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JULIO FIDEL FLORES PEREZ


 

 

 

 

 

 

 

Rut. : 5.927.163 6
F.Nacim. : 03 05 52, 22 años a la fecha de su detención
Domicilio : Santa Teresa 9080, La Cisterna, Santiago
E.Civil : Soltero
Actividad : Estudiante de Ingeniería en Minas, Universidad Técnica del Estado, Sede Antofagasta
C.Repres. : Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
F.Detenc. : 10 de enero de 1975


Julio Fidel Flores Pérez, 22 años de edad, soltero, estudiante de Ingeniería en Minas Universidad Técnica del Estado, militante del MIR, fue detenido el 10 de enero de 1975, alrededor de las 01:30 de la madrugada, en su domicilio y en presencia de su familia. A esa hora llegaron hasta su hogar, 6 agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia, fuertemente armados que se identificaron verbalmente como "policías". El que comandaba el grupo era un joven de unos 25 años de edad, y el resto eran personas de alrededor de 40 años.
Sin exhibir ninguna orden se introdujeron en el domicilio e iniciaron el allanamiento de éste, manifestando que sólo se trataba de un acto de rutina. Registraron el patio de la casa, abrieron maletas, cajones e incluso hicieron tiras unos cigarrillos que se encontraban en el velador. No encontraron nada raro, más aún, el que hacía de jefe comentó "todo está normal". Al cabo de una media hora decidieron retirarse, pero concluyendo antes que Julio Fidel debía acompañarlos. Los aprehensores prometieron a la madre del afectado, señora Julia Filomena Pérez, que en unos 45 minutos traerían de vuelta a la víctima.
Sin embargo, no ocurrió así. Por el contrario, el afectado fue conducido al recinto secreto de detención y tortura de la DINA, conocido como Villa Grimaldi, desde donde desapareció el 30 de enero de 1975. En dicho recinto, Julio Fidel Flores fue visto por numerosos testigos. María Alicia Salinas supo el 10 de enero de 1975, que el afectado había llegado en calidad de detenido a Villa Grimaldi. Julia Myriam Escobar lo vio llegar, declarando que, días después, volvió a verlo, pero ya caminando con dificultades y encorvándose un poco al dar el paso. En este aspecto los testigos son coincidentes: a medida que pasaban los días, el afectado se veía desmejorado físicamente, siendo notorio su esfuerzo por mantenerse en pie, daba pasos muy lentos y, tal como lo viera Jorge Bórquez, parecía que el cuerpo le pesaba. Angeles Alvarez señaló que ello era producto de las torturas sufridas por la víctima.
También las declaraciones coinciden en que Julio Flores permaneció en Villa Grimaldi hasta fines de enero de 1975. Hugo Salinas, quien compartió pieza con el afectado las noches del 27, 28 y 29 de enero de 1975, vio cuando lo sacaban de Villa Grimaldi el 30 de enero o el 1° de febrero de 1975, junto a otro grupo de detenidos, entre los que iban Jaime Robotham Bravo y Herbit Ríos Soto, ambos, al igual que Julio Fidel, permanecen desaparecidos hasta el día de hoy.
La detención del afectado se inscribió en una acción concertada de la DINA destinada a desarticular al MIR, del que el afectado era militante, la que se tradujo en numerosas detenciones y desaparecimientos de militantes de dicho partido. Entre otros, el 3 de enero de 1975 había sido detenido Herbit Ríos; el 6 de enero del mismo año, lo fue Patricio Urbina Chamorro; el día 7, Claudio Contreras Hernández. Todos ellos vistos en Villa Grimaldi y desaparecidos desde ese recinto. Según lo denunció al Tribunal la familia del afectado, y de acuerdo a lo declarado por los testigos, los agentes de la DINA que tuvieron una relación directa con la desaparición de la víctima, fueron Marcelo Moren Brito, quien a la fecha en que ocurrieron los hechos se desempeñaba como uno de los jefes de Villa Grimaldi? Fernando Adrián Laureani Maturana, conocido como el "Teniente Pablo", quien detenía e interrogaba a los presos en Villa Grimaldi y cuya descripción física era: joven, rubio y de ojos verdes, correspondía a la de uno de los aprehensores de Julio Fidel; y Osvaldo Romo Mena, quien, además de ser interrogador y torturador en Villa Grimaldi, estuvo involucrado en la detención y desaparecimiento de numerosos militantes del MIR.
Posteriormente, en julio de 1975, el nombre del afectado apareció en la lista de 119 chilenos que presuntivamente habían muerto en el extranjero. La veracidad de este hecho jamás ha podido ser comprobada, mas aún, ningún gobierno, no siquiera el chileno, lo ratificó oficialmente. El tiempo comprobó la falsedad de esta información. Fueron dos nóminas, una de 60 nombres que apareció en la revista Lea de Argentina y otra de 59 en el diario O'DIA de Curitiba, Brasil. Los 119 nombres correspondían a personas que habían desaparecido, después de haber sido detenidas, entre los meses de junio de 1974 y febrero de 1975, y la mayorías vistas por testigos en recintos secretos de detención de la DINA.
Arcadia Patricia Flores Pérez, única hermana del afectado, lo buscó intensamente durante 5 años, dejando de lado incluso sus estudios. Luego vivió junto a un militante clandestino del MIR. El fue detenido y cuando ella se encontraba sola en su hogar, el domicilio fue allanado, produciéndose una balacera, producto de lo cual Arcadia Flores, de 27 años de edad, resultó muerta (16 de agosto de 1981).

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
El 13 de enero de 1975, en la Corte de Apelaciones de Santiago se presentó un recurso de amparo por el afectado, el que fue rolado con el Nº73 75. Consultadas las distintas autoridades, estas fueron coincidentes en responder al Tribunal que Julio Fidel Flores no se encontraba detenido. El General de División y Ministro del Interior, Raúl Benavides Escobar, negó la detención del la víctima (7 de febrero de 1975). Por su parte, la DINA ofició señalando que cualquier consulta debía ser dirigida al Ministerio del Interior o a la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos, (marzo de 1975). Y esta Secretaría Ejecutiva (SENDET), a su vez, informó haber remitido todas las consultas relativas a detenciones, incluida la del afectado, al Ministerio del Interior (abril de 1975).
El 28 de abril de 1975, el recurso fue rechazado y los antecedentes remitidos al 4º Juzgado del Crimen de San Miguel para que se instruyera sumario por el desaparecimiento de Julio Fidel Flores, abriéndose la causa rol Nº9541?9. El 18 de abril de 1975 se había presentado un segundo amparo por la víctima, en la Corte de Apelaciones de Santiago, el que fue rolado con el Nº538 75. Durante la tramitación de éste, nuevamente las autoridades consultadas manifestaron carecer de antecedentes relacionados con la detención de Julio Fidel Flores. Tanto el Ministro del Interior, General de División Raúl Benavides Escobar, como la DINA, informaron exactamente en los mismos términos anteriores mencionados. En virtud de estos antecedentes se rechazó el amparo, el 20 de junio de 1975, remitiéndose las piezas al 4º Juzgado del Crimen de San Miguel, en donde fueron acumuladas al proceso rol Nº9541 9, la que se había iniciado el 5 de mayo de 1975.
Junto con la citación a declarar de los testigos de reclusión del afectado, el Tribunal consultó a autoridades. Nuevamente el Ministro del Interior, Raúl Benavides, respondió que Julio Fidel no se encontraba detenido (noviembre de 1975). El 30 de abril de 1976, sin mayores avances en la investigación, se cerró el sumario y se sobreseyó temporalmente la causa. La Corte de Apelaciones aprobó la resolución el 8 de julio de 1976, previo informe del Fiscal, quien había señalado: "por mucho que se presuma o se adquiera la convicción en orden a que Julio Fidel Flores fue detenido, la verdad es que oficialmente se noticia a los Tribunales que no fue detenido".
El proceso fue reabierto el 6 de agosto del mismo año, realizándose nuevas consultas a autoridades y citaciones a testigos. Y, por segunda vez, fue cerrado y sobreseído temporalmente el 30 de junio de 1977. El dictamen del Fiscal señaló, "el proceso entrega antecedentes en orden a presumir que personal de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) ha tenido participación en la comisión de los hechos materia de la investigación". La Corte de Apelaciones aprobó el falló en octubre de 1977.
El 24 de julio de 1980, se presentó una querella por secuestro agravado de Julio Fidel, denunciándose en ésta la forma de operar de la DINA: la existencia de archivos, de recintos clandestinos, de infraestructuras material, la utilización de patentes para sus vehículos que le eran concedidas "por gracia" en las distintas Municipalidades, nombres de sus agentes, etc. El 4 de agosto de 1980, el Juez reabrió el sumario, centrando especialmente la investigación en la búsqueda de Osvaldo Romo Mena, la que resultó infructuosa, y la citación a declarar de agentes de la DINA. Así, se adjuntaron al proceso los antecedentes de Romo, de Rolf Wenderoth y de Miguel Krassnoff Martchenko, además de un listado de patentes "de gracia" entregadas a la DINA por el Departamento del Tránsito de la Municipalidad de La Cisterna. No fue posible obtenerlo de otras Municipalidades.
En junio de 1982, después de numerosas diligencias se obtuvo la declaración por Oficio de Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, en esa época Teniente Coronel de Ejército y Gobernador de la Provincia de Osorno, quien reconoció haber cumplido funciones en Villa Grimaldi mientras se desempeñaba como funcionario de la DINA. Negó conocer al afectado y dijo haber estado a cargo de la Unidad de Análisis, agregando que el recinto mencionado dependía de la Dirección de Inteligencia Nacional. Por su parte, Miguel Krassnoff Martchenko, en 1982, Mayor de Ejército, también reconoció haber pertenecido a la DINA entre 1974 y 1976, dedicado a labores administrativas. Declaró, ante el Tribunal, no haber conocido Villa Grimaldi.
El 4 de octubre de 1983, se cerró el sumario habiendo quedado pendiente la solicitud para que se citara a declarar a Marcelo Moren Brito.
El 15 de octubre del mismo año, se sobreseyó temporalmente la causa. El fallo fue aprobado por la Corte de Apelaciones de San Miguel el 28 de diciembre de 1983.
Junto a la tramitación del proceso anterior, la familia de Julio Fidel Flores Pérez concurrió, junto a los familiares de 70 detenidos?desaparecidos, al 10º Juzgado del Crimen de Santiago, para presentar una querella por el delito de secuestro en contra del General Manuel Contreras Sepúlveda, de Marcelo Luis Manuel Moren Brito y de Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, Coronel y Teniente Coronel de Ejército respectivamente (1º de agosto de 1978). El Juez se declaró incompetente y remitió los antecedentes a la Justicia Militar, la que radicó la causa en la 2a. Fiscalía Militar, la que la roló con el Nº553 78. El 20 de noviembre de 1989 el Teniente Coronel de Ejército Enrique Ibarra Chamorro, Fiscal General Militar, solicitó para esta causa la aplicación del Decreto Ley de Amnistía (D.L. 2.191), porque el proceso había tenido como finalidad exclusiva la investigación de presuntos delitos ocurridos durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978 y porque, durante los 10 años de tramitación, no se había logrado "determinar responsabilidad de persona alguna". El 30 de noviembre de 1989, la solicitud fue acogida por el 2do. Juzgado Militar, el que sobreseyó total y definitivamente la causa, la que aún se encontraba en etapa de sumario, por "encontrarse extinguida la responsabilidad penal de las personas presuntamente inculpadas en los hechos denunciados". Las partes querellantes apelaron de dicha resolución a la Corte Marcial, la que confirmó el fallo en enero de 1992. Se interpuso entonces un Recurso de Queja ante la Corte Suprema de Justicia, la que al mes de diciembre de 1992 aún no evacuaba su resolución. (Mayores antecedentes en el caso de Eduardo Enrique Alarcón Jara ?30 de julio de 1974?).
El agente Osvaldo Romo Mena, vinculado a la detención y desaparecimiento de Julio Fidel Flores Pérez, fue detenido en noviembre de 1992. En proceso tramitado por la víctima, al mencionado agente no había sido posible ubicarlo. Su reciente ubicación fue el resultado de una serie de diligencias practicadas por el juez del 3er. Juzgado del Crimen de Santiago, en la causa por el desaparecimiento de Alfonso Chanfreau Oyarce. Romo había abandonado el país a fines de 1975, para lo cual la DINA le proporcionó documentos falsos de identidad. En esa época estaba siendo citado por varios Tribunales que tramitaban causas de víctimas de violaciones a los derechos humanos. A diciembre de 1992, Romo había sido encargado reo en seis causas por detenidos desaparecidos y tenía varias citaciones pendientes a Tribunales.


28 de Diciembre 2007 El Mostrador

Corte condena a 15 años de cárcel a Contreras por secuestro de mirista

Tribunal también sentenció a diez años y un día a los coroneles  jubilados Marcelo Moren Brito, Rolf Wenderoth y Francisco Ferrer Lima,  a los ex brigadieres de Ejército Miguel Krassnoff y Pedro Espinoza y  al suboficial Basclay Zapata.

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó este viernes a quince años  y un día de presidio al general retirado Manuel Contreras, ex jefe de  la DINA, la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet, por  la desaparición de un mirista en 1975.

El tribunal también sentenció a diez años y un día a los coroneles  jubilados Marcelo Moren Brito, Rolf Wenderoth y Francisco Ferrer Lima,  a los ex brigadieres de Ejército Miguel Krassnoff y Pedro Espinoza y  al suboficial Basclay Zapata.

El fallo, acordado por unanimidad de la Novena Sala de la Corte de  Apelaciones, ratificó la resolución de primera instancia dictada por  el juez Alejandro Solís, el 18 de enero de este año.

El tribunal, sin embargo, rechazó la demanda civil interpuesta por los  familiares de la víctima en contra del Estado chileno, que solicitaban  una indemnización monetaria.

El caso se refiere al secuestro de Julio Flores, de 22 años, quien era  estudiante de la Universidad Técnica del Estado y militaba en el  Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

El joven fue detenido por agentes de la DINA el 10 de enero de 1975 en  su domicilio en Santiago y fue visto por última vez en el centro de  torturas de Villa Grimaldi, desde donde desapareció, según consta en  el Informe Rettig.

Con la de este viernes, Contreras acumula una quincena de sentencias  condenatorias en su contra, que suman más de 200 años de prisión,  aunque al menos la mitad aún está pendiente de una revisión de la  Corte Suprema.

Con estas sentencias la Corte de Apelaciones completa en lo que va del  año 21 fallos en casos de violaciones a los derechos humanos. Según el informe Rettig, durante la dictadura de Pinochet más de 3.200  personas murieron a manos de agentes del Estado, de las que 1.192  figuran como detenidas desaparecidas.


 


Fallo Corte Suprema - Flores Perez - 2009

 


Esta pagina fue modificada el 17/07/2010

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