenorizado acerca de las circunstancias del arresto e identificó a los aprehensores como Militares.
Con fecha 13 de junio de 1979 fue acumulada a la causa rol 24005-1 una querella en contra de los efectivos de la Escuela de Infantería de San Bernardo, por el delito de secuestro de Luis Alberto Gaete Balmaceda, que interpusiera su cónyuge en esa fecha.
A diciembre de 1979 se encontraban acumuladas a la causa 1-79 nueve querellas criminales en contra de la dotación de la Escuela de Infantería de San Bernardo, por los delitos de secuestro en las personas de Luis Alberto Gaete Balmaceda, José Germán Fredes García, Pedro Hernán Pinto Caroca, Ramón Luis Silva Carreño, Laureano Quiroz Pezoa, Ramiro Antonio Muñoz Peñaloza, Silvestre René Muñoz Peñaloza, José Ignacio Castro Maldonado, Luis Alberto Gaete Balmaceda y Carlos Gaete López. Cinco querellas en contra del Coronel Jorge Dawling Santa María por el encubrimiento del delito de arresto ilegal en las personas de Jorge Hernán Muñoz Peñaloza, Carlos Enrique Lazo Quinteros, Carlos Alberto Nieto Duarte, José Domingo Adasme Núñez, Samuel Altamiro Lazo Quinteros, Samuel del Tránsito Lazo Maldonado, Luis Rodolfo Lazo Maldonado. Querella por el secuestro y homicidio calificado de Juan Guillermo Cuadra Espinoza e Ignacio del Tránsito Santander Albornoz, perpetrado por efectivos de la Escuela de Infantería de San Bernardo. Una querella en contra del Teniente Andrés Magaña Bau, por el delito de arresto ilegal de René del Rosario Maureira Gajardo; querella por secuestro de Andrés Pereira Salsberg y una querella por el delito de secuestro en contra del Sargento de Carabineros Manuel Reyes, de la Subcomisaría de Paine, por el delito de secuestro de Mario E. Núñez Peñaloza. (Mayores antecedentes respecto a esta última querella en caso de Mario Enrique Muñoz Peñaloza).
Respecto al inculpado Coronel Jorge Dawling Santa María, que en el año 1979 se desempeñaba como Director de la Escuela de Infantería de San Bernardo, con fecha 26 de septiembre de 1978 se le envió Oficio solicitándosele toda la información que él tuviera de su repartición, relativa al personal de esa unidad que cumplía funciones en los meses de septiembre y octubre de 1973. La respuesta no llegó. De tal comportamiento el Tribunal dio cuenta a la Corte de Apelaciones la cual, con fecha 14 de noviembre de 1978, resolvió en Pleno que el mencionado Coronel se atuviera a lo prescrito en las normas legales vigentes. (Vale decir, según fuera su rango comparezca o no). El Oficio respuesta finalmente llegó firmado por el nuevo Director de la Escuela de Infantería, Carlos Meirelles Müller, en el cual se limitaba a expresar que no había ánimo de ocultar información, que existían documentos con la información solicitada y agregaba que el Coronel Dawling Santa María había entregado el mando y dejado de pertenecer a la institución. El 7 de febrero de 1979 en un nuevo Oficio se solicitó al Coronel Meirelles la nómina del personal de la institución a octubre 73, respondiendo que él no tiene atribuciones para entregar esa información y que debe solicitarse al Ministro de Defensa Nacional. A partir de abril de 1979 y estando a cargo de la investigación el Ministro Humberto Espejo, tras haberse creado la Corte de Apelaciones Pdte. Aguirre Cerda, a la que correspondía territorialmente continuar con la causa, se diversificaron los Oficios a fin de establecer la identificación de quienes participaron en los operativos ocurridos en Paine y sus alrededores. Se ofició al Ministro de Defensa Nacional, no sólo para consultar por el personal ya señalado, sino que también a fin de solicitar la comparecencia del Coronel Dawling Santa María, del Teniente Andrés Magaña Bau -identificado por familias de las víctimas como la persona a cargo del operativo del 16 de octubre de 1973- y del Coronel Pedro Montalva Calvo, Subdirector de la Escuela de Infantería a octubre de 1973.
En abril de 1979, el Teniente Andrés Magaña Bau compareció ante el Tribunal, oportunidad en la cual negó su participación en el operativo del 16 de octubre de 1973, como en cualquier otro que se hubiera realizado en Paine. Al ser careado con familiares de uno de los detenidos desaparecidos del 16 de octubre, René del R. Maureira Gajardo, negó conocer a los integrantes de esa familia pese a que estos afirmaron haber estado en más de una oportunidad juntos en eventos sociales previos al 11 de septiembre de 1973.
Respecto al Coronel Jorge Dawling Santa María, el Tribunal en Oficio respuesta había sido informado que desde agosto de 1978 se encontraba nombrado Agregado Militar en la Embajada del Uruguay, cargo que se prolongaría por más de un año. Por su parte, el Coronel Pedro Montalva Calvo al concurrir al Tribunal el 10 de diciembre de 1979, declaró afirmando la existencia de un Campo de Detenidos en el Cerro Chena dependiente de la Escuela de Infantería, que según lo declarado por él dejó de funcionar en diciembre de 1973, en momentos que él asumía la Dirección de la Escuela. Previo a ello, su Director había sido el Coronel Leonel Koning Altterman, quien daba las órdenes por escrito acerca de quienes ingresaban como detenidos. Al ser citado a declarar el entonces Director de la Escuela, Coronel Koning, el Tribunal fue notificado que éste se había suicidado el 21 de junio de 1979.
Con fecha 12 de diciembre de 1979 el Ministro Espejo se declara incompetente y remite los antecedentes a la Fiscalía Militar, en atención que todas las denuncias y querellas contenidas en esta causa (rol 1-79) adjudicaban la autoría de los arrestos a personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros, tanto de la Escuela de Infantería de San Bernardo como de la Subcomisaría de Paine. El 6 de marzo de 1980 la Corte revocó la incompetencia y ordenó diligencias a fin de avanzar en la investigación. A consecuencia de ello es citado nuevamente a declarar el coronel Jorge Dawling Santa María. El 2 de abril de 1980 el Ministro de Defensa, teniente General Raúl Benavides E., informa al Tribunal que el señor Dawling Santa María tiene calidad de General de Brigada y en conformidad a las normas vigentes debe declarar por escrito. El Ministro envía pauta erróneamente formulada lo que da pie para que el General Dawling responda "en relación a las preguntas 2 a la 13 no tengo antecedente alguno que poder señalar".
El 5 de junio de 1980 el Ministro Espejo se declara por segunda vez incompetente. Hubo apelación y el 25 de julio de 1980 se revoca la resolución y la Corte de Apelaciones ordenó al Ministro Visitador elaborar un nuevo cuestionario dirigido al General Dawling, en base a las acusaciones formuladas en su contra y que son parte del proceso.
En julio de 1980 el Tribunal recibió Oficio respuesta del General de Brigada cuyo contenido no aportó antecedentes, argumentando que en el año 77 ya no había relaciones escritas en la Escuela de Infantería sobre maniobras militares y operativas. Su Oficio concluía manifestando que los antecedentes de la causa 1-79 las había puesto en conocimiento de la Comandancia en Jefe del Ejército, toda vez que se le imputaba en las querellas transcritas una participación como encubridor en "supuestos delitos" que habría cometido en acto de servicio".
El 17 de octubre de 1980 los antecedentes son definitivamente remitidos a las II Fiscalía Militar, en la oportunidad operó la inhibitoria de jurisdicción.
El 24 de mayo de 1982 la causa fue sobreseída total y temporalmente "no obstante encontrarse agotada la investigación no resulta completamente acreditada la perpetración de los hechos denunciados a fs.1 y que imputa a personal de las Fuerzas Armadas y de Orden, sujetos a la jurisdicción militar".
Tal resolución fue apelada y revocada en marzo de 1984 por la Corte Marcial, ordenando diligencias orientadas a completar la investigación. Durante 1985 declararon al menos 26 Oficiales y Suboficiales que cumplían funciones a septiembre octubre de 1973 en la Escuela de Infantería. Todos ellos negaron su participación en operativos en Paine y sus alrededores, negaron saber de la presencia de detenidos en el Campamento de reclusión de Chena así como saber de su existencia.
El 22 de noviembre el Fiscal Militar de la II Fiscalía Militar Enrique Ibarra Chamorro se hizo parte en representación del Ministerio Público Militar y solicitó la aplicación de la Ley de Amnistía D.L. 2991-78. El Juez Militar sobreseyó la causa total y definitivamente, por encontrarse extinguida la responsabilidad penal de las personas presuntamente inculpadas en los hechos denunciados. Tal resolución fue revocada en febrero de 1992 por la Corte Marcial, este Tribunal instruyó que la causa volviera a estado de sumario y ordenó la diligencia de la exhumación de las seis tumbas en el Patio 29. Dicha exhumación no se pudo realizar por orden de este Tribunal, ya que en septiembre de 1991 en la causa 4449-AF del 22 Juzgado del Crimen de Santiago, se había practicado la exhumación del total de restos de personas no identificadas enterradas entre septiembre y diciembre de 1973 en el referido patio en el Cementerio General. La causa a diciembre de 1992 continuaba en tramitación.
Cabe hacer presente que en esta causa también se realizaron investigaciones en torno al Patio 29 del Cementerio General a partir de noviembre de 1979, oportunidad en la cual Monseñor Ignacio Ortúzar R. -en su condición de Vicario General y Vicario Subrogante de la Vicaría de la Solidaridad- denunció al Tribunal la existencia de inhumaciones masivas e irregulares de personas en el Patio 29 del mencionado cementerio y que afectaría a cerca de 200 tumbas. De la investigación, el Tribunal pudo concluir que al menos 6 tumbas podían arrojar antecedentes relativos a detenidos desaparecidos incluidos en el proceso. Entre los años 1981-1987 en cinco oportunidades se solicitó al Tribunal la exhumación de esas seis tumbas, siendo denegada la petición aduciendo ser inconducente atendido el tiempo transcurrido.
En agosto de 1990 se inició en el Juzgado de Letras de Buin-Maipo la causa 2-90-E con la designación del Ministro en Visita, don Germán Hermosilla, por la Corte de Apelaciones Presidente Aguirre Cerda. Dicha designación obedeció a una solicitud en tal sentido de la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago, dada la existencia de inhumaciones ilegales de personas en la localidad de Paine y que afectaba a detenidos desaparecidos. Los antecedentes de Luis Alberto Gaete Balmaceda fueron entregados al Tribunal.
Con fecha 15 de marzo de 1991, doña María del Tránsito Venegas Cortés declaró ante el Ministro en Visita Don Germán Hermosilla, en su condición de madre de Jorge Reyes Cortés, a quien en el año 1973 le correspondió hacer el servicio militar en la Escuela de Infantería de San Bernardo. En el expediente quedaron consignadas sus palabras que dan cuenta de la suerte corrida por los 22 detenidos el día 16 de octubre de 1973. Textualmente en una de sus partes dijo "pocos días después que tomaron detenido al marido de mi prima Luisa, Roberto Serrano, yo fui de visita a la casa de mi tía Rosa y vi que ella estaba muy desesperada y lloraba por la suerte de su marido. Entonces yo le dije 'no llorís más Lucha, que a tu marido se lo llevaron los militares, el Jorge andaba con ellos'. Yo me refería a que a mi hijo le tocó practicar esta detención. Mi hijo Jorge me había contado de esto unos meses después, no recuerdo exactamente cuándo; yo lo supe unos días después como dije anteriormente. A ellos los tuvieron meses sin salir después del Golpe así que cuando fue a la casa me lo contó. El no estaba tranquilo, estaba como asustado, desesperado y no sólo él sino que también sus compañeros. Mi hijo no conocía a Roberto Serrano, cuando fueron a la casa de ellos Jorge conoció a la Luisa. El me contó que estas detenciones las hacían de noche. Si, es verdad que mi hijo me contó que a él le tocaba disparar en contra de Serrano, pero que él le pidió a un compañero que le cambiara de lugar. Me contó también que si él decía que no disparaba, lo mataban a él. Esto es efectivo que se lo conté a la Luisa, ya que ella le estaba llevando ropa a su marido al Cerro Chena y allá se la recibían, cuando Serrano estaba muerto". Jorge Reyes Cortés, actualmente se desempeña en el Regimiento de Los Andes desconociéndose en qué grado militar. Pese a que la Sra. María Venegas Cortez declaró no recordar haber indicado como lugar de ejecución los cerros cercanos a Codegua y Melipilla, sí lo recordaba la esposa de Serrano Galaz, según quedó consignado en sus declaraciones ante el Ministro en Visita Humberto Espejo. El 22 de abril de 1980 Jorge Reyes Cortez compareció ante el Tribunal en la causa rol 1- 79. En su declaración negó toda participación en los hechos, textualmente en una de sus partes dijo: "nunca participé en algún operativo de Paine, nunca supe que hubiera detenidos en el Cerro Chena, tampoco reconocí a ninguno de los detenidos en las pocas veces que me tocó estar en guardia cuando llegaban". El Ministro en Visita ha realizado diversas inspecciones oculares en sectores rurales en alrededores de Paine, sin resultados positivos para el caso de los detenidos desaparecidos del día 16 de octubre de 1973.
El 22 de agosto de 1991 se inició la causa 4449-AF, en el 22° Juzgado del Crimen de Santiago al darse curso a la investigación judicial del delito de inhumación ilegal de personas que actualmente, y desde 1973, permanecen sepultadas en calidad de NN en el Patio 29 del Cementerio General, antecedentes contenidos en querella criminal que presentara la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago. La información antropomórfica de Luis Alberto Gaete Balmaceda fue entregada en esa causa. En el mes de septiembre 1991 se procedió a la exhumación de 108 tumbas en el Patio 29, en diciembre de 1992 las osamentas extraídas se encuentran en el Instituto Médico Legal sometidas a proceso de identificación.

 

 


Esta pagina fue modificada el 17/07/2010

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