Barrios Meza Jaime

Jaime Barrios Meza, casado, dos hijos, ingeniero comercial, ex Gerente General del Banco Central de Chile, asesor en materias económicas del Presidente de la República, fue detenido el 11 de septiembre de 1973, al salir el último grupo de personas que se encontraban al interior del Palacio de La Moneda. Fue trasladado al Regimiento Tacna donde permaneció hasta el 13 de septiembre, fecha en que fue conducido en un camión militar con destino desconocido y hasta hoy permanece desaparecido. 
Jaime Barrios era asesor económico del Presidente de la República y el Gerente General del Banco Central de Chile, además antiguo amigo de Salvador Allende. El 11 de septiembre de 1973 se encontraba junto al Presidente en La Moneda. Esa mañana, su hija María Alicia habló con él telefónicamente y éste casi no podía hablar y tosía mucho por efecto de los gases lacrimógenos lanzados al interior de La Moneda. Esa fue la última comunicación que pudo tener con su padre. 
El 11 de septiembre, el Palacio Presidencial de La Moneda, sede del Gobierno, fue tomado por efectivos de Infantería y de tanques del Ejército, dirigidos por el General Javier Palacios, a los que se sumaron más tarde fuerzas de Carabineros. A las 11 de la mañana comenzó el bombardeo de parte de la Fuerza Aérea de Chile, que destruyó gran parte de La Moneda.
El detective Juan Seone, uno de los sobreviviente de estos hechos ha declarado que entre las personas que se quedaron y cuyas identidades conoce estaba Jaime Barrios, Director del Banco Central. Los miembros de la Guardia Presidencial y otras personas permanecieron en el Palacio hasta que recibieron la orden del Presidente Salvador Allende de salir, lo que se hizo por una puerta de calle Morandé 80 del Palacio de La Moneda. Allí fueron encañonados y golpeados por los Militares y se les ordenó tenderse en el suelo con las manos en la nuca, estando permanentemente amenazados, incluso de ser aplastados por un tanque que se dirigió hacia ese lugar. 
Dos miembros de la Guardia Presidencial, Antonio Aguirre Vásquez y Osvaldo Ramos Rivera fueron hechos prisioneros en el interior de La Moneda y fueron enviados a la Posta de la Asistencia Pública porque estaban heridos; algunos días después, estas dos personas fueron sacados desde dicho centro asistencial por efectivos Militares, permaneciendo desde entonces en calidad de detenidos desaparecidos. Otros miembros del GAP que venían de la residencia presidencial de El Cañaveral y Tomás Moro, no alcanzaron a ingresar en La Moneda, siendo detenidos en sus proximidades. Ellos eran, entre otros, Gonzalo Jorquera Leyton, Williams Osvaldo Ramírez Barría, Carlos Cruz Zavala y Domingo Blanco Tarrés, quienes formaban parte de un grupo de aproximadamente 13 personas, algunos de los cuales fueron posteriormente ejecutados en tanto que los recién nombrados permanecen en calidad de detenidos desaparecidos.

Las personas detenidas en La Moneda permanecieron en la calle Morandé hasta las 18:00 horas. A esa hora, estos prisioneros fueron conducidos en dos vehículos militares al Regimiento Tacna, ubicado a unas 12 cuadras del Palacio de La Moneda y que estaba a cargo del Coronel Joaquín Ramírez Pineda. 
Los sobrevivientes de estos acontecimientos han entregado la información que permite reconstruir los hechos: los prisioneros permanecieron en el mencionado Regimiento hasta el día 13 de septiembre. Mientras estuvieron detenidos en ese Regimiento fueron obligados a arrastrarse hincados, estar tendidos, con los brazos sobre la nuca o de pie con los brazos en alto. Durante casi 48 horas debieron permanecer en posiciones dolorosas, en terreno áspero o de huevillo, siendo pisoteados por los Militares que corrían sobre ellos y que los golpeaban con las culatas de sus armas o les proferían heridas con sus yataganes, con la permanente vigilancia de guardias armados de ametralladoras, quienes los amenazaban y solicitaban a los Oficiales ejecutarlos de inmediato. Posteriormente permanecieron en un sector denominado los boxes o antiguas caballerizas; desde allí los prisioneros eran llevados a una oficina ubicada en el segundo piso del Regimiento, donde eran torturados e interrogados por personal del Servicio de Inteligencia Militar, SIM. Posteriormente eran devueltos, en malas condiciones físicas, a reunirse con los otros prisioneros y a continuar en las posiciones dolorosas que les asignaban. Cada cambio de guardia comenzaba con una golpiza a culatazos de todos los prisioneros. 
Don Vicente Sotta Barros que permaneció detenido en el Regimiento Tacna, junto a otro grupo de personas, hasta el 15 de septiembre, en declaración ante el Tribunal en la causa rol 127.489?7 por la desaparición de Arsenio Poupin Oissel, del Quinto Juzgado del Crimen, señaló que en la fila de detenidos de La Moneda reconoció claramente a Arsenio Poupin y a Jaime Barrios, a quienes había conocido en funciones de gobierno y que se saludaron con un gesto. 
Los prisioneros de La Moneda eran 49 personas. De ellas se ordenó liberar, al día siguiente, a los 17 funcionarios de Investigaciones que integraban el equipo de protección presidencial y se separó a algunos otros prisioneros. Finalmente, quedaron como prisioneros un grupo de personas, de las cuales se ha identificado a 21 de ellas: diez asesores del Presidente de la República o funcionarios del gobierno, diez miembros de la Guardia Presidencial y un obrero. Los asesores del Presidente eran Jaime Barrios Meza, ingeniero comercial, asesor presidencial y Gerente General del Banco Central de Chile; Sergio Contreras, relacionador público de la Intendencia y periodista; Daniel Escobar Cruz, Jefe del Gabinete del Subsecretario del Interior; Enrique Huerta Corvalán, Intendente de Palacio; Claudio Jimeno Grendi, sociólogo, asesor presidencial; Georges Klein Pipper, médico, asesor presidencial; Eduardo Paredes Barrientos, médico, asesor presidencial y ex Director de Investigaciones; Enrique París Roa, médico psiquiatra, asesor presidencial y miembro de Consejo Superior de la Universidad de Chile; Héctor Ricardo Pincheira Núñez, estudiante de medicina, asesor presidencial; y, Arsenio Poupin Oissel, abogado, Subsecretario General de Gobierno y asesor presidencial. Los miembros de la Guardia Presidencial, que han podido ser identificados son los siguientes: José Freire Medina, Daniel Gutiérrez, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Hernán Moreno Pulgar, Luis Rodríguez Riquelme, Jaime Sotelo Ojeda, Julio Tapia Martínez, Oscar Valladares Caroca y Juan Vargas Contreras. Además estaba el obrero Oscar Luis Avilés Jofré, quien había concurrido a La Moneda en apoyo al Gobierno. 
Alrededor de las 14:00 horas del día 13 de septiembre de 1973 estos prisioneros, amarrados de pies y manos fueron arrojados en un camión militar, unos encima de los otros y fueron conducidos fuera del Regimiento con destino desconocido. Casi todos los miembros de la Guardia Presidencial que estuvieron en La Moneda el día 11 de septiembre de 1973 fueron ejecutados o desaparecieron. Sin embargo, uno de los que logró salir con vida y ha contribuido a reconstruir estos hechos, es Juan Bautista Osses Beltrán, quien fue llevado detenido al Regimiento Tacna, pero fue incorporado a otro grupo de prisioneros, lo que le permitió salir con vida después de estar en prisión en el Estadio Chile y en el Estadio Nacional. 
Osses señala en su extensa declaración que un grupo de 13 miembros de la Guardia Presidencial acompañó a Allende a La Moneda y fue detenido en su interior. Posteriormente, junto con los demás prisioneros fue conducido al Regimiento Tacna y allí fueron informados que serían fusilados a las 12 de la noche, después que el fusilamiento sería a las 3:00 horas y más adelante, se señaló a las 6:00 horas. Osses ha reconocido que entre los detenidos en el Tacna se encontraban Héctor Daniel Urrutia, Daniel Gutiérrez, Enrique Huerta, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio, Julio Moreno, Eduardo Paredes, Enrique París, Georges Klein, Héctor Pincheira, Arsenio Poupin, Luis Rodríguez Riquelme y Oscar Valladares. 
El testigo fue sacado del Regimiento Tacna en la madrugada del día 13 de septiembre de 1973 y conducido junto a otros detenidos al Estadio Chile. 
Beatriz Celsa Parrau Tejos, quien estuvo detenida en el Regimiento Tacna, es quien ha podido brindar algunos antecedentes importantes. Ella estaba en INDUMETAL donde atendía a un herido en su calidad de enfermera. 
A las 18:00 horas del 11 de septiembre, esta empresa fue ocupada por Carabineros y todos los que allí estaban quedaron detenidos y fueron conducidos a una Comisaría y el mismo día, trasladados al Regimiento Tacna. Allí supo que estaban detenidos los que habían sido apresados en La Moneda y a pesar de estar separada de ese grupo, tuvo la oportunidad de verlos cuando iban al baño o cuando eran conducidos a los interrogatorios. Allí vio a varios médicos, que conocía por sus actividades profesionales y a dirigentes del gobierno. También observó a numerosos grupos de otros prisioneros que ingresaban o salían. El 13 de septiembre, a mediodía, a través de las rendijas del galpón en que estaban encerradas unas 90 mujeres, Celsa Parrau pudo ver salir un camión del Regimiento llevando bultos que parecían cuerpos humanos. Cuando las sacaron del mencionado galpón, a las 14:30 horas, observó que ya no estaban los prisioneros de La Moneda. 
Vicente Sotta, que estuvo en otro grupo de detenidos, declaró al diario Fortín Mapocho que el 11 de septiembre estuvo detenido en el Tacna y que allí se encontró con una treintena de detenidos, entre los que pudo conocer a Jaime Barrios, a Arsenio Poupin y a Eduardo Paredes. 
Por su parte, el Jefe de Investigaciones en La Moneda, el detective Juan Seoane, permaneció entre los detenidos de La Moneda hasta después del mediodía del 13 de septiembre, momento en que pudo presenciar como se llevaban a los prisioneros en el camión militar. 
Según testimonios de los sobrevivientes, ellos escucharon de los Militares que participaron en la operación, que los habían llevado a los campos militares de Peldehue, ubicados en Colina, donde habrían sido fusilados e inhumados. 
Un soldado del Regimiento Tacna, que pudo presenciar parte de los hechos, relató que los prisioneros fueron amarrados con alambre y lanzados a un camión Pegaso del Ejército que integró un convoy que salió del cuartel a las 14:00 horas aproximadamente, mientras se ordenaba a todos los conscriptos permanecer en sus cuadras y no transitar por los patios. En la tarde regresó el contingente que había formado parte del convoy y se corrió la voz entre los militares que los prisioneros habían sido conducidos al predio que el Regimiento Tacna tiene en los campos militares de Peldehue, en Colina, allí habrían sido ultimados frente a un hoyo o fosa, de un diámetro de unos cinco a seis metros y de varios metros de profundidad, que existía a poca distancia de la vivienda empleada por el personal de guardia del predio. Los prisioneros fueron colocados en grupos de a cuatro al borde de la fosa y se les disparaba. Una vez ejecutados y arrojados al fondo del foso, se habrían lanzado granadas en su interior y así continuaron las ejecuciones de cuatro en cuatro. El soldado mencionado, declara que le correspondió ir al predio mencionado a fines de septiembre de 1973 y encontró la citada fosa tapada. Allí le confirmaron que se había enterrado a los ejecutados en ese lugar y que éstos eran 26 ó 27, los cuales antes de ser asesinados gritaron consignas alusivas al gobierno de la Unidad Popular. 
Sin embargo, esta matanza de prisioneros, que se habían rendido y que estaban desarmados y maniatados, no ha sido jamás reconocida oficialmente ni se han entregado los cadáveres de las personas mencionadas, entre ellas, Jaime Barrios Meza. 

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
El 14 de mayo de 1991 se presentó una querella por el homicidio e inhumacion ilegal de Jaime Barrios Meza, ante el Quinto Juzgado del Crimen de Santiago, la que ingresó como causa rol 126465-6. En este escrito la hija del afectado informó que desde el 11 de septiembre se hicieron numerosas gestiones para saber de él y no pudieron obtener ninguna información. Agrega que con el paso del tiempo se reunió información extraoficial sobre su detención en el Regimiento Tacna y su posterior ejecución en Peldehue. Al no entregarse los restos al Instituto Médico Legal, se revela que fue inhumado en forma clandestina en un lugar desconocido. En el escrito se solicita que se oficie al Instituto Médico Legal, al Registro Civil, a la Policía Internacional, al Ministerio de Relaciones Exteriores y que se expida orden de investigar. 
A la fecha de este informe el proceso se encuentra en tramitación (1992) en estado de sumario. 

Enrique O'Farrill, de 42 años, funcionario de la Cancillería chilena, acudió esta semana acompañado del corresponsal de EL PAÍS a la Oficina de Reparación, en Santiago, para recibir información sobre su padre, Jaime Barrios, desaparecido desde el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Diversos testimonios indicaron que Barrios, principal asesor económico del derrocado presidente Salvador Allende, había sido fusilado junto a otros detenidos y enterrado en una fosa. Durante 27 años, los familiares clamaron en el desierto en busca de su paradero. Los militares guardaban silencio. Ahora han hablado por primera vez, y han dado una lista de casi 200 detenidos desaparecidos. La mayoría, afirman, fueron lanzados al mar. Jaime Barrios entre ellos.

La funcionaria muestra una ficha en la que puede leerse el nombre completo: Jaime Barrios Meza; edad: 48 años a la fecha de su detención; profesión: ingeniero comercial; fecha y lugar de detención: 11 de septiembre de 1973 en el palacio de La Moneda; ejecutado el 13 de septiembre de 1973; el centro donde permaneció detenido está en blanco. 'Tu padre fue arrojado al mar', dice la funcionaria. Así lo señala una escueta frase -'destino: probablemente, a 10 millas al oeste frente a la costa de San Antonio'- que no precisa fecha alguna.

'Después de 27 años de silencio y de oír mentiras, ¿por qué tengo que creer que esto es verdad?', pregunta el hijo de la víctima. La funcionaria difícilmente puede responder, porque el organismo en el que trabaja, dependiente del Gobierno, no tiene manera de comprobar la veracidad de la información entregada por los militares. 'Emocionalmente ha sido un golpe fuerte. Sabíamos que se había arrojado gente al mar y que todo era posible. Pero ha sido muy duro la constatación, la certeza, el fin de las dudas. Es la primera vez que los militares reconocen que hicieron lo que hicieron. Todavía no nos dicen cómo, y el cómo es mucho peor que el hecho mismo, que ya es terrible de por sí. Yo no creo en eso mientras no tenga más datos. ¿Cómo saben ellos que fue ejecutado ese día? ¿Y quién dio la orden en todo Chile de exhumar cuerpos y lanzarlos al mar?'

El 11 de septiembre de 1973, el teléfono sonó de buena mañana en casa de la familia Barrios. Al otro lado del hilo, un miembro de la guardia personal del presidente informaba de que había un levantamiento militar y que Salvador Allende y sus más estrechos colaboradores se dirigían al palacio de La Moneda para ponerse al frente de la situación. Sin perder tiempo, Jaime Barrios, el principal asesor económico del presidente y ex gerente general del Banco Central, y su esposa, Nancy Julien, partieron de inmediato. La radio ya empezaba a dar la noticia: la Marina se había sublevado en Valparaíso, la principal ciudad portuaria de Chile. En casa del matrimonio Barrios quedó su hijo Enrique, a punto de cumplir 15 años. Aquel joven, que hoy trabaja en la Agencia de Cooperación Internacional de Chile, recuerda los días previos al golpe: 'La situación era de tal caos que el presidente hablaba en cadena nacional y se cortaba la luz por atentados a las torres eléctricas y nos escribían cartas con la amenaza 'Ya viene'.

Dos horas más tarde, Jaime Barrios llamó a su hijo desde el palacio presidencial, a punto de ser bombardeado por los golpistas. Enrique recita de memoria las palabras de su padre: 'Mi hijito lindo, usted se tiene que ir de ahí. Lo van a pasar a buscar. Baje. Llévese una pistola y un cinturón de balas y los dos pasaportes . Yo voy a estar aquí hasta el final. Estamos bien, con tu madre. Besitos'. Fue la última vez que Enrique habló con su padre. Desde entonces no ha habido ni rastro del paradero de Jaime Barrios, ni de los más de mil detenidos desaparecidos bajo el régimen de terror de Augusto Pinochet.

Nancy Julien estuvo con su marido en el palacio de La Moneda, asediado por los golpistas, hasta que el presidente Allende negoció una tregua de 15 minutos con Pinochet, para que pudieran salir las mujeres. El general traidor no respetó el pacto y la salida se produjo bajo las balas. La Embajada de México abrió las puertas a todas aquellas mujeres y a varios centenares de refugiados, obligados a emprender el camino del exilio.

Nancy Julien contrató los servicios del prestigioso bufete Rabinovich, de Nueva York, para poder desvelar el paradero de su marido. El abogado Len Weinglass viajó a Chile el 9 de marzo de 1974, donde mantuvo contacto con fuentes gubernamentales y con personas que conocían a Barrios. En los diez días que pasó en Chile, el abogado norteamericano comprobó los dramáticos efectos del golpe militar: el general Bachelet y el ex ministro de Defensa José Toha, éste último suicidado, murieron en prisión.

En el informe que elaboró a su regreso escribió lo siguiente: 'Según las evidencias recogidas, puedo informar que Jaime Barrios murió entre la tarde del 11 y el 16 de septiembre, bien en el Regimiento Tacna o en Peldehue, en la base militar de Colina. La mejor información apunta a última hora del 11 de septiembre o el 12 de este mismo mes como la fecha de la muerte. El padre Renato Poblete, jesuita y editor de la revista Mensaje, escuchó el rumor de que podría haber huido a Argentina, pero no daba ningún crédito a dicha versión'. Entre los numerosos testimonios recogidos por el abogado destaca el de Miriam Contreras, secretaria personal del presidente Salvador Allende, que estuvo en el palacio presidencial hasta refugiarse en la Embajada de Cuba. Weinglass consiguió un permiso especial para ingresar en la representación diplomática, adonde llegó después de cruzar tres controles de soldados fuertemente armados. Éste fue el testimonio de Contreras al investigador estadounidense: 'Al salir de La Moneda , por la calle Morandé, nos pusieron contra la pared, las manos en la nuca y con un pelotón de militares apuntándonos con fusiles. Al comenzar de nuevo la pasada de aviones ametrallando el lugar, nos hicieron tumbarnos boca abajo en el suelo, en medio de la calle. Después de permanecer en esa postura durante largo tiempo, abandoné el lugar (por causas imprevistas y con mucha suerte), quedando allí tumbados todos los compañeros'. Los soldados vaciaron los bolsillos de los detenidos y se llevaron la cartera de Jaime Barrios con toda su documentación.

Numerosas gestiones internacionales en las que intervinieron, entre otros, los escritores Gabriel García Márquez y Julio Cortázar no sirvieron de nada. Los militares y la prensa chilena lanzaban todo tipo de bulos sobre la suerte de Barrios, como que estaba prófugo. Las personas capturadas en el palacio de La Moneda el día del golpe fueron 49. Los 17 miembros del equipo de protección presidencial y otros detenidos fueron separados del grupo al día siguiente, con lo que el grupo final de prisioneros ascendía a 21: 10 asesores del presidente y funcionarios del Gobierno, 10 efectivos de la guardia presidencial y un obrero que acudió voluntario al palacio. Todos ellos fueron conducidos al regimiento Tacna, que estaba bajo el mando del coronel Joaquín Ramírez Pineda.

'Ahora tenemos que empezar a investigar la escasa información que han dado los militares', dice Enrique O'Farrill. 'Lo que sí sabemos, o al menos tenemos muchos indicios, es que fueron trasladados al regimiento Tacna y de allí a Peldehue, donde fueron fusilados en grupos de cuatro, y posteriormente arrojados a una fosa. Hay testigos oculares que vieron a mi padre en Tacna. El diputado Vicente Sotta, por ejemplo. Un soldado del Tacna declaró desde el anonimato que presenció cómo un grupo de prisioneros amarrados con alambre eran arrojados a un camión que abandonó el cuartel el 13 de septiembre. Otros militares relataron que los prisioneros fueron colocados al borde de una fosa donde fueron ejecutados, tras lo cual se lanzaron varias granadas. La matanza nunca fue reconocida por la Junta Militar, que jamás dio detalles del paradero de los desaparecidos de La Moneda.

No se supo de su paradero hasta que en 1998 se hallaron los restos de algunos de ellos en los trabajos de exhumación en el llamado Patio 29 del Cementerio General de Santiago. El descubrimiento no sólo contradecía la versión que indicaba que todos los ejecutados de La Moneda habían sido arrojados a una fosa en Peldehue, sino que reveló bárbaras torturas. 'Los restos de Eduardo Paredes, ex director de Investigaciones, mostraban quemaduras que habían alcanzado los huesos', dice el abogado español Joan Garcés, asesor de Salvador Allende.

En mayo de 1991, la hija de Jaime Barrios, Alicia, presentó una querella por homicidio e inhumación ilegal de su padre ante los tribunales de Santiago. Hasta la fecha no ha tenido ningún efecto. 'Nosotros vamos a seguir luchando para saber la verdad, porqué Jaime Barrios desapareció de este mundo porque determinadas personas lo decidieron. Tenemos derecho a preguntar qué pasó. Los que bombardearon La Moneda fueron ellos. Ellos hicieron la guerra'.

Para su hijo Enrique 'lo más importante no es saber quiénes lo hicieron, quién era la persona al mando de la patrulla, cuál era su rango, quién manejó el helicóptero o quién los torturó durante dos días, sino que más importante que todo eso es que se juzgue a Pinochet, porque la orden de eliminar a sangre fría toda la gente que estaba en el palacio de La Moneda el día del golpe es una orden de Pinochet'.Enrique O'Farrill, de 42 años, funcionario de la Cancillería chilena, acudió esta semana acompañado del corresponsal de EL PAÍS a la Oficina de Reparación, en Santiago, para recibir información sobre su padre, Jaime Barrios, desaparecido desde el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Diversos testimonios indicaron que Barrios, principal asesor económico del derrocado presidente Salvador Allende, había sido fusilado junto a otros detenidos y enterrado en una fosa. Durante 27 años, los familiares clamaron en el desierto en busca de su paradero. Los militares guardaban silencio. Ahora han hablado por primera vez, y han dado una lista de casi 200 detenidos desaparecidos. La mayoría, afirman, fueron lanzados al mar. Jaime Barrios entre ellos.

La funcionaria muestra una ficha en la que puede leerse el nombre completo: Jaime Barrios Meza; edad: 48 años a la fecha de su detención; profesión: ingeniero comercial; fecha y lugar de detención: 11 de septiembre de 1973 en el palacio de La Moneda; ejecutado el 13 de septiembre de 1973; el centro donde permaneció detenido está en blanco. 'Tu padre fue arrojado al mar', dice la funcionaria. Así lo señala una escueta frase -'destino: probablemente, a 10 millas al oeste frente a la costa de San Antonio'- que no precisa fecha alguna.

'Después de 27 años de silencio y de oír mentiras, ¿por qué tengo que creer que esto es verdad?', pregunta el hijo de la víctima. La funcionaria difícilmente puede responder, porque el organismo en el que trabaja, dependiente del Gobierno, no tiene manera de comprobar la veracidad de la información entregada por los militares. 'Emocionalmente ha sido un golpe fuerte. Sabíamos que se había arrojado gente al mar y que todo era posible. Pero ha sido muy duro la constatación, la certeza, el fin de las dudas. Es la primera vez que los militares reconocen que hicieron lo que hicieron. Todavía no nos dicen cómo, y el cómo es mucho peor que el hecho mismo, que ya es terrible de por sí. Yo no creo en eso mientras no tenga más datos. ¿Cómo saben ellos que fue ejecutado ese día? ¿Y quién dio la orden en todo Chile de exhumar cuerpos y lanzarlos al mar?'

El 11 de septiembre de 1973, el teléfono sonó de buena mañana en casa de la familia Barrios. Al otro lado del hilo, un miembro de la guardia personal del presidente informaba de que había un levantamiento militar y que Salvador Allende y sus más estrechos colaboradores se dirigían al palacio de La Moneda para ponerse al frente de la situación. Sin perder tiempo, Jaime Barrios, el principal asesor económico del presidente y ex gerente general del Banco Central, y su esposa, Nancy Julien, partieron de inmediato. La radio ya empezaba a dar la noticia: la Marina se había sublevado en Valparaíso, la principal ciudad portuaria de Chile. En casa del matrimonio Barrios quedó su hijo Enrique, a punto de cumplir 15 años. Aquel joven, que hoy trabaja en la Agencia de Cooperación Internacional de Chile, recuerda los días previos al golpe: 'La situación era de tal caos que el presidente hablaba en cadena nacional y se cortaba la luz por atentados a las torres eléctricas y nos escribían cartas con la amenaza 'Ya viene'.

Dos horas más tarde, Jaime Barrios llamó a su hijo desde el palacio presidencial, a punto de ser bombardeado por los golpistas. Enrique recita de memoria las palabras de su padre: 'Mi hijito lindo, usted se tiene que ir de ahí. Lo van a pasar a buscar. Baje. Llévese una pistola y un cinturón de balas y los dos pasaportes . Yo voy a estar aquí hasta el final. Estamos bien, con tu madre. Besitos'. Fue la última vez que Enrique habló con su padre. Desde entonces no ha habido ni rastro del paradero de Jaime Barrios, ni de los más de mil detenidos desaparecidos bajo el régimen de terror de Augusto Pinochet.

Nancy Julien estuvo con su marido en el palacio de La Moneda, asediado por los golpistas, hasta que el presidente Allende negoció una tregua de 15 minutos con Pinochet, para que pudieran salir las mujeres. El general traidor no respetó el pacto y la salida se produjo bajo las balas. La Embajada de México abrió las puertas a todas aquellas mujeres y a varios centenares de refugiados, obligados a emprender el camino del exilio.

Nancy Julien contrató los servicios del prestigioso bufete Rabinovich, de Nueva York, para poder desvelar el paradero de su marido. El abogado Len Weinglass viajó a Chile el 9 de marzo de 1974, donde mantuvo contacto con fuentes gubernamentales y con personas que conocían a Barrios. En los diez días que pasó en Chile, el abogado norteamericano comprobó los dramáticos efectos del golpe militar: el general Bachelet y el ex ministro de Defensa José Toha, éste último suicidado, murieron en prisión.

En el informe que elaboró a su regreso escribió lo siguiente: 'Según las evidencias recogidas, puedo informar que Jaime Barrios murió entre la tarde del 11 y el 16 de septiembre, bien en el Regimiento Tacna o en Peldehue, en la base militar de Colina. La mejor información apunta a última hora del 11 de septiembre o el 12 de este mismo mes como la fecha de la muerte. El padre Renato Poblete, jesuita y editor de la revista Mensaje, escuchó el rumor de que podría haber huido a Argentina, pero no daba ningún crédito a dicha versión'. Entre los numerosos testimonios recogidos por el abogado destaca el de Miriam Contreras, secretaria personal del presidente Salvador Allende, que estuvo en el palacio presidencial hasta refugiarse en la Embajada de Cuba. Weinglass consiguió un permiso especial para ingresar en la representación diplomática, adonde llegó después de cruzar tres controles de soldados fuertemente armados. Éste fue el testimonio de Contreras al investigador estadounidense: 'Al salir de La Moneda , por la calle Morandé, nos pusieron contra la pared, las manos en la nuca y con un pelotón de militares apuntándonos con fusiles. Al comenzar de nuevo la pasada de aviones ametrallando el lugar, nos hicieron tumbarnos boca abajo en el suelo, en medio de la calle. Después de permanecer en esa postura durante largo tiempo, abandoné el lugar (por causas imprevistas y con mucha suerte), quedando allí tumbados todos los compañeros'. Los soldados vaciaron los bolsillos de los detenidos y se llevaron la cartera de Jaime Barrios con toda su documentación.

Numerosas gestiones internacionales en las que intervinieron, entre otros, los escritores Gabriel García Márquez y Julio Cortázar no sirvieron de nada. Los militares y la prensa chilena lanzaban todo tipo de bulos sobre la suerte de Barrios, como que estaba prófugo. Las personas capturadas en el palacio de La Moneda el día del golpe fueron 49. Los 17 miembros del equipo de protección presidencial y otros detenidos fueron separados del grupo al día siguiente, con lo que el grupo final de prisioneros ascendía a 21: 10 asesores del presidente y funcionarios del Gobierno, 10 efectivos de la guardia presidencial y un obrero que acudió voluntario al palacio. Todos ellos fueron conducidos al regimiento Tacna, que estaba bajo el mando del coronel Joaquín Ramírez Pineda.

'Ahora tenemos que empezar a investigar la escasa información que han dado los militares', dice Enrique O'Farrill. 'Lo que sí sabemos, o al menos tenemos muchos indicios, es que fueron trasladados al regimiento Tacna y de allí a Peldehue, donde fueron fusilados en grupos de cuatro, y posteriormente arrojados a una fosa. Hay testigos oculares que vieron a mi padre en Tacna. El diputado Vicente Sotta, por ejemplo. Un soldado del Tacna declaró desde el anonimato que presenció cómo un grupo de prisioneros amarrados con alambre eran arrojados a un camión que abandonó el cuartel el 13 de septiembre. Otros militares relataron que los prisioneros fueron colocados al borde de una fosa donde fueron ejecutados, tras lo cual se lanzaron varias granadas. La matanza nunca fue reconocida por la Junta Militar, que jamás dio detalles del paradero de los desaparecidos de La Moneda.

No se supo de su paradero hasta que en 1998 se hallaron los restos de algunos de ellos en los trabajos de exhumación en el llamado Patio 29 del Cementerio General de Santiago. El descubrimiento no sólo contradecía la versión que indicaba que todos los ejecutados de La Moneda habían sido arrojados a una fosa en Peldehue, sino que reveló bárbaras torturas. 'Los restos de Eduardo Paredes, ex director de Investigaciones, mostraban quemaduras que habían alcanzado los huesos', dice el abogado español Joan Garcés, asesor de Salvador Allende.

En mayo de 1991, la hija de Jaime Barrios, Alicia, presentó una querella por homicidio e inhumación ilegal de su padre ante los tribunales de Santiago. Hasta la fecha no ha tenido ningún efecto. 'Nosotros vamos a seguir luchando para saber la verdad, porqué Jaime Barrios desapareció de este mundo porque determinadas personas lo decidieron. Tenemos derecho a preguntar qué pasó. Los que bombardearon La Moneda fueron ellos. Ellos hicieron la guerra'.

Para su hijo Enrique 'lo más importante no es saber quiénes lo hicieron, quién era la persona al mando de la patrulla, cuál era su rango, quién manejó el helicóptero o quién los torturó durante dos días, sino que más importante que todo eso es que se juzgue a Pinochet, porque la orden de eliminar a sangre fría toda la gente que estaba en el palacio de La Moneda el día del golpe es una orden de Pinochet'.

La ministra en visita Amanda Valdovinos, a cargo de verificar información de la Mesa de Diálogo sobre la ubicación de los restos de unos 20 detenidos desaparecidos al interior del Regimiento Justo Arteaga, de Colina, descubrió el lugar exacto donde fueron inhumados clandestinamente los cuerpos tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Una fuente exclusiva confirmó a La Voz que los restos están en un pozo de 15 metros de profundidad. 
En enero pasado, los trabajos de excavación en el terreno -que fue donado por la Iglesia Católica al Ejército para prácticas de guerra antes del golpe militar- se concentraron en una fosa de 15 por 13 metros, desde donde se han extraído, hasta la fecha, más de 400 fragmentos óseos esparcidos en una profundidad de cerca de tres metros. 
Sin embargo, los estudios del suelo realizados por un botánico y por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) permitieron precisar que los fragmentos corresponden a los restos dejados por la remoción de las osamentas a finales de la década del '70. La precisión de los especialistas es tal, que se determinó que, por su ubicación fueron arrastrados desde uno de los extremos del sitio de excavación mediante el uso de una máquina retroexcavadora, cuyas características, (marca, modelo y propiedad) están acreditadas en el proceso. 

Pozo equivalente a seis pisos

Los fragmentos, entre los que se cuentan cráneos, falanges, vértebras, dientes y arcadas, provienen de un pozo de unos cinco metros de diámetro y unos 15 metros de profundidad -equivalente a un edificio de seis pisos- donde fueron arrojados los cuerpos, una vez fusilados los detenidos y dinamitados (mediante granadas) en su interior. En los próximos días, las excavaciones se concentrarán en ese lugar y no se descarta que se verifiquen hallazgos de gran magnitud de osamentas. 
Hasta el momento, con las recolecciones efectuadas, el Servicio Médico Legal ha podido aproximar en una decena las personas cuyos restos estaban en el lugar. Sin embargo, con las piezas dentales y los antecedentes con que cuenta el proceso se han podido confirmar cinco identidades, que sólo serán oficializadas una vez agotadas las diligencias. 
Los familiares de las presuntas víctimas han sido informadas periódicamente por la jueza Valdovinos El último informe entregado por la ministra a la Corte Suprema confirma, además, los errores en el informe entregado por el Ejército a la Mesa de Diálogo, ya que el lugar ha sido localizado gracias a testimonios de lugareños y ex uniformados que se han acercado voluntariamente al tribunal. Todos los antecedentes reunidos por la ministra Amanda Valdovinos serán derivados a los tribunales del Crimen o militares que correspondan para determinar a los responsables de los homicidios y las inhumaciones y exhumaciones ilegales acreditadas en la investigación. 

¿Quiénes son? 
Según el Informe Rettig, 21 fueron los detenidos de La Moneda que terminaron trágicamente en Colina. Los asesores del Presidente Allende Eduardo Paredes Barrientos, ex director de Investigaciones; Enrique París Roa, Jaime Barrios Meza, gerente general del Banco Central; Sergio Contreras, Daniel Escobar Cruz, Enrique Huerta Corvalán, Claudio Jimeno Grendi, doctor Georges Klein Pipper, Héctor Pincheira Núñez y Arsenio Poupin Oissel, subsecretario General de Gobierno. Los miembros del GAP José Freire Medina, Daniel Gutiérrez Ayala, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Moreno Pulgar, Luis Rodríguez Riquelme, Jaime Sotelo Ojeda, Julio Tapia Martínez, Héctor Urrutia Molina, Oscar Valladares Caroca, Juan Vargas Contreras y Oscar Luis Avilés Jofré.

El ministro Juan Eduardo Fuentes encargado de investigar la remoción de cuerpos desde el Regimiento Peldehue en 1978 prescribió la acción judicial en contra de miembros en retiro del Ejército, por considerar que no están conectados con el delito principal de la causa, el secuestro permanente.

La decisión del juez se aplicó en el caso ocurrido en 1978 con los cuerpos de los ex asesores del Presidente Salvador Allende que fueron detenidos en el Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973.

Según informó radio Cooperativa, el dictamen deja sin efecto los procesamientos que pesaban sobre los suboficiales en retiro Fernando Remigio Burgos Díaz, Sergio Antonio Medina Salazar, Isidro Custodio Durán Muñoz y el oficial retirado José Jaime Darrigrandi Marques.

El fallo sostiene que el hecho constituye una infracción al artículo 144 del Código Sanitario y no tiene el carácter de "crimen o delito de lesa humanidad".

Los procesamientos dejados sin efecto correspondían a la presunta remoción de los restos del ex gerente del Banco Central Jaime Barrios Meza, el intendente de Palacio Enrique Huerta Corvalán; el dirigente del PS Claudio Jimeno Grendi; el dirigente comunista Georges Klein Pipper; el ex subsecretario general de Gobierno Arsenio Poupin Oissel y del ex jefe de gabinete de la Subsecretaría del Interior Daniel Escobar Cruz.

A ellos se suman, de Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Moreno Pulgar, Julio Tapia Martínez, Oscar Valladares y Juan Vargas Contreras, todos miembros del Grupo de Amigos del Presidente y militantes del Partido Socialista.

El comandante del Regimiento Tacna en 1973 está procesado en Chile por los secuestros calificados en el denominado caso Palacio de La Moneda.

La Corte Suprema amplió la solicitud de extradición a Argentina de Luis Joaquín Ramírez Pineda, comandante del Regimiento Tacna en 1973, quien se encuentra detenido en Buenos Aires.

Ramírez Pineda está procesado en nuestro país por el ministro Juan Eduardo Fuentes Belmar en la investigación por secuestros calificados en el denominado caso Palacio de La Moneda.

En fallo unánime, los ministros de la Segunda Sala Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros, Jaime Rodríguez, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller, acogieron la solicitud planteada por el ministro Fuentes Belmar en el caso de 9 víctimas que se encuentran desaparecidas desde el 11 de septiembre de 1973.

Se trata de Jaime Gilson Sotelo Ojeda, Sergio Contreras, Héctor Ricardo Pincheira Núñez, José Freire Medina, Juan Eduardo Paredes Barrientos, Egidio Enrique Paris Roa, Manuel Ramón Castro Zamorano, Daniel Antonio Gutiérrez Ayala y Fernando Rodríguez Riquelme.

En 2003, la Corte Suprema decidió remitir una solicitud de extradición del procesado por los casos de secuestro de Jaime Antonio Barrios Meza, Daniel Francisco Escobar Cruz, Enrique Lelio Huerta Corvalán, Claudio Raúl Jimeno Grendi, Jorge Klein Pipper, Óscar Reinaldo Lagos Ríos, Juan José Montiglio Murúa, Julio Hernán Moreno Pulgar, Arsenio Poupin Oissel, Julio Fernando Tapia Martínez, Óscar Enrique Valladares Caroca y Juan Alejandro Vargas Contreras, también ocurridos a partir de 1973 en el Palacio de la Moneda.

Los antecedentes de la ampliación de la solicitud de extradición ya fueron remitidos al Ministerio de Relaciones Exteriores para que los remita a Argentina a su tramitación en ese país.

En el Memorial de los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, en el Cementerio General de Santiago, fue sepultado el único resto hallado hasta ahora de Jaime Barrios Meza, ex gerente general del Banco Central y ex miembro del consejo de redacción de Punto Final. El resto óseo -un huesito del pie izquierdo- fue hallado en una fosa del Fuerte Arteaga, en Peldehue, y verificado mediante el ADN familiar. Se confirmó así que Jaime Barrios, y otros compañeros que combatieron en La Moneda junto al presidente Salvador Allende, fue fusilado en ese campo militar. También fue identificado un resto óseo de Claudio Jimeno Grendi, sociólogo, de 38 años, casado, dos hijos, militante socialista y asesor de la Secretaría General de Gobierno.
El grupo que acompañó hasta el final al presidente Allende fue hecho prisionero y conducido al Regimiento Tacna. En esa unidad militar se les sometió a crueles torturas y al día siguiente, trasladaron a varios de ellos al Fuerte Arteaga. Se cree que diez prisioneros fueron fusilados el 13 de septiembre de 1973. Los cuerpos se lanzaron a una fosa común, donde fueron dinamitados. Años más tarde, la dictadura puso en marcha la Operación Retiro de Televisores que consistió en exhumar restos de numerosas tumbas clandestinas y arrojarlos al mar. 
La investigación judicial para tratar de ubicar los restos de los detenidos desaparecidos de La Moneda se inició el año 2001. La magistrada entonces a cargo, Amanda Valdovinos, ordenó excavaciones en terrenos del Fuerte Arteaga. El ejército se negó a entregar cualquier información que permitiera abreviar el drama de los familiares. Finalmente, gracias a datos aportados por un ex conscripto, se determinó el lugar donde estuvo la tumba de los defensores de La Moneda. Pero sólo se encontraron astillas y fragmentos de huesos de cuerpos despedazados con cargas explosivas. Aún así, los fragmentos fueron periciados en el Instituto Médico Legal (IML) y en centros internacionales como el de Innsbruck Medical University (GMI) de Austria. Ese trabajo permitió al magistrado que ahora lleva la causa, Miguel Vásquez Plaza, y al director del IML, Dr. Patricio Bustos, entregar a los familiares la verdad sobre la muerte de sus seres queridos.

EJERCITO ENCUBRIDOR DE CRIMENES 
El director nacional del SML, Dr. Patricio Bustos Streeter, durante la entrega del resto de Jaime Barrios a sus familiares, señaló: “Las dificultades para la identificación de los detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico militar, no está en las limitaciones técnico-científicas, que efectivamente existen, sino en la acción de encubrimiento más grande de la historia de Chile, conocida como Operación Retiro de Televisores, que fue instruida en un documento firmado de puño y letra por el dictador Pinochet luego del hallazgo de los restos de quince campesinos en los Hornos de Lonquén, a través del cual se instruyó a todos los jefes de recintos militares para que exhumaran y ocultaran los cuerpos de las víctimas -botándolos al mar, quemándolos, dinamitándolos- con el objeto de ocultar sus crímenes”.
Bustos reiteró “es por ello que el Estado democrático y sus instituciones tenemos la obligación de reparar en todo lo que sea necesario y posible, los daños que produjo el terrorismo de Estado, entendiendo que no es una deuda sólo con los familiares sino con toda la sociedad chilena. Por eso es que entregamos la urna de las víctimas cubierta con una bandera de Chile y un clavel rojo, que simboliza la lucha permanente e incansable de los familiares. Más aún cuando todavía tenemos una parte de la población que dice que son muy jóvenes para haberse enterado de las violaciones a los derechos humanos, y otros que afirman estar muy viejos para recordar los hechos de los cuales incluso muchas veces fueron protagonistas por acción u omisión. Ese contexto es el que pone con decisión la ciencia al servicio de la justicia, permitiendo a través de la genética forense la identificación certera de pequeños restos óseos que corresponden en este caso a Jaime Barrios Meza, quebrándole la mano a la impunidad para avanzar en verdad y justicia”.
El funeral de Jaime Barrios consistió en una ceremonia privada en el Memorial de víctimas de la dictadura. Estaban presentes su hija Alicia Barrios, su nieta Lucía Valenzuela, Nancy Julien (su compañera cubana) y Enrique, hijo de ésta, y un grupo de amigos a nombre de quienes habló Osvaldo Puccio.

SUS VINCULOS CON EL CHE
Jaime Barrios, formado en el ideario revolucionario del Comandante Ernesto Che Guevara -con quien trabajó en el Banco Nacional de Cuba-, no dudó el 11 de septiembre de 1973 en acudir a La Moneda para defender al gobierno constitucional. Lo hizo con su compañera, Nancy Julien, que salvó la vida cuando el presidente ordenó a las mujeres abandonar La Moneda asediada por la sublevación militar. 
Barrios, 48 años, gerente general del Banco Central, era ingeniero comercial. De su primer matrimonio con Frida Perelman Lam tuvo dos hijos: Jaime -que falleció en un accidente- y Alicia. Militante comunista, viajó a Cuba en los inicios de la revolución con otros profesionales chilenos (ver página 18 de esta edición). Trabajó con el Che y trabó una amistad política profunda con el revolucionario argentino-cubano. En ese sentido, Jaime Barrios cumplió una misión del Che al intentar comprometer en la Izquierda chilena algunas voluntades en apoyo del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fundado por el Che en Bolivia. Solo encontró oídos receptivos en el Partido Socialista, donde surgió la sección chilena del ELN encabezada por el abogado Arnoldo Camú Veloso.

FUNDACION DE “PUNTO FINAL”
Jaime Barrios, en ocasión de un viaje a Chile, entusiasmó a los fundadores de Punto Final, Mario Díaz y Manuel Cabieses, para convertir ese folleto quincenal en una revista con diferentes secciones. Promotor de la iniciativa, se dio a la tarea, junto con el abogado Alejandro Pérez Arancibia, que también provenía del Partido Comunista, de buscar recursos económicos para lanzar la revista. Entretanto se conformó el grupo de redactores. Entre ellos, Augusto Olivares, Carlos Jorquera, Hernán Uribe, Augusto Carmona, Jaime Faivovich, Hernán Lavín, Julio Huasi y María Eugenia Saul. El aspecto ideológico y político que unía a ese grupo fundador era su adhesión a los principios que encarnaba la Revolución Cubana. 
De regreso en Cuba, Jaime Barrios siguió de cerca la actividad de Punto Final y colaboró con artículos sobre asuntos históricos. Cuando volvió definitivamente a Chile, continuó participando en el consejo de redacción de PF, hasta su muerte.

Jaime Barrios Meza se encontraba en el Palacio de La Moneda, y fue llevado al regimiento Tacna del Ejército. Sus restos fueron parte de la "Operación Retiro de Televisores" calificada como "una de las mayores acciones de encubrimiento llevadas a cabo por la dictadura chilena.

En una íntima ceremonia, el Servicio Médico Legal entregó a su familia los restos del ex gerente del Banco Central en la Unidad Popular, Jaime Antonio Barrios Meza, luego de que su identidad fuera dada a conocer a mediados de octubre.

Barrios era el principal asesor en materias económicas del presidente de la República Salvador Allende. El 11 de septiembre de 1973 se encontraba en el Palacio de La Moneda junto a un equipo de asesores y miembros del Grupo de Amigos del Presidente, GAP, donde fue detenido y llevado al regimiento Tacna del Ejército. Dos días después fue subido a un camión militar y trasladado hasta la unidad de fuerzas especiales de Peldehue, donde se perdió su rastro.

Militante socialista y Gerente General del Banco Central de Chile entre 1970 y 1973, tenía 47 años al momento de su detención, estaba casado y tenía dos hijos.

En 2001, durante una excavación arqueológica en el recinto militar Fuerte Arteaga de Peldehue, encontraron restos óseos que habían sido objeto de la "Operación Retiro de Televisores".

"Esta ha sido una de las mayores acciones de encubrimiento llevadas a cabo por la dictadura chilena, junto con la Operación Cóndor, y nos ha planteado como institución el doble esfuerzo y desafío de lograr la identificación de las víctimas pese a las dificultades. En ese sentido, la ciencia es noble; hoy nos permite alcanzar una identidad con total certeza y rigor científico, pudiendo devolver con ello no sólo la dignidad de un fallecido al que se le violaron sus derechos humanos, sino también recuperarlo para ser entregado a sus seres queridos", señaló el director nacional del SML, Patricio Bustos Streeter.

La investigación realizada por el equipo multidisciplinario de la Unidad Especial de Identificación Forense del SML, más los análisis genéticos practicados por el Laboratorio del Institute of Legal Medicine, Innsbruck Medical University (GMI) de Austria, permitieron la confirmación de su identidad.

El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Miguel Vásquez Plaza y el director nacional del Servicio Médico Legal (SML), Patricio Bustos, comunicaron este jueves a los familiares la confirmación de las identidades por medio de ADN de Jaime Barrios Meza y Claudio Jimeno Grendi, víctimas de violaciones a los Derechos Humanos cuyos restos permanecían enterrados en el Fuerte Arteaga, hasta donde habrían llegado tras la “Operación retiro de televisores".

En una reunión sostenida en el Palacio de Tribunales, las autoridades, junto a miembros del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, más una psicóloga del organismo forense, explicaron los resultados obtenidos por el equipo multidisciplinario del SML, y los análisis genéticos realizados por el Laboratorio del Institute of Legal Medicine, Innsbruck Medical University (GMI) de Austria, que permitieron la confirmación de sus identidades.

Antecedentes del caso

Luego del bombardeo del Palacio La Moneda el 11 de septiembre de 1973, un grupo de asesores del presidente Salvador Allende y miembros del grupo de Amigos del Presidente (GAP), que lo acompañaban, fue detenido y trasladado al regimiento Tacna del Ejército. El día 13 de septiembre, algunos detenidos fueron subidos a un camión militar con destino desconocido.

En 2001 se efectuó una excavación arqueológica en las quebradas montañosas del sector de Peldehue, al noreste de Santiago, en el recinto militar Fuerte Arteaga, donde se encontraron restos óseos que habían sido objeto de la “Operación retiro de televisores” que se llevó a cabo durante el régimen militar y en la que los restos de decenas de detenidos desaparecidos fueron exhumados y vueltos a enterrar en otros lugares para impedir que se pudiera dar con su paradero.

Jaime Antonio Barrios Meza tenía 47 años al momento de su detención, casado, dos hijos, militante socialista. Era asesor del Presidente de la República en materias económicas y ex Gerente General del Banco Central de Chile.

Fue detenido en el Palacio de La Moneda el 11 de septiembre, llevado al Regimiento Tacna, y el 13 de septiembre se le trasladó a la unidad de fuerzas especiales de Peldehue, donde fue asesinado.

Claudio Raúl Jimeno Grendi tenía 33 años al momento de ser detenido, el 11 de septiembre, en el Palacio de La Moneda. Casado, con dos hijos, este sociólogo era asesor en la Secretaría General de Gobierno y militante del Partido Socialista. Estuvo detenido algunos días en el Regimiento Tacna, para luego ser llevado a otro lugar de detención y perderse su rastro.

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a siete miembros del Ejército como coautores de los delitos de homicidio y secuestro calificado de 23 víctimas, todos colaboradores directos del Presidente Salvador Allende.

La corte de Apelaciones de Santiago dictó condena contra siete efectivos del Ejército que participaron como coautores del homicidio y secuestros de 23 colaboradores del Presidente Salvador Allende que fueron detenidos el 11 de septiembre de 1973 desde el Palacio de La Moneda, tras el golpe militar y trasladados al Regimiento Tacna y al “Fuerte Arteaga” en Peldehue, donde fueron fusilados y explosionados con granadas.

Entre las víctimas se encontraban asesores políticos, miembros del dispositivo de seguridad del Presidente Allende (GAP), médicos, economistas y funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, entre otros.

La Sala que estuvo integrada por los ministros (as) María Soledad Melo, Gloria Maria Solis e Inelie Durán, confirmó lo resuelto en mayo de 2018 por el ministro instructor Miguel Vázquez Plaza, y condenó al entonces militar de Ejército Pedro Octavio Espinoza Bravo a la pena de veinte años de presidio mayor en su grado máximo, como coautor de los delitos de homicidio calificado de 15 de las 23 víctimas.

Se trata de  Jaime Antonio Barrios Meza, economista y quien se desempeñaba como gerente general del Banco Central;   Egidio Enrique Paris Roa, ex secretario general de la Universidad de Chile;  Georges Klein Pipper, médico y asesor de la Secretaría General de Gobierno;  Claudio Raúl Jimeno Grendi y Héctor Ricardo Pincheira Núñez también asesores presidenciales; y Luis Avilés Jofré, Manuel Ramón Castro Zamorano, Oscar Reinaldo Lagos Ríos, Julio Hernán Moreno Pulgar Luis Fernando Rodríguez Riquelme, Jaime Gilson Sotelo Ojeda, Luis Fernando Tapia Martínez, Héctor Daniel Urrutia Molina, Juan Alejandro Vargas Contreras y Juan José Montiglio Murúa, todos miembros del GAP.

El fallo condenó a Teobaldo Segundo Mendoza Vicencio, Eliseo Antonio Cornejo Escobedo, Bernardo Eusebio Soto Segura y a Jorge Ismael Gamboa Álvarez, a la pena de siete años de presidio mayor en su grado mínimo, como coautores de los delitos de homicidio calificado de las mismas personas.  Mientras que Servando Elías Maureira Roa y a Jorge Iván Herrera López, actualmente fallecido, fueron condenados a nueve años de presidio mayor por el mismo delito.

Maureira Roa y Herrera López también fueron condenados como autores de presidio menor en su grado máximo, como coautores de los delitos de secuestro calificado de ocho de las 23 víctimas. Se trata de Juan Eduardo Paredes Barrientos, ex jefe de la Policía de Investigaciones; Arsenio Poupin Oissel, ex secretario general de Gobierno, Sergio Contreras, Enrique Huerta Corvalán, ex intendente de Palacio; Daniel Escobar Cruz, jefe de gabinete del Subcretario de Interior; y los ex GAP José Freire Medina, Daniel Gutiérrez Ayala y Oscar Enrique Valladares Caroca.

“De dulce y de agraz”, calificó el abogado querellante Nelson Caucoto la sentencia recaída en esta causa. “De dulce porque 48 años después se está poniendo término a un juicio de raigambre histórica.  Se trata de los hechos ocurridos en el Palacio de La Moneda, esto es en el corazón de la institucionalidad política y republicana de Chile, la que fue arrasada a sangre y fuego por los militares golpistas”.

El abogado agregó que “son 23 víctimas, colaboradoras del Presidente Allende que estuvieron hasta el último momento acompañándolo ese crucial día. Llevados al Regimiento Tacna, torturados y finalmente fusilados en Peldehue por sus captores. De esas 23 víctimas, cuyos restos fueron removidos cinco años después, se lograron identificar 15, que dieron lugar a la calificación jurídica de homicidios calificados. Las ocho restantes dieron lugar a secuestros calificados”.

El lado amargo de la decisión judicial radica a juicio de Caucoto “porque es en estos últimos ocho delitos donde discrepamos de la penalidad y participación determinada, tanto en primera como el de segunda instancia.  Confiamos que la Excelentísima Corte Suprema pueda rectificar en esa parte esta sentencia, para que tengamos justicia plena”.

De acuerdo a la investigación sustanciada por el ministro Miguel Vázquez, se pudo establecer que las víctimas estuvieron en el interior de La Moneda el día 11 de septiembre de 1973 y que salieron por la puerta de Morandé N°80, detenidas y trasladadas al Regimiento Tacna, lugar en donde permanecieron hasta el 13 de septiembre del mismo año, fecha en que fueron sacados del recinto amarrados de pies y manos con alambres, en un camión Pegaso. Luego fueron trasladados al recinto militar “Fuerte Arteaga” en Peldehue, localidad donde las víctimas fueron fusiladas y explosionadas con granadas.Cinco años después de haber sido fusilados, sus cuerpos fueron exhumados y vueltos a desaparecer. Sin embargo, en el lugar quedaron astillas de huesos y otros restos óseos, con lo cual se logró identificar a 15 de las 23 víctimas. Los ocho restantes no fueron encontrados, desconociéndose hasta hoy el paradero de Sergio Contreras, Daniel Escobar Cruz, José Freire Medina, Daniel Gutiérrez Ayala, Enrique Huerta Corvalán, Juan Eduardo Paredes Barrientos, Arsenio Poupin Oissel y Oscar Enrique Valladares Caroca.

“Un abrazo para las familias, una satisfacción para el Partido Socialista que alguno de los nuestros empiecen a aparecer para darles honrosa sepultura, queda mucho por hacer y hacemos un llamado a quienes tengan información que la entreguen, porque sólo así se van a ir cerrando estas heridas”, dijo el Presidente del PS.

Ante la información entregada por el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Miguel Vásquez Plaza y el director nacional del Servicio Médico Legal (SML), Patricio Bustos, que confirman  las identidades de los compañeros socialistas  detenidos desaparecidos Jaime Antonio Barrios Meza y Claudio Raúl Jimeno Grendi, el Presidente del PS, diputado Osvaldo Andrade, solidarizó con la familia de ambos asesores del Presidente Salvador Allende y destacó la labor del Servicio Médico Legal en esta tarea, considerando que –además- los restos de las víctimas fueron  parte de la también abominable operación “retiro de televisores”.

“Expresar primero nuestra solidaridad con la familia de nuestros compañeros Jaime Antonio Barrios Meza y Claudio Raúl Jimeno Grendi, ambos detenidos desaparecidos desde el 11 de septiembre de 1973, cuando fueron sacados desde La Moneda por personal del Ejército, posteriormente fueron trasladados a Peldehue y allí fueron asesinados”, dijo el líder PS.

Andrade expresó su reconocimiento al Servicio Médico Legal porque –según su parecer- a pesar de la operación “retiro de televisores” “que significó tratar de ocultar los restos de nuestros compañeros trasladándolos a otros lugares, hasta ahora desconocidos, información que alguien tendrá que tener, no fue posible trasladar todos y en consecuencia quedaron pequeños restos que permitieron su identificación, queremos reconocer en el SML poder pesquisar y encontrar la identidad de al menos dos de nuestros compañeros detenidos desaparecidos”

“Se trata de dos compañeros socialista que eran activos colaboradores del Presidente Allende que trabajaban en La Moneda junto con él, uno de ellos un destacado Ingeniero Comercial, el otro un sociólogo, 47 y 33 años respectivamente, un abrazo para las familias, una satisfacción para el Partido Socialista que alguno de los nuestros empiecen a aparecer para darles honrosa sepultura, queda mucho por hacer y hacemos un llamado a quienes tengan información que la entreguen, porque sólo así se van a ir cerrando estas heridas”, concluyó el timonel socialista.

Cabe recordar que luego del bombardeo del Palacio La Moneda el 11 de septiembre de 1973, un grupo de asesores del Presidente Salvador Allende y miembros del grupo de Amigos del Presidente, GAP, que lo acompañaban, fue detenido y trasladado al regimiento Tacna del Ejército. El día 13 de septiembre, algunos detenidos fueron subidos a un camión militar con destino desconocido.

En 2001 se efectuó una excavación arqueológica en las quebradas montañosas del sector de Peldehue, al noreste de Santiago, en el recinto militar Fuerte Arteaga, donde se encontraron restos óseos que habían sido objeto de la “Operación Retiro de Televisores”.

Entre esos restos, hoy se confirma la identidad de los socialistas Jimeno y Barrios.

Fue en septiembre de 1965 cuando el primer Punto Final salió a la calle, más precisamente a la calle Ahumada de Santiago. Allí, frente al Café Haití -lugar muy frecuentado por periodistas, porque en esos años casi todos los medios estaban ubicados en el centro de la ciudad- un hombre joven, muy alto y delgado, y otro un poco menos joven, muy bajo y de contextura más bien gruesa, se instalaban a vender el primer número de Punto Final. Ese recuerdo de Manuel Cabieses Donoso, entonces de 32 años, y de Mario Díaz Barrientos, de 45, permanece nítidamente en la memoria de quienes tuvieron protagonismo en la etapa inicial de la revista. “Al ver juntos a estos dos periodistas, que eran muy amigos, no se podía pensar sino en Don Quijote y Sancho Panza…”, comenta con una sonrisa el periodista Hernán Uribe Ortega.

Cuando fundaron PF, Mario Díaz y Manuel Cabieses -director y jefe de redacción de la nueva publicación- buscaron crear un espacio para el desarrollo de un periodismo libre, donde los autores pudieran expresarse de acuerdo con su conciencia. Lo bautizaron como Punto Final con el propósito de publicar reportajes en profundidad sobre temas que inquietaban a la opinión pública, ojalá hasta agotarlos, es decir, hasta su punto final. En el editorial de ese primer número se señalaba que PF “no pretende decir la última palabra, pero entregará al lector suficiente caudal de información para que elabore su propio juicio”. Además, se definía como un medio “democrático y de avanzada”. Y precisaba: “Cree que las grandes masas son las protagonistas de la historia y se coloca a su servicio. Pero no se encajonará en fronteras artificiales, no rehuirá la polémica ni sentirá temor de decir la verdad”.

PF Nº1 publicó La tragedia del Janequeo, un reportaje del periodista Miguel Torres sobre el naufragio de un remolcador de la Armada Nacional que costó la vida de 50 tripulantes. Las causas del desastre habían sido silenciadas por la Armada , para no asumir responsabilidades. El director artístico de la publicación era el dibujante y pintor Enrique Cornejo (Penike), quien se mantuvo a cargo de la presentación gráfica hasta el golpe de Estado de 1973.

Al principio, PF era un folleto con un formato equivalente a la cuarta parte de la edición actual y lo financiaban Cabieses y Díaz, con sus sueldos de reporteros del vespertino Ultima Hora. Y siguió así, durante unos meses, publicando en cada edición un reportaje sobre distintos temas -incluso deportes- hasta que se convirtió en revista quincenal de asuntos políticos, informativos y culturales. En esta transformación tuvo mucho que ver el economista JAIME BARRIOS MEZA , quien trabajó en Cuba con el Che y regresó a Chile por un tiempo. Trajo nuevos aires e insufló energía y optimismo a quienes se movían en torno a Punto Final.

PF CRECE

Se creó un primer consejo de redacción, integrado por los periodistas Augusto Olivares Becerra, Carlos Jorquera Tolosa, Manuel Cabieses -ahora director de la revista- y Mario Díaz, como jefe de redacción del quincenario. También participaban JAIME BARRIOS  y el abogado Alejandro Pérez Arancibia, quien asumió el cargo de gerente y que debía firmar letras y cheques a fecha para afrontar los gastos. Completaban el equipo los dibujantes Eduardo de la Barra (Jecho) y Melitón Herrera (Click). La publicación tenía una oficina en la céntrica calle Unión Central. Y hasta comenzó a contar con una secretaria administrativa, Haydeé Moreno. Esa función también fue desempeñada más tarde por la actriz Inés Moreno y luego por Jane Vanini, revolucionaria brasileña que murió combatiendo en Concepción a los militares golpistas.

El factor común del equipo periodístico de PF era una alta calidad y prestigio profesional. Algunos trabajaban en Ultima Hora, no habían pasado por ninguna escuela de periodismo y se habían forjado en la práctica. Tenían también un profundo compromiso con los ideales del socialismo, aunque no pensaran exactamente lo mismo. Valoraban la unidad, no sólo dentro de nuestras fronteras: las luchas de los pueblos en América Latina y en otras regiones del mundo -muy especialmente la Revolución Cubana- han tenido siempre abundante espacio en sus páginas. Varios de quienes escribían en la revista provenían del Partido Comunista pero ya no eran militantes. Otros pertenecían al Partido Socialista o al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Algunos provenían de la vertiente cristiana. Todos trabajaban en uno o más medios, que les aportaban los ingresos para sostener a sus familias, porque en Punto Final nadie recibía sueldo. En su larga y accidentada existencia, la revista nunca ha tenido avisos y prácticamente nació invitando a los lectores a suscribirse. Si alguna vez se pensó que el Grupo de Amigos de PF -creado hace algunos años- tenía algo de original, el error se disipa al ver un anuncio en la edición Nº 32, de julio de 1967, donde el Comité de Amigos de Punto Final, donde estaban el neurocirujano Héctor Valladares, el actor Jorge Lillo y el arquitecto Francisco Reyes, informa de una campaña para cooperar con la revista (suscripción, aporte monetario o colaboraciones en artículos).

El consejo de redacción se amplió con el ingreso del abogado socialista Jaime Faivovich, y de los periodistas Hernán Uribe (socialista), Augusto Carmona (MIR) y Hernán Lavín Cerda, periodista y poeta que provenía de la vertiente cristiana. La lista de colaboradores iba creciendo. Desde el comienzo estuvieron JAIME BARRIOS  y el periodista y poeta argentino Julio Huasi. Se fueron sumando el ex presidente de la CUT , Clotario Blest, el poeta salvadoreño Roque Dalton, Fernando Mires, José Carrasco, Gladys Díaz, Ernesto Carmona, José Cayuela, Lucía Sepúlveda, Héctor Suárez, Máximo Gedda, María Eugenia Saul y muchos más. Cuando asumió la presidencia Salvador Allende, el equipo se redujo. Varios redactores asumieron tareas en el gobierno. JAIME BARRIOS  fue designado gerente general del Banco Central; Carlos Jorquera, asesor de prensa de Allende; Jaime Faivovich, intendente de Santiago y luego subsecretario de Transportes, y Augusto Olivares, director general de Televisión Nacional. Aún así, Faivovich y Olivares siguieron escribiendo en PF hasta el golpe.

EL QUIEBRE

El 11 de septiembre de 1973, alcanzó a estar en algunos quioscos la última edición de PF (Nº 192), antes de ser requisada por los militares que ese día derrocaron al gobierno del presidente Salvador Allende. Esa publicación denunciaba, en diversos artículos, el avance de una represión despiadada de las fuerzas armadas amparadas en la Ley de Control de Armas, y decenas de atentados terroristas en el país. A mediodía, el Bando Nº 10 de la junta militar llamaba a presentarse en el Ministerio de Defensa a dirigentes de partidos de la Unidad Popular y del MIR, a ex ministros, jefes de instituciones, asesores de Allende y periodistas. Entre ellos, a Manuel Cabieses, Jaime Faivovich y Carlos Jorquera. En la tarde, el Bando Nº 19 agregó nuevos nombres, entre los cuales estaba JAIME BARRIOS , aunque ya había sido detenido al salir de La Moneda. Allí , antes que el presidente Allende se suicidara, Augusto Olivares se había quitado la vida de un balazo.

En años recientes, la periodista Patricia Verdugo reprodujo en su libro Interferencia secreta una comunicación radial del 11 de septiembre, donde Pinochet decía: “Puesto Uno: Correcto, represento eso al (ininteligible)… por favor. De parte de comandante en jefe, además de las medidas que existen sobre radio y televisión, ehhh, no se aceptan, repito, nin… publicación de prensa de ninguna especie. Y aquella que llegara a salir, además de ser requisada, motivará la destrucción de las instalaciones en las que fue editada. Cambio… Ehhh, justamente el personal que trabaja allá en Punto Final, todo el mundo ahí debe ser detenido. Cambio”. Las oficinas de Punto Final en la calle Unión Central 1010 fueron asaltadas y destruidas. Fue quemada la colección de la revista y el archivo que tenía centenares de fotografías y documentos de la Izquierda chilena.

JAIME BARRIOS  fue torturado en el Regimiento Tacna antes de ser fusilado en el campo militar de Peldehue, el 13 de septiembre, junto a otros prisioneros de La Moneda. Fueron enterrados allí mismo y años después, sus restos habrían sido lanzados al mar. También fue asesinado Máximo Gedda Ortiz, en 1974, víctima de terribles torturas. Era cineasta y poeta, militante del MIR. En diciembre de 1977 fue baleado, en una emboscada de la Dina , Augusto Carmona Acevedo, miembro del comité central del MIR. Había sido jefe de prensa y presidente del sindicato de trabajadores de Canal 9 de TV, entonces de la Universidad de Chile. José Carrasco Tapia, luego de pasar por campos de concentración y el exilio en Venezuela y México, fue asesinado el 8 de septiembre de 1986. Era entonces editor de la revista Análisis y dirigente del Colegio de Periodistas. También integraba el comité central del MIR. En 1974, un contingente de infantería de marina había asesinado a su compañera, Jane Vanini, en Concepción. Mario Díaz murió en 1984 exiliado en Argentina. Jaime Faivovich murió en México.

Alejandro Pérez vivió en Cuba y murió en Santiago, finalizada la dictadura. Julio Huasi se suicidó en Argentina, a mediados de los 80. También falleció el dibujante y pintor Enrique Cornejo (Penike). Hernán Lavín Cerda se exilió en México y vive en ese país. Hernán Uribe y la ex secretaria de PF, Haydée Moreno, estuvieron exiliados. Manuel Cabieses fue detenido el 13 de septiembre de 1973. Permaneció dos años detenido en el Estadio Chile, Estadio Nacional, Chacabuco, Puchuncaví y Tres Alamos, hasta que fue expulsado del país gracias a una activa campaña internacional. Con su familia, fue acogido en Cuba. Como dirigente del MIR, regresó clandestino a Chile con su esposa cuatro años después, y permaneció en esa condición hasta agosto de 1989, cuando emprendió la tarea de revivir Punto Final tras 16 años de clausura.

HACIENDO CAMINO

Durante su historia, Punto Final ha enfrentado numerosas querellas judiciales y detenciones de su director. Durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva, en marzo de 1969 se aplicó a PF la Ley de Seguridad Interior del Estado. El director fue detenido y la revista clausurada por dos ediciones. En su reemplazo apareció -con las mismas características de PF- el quincenario Prensa Firme. Bajo la dictadura militar, Punto Final reapareció en México en mayo de 1981. Esa edición internacional se prolongó hasta fines de 1982, bajo la conducción de Mario Díaz. Aunque formalmente Manuel Cabieses seguía apareciendo como director, en realidad éste se encontraba en Chile en la clandestinidad.

A 40 años de su fundación, Punto Final exhibe con legítimo orgullo el galardón de haber contribuido a la recuperación del Diario del Che Guevara en Bolivia. Quienes sacaron de Bolivia las notas que el Che escribió en su diario de campaña entre el 7 de noviembre de 1966 y el 7 de octubre de 1967, las llevaron a Santiago de Chile. Las entregaron a PF para que la revista las hiciera llegar a La Habana y fue Mario Díaz quien las llevó a Cuba. Esto le valió a la revista el honor de publicar en julio de 1968 la edición exclusiva para América del Sur del diario del comandante Guevara. Aquello de "se hace camino al andar" es una realidad en la historia de Punto Final. Sus fundadores nunca pensaron que el modesto folleto del inicio, se convertiría en una publicación emblemática del pensamiento revolucionario latinoamericano, capaz de generar hechos políticos y convocar a foros, debates y seminarios internacionales como "El Socialismo del Siglo XXI" con que PF conmemoró el 30 de septiembre de 2005 el 40º aniversario de su fundación en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional de Chile. Toda una hermosa trayectoria, con absoluta fidelidad a principios democráticos y revolucionarios.