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LINCOYAN YALU BERRIOS CATALDO

Actualidad:

EL MOSTRADOR - Viernes, 12 de Enero de 2001
Coletazos del informe de las Fuerzas Armadas. La operación para ocultar a los responsables de las violaciones
La confirmación de una compleja operación -montada por el régimen militar en el marco de la "Operación Cóndor"- para ocultar su responsabilidad en el asesinato de los detenidos desaparecidos, es una de las consecuencias del informe entregado por las Fuerzas Armadas, en el que aparecen los restos de seis chilenos como enterrados clandestinamente en el sector de Cuesta Barriga. Según el informe, Lincoyán Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Luis Lazo Santander, Fernando Navarro Allendes, Fernando Ortiz Letelier y Héctor Veliz Ramírez, todos ellos detenidos desaparecidos, habrían sido enterrados en una fosa clandestina en Cuesta Barriga, luego de haber sido detenidos por los organismos secretos de seguridad en 1976. Esa información viene a confirmar, 24 años más tarde, que la explicación oficial entregada por las autoridades del régimen militar de la época, apoyada en documentos de extranjería argentinos, era falsa y fue fabricada a través de los canales de cooperación entre los servicios de seguridad de las dictaduras del Cono Sur: la Operación Cóndor.
Con esos documentos entregados a los tribunales por el Ministerio del Interior -cuyo titular era el actual senador UDI Sergio Fernández- se paralizó toda investigación de los tribunales y se pretendió convencer a los organismos internacionales que intentaban detener la represión en Chile que los detenidos desaparecidos no existían y que se trataba de "extremistas" que habían escapado de Chile. Que todo era un "invento del comunismo internacional".


Primera Linea 16 de Junio 2001
Familiares de detenidos-desaparecidos afirman: "Arancibia perdió su honor"
Familiares de detenidos desaparecidos señalaron hoy que el renunciado comandante en jefe de la Armada, Jorge Arancibia, "perdió todo su honor al haber renunciado a la institución, con lo cual se coloca en duda su real aporte en la mesa de diálogo". Los familiares de Linocoyán Berrios, Horacio Cepeda, Luis Lazo, Fernando Navarro, Héctor Ortiz y Héctor Veliz -cuyos restos según los informes de las Fuerzas Armadas habrían sido dejados en la Cuesta Barriga- entregaron una carta al ministro del Interior, José Miguel Insulza, en la cual manifiestan su preocupación por la actitud del jefe naval de haber dimitido a su cargo por pretenciones políticas.
Antonia Cepeda, señaló que "la Armada perdió su honor el dia mismo que hizo lo que hizo con nuestros familiares. También Arancibia perdió su honor cuando entregó a la mesa de dialogo una información confusa de dudosa veracidad y que no ha permitido hasta ahora encontrar los restos de nuestros familiares".

Primera Linea 19 de Julio de 2001
Encuentran nuevas Osamentas en Fuerte Arteaga
La ministra en visita Amanda Valdovinos confirmó que restos óseos humanos, correspondientes a tres personas, fueron encontrados al interior del Regimiento del Ejército Justo Arteaga, de Colina. La diligencia corresponde a lo ordenado por la Corte Suprema luego de recibir el informe de la Mesa de diálogo que concluyó en enero y que, según los antecedentes entregados por las Fuerzas Armadas, en ese recinto militar estarían sepultados los restos de unas 20 personas.
Caucoto: "Son del Comando Conjunto"
El abogado Nelson Caucoto dijo a La Voz que todos los restos que puedan ser ubicados en el sector de Colina corresponden a víctimas del denominado Comando Conjunto.
Según el Informe Rettig, algunas de las personas desaparecidas son Humberto Fuentes Rodríguez, Luis Moraga Cruz, Ricardo Weibel Navarrete (identificado), Ignacio González Espinoza (identificado), Miguel Rodríguez Gallardo, Nicomedes Toro Bravo, José Sagredo Pacheco, Carlos Contreras Maluje, Juan René Orellana, Luis Emilio Maturana y Juan Gianelli Company, Fernando Navarro Allendes, Horacio Cepeda Marinkovic, Lincoyán Berrios Cataldo, Juan Fernando Ortiz Letelier, Waldo Pizarro Molina, Héctor Veliz Ramírez, Luis Lazo Santander y Reinalda Pereira Plaza, entre otros.
Por esto, el profesional considera "poco eficiente" el sistema de designación de jueces especiales que realizó la Corte Suprema a petición del gobierno. "El sistema ha provocado confusión, porque sin duda que se avanza más con un ministro a cargo de casos específicos".


Primera Linea 24 de Agosto 2001
AFDD: Arancibia sabe destino de detenidos desaparecidos
Amparándose en informes de 1979, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) informó que el hermano del candidato a senador Jorge Arancibia, Fernando Arancibia, desempeñó el cargo de subdirector de la Central Nacional de Informaciones (CNI) y habría negado ante jueces de la época la existencia de prisioneros políticos.
De acuerdo a la presidenta de la entidad, Viviana Díaz, consta que el ex coronel de Ejército, Fernando Arancibia, participó en el grupo operativo del Golpe de Estado y luego en la creación de la DINA. Además, fue Agregado Militar en Argentina en 1978 y regresó en 1979 para convertirse en el subdirector de la CNI.
La dirigenta explicó que estos antecedentes ponen en evidencia la necesidad de iniciar acciones judiciales para investigar la verdadera participación de la CNI en la actualidad y, puntualmente, la vinculación del ex almirante Arancibia en este cuadro.
"Un candidato a senador y un subdirector de la CNI, genética e ideológicamente hermanados, uno en la marina y otro en el Ejército, ambos unidos por un pasado golpista y un presente conspirativo, están liderando una gran operación política y de inteligencia destinada a instalar el legado pinochetista", indica una declaración de la AFDD.
Las informaciones de la agrupación precisan también que "en 1980, a raíz del hallazgo en Lonquén de osamentas, la CNI inicia una operación de remoción de restos de detenidos desaparecidos a lo largo de todo el país, bajo su propia coordinación".
Añaden que tiempo después el coronel (r) Arancibia aparece junto con el líder de Avanzada Nacional, Alvaro Corbalán.
Estos antecedentes, para Viviana Díaz, ponen en evidencia que el candidato a senador Arancibia no pudo desconocer la información de detenidos desaparecidos que negó durante su permanencia en la Mesa de Diálogo, instancia que él mismo propició, aseguró.
"El almirante (r) Arancibia le mintió a todo el país al entregar esa información sobre el caso Cuesta Barriga, pues indudablemente que estaba enterado de la remoción de los restos de Fernando Ortiz, Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Héctor Veliz, Horacio Cepeda y Luis Lazo, disfrazando una operación destinada a hacer desaparecer por segunda vez a nuestros familiares y presentándola como una contribución para esclarecer lo sucedido".


Primera Linea 18 de Octubre 2001
Gobierno pide investigar remoción de restos en Cuesta Barriga
Cumpliendo con el compromiso verbal asumido con los familiares de las víctimas de Cuesta Barriga, el gobierno, a través del Programa de Derechos Humanos, solicitó al ministro Héctor Carreño que instruya sumario en el caso de la desaparición de trece dirigentes comunistas en 1976 e investigue los antecedentes que demostrarían que hubo remoción de restos en ese lugar.
Si es acogida la solicitud del Programa, se abrirá un nuevo frente de investigación, pues el mandato que otorgó la Corte Suprema a Héctor Carreño y Amanda Valdovinos -a cargo de la búsqueda de veinte cuerpos en el Fuerte Arteaga- fue sumamente restrictivo desde el minuto que los designó como jueces especiales, pues sólo les comisionó confirmar la veracidad de la información de la Mesa de Diálogo y encontrar los cuerpos que estarían en esas coordenadas, pero nada les dijo sobre esclarecer las circunstancias de las desapariciones investigadas.
Así, a diez meses de esta resolución, sólo ha habido avances en materia de hallazgo de osamentas. De hecho, desde que el 9 de enero comenzó la investigación en el socavón de la mina Los Bronces, ubicada en el kilómetro 12 de la Cuesta Barriga, el proceso se ha visto enturbiado por las limitaciones impuestas por el máximo tribunal.
De acuerdo a los familiares de las víctimas de Cuesta Barriga no se puede pretender encontrar cuerpos, identificarlos y luego dejar el caso botado. Aseguran que todo juez debe tener como principal misión la verdad y la justicia y, en ese plano, determinar quiénes fueron los culpables de los crímenes de 1976 y quiénes removieron sus cuerpos. Por ello, anticipan que si falla la presentación del Programa presentarán querellas para determinar la remoción de restos de sus parientes, la que aseguran se efectuó, con 90 por ciento de certeza, en 1987.
La remoción de 1987
Una pieza fundamental para investigar la remoción de restos será la información proporcionada por dos testigos a Investigaciones y el mismo tribunal, que declararon que en 1987 camiones del Ejército recorrieron la zona y realizaron operativos, trasladando bultos.
Esta tesis cobra fuerza, porque los peritajes de los expertos del Servicio Médico Legal han determinado que los cuerpos fueron exhumados entre cinco a diez años después de su entierro, lo que queda en evidencia porque los restos que permanecieron en la mina corresponden a aquellos que caen libremente al moverse y no presentan las fracturas propias de un cadáver que no está en avanzado proceso de descomposición.
Si a ello se suma que el propio ex almirante Jorge Arancibia, cuando se desempeñaba como comandante en jefe de la Armada confirmó que la información de restos en Cuesta Barriga fue entregada por su institución, las posibilidades que el juez Carreño inicie una investigación en esa área pone como principales inculpados -nuevamente- a miembros de las Fuerzas Armadas.
Para los familiares de las víctimas estos antecedentes son tan contundentes que ameritan solicitar al Ejército que informe sobre estos trabajos y rompa -parcialmente- el secreto que ofreció la Mesa de Diálogo a las personas que entregaron estos datos, pues en su opinión tendrían alguna participación en el delito de exhumación y remoción de cuerpos.
Entre los familiares existe la creencia que la totalidad de los restos de sus padres y hermanos jamás serán encontrados, pues señalan que luego de remover los restos la práctica habitual fue dinamitarlos o destruirlos y, muy difícilmente se realizaron en ese período operativos para lanzar cuerpos al mar.
Lenta identificación
Mientras los familiares de los desaparecidos aguardan con ilusión el resultado de la diligencia solicitada por el Programa, el Servicio Médico Legal comenzó la larga tarea de establecer la identidad de las osamentas, que de acuerdo al organismo corresponderían al menos a diez personas.
Las 200 piezas encontradas sólo han permitido a la fecha tener certeza de la identidad de dos personas: Horacio Cepeda y Fernando Ortiz, gracias a la comparación de las piezas dentales con radiografías que guardaban sus familiares, aunque sus restos deberán ser evaluados como todos los demás con pruebas de ADN, investigación que se extenderá al menos por un año. Ello, pese a que los familiares esperan que el trámite sea más corto de lo previsto, considerando que se chequearon grupos de osamentas comunes para facilitar los peritajes.
El informe de la mesa de diálogo sólo consigna que en la Cuesta estarían los cuerpos de Lincoyán Yalu Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Luis Segundo Lazo Santander, Luis Segundo Fernando Alfredo Navarro Allendes, Juan Fernando Ortíz Letelier y Héctor Véliz Ramírez, todos ellos detenidos el 13 de diciembre de 1976.
Pero las agrupaciones de derechos humanos y el Informe de la Comisión Rettig suman los nombres de Santiago Edmundo Araya Cabrera (detenido el 29 de noviembre de 1976), Armando Portilla (detenido el 9 de diciembre de 1976), Reinalda del Carmen Pereira Plaza y Waldo Ulises Pizarro Molina, detenidos en el operativo del 13 de diciembre de 1976; Lizandro Tucapel Cruz Díaz y Carlos Patricio Durán González, ambos apresados el 18 de diciembre de 1976; y Edras de las Mercedes Pinto Arroyo, arrestado el 20 de diciembre de 1976.
A la fecha los informes forenses han establecido "acercamientos" a las identidades de Héctor Véliz, Alfredo Navarro, Luis Lazo y Lincoyán Berríos, pues sus antecedentes médicos presentan importantes correspondencias con las piezas óseas periciadas en el Servicio Médico Legal. También se menciona a Lizandro Cruz y Carlos Durán que se encuentran entre las víctimas del Partido Comunista

Primera Linea 18 de Octubre 2001
Comando conjunto y caso de los trece
Entre noviembre y diciembre de 1976 se produjo una verdadera redada del Comando Conjunto sobre altos dirigentes de izquierda. Luego de su muerte a manos de los efectivos de esa unidad, los cuerpos de estas trece personas detenidas fueron arrojados a un socavón de difícil acceso en la Cuesta Barriga y, más tarde, removidos sin que existan antecedentes de su paradero final.
En materia judicial, el caso de los once dirigentes comunistas y dos integrantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) dan luces sobre el modo de actuar del grupo operativo paralelo a la DINA, el Comando Conjunto que agrupo a representantes de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas.
Incluso, el Ministerio del Interior de Argentina confirmó que cuatro chilenos - Luis Lazo, Héctor Véliz, Horacio Cepeda y Edras Pinto- ingresaron a su territorio el 6 de enero de 1977, en un vehículo con patente chilena HG-19. Curiosamente los tribunales chilenos, en los que se había presentado una denuncia por presunta desgracia señalaban que Véliz no registraba salida del país y se citaba un informe del régimen militar.
Después de una serie de tentativas judiciales en que los familiares solicitaron ministros en visita, la causa quedó en manos del magistrado Guestavino pero con limitaciones: se indagarían ocho casos y no trece. La tramitación de esta causa duró cerca de 13 años y se acumularon en ella 21 tomos con más de nueve mil fojas. Durante ese período no sólo Guestavino conoció el proceso sino también Carlos Letelier Bobadilla, quien en agosto de 1978 cerró el sumario que reabrió a los pocos meses.
Reasumió entonces Guestavino, quien decretó el sobreseimiento definitivo por aplicación del D.L. 2191 en diciembre de 1980. En un hecho inédito durante este período, la Corte de Apelaciones revocó el cierre del sumario, y el propio ministro en Visita dejó sin efecto el sobreseimiento decretado, por haberse omitido una formalidad legal.
Así en 1983 el proceso recayó en manos del actual ministro de la Corte de Apelaciones capitalina Carlos Cerda Fernández, quien dictó cientos de diligencias, consistentes en citaciones, reconocimientos de lugares y de personas, peritajes, revisión de expedientes criminales, despacho de Oficios recabando informes a servicios del Estado, a ramas de las Fuerzas Armadas, instituciones particulares y otras de vital importancia.
En total sumó cerca de 200 testimonios, entre ellos destaca las declaraciones de miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en Servicios de Inteligencia, como asimismo de funcionarios de Carabineros y de Investigaciones, y de algunos civiles que colaboraron con los servicios de seguridad, como es el caso de Otto Trujillo y de Miguel Estay Reyno (El Fanta).
En esta etapa se contó con la declaración del soldado primero de la Fuerza Aérea de Chile, Andrés Valenzuela Morales, que en 1984 desertó de esta institución y dio cuenta que a "mediados de la década del 70, comenzó a operar un llamado Comando Conjunto o Comando Conjunto Antisubversivo, integrado por miembros de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden, más algunos civiles que pertenecieron a partidos de izquierda y luego de ser detenidos por los servicios de inteligencia, sometidos a presiones y/o extorsiones, se transformaron en colaboradores".
En este grado de investigación, el ministro Carlos Cerda llegó a establecer datos esclarecedores respecto de otros casos de violaciones de derechos humanos, disponiendo incluso la remisión de algunas piezas del "proceso de los trece" a otros tribunales que conocían de causas criminales por ellos.
Pero fue el 14 de agosto de 1986 cuando el magistrado asestó su golpe más fuerte, cuando dictó 40 procesamientos por igual número de personas, entre los que se encuentra el ex integrante de la Junta Militar, General del Aire Gustavo Leigh, otros generales, oficiales y suboficiales de Carabineros, Fuerza Aérea y Marina de Chile, detectives de Investigaciones y de algunos civiles. Los uniformados eran algunos en servicio activo y otros en retiro a esa fecha.
Cuatro de éstos presentaron un recurso de queja por no aplicar la Ley de Amnistía y la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 10 de septiembre de 1986, deja sin efecto las encargatorias de reo no sólo de los cuatro oficiales, sino que mediante oficios de la totalidad de los procesados.
Como consecuencia directa de estos encausamientos, el ministro Cerda fue amonestado por el pleno de la Corte Suprema que determinó su suspensión por dos meses del poder judicial.
Desde esa época, las causas del Comando Conjunto se encuentran dispersas en distintos juzgados del crimen y una de ellas, el caso de los trece, es manejada por el ministro Héctor Carreño. Los familiares de las víctimas confían en que por primera vez se acercarán a la verdad y a la justicia, y sostienen que hoy más que nunca merecen saber quiénes detuvieron a sus familiares y quiénes removieron años después sus cuerpos
 

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