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FRANCISCO JAVIER CALDERON NILO

Rut     : 7.270.136?4
F.Nacim.                : 23-01-54, 19 años a la fecha de detención
Domicilio : Fundo Liguay, Huelquén, Paine
E.Civil : Soltero
Actividad : Obrero agrícola
C.Repres. : Sin militancia política conocida
F.Detenc. : 3 de octubre de 1973

Francisco Javier Calderón Nilo, 19 años al momento de los hechos, soltero, obrero agrícola, fue detenido el día 3 de octubre desde su domicilio del Fundo Liguay, Huelquén, Paine, en presencia de su familia, por efectivos Militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo, cuyos rostros estaban tiznados, usaban trajes de campaña color verde oliva, y algunos que parecían ser los jefes, llevaban puestas boinas negras. En la oportunidad, en un vasto operativo que abarcó el Fundo Liguay y en el asentamiento El Escorial, se detuvo a 11 campesinos cuyos nombres figuraban anotados en una lista que portaban los aprehensores. El operativo que incluyó arrestos y allanamientos fue realizado al margen de toda legalidad.
Restos humanos correspondientes a Francisco Javier Calderón Nilo y a otros 13 campesinos detenidos en ambos predios agrícolas durante operativos Militares realizados el 24 de septiembre y 2?3 de octubre de 1973, fueron encontrados en marzo de 1974 en una quebrada del Cerro Redondo ubicado en la Cuesta de Chada distante a 4 Km. del lugar de sus arrestos. En la oportunidad el Instituto Médico Legal informó al Tribunal su imposibilidad de identificar las víctimas, y de establecer causa de muerte. Sin embargo, en enero de 1991, el mismo Instituto tras realizar un nuevo peritaje informó al Ministro en Visita Don Germán Hermosilla, la identidad de cada una de las osamentas. Además se estableció que sus muertes fueron provocadas por múltiples impactos de bala. Es así como de un total de 20 detenidos,en esta seguidilla de operativos, tres campesinos recuperaron su libertad tras permanecer recluidos una semana en el Campamento de Chena, otros tres fueron ejecutados en el mismo Campamento aduciéndose haber actuado ante un intento de fuga y 14 fueron exterminados con ocultamiento de sus cuerpos.
A las 3 de la madrugada del día 3 de octubre Francisco Javier Calderón Nilo fue detenido desde el domicilio de su abuela con la cual vivía, ubicado en el Fundo Liguay. Instantes antes sus aprehensores habían allanado el domicilio de sus padres y al no encontrarlo habían requerido información de su paradero. Así llegaron hasta él. Su familia reconoció de entre los aprehensores, pese a tener estos sus caras tiznadas de negro, al conscripto de apellido Valdés. Los aprehensores se movilizaban en un camión rojo, con toldo blanco, en una de sus puertas se veía un timbre fiscal. Esa madrugada se detuvo en similares operativos a otros 10 campesinos, el día anterior ya se había detenido a dos asentados desde su lugar de trabajo y el 24 de septiembre se había detenido a 7 trabajadores en su mayoría dirigentes del Asentamiento, todas víctimas de arrestos ilegales efectuados por Militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo.
Francisco Javier Calderón Nilo, no fue visto en ningún centro de detención ni se reconoció su arresto.
Testigos aseguraron ante el Tribunal haber visto que los detenidos el día 3 de octubre fueron subidos a un camión rojo con toldo blanco que en una de sus puertas tenía un timbre fiscal, dirigiéndose a la Cuesta de Chada cerca de las 6 a.m. A los detenidos se les obligó a ascender el cerro llevando su vista vendada y sus manos maniatadas a la espalda, hasta llegar a lo alto bajo un quillay, donde fueron puestos frente a un pelotón de fusileros que descargaron sus armas sobre los detenidos. En marzo de 1974 sus cuerpos en avanzado estado de descomposición fueron encontrados en la cuesta señalada.
En enero de 1991 las osamentas correspondientes a Francisco Javier Calderón Nilo fueron entregados a sus deudos y sepultados en el Cementerio de Huelquén. En la inscripción de su defunción N°106 de 5?2?1991 se consignó como fecha de muerte el 3 de octubre de 1973, en Cuesta de Chada y como causa de muerte traumatismo de extremidad inferior derecha por bala.
La detención y ejecución de Francisco Javier Calderón Nilo se enmarca en lo que la represión en Paine.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
El 8 de marzo de 1974 se dio inicio a la causa rol 23643 relativa al hallazgo de Osamentas en la Cuesta de Chada, en el Juzgado de Letras Maipo?Buin en razón al parte N°48 que extendiera la Subcomisaría de Paine, dando cuenta del hallazgo de "osamentas humanas correspondientes a 12 cadáveres". En la oportunidad las osamentas fueron encontradas por orden verbal del juez y remitidas al Instituto Médico Legal con oficio N°18 del 7 de marzo de 1974.
El Tribunal dio orden de investigar procurando establecer el origen e identificación de las osamentas, causa de muerte, probable antigüedad y aprehender a los que resultan culpables. Además ordenó las correspondientes autopsias tendientes a su identificación. Finalmente dejó indicado que las defunciones debían inscribirse oportunamente.
En el mismo mes de marzo concurrieron a declarar al Tribunal, Margarita del Carmen Nilo Suazo, Genoveva del C. Bozo Pardo, Susana del C. Vidal Arenas, Iris Magdalena Hernández Martínez, Felicinda Pinto Sepúlveda, María Beatriz Salas Vásquez, María del C. Soto Garrido, Angel Custodio Cabeza Lizama, todas esposas, madres o hermanas de campesinos del Escorial cuyos cadáveres habían sido encontrados por ellas en la Cuesta de Chada. Al Tribunal dieron pormenorizada cuenta de la aprehensión por parte de Militares y del posterior hallazgo.
Con fecha 23 de mayo de 1974 el Instituto Médico Legal hizo entrega al Tribunal de los informes de autopsia N°s 519 al 530. El documento en su inicio daba cuenta que las osamentas al momento de su ingreso al Instituto venían desordenadamente en 3 bolsas de arpillera, de esas que habitualmente se emplean para envasar productos agrícolas. Tras dar un informe pormenorizado del estudio de éstas terminaba concluyendo que a) se trataba de un conjunto de restos humanos, reducidos en su mayor parte a esqueletos, fragmentados y desarticulados, incompletos y en estado de descomposición, b) ostentaban características propias del sexo masculino, c) correspondían aproximadamente a 14 cadáveres incompletos, d) se trataba de sujetos adultos, cuyas edades fluctuaban entre los 20 y 50 años aproximadamente, y e) la data de la muerte se remontaba a 5 o 6 meses a la fecha de iniciación del examen (12 de marzo) f) no era posible determinar causa g) entre los restos habían sido encontrados fragmentos muy destruidos de vestimenta de uso masculino y un resto de proyectil y finalizaba haciendo entrega del proyectil al Tribunal. Con fecha 21 de agosto del mismo año la sección balística, forense de la Dirección de Investigaciones informó al Tribunal, tras haber estudiado el proyectil, que se trataba de un calibre 7 mm. disparado por un fusil a carabina Mauser modelo 19/2 Steyr.
Con fecha 30?04?75 y sin haber realizado nuevas diligencias, el Tribunal cerró el sumario "encontrándose agotada la investigación y sobreseyó la causa "no encontrándose completamente justificado en autos que el deceso de los individuos cuyas osamentas fueron puestas a disposición del tribunal en fjs. 1 sean o hayan sido consecuencia de la perpetración de un delito". El fiscal de la Corte estuvo por aprobar el sobreseimiento, pero la Corte en Pleno revocó la resolución por no encontrarse agotada la investigación y a fin de que se establecieran adecuadamente los hechos denunciados, sus causas así como determinar a quienes corresponden;sin perjuicio de lo anterior, la Corte resolvía además que el juez estudiara la posibilidad de declarar su incompetencia y enviar los antecedentes a la F. Militar (30 06 75).
Con fecha 4 de julio de 1975 el Tribunal se declaró incompetente y remitió el expediente a la Fiscalía Militar en atención que de los antecedentes surgían presunciones para acreditar que en el deceso de esas personas habían tenido participación funcionarios militares.
El 21 de julio de 1975 la 1° Fiscalía Militar bajo el rol 561?75 asumía la investigación. Pero ya el 27 de octubre del mismo año el fiscal militar sobreseía temporalmente la causa "no obstante haberse agotado la investigación y resultando del sumario haberse cometido el delito, no hay indicios suficientes para acusar a determinadas personas como antes, cómplice o encubridor. Dos días antes había llegado oficio respuesta del director de la Escuela de Infantería de San Bernardo Coronel Pedro Montalba Raleo en el cual manifestaba no existir antecedentes al respecto. El 4 de noviembre de 1975 el II Juzgado Militar confirmó el sobreseimiento temporal.
Este expediente el 15 de mayo de 1979 fue solicitado por el Ministro Rivas en la causa 24005 1 relativa a 23 denuncias por presuntas desgracias de lugareños de Paine y que incluía a Héctor Santiago Pinto Caroca, detenido en el Asentamiento El Escorial a fin de tenerle a la vista. Resolviendo el 18 de junio de 1979 el II Juzgado Militar, no ha lugar a la petición dado que "ha sido tramitada conforme a procedimiento penal militar de tiempo de guerra".
El 27 de abril de 1979 el Instituto Médico Legal solicitó al II Juzgado Militar solicitó al tribunal la orden judicial correspondiente a fin de proceder a su sepultación. Dicha orden nunca fue recibida por el Instituto, permaneciendo las osamentas insepultas en dependencias del Instituto Médico Legal por un lapso de 17 años.
El 23 de enero de 1974 se interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago en su favor y de José Emilio González Espinoza ambos detenidos en el operativo del 3 de octubre. Este bajo el rol 68?74 fue declarado sin lugar el 1 de junio de mismo año habiendo tenido como antecedente para tal resolución los informes de la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos, Jefatura del Interior de los Depto. de San Bernardo y Maipo, Jefe de Zona en Estado de Sitio de los Dptos. de San Antonio y Melipilla y Ministerio del Interior, todos los cuales emitieron Oficios afirmando que las personas consultadas no habían sido detenidas por ellos.
El 14 de enero de 1980 quedó interpuesta una querella por el delito de secuestro de Francisco Javier Calderón Nilo y sus compañeros, Víctor Manuel Zamorano González, José Hugo Vidal Arenas, Héctor Santiago Pinto Caroca, Aliro Valdivia Valdivia, en contra de efectivos de la Escuela de Infantería de San Bernardo, culpables de los hechos.
La investigación judicial, bajo el rol 26037?3, la inicia el juez Fernando Montenegro Araya del Juzgado de Letras Maipo?Buin. Las respuestas a oficios enviados al Ministerio del Interior, Policía Internacional, Dirección de Registro Civil, Cementerio General de Santiago e Instituto Médico Legal daban cuenta de que estas personas no figuraban en sus registros. Es decir no aparecían detenidas ni fallecidas. Por su parte la Escuela de Infantería de San Bernardo respondía que no era factible verificar esos nombres por encontrarse la documentación correspondiente incinerada, en conformidad a disposiciones reglamentarias que establecían su eliminación transcurrido 5 años en archivo.
En el año 1980 declararon ante el Tribunal los ex detenidos José Luis Marchant Raba, Francisco Javier Garrido Morales y Carlos Farías Arévalo. Ellos confirmaron haber sido arrestados el 24 9 73 desde el Asentamiento El Escorial, por contingente de la Escuela de Infantería de San Bernardo y haber permanecido detenidos primero en la Escuela de Infantería y luego en el Campamento de Detención ubicado en el Cerro Chena. Al ser consultados por los 5 detenidos motivo de la querella, declararon conocerlos, estar en antecedentes de su detención, pero no haberlos visto ni escuchado en ambos recintos.
También el juez inició intentos por identificar al personal que a la fecha de los hechos investigados se desempeñaba en el Campamento de detenidos de Chena, buscando por esta vía obtener información sobre el destino de los detenidos. Inicialmente ofició a la Escuela de Infantería el 29 de julio de 1980, desde la cual se le respondió que tal consulta debía hacerse al Ministro de Defensa Nacional" en cumplimiento a lo dispuesto en oficio de la Subsecretaría de Guerra (R) Dpto. II /1 N°2460/6 del 19 de diciembre de 1979". El Ministro de Defensa, Raúl Benavides por su parte respondió el 28 de octubre del mismo año negando la existencia del Campo de Detenidos de Chena, agregando respecto a detenidos que sólo los había habido en forma transitoria y esporádica en dependencias de la Escuela de Infantería de San Bernardo.
Ante tal información la parte querellante entregó al Tribunal el Oficio de fecha 16?4?74 y que el Coronel Pedro Montalba Calvo en su calidad de Director de la Escuela de Infantería de San Bernardo hicieron llegar a la Corte de Apelaciones de Santiago dando cuenta que Juan Guillermo Cuadra Espinoza e Ignacio del Tránsito Santander Albornoz (campesinos de El Escorial) habían sido dados de baja por centinelas el 5 de octubre de 1973 en "el Campo de Prisioneros de Chena". Con ello el Tribunal se hacía de una prueba documentada incuestionable de la existencia de dicho Campamento de Detención.
Sin haber resuelto el problema del secuestro y destino de los campesinos, motivos de la investigación, el Tribunal resuelve con fecha 30 de abril de 1981 sobreseer temporalmente la causa argumentando que es mientras no se presenten nuevos y mejores datos para proseguir la investigación. La resolución fue apelada y la Corte de Apelaciones de Rancagua estuvo por la reapertura del sumario el 12 de mayo de 1981. Además ordenó que se oficiara nuevamente al Ministro de Defensa Nacional a fin de lograr la comparecencia del Coronel Pedro Montalba Calvo y del Tte. Andrés Magaña Bau. En cuanto a éste último existía una querella por el secuestro del comerciante René del Rosario Maureira Gajardo, ocurrido el 16 de octubre de 1973 en Paine, concurrió al Tribunal en noviembre 1981 negando toda participación en los operativos efectuados en el Asentamiento El Escorial y Fundo Liguay. Con posterioridad a esta declaración y no habiendo concluido la investigación el Juez nuevamente cierra el sumario y resuelve sobreseer temporalmente el 1° de diciembre de 1981, junto a ella se sobreseía la causa 24862 que se había acumulado el 21?8?81 también por secuestro de un campesino del Asentamiento El Escorial, Domingo Galaz Sala.
Cabe hacer presente que el Juez Instructor había sido puesto en antecedente por los propios denunciantes de la existencia de un proceso iniciado por el mismo Tribunal relativo al hallazgo de restos humanos correspondientes a sus familiares detenidos desaparecidos (rol 23643). Pese a ello el expediente no fue traído a la vista. Igual actitud se tuvo respecto a otras causas motivo de investigación de ese Tribunal por denuncias de arrestos ilegales ocurridos en Paine en 1973. Entre ellos cabe mencionar la causa rol 24005?1 que investigaba el delito de secuestro de 23 campesinos de Paine la cual estaba a cargo del Ministro en Visita Humberto Espejo Z.
En agosto de 1990 ante denuncia de inhumaciones irregulares ocurridas en Paine y que afectaría a detenidos desaparecidos de la zona de la Corte de Apelaciones Pdte. Aguirre Cerda designó Ministro en Visita a Don Germán Hermosilla. El Ministro Visitador citó a declarar a familiares de las 70 víctimas de arrestos seguidos de ejecución y desaparecimiento y luego decretó diligencias relativas a exhumaciones, en cuatro lugares diferentes de Paine. Respecto a las casas de arrestos en el asentamiento El Escorial y que posteriormente fueron ubicados en Cuesta de Chada ordenó las siguientes diligencias, a) ubicar el destino de las osamentas; b) hacer un nuevo peritaje de las osamentas; c) rastrear la zona del hallazgo y en caso de encontrar evidencias someterlas a peritaje. Fue así como pudo establecer que las osamentas aún se encontraban en dependencias del Instituto Médico Legal. Iniciando un nuevo peritaje que se estudió por 3 meses se identificó claramente a cada una de las víctimas. Al rastrear el sector de la quebrada del cerro Redondo se encontraron 2 vainillas percutadas, 25 proyectiles deformadas y 18 en buen estado.
Por su parte, el laboratorio de Criminalística de Investigaciones, en su sección Balística Forense, estableció que "la mayoría de los proyectiles fueron diseñados para ser disparados por armas de fuego del tipo fusil ametralladora automáticas, cuyo calibre corresponde a 7,62 mm Nato siendo ésta munición de guerra. En cuanto a otros 2 proyectiles, uno corresponde al calibre 32 largo, diseñado para ser disparado por armas de fuego tipo revólver y la otra corresponde al calibre 7,9 m. diseñado para ser disparado por fusiles o carabinas de ese calibre". Y respecto al servicio que utilizaba este tipo de armas durante los 4 últimos meses de 1973, el informe concluía "Fuerzas Armadas, de orden y seguridad (policiales) como asimismo cualquier persona que tenga acceso a este tipo de armamento como grupos paramilitares".
En enero de 1991 el Tribunal ordenó la entrega de los restos de Francisco Javier Calderón Nilo a sus familiares y ordenó la inscripción de su defunción.

Esta pagina fue modificada el 17/07/2010

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