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LUIS ALBERTO CID CID

Rut     : 41.241 de Mulchén
F.Nacim.    : 07  07  26, 47 años a la fecha de la detención
Domicilio : Fundo Rañiguel, Departamento de Quilaco, Loncopangue
E.Civil : Casado, 5 hijos
Actividad : Obrero agrícola
C.Repres. : Sin información
F.Detenc. : 20 de septiembre de 1973

Luis Alberto Cid, casado, 5 hijos, obrero agrícola, fue detenido el 20 de septiembre de 1973, alrededor de las 11:00 horas en el Fundo Rañiguel donde trabajaba y tenía su domicilio; la patrulla que efectuó su aprehensión estaba compuesta por Carabineros del Retén de Quilaco, Militares y civiles armados, uno de ellos conducía el vehículo de la Oficina de Vialidad de Quilaco en que se movilizaban; entre los carabineros se encontraba Carlos Sepúlveda. Rivera y el cabo Sergio Salazar San Martín.

En su domicilio, preguntaron por el afectado a uno de sus hijos de 16 años de edad, quien fue obligado a acompañarlos hasta la entrada del fundo. Posteriormente, el patrón lo hizo llamar y al concurrir, fue violentamente aprehendido.

En la misma oportunidad fueron detenidos otros dos campesinos del fundo: Raimundo Salazar Muñoz, quien se encontraba inválido y Luis Alberto Bastías Sandoval; los tres permanecen hasta la fecha detenidos desaparecidos.
Su cónyuge inició al día siguiente su búsqueda acudiendo a la Cruz Roja y Regimiento de Los Angeles, desde aquí la enviaron a Mulchén donde se comunicaron con el Cabo Salazar en el Retén de Quilaco, quien al principio negó la detención pero, ante la insistencia, reconoció su arresto y haberlo entregado a militares de Chillán. Esta información fue entregada por escrito por lo que el mismo día ella acudió al Regimiento de Los Angeles y le mostró la comunicación a un Capitán quien negó rotundamente ese hecho.

Tanto la cónyuge como sus hijos continuaron la búsqueda del afectado en otras ciudades de la zona y en diversos organismos resultando infructuosas todas la diligencias realizadas.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

El 26 de abril de 1979, la cónyuge de la víctima, María Inés Ortega Salinas, interpuso recurso de amparo el que roló con el N° 4356 en la Corte de Apelaciones de Concepción.


Primera Linea

23 de Abril 2002

Exclusivos disminuyen a cuatro

En un dictamen que ya se preveía, el pleno de ministros de la Corte de Suprema determinó que sólo cuatro de los ocho jueces con dedicación exclusiva seguirán en esta condición, y los restantes pasarán a conformar un tribunal con dedicación preferente.

Basado en los antecedentes recopilados por el máximo tribunal, se determinó que el Primer Juzgado de Letras de San Bernardo, a cargo de la jueza Cecilia Flores; Octavo del Crimen de Santiago, con María Ines Collins; Noveno del Crimen de Santiago con Raquel Lermanda y Décimo del Crimen con Juan Antonio Poblete siguen como jueces exclusivos.

Además, el Cuarto Juzgado del Crimen de San Miguel, a cargo de María Teresa Díaz se mantendrá en la misma condición, aunque sólo por un plazo de un mes.

En el caso del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, Quinto del Crimen de Santiago, Primer Juzgado del Crimen de Arica, Juzgado de Letras de María Elena, Primer y Segundo Juzgado del Crimen de Valparaíso, Primer Juzgado Civil de Chillán, Primer Juzgado del Crimen de Chillán, Primer Juzgado del Crimen de Talcahuano, Juzgado de Letras de Pucón y Segundo Juzgado del Crimen de Valdivia se sumarán al grupo ya existente de jueces preferentes.
La situación más difícil la enfrentan los jueces del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, Mario Carroza; Tercer Juzgado del Crimen de San Miguel, María Teresa Díaz; Juzgado de Letras de Santa Barbara, Loreto Jara que en adelante se convertirán en jueces preferentes.

Pero la Corte Suprema también ordenó al Décimo Juzgado del Crimen que anexe los procesos que correspondan a las causas que tramita de manera de avanzar en la investigación, sin embargo, no entrega más detalles al respecto.
Todos los jueces exclusivos y preferentes deberán informar al cabo de un mes sobre su gestión y nuevamente serán evaluados por el tribunal superior.

En el detalle de las causas, el proceso por la muerte de Juan Luis Rivera Matus rol 107.716-9 comenzará a ser visto de manera preferente por el titular del Primer Juzgado del Crimen de Santiago Joaquín Billard, quien también tramitará la causa rol 107.254.

En el caso del Quinto del Crimen conocerá el rol 167.716-16 caratulado como desaparecidos de La Moneda, que ya estaba en calidad de preferente.

En el Primero de Arica y Cuarto de esta misma ciudad se conocerán las causas rol 51925 y 13.322-A, respectivamente.
En María Elena se indagará de manera preferente el proceso 31-91, Mientras que en el Primero del Crimen de Valparaíso se verá la causa del sacerdote británico Michael Woodward rol 140.454.

En el Segundo del Crimen de Valparaíso se conocerá la causa rol 127.298-1.

En Chillán en tanto el Primer Juzgado Civil conocerá la causa 11.599 que de acuerdo al Fasic no corresponde a proceso de derechos humanos, en cambio en el Primero del Crimen de esta misma ciudad se indagará la desaparición de Ernesto Torres Guzmán, rol 70.927-6.

En el caso de Talcahuano se anexa como prefente el rol 24.776, en Pucón el rol 4.473 y en Valdivia el rol 75.858.
Por el contrario, se verán perjudicadas por el dictamen de la Corte Suprema las causas sobre la desaparición de Daniel Reyes Piña, Leopoldo Muñoz Andrade, Víctor Morales Mazuela y Víctor Cárdenas Valderrama que tramitaba el Tercer Juzgado del Crimen de San Miguel ya que ahora tendrán carácter preferente. En todo caso,juega a su favor que ya se dictaron procesamientos en el caso de las causas de Morales y Cardenas.

En el Tercero del Crimen de Santiago serán ahora causas preferentes la desaparición a manos de la DINA DE Iván Carreño Aguilero, y las muertes de Luis Moraga Cruz, Juan Orellana Catalán y Ricardo Weibel Navarrete que perecieron a causa del Comando Conjunto. También este tribunal conoce el proceso por la desaparición del ex GAP Domingo Blanco Tarres.

En el caso de Santa Bárbara se ve perjudicada la investigación sobre los casos de Luis Bastias Sandoval, Luis Cid Cid, Cristino Cid Fuentealba, José Molina Quezada, José Pinto, Raimundo Salaza, Segundo Soto, Gabriel Viveros desaparecidos en los primeros días del Golpe Militar.

En el Décimo del Crimen de Santiago se indaga cuatro casos informados en la Mesa de Diálogo por las Fuerzas Armadas se trata de la desaparición en 1975 de Ricardo Lagos Salinas, Carlos Lorca Tobar, Michelle Peña Herreros y Exequiel Ponce Vicencio


TribunadelBioBio.cl

19 de Julio de 2010

En fase final procesos por violaciones a los derechos humanos que involucran a 33 víctimas en BíoBío

En las últimas fases antes de sentencia de primera instancia, se encuentran dos casos de violaciones a los derechos
humanos ocurridos en la región del Bío Bío y que totalizan 33 víctimas. Los procesos están en manos del ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción para casos de derechos humanos, Carlos Aldana.

Se trata de hechos ocurridos en las comunas de Santa Bárbara y Quilaco, de la provincia de Bío Bío, entre el 13 y el 20
de septiembre de 1973 principalmente. En ambos casos actuaron carabineros en colaboración con civiles de la zona.

En Santa Bárbara, fueron 24 víctimas, la mayoría de ellas familiares y obreros agrícolas. En dicha zona, se formó un
curioso grupo denominado "Fuerza de Colaboración Voluntaria con Carabineros de Chile", que fue creado
inmediatamente después del golpe militar del 11 de septiembre, por el jefe de la Tenencia de Santa Bárbara, teniente Planté Euclides Aravena y compuesto por los carabineros Heraldo Pulgar Riquelme, José Godoy Godoy y Héctor Echeverría Beltrán. También formaron parte de este grupo los civiles Jorge Domínguez Larenas, los hermanos Manuel y Ricardo Barrueto, Sergio Fuentes Valenzuela y Jorge Eduardo Valdivia Dahme, los que vistiendo uniformes de campaña similares a los del Ejército y portando diversos tipos de armas realizaron distintos operativos en la zona.

De ninguno de los detenidos volvió a saberse y años más tarde, en 1995, el Juzgado de Letras de Santa Bárbara inició
una investigación tras la presentación de una denuncia por inhumación ilegal hecha por la Corporación Nacional de
Reparación y Reconciliación.

Pero quien marcó la línea de las indagaciones y logró sustanciales avances fue el juez de Letras de esa comuna,
Waldemar Koch en su calidad de juez con dedicación exclusiva.

Más tarde, cuando la Corte Suprema nombra ministros especiales para causas de derechos humanos -en 2005-el caso
llega a manos del ministro Carlos Aldana, quien en diciembre de 2008 dicta autos acusatorios por el delito de secuestro calificado en contra de los carabineros y los civiles involucrados.

En el caso de Quilaco, las víctimas son ocho obreros agrícolas, que fueron detenidos por una patrulla compuesta por
carabineros y civiles armados, entre el 13 de septiembre y el 3 de noviembre de 1973. De su paradero nunca más se
supo, sólo se tuvo antecedentes que sus cuerpos habrían sido lanzados al río Bío Bío desde el puente Piulo.

El 15 de octubre de 2005, el ministro Aldana acusó por el delito de secuestro calificado a diez personas entre
uniformados y civiles, entre ellos a Sergio Salazar San Martín, jefe del Retén de Quilaco.

Durante la semana del 12 al 15, se verificó la etapa de rendición de pruebas, en que la defensa de los acusados solicitó la ratificación de los testimonios aportados tanto por parte de ellos como de las víctimas y testigos. El primer día de esta etapa probatoria, víctimas y victimarios permanecieron a escasos metros de distancia en uno de los pasillos de la Corte de Apelaciones de Concepción, mientras esperaban su turno para la verificación de sus testimonios.

Se trata de una diligencia más dentro del proceso que permitirá al ministro dictar medidas para mejor resolver, si así lo considera y en un plazo no precisado dictar las sentencias para estos casos.


Esta pagina fue modificada el 15/02/2015

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