JOSE LUIS BAEZA CRUCES Actualidad:Primera Linea 22 Junio 2001
Emboscada a casos clave de la DINA, el Comando Conjunto y la CNI
El lunes la Corporación Administrativa del poder judicial deberá informar el costo que tendrá la nominación de los jueces especiales. Mientras, el mundo de los derechos humanos tiene la esperanza que ellos avancen donde hasta ahora sus esfuerzos han sido infructíferos: las causas beneficiadas con un juez de dedicación exclusiva corresponden mayoritariamente a desapariciones perpetradas por la DINA, el Comando Conjunto y a un caso emblemático de la CNI.
La hora de la Dina
El cerco se estrecha sobre la DINA con el caso del militante del MIR, Carlos Cubillos Gálvez, detenido en 1974 en una calle de la comuna de Nuñoa. Testigos señalaron que fue conducido al recinto de Londres 38 y no volvió a saberse de él. Su causa - rol 11337/6- está en el Octavo Juzgado del Crimen de Santiago.
En ese mismo juzgado está radicada la causa del militante del MIR, Juan Carlos Perelman (rol 12193-8), quien fue detenido en 1975 por efectivos de la DINA junto a su conviviente, quien tiempo después fue liberada. La Comisión Rettig afirmó que su desaparición fue responsabilidad de agentes del Estado.
El 1 de agosto de 1974 fue detenido Sergio Sebastián Montecinos Alfaro, quien, sus 28 años, era el coordinador sindical de los partidos políticos que habían adherido a la UP en la Zona Oeste de Santiago. Fue sacado de su hogar por efectivos de la DINA y visto por última vez en el recinto de Londres 38. Su causa Nº2310-00, consta también en el Octavo Juzgado de Santiago.
El secuestró de Luis Jaime Palominos Rojas, el 7 de diciembre de 1974, es responsabilidad del mismo organismo de seguridad. La causa de este militante del MIR, rotulada con el número 2808-5, también será instruida por un juez especial en el 11º Juzgado del Crimen de Santiago.
El ministro de dedicación exclusiva de ese mismo tribunal se abocará al caso de Jaime Cadiz Norambuena (causa 768-6). Este militante del MIR fue detenido en la población José María Caro y desapareció desde el recinto de la DINA de Londres 38.
El número 2161-8 de ese juzgado consigna otra causa de la DINA en que el juez pondrá acento. El mirista Jorge Humberto D´orival Briceño fue detenido en su hogar de la comuna de Conchalí y visto luego, junto a otros dos detenidos, en Villa Grimaldi. A los tres se les perdió la pista en el recinto de Cuatro Alamos.
El juez de dedicación exclusiva del Tercer Juzgado del Crimen de San Miguel investigará el caso de Leopoldo Muñoz Andrade, militante del MIR que desapareció desde el recinto DINA de Cuatro Alamos. En las manos de este magistrado estará además esclarecer la desaparición de otro mirista, Daniel Reyes Piña, quien fue visto por última vez en Londres 38.
A ese organismo represor se atribuye también la desaparición de Víctor Fernando Olea Alegría el 11 de septiembre de 1974. Tenía 24 años cuando fue detenido por agentes en la vía pública. Su causa está radicada en el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago con el número 76667.
Otro caso que tendrá especial atención será el de Washington Cid Urrutia, quien desapareció en 1974 desde Villa Grimaldi. Su causa está radicada en el Décimo Juzgado del Crimen de Santiago y es atribuido a la DINA.
Hacia otros organismos represores
No sólo la DINA será investigada por los jueces especiales. Las acciones criminales perpetradas por el Comando Conjunto tendrán el mismo destino. De hecho, el mandato de la Suprema toca las hebras de uno de los casos que ofrece las mayores contradicciones con el informe de las FF.AA: la desaparición del militante de las Juventudes Comunistas Carol Fedor Flores Castillo.
El informe castrense establece que Flores Castillo fue detenido en 1976, muerto y arrojado al mar en las costas de San Antonio. Sin embargo, Flores fue apresado junto a sus hermanos en 1974 y permaneció recluido seis meses. En 1976 comenzó a colaborar con el Comando Conjunto, proceso que se extendió hasta el 7 de junio de ese año. El ex agente del comando conjunto Andrés Valenzuela confesó que fue muerto junto a un soldado en el Cajón del Maipo y arrojado al río. Ahora su crimen será investigado por el juez del Décimo Juzgado de Santiago.
En el Cuarto Juzgado del Crimen de San Miguel, bajo el número 10161, consta el caso de Alonso Gahona Chávez, quien habría fallecido víctima de reiteradas torturas junto a Humberto Castro en el llamado "Nido 20". Así se conocía al recinto secreto de detención y tortura ubicado en la calle Santa Teresa 037, cerca del paradero 20 de la Gran Avenida de Santiago. Este recinto funcionó durante 1975 bajo control de agentes de la DIFA con quienes colaboraban civiles provenientes de grupos nacionalistas o de extrema derecha.
La guardia exterior del recinto estuvo a cargo de alumnos de la Escuela de Especialidades de la Fuerza Aérea. Gahona, dirigente de los obreros de la Municipalidad de La Cisterna y militante comunista, conocido como «Yuri», había sido detenido el 8 de septiembre de 1975 en la vía pública. Su cadáver habría sido envuelto en plástico y, al parecer, arrojado al mar.
Desde el recinto llamado "Remo Cero", del regimiento de artillería anti-aérea de Colina fue sacado y posiblemente enterrado en terrenos militares de Peldehue, Miguel Rodríguez Gallardo. La causa 10617 del cuarto juzgado de San Miguel intentará llegar hasta las bases del Comando Conjunto.
También un juez especial investigará el destino de al menos uno de los detenidos desaparecidos de La Moneda. En el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago está la causa 17584, que corresponde a Osvaldo Ramos Rivera, miembro del GAP de sólo 22 años.
Ramos fue detenido en el interior del palacio gubernamental por militares, junto a Antonio Aguirre Vásquez. Producto de sus heridas, ambos fueron trasladados a la Posta Central donde existe constancia de su permanencia. Fueron sacados desde allí por personal uniformado y desde entonces se desconoce su paradero.
En el Octavo Juzgado del Crimen de Santiago será investigado el caso de otro GAP, Mario Ramiro Melo, oficial del Ejército retirado, desaparecido desde el 29 de septiembre de 1973.
El caso de Miguel Acuña Castillo, rotulado con el número 11509-8 en el Octavo Juzgado de Santiago, también será investigado. Acuña era dirigente de la sección de estudiantes secundarios del MIR cuando desapareció en 1974, junto a su amigo Héctor Garay Hermosilla.
La labor de los jueces especiales se extenderá además a la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea. En el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago será visto el caso de José Luis Baeza, de 41 años, vendedor y miembro del Comité Central del PC. Fue aprehendido junto a otras tres personas en una casa en Santiago que servía para reuniones y contactos de miembros de esa colectividad.
Los autores de la detención fueron identificados como miembros del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, comandados por un conocido Jefe de Inteligencia. Baeza fue llevado a la Academia de Guerra de esa institución, donde fue visto por varios testigos. Estos testimonios contradicen la versión oficial entregada por el Ministro del Interior que, en esa época, negó su detención
TERCERA (BREVES)- 7 JULIO 2000
DDHH: niegan libertad a suboficiales de la Fach
La Corte de Apelaciones de San Miguel negó ayer la libertad bajo fianza a los suboficiales de la Fach Eduardo Cartagena y Fernando Zúñiga, ambos procesados por la jueza del Cuarto Juzgado del Crimen de esa comuna, María Teresa Díaz, por la desaparición de Alonso Gaona Chávez. El tribunal de alzada, por dos votos contra uno, estimó que los suboficiales, procesados por el delito de secuestro y asociación ilícita, deben continuar en prisión preventiva en el Regimiento de Artillería de la Fach, en Colina, al considerarlos un peligro para la sociedad, revocando así la decisión de la jueza, quien les había dado la libertad bajo fianza.
En la causa hay otros tres uniformados sometidos a proceso, dos de ellos ex miembros de la Fach además de un comandante (R) de Carabineros. El caso de Gaona es el segundo donde se encuentran encausados ex oficiales de la Fach. En el Noveno Juzgado del Crimen de San Miguel están sometidos a proceso por la desaparición de Luis Baeza Cruces y Alfonso Carreño Díaz el coronel (R) Edgar Ceballos Jones, el teniente (R) Franklin Bello, además de oficial (R) Ramón Jorquera.
Primera Linea 10 de Agosto 2001
Academia de Guerra Aérea: testimonios de ex oficiales torturados por la Fach
El caso ilustra cómo la "tarea de limpieza" de adversarios a la dictadura comenzó por dentro, eliminando a cualquier oficial constitucionalista. El tribunal de la causa analiza citar al capitán Jorge Silva, quien rememoró antecedentes de las torturas que enfrentaron altos oficiales como Alberto Bachelet. Testimonios claves para desentrañar el confuso episodio que rodea el funcionamiento, a comienzos del Régimen Militar, de la Academia de Guerra Aérea (AGA) son la base sobre la cual trabaja la titular del Noveno Juzgado del Crimen, Raquel Lermanda, a cargo de la investigación por la querella interpuesta por la desaparición en 1974 de Luis Baeza Cruces y el asesinato de Alfonso Carreño Díaz, en el caso conocido públicamente como Ceballos Jones.
La causa vivirá dentro de los próximos días una nueva reactivación gracias a los interrogatorios a que serán sometidos ex oficiales de la Fuerza Aérea que vieron cómo en la planta baja de la AGA -conocida como la "Capilla"- se sometía a torturas a civiles y uniformados. También la jueza Lermanda -designada por la Corte Suprema como magistrada con dedicación exclusiva- afina los detalles para constituirse en la Academia, y recrear con los tres oficiales procesados en el caso el funcionamiento de la entidad.
A la fecha están sometidos a proceso por el delito de secuestro calificado y asociación ilícita genocida el coronel (r) Edgar Ceballos Jones, el teniente (r) Franklin Bello, el funcionario de Gendarmería José Aladino Cerda y el comandante (r) Ramón Cáceres Jorquera. Ceballos además está encargado reo por el delito de homicidio calificado contra Carreño. La jueza Lermanda también analiza citar a declarar al capitán (r) de la Fach, Jorge Silva, quien rememoró ante la opinión pública, antecedentes de las torturas que enfrentaron altos oficiales de la Fach como el general Alberto Bachelet.
Las palabras claves
El testimonio del coronel (r) Pedro Arnaldo Guerrero Rojas recrea su permanencia al interior de la Academia. Luego del 11 de septiembre, y junto con otros 70 altos oficiales de la Fach, fue acusado del delito de traición por su posición contraria al Golpe de Estado. Explica a foja mil 143 que el 13 de septiembre de 1973 "fui detenido en mi oficina por dos oficiales de Inteligencia de la Fuerza Aérea, vestidos de civil y armados: Edgar Ceballos Jones y Ramón Cáceres Jorquera. Venían solos y no exhibieron orden alguna de identificación, aunque a ambos los conocía pues habían sido alumnos míos en la Escuela de Aviación". Añade que fue conducido encapuchado a bordo de una camioneta civil "hasta un recinto que después identifiqué como la Academia de Guerra Aérea. Me hicieron descender hasta un subterráneo y me introdujeron en una habitación llena de otras personas, todos miembros de la Fuerza Aérea. En el lugar me despojaron de mis galones y me dieron una manta, autorizándome a dormir tendido en el suelo". El relato continúa con el interrogatorio a que fue sometido por parte del general (r) Orlando Gutiérrez, quien oficiaba de fiscal: "Este general me acusó de pertenecer al MIR y ante mi negativa procedió a insultarme. De inmediato fui trasladado hasta 'la capilla' donde recibí golpes en el estómago y bajo vientre de parte de Ceballos y de otro individuo, al parecer Cáceres. Me aplicaban corriente en todo el cuerpo, especialmente en los genitales y me colgaban de las piernas desde cierta altura sin que mi cabeza rozara el suelo. En una oportunidad, mientras esto ocurría la capucha se desprendió y pude ver claramente a Ceballos y Cáceres". Las agresiones que sufrió el coronel (r) Guerrero sólo terminaron cuando "al borde de la muerte" aceptó "firmar cualquier papel". El 5 de enero de 1974 fue trasladado hasta la Academia de Especialidades de El Bosque "para reponerme", donde estuvo por una semana, pero sin recibir la atención médica prometida.
Luego llegó hasta la Cárcel Pública, recinto donde permaneció por dos años y seis meses, ahí descubrió que la institución llevaba un proceso contra el general Bachellet y todos los oficiales constitucionalistas. A todos ellos se les acusaba de simpatizar o militar en el MIR y enfrentaban cargos por traición.
Sobre el general Bachellet supo que falleció en los brazos del médico Alvaro Yáñez del Villar, en la Cárcel Pública, y que estuvo junto a él, en las sesiones de tortura de la AGA.
Al igual que en la Caravana de la Muerte, la SIFA en sus primeros días tuvo como principal misión "limpiar" la Fuerza Aérea de todos los elementos contrarios al nuevo régimen. Para ello se utilizó la "excusa" de una supuesta militancia en el MIR. Luego de terminar con el problema interno, el paso siguiente de la entidad fue detener a civiles que tuvieron alguna relación con partidos de izquierda. En este cuadro se produjo la detención de Arturo Baeza y Manuel Carreño, casos emblemáticos que inculpan directamente a la Fach en violaciones a los derechos humanos.
Oficiales torturados
Otro testimonio que da luces a la investigación es el del capitán de bandada (r) de la Fach, Jaime Arturo Donoso Parra. Indica que ante las primeras informaciones sobre un Golpe de Estado que se manejaban al interior de las filas castrenses, decidió alertar a personeros políticos como Erick Schnacke, Anselmo Sule y Carlos Lazo, con quienes se reunió en tres ocasiones antes del 11 de septiembre de 1973. Las conversaciones no consiguieron detener el inminente Golpe de Estado, por lo que no le extrañó que el 15 de septiembre del mismo año fuera detenido por Ceballos Jones, quien sin dar ninguna explicación lo maniató y le colocó una capucha. A bordo de una camioneta fue conducido hasta la Academia de Guerra Aérea, "introduciéndome en un subterráneo donde se me mantuvo de pie encapuchado durante tres días". En ese período sólo recibió agua y pudo ver que estaban en igual condición los capitanes (r) Raúl Vergara y Patricio Carbacho.
"Luego de ello, siempre con la vista vendada, fui conducido hasta una pieza-celda en el subterráneo donde fui agredido con golpes de pies y manos, culatazos e incluso me sometieron a dos simulacros de fusilamientos", indica el testimonio. Acto seguido -señala Donoso- fue interrogado por el comandante del grupo Sergio Lisazoaín Mitrano, el capitán Alvaro Gutiérrez y el general de brigada Orlando Gutiérrez Bravo, quienes le consultaban sobre su relación con el MIR.
El oficial en retiro recalca que había ciertas rutinas que se repetían en la Academia. Durante 40 a 45 días era interrogado y torturado, luego, por espacio de dos días era trasladado hasta el Regimiento de Colina, Escuela de Aviación o Escuelas de Especialidades, donde recibía tratamiento médico, tras lo cual volvía a la AGA. Durante esos viajes pudo comprobar que otros altos oficiales de la Fach también permanecían recluídos en el lugar e incluso vio en un deteriorado estado de salud a Lazo y Sule.
Similar es la historia del coronel de aviación (r) Ernesto Augusto Galaz Guzmán. El 14 de septiembre de 1973 acudió hasta el Ministerio de Defensa para interiorizarse de lo que sucedía tras el Golpe, sin embargo fue de inmediato detenido junto con el capitán (r) Vergara, el coronel (r) Rolando Miranda Pinto y el general (r) Bachelet. Todo el grupo fue trasladado hasta la Base Aérea de Colina, donde permanecieron hasta el 20 de septiembre, fecha en que fueron llevados en helicóptero hasta la Academia de Guerra. En el subterráneo del lugar "fuimos recibidos por el fiscal Orlando Gutiérrez, quien nos interrogaba sin venda en los ojos. Una vez que terminaban las preguntas, nos ponían la capucha y comenzaba la sesión de tortura". Asegura que por la voz pudo detectar que Ceballos Jones era quien lideraba las agresiones secundado por Cáceres.
Precisa que los cuatro oficiales siempre estuvieron juntos durante su detención en la AGA y que en una ocasión mientras se bañaban supieron por otros prisineros que "se había dado muerte al cabo Rafael Reyes Gajardo, quien al parecer sufrió un ataque de nervios y un conscripto -cuyos datos desconozco- le dio un tiro a matar".
Basada en estos antecedentes, la jueza Lermanda configuró la responsabilidad penal de Ceballos Jones y Cáceres, sin embargo, para las víctimas el listado de torturadores, cómplices y encubridores es mucho más extenso, por lo que insisten que aún queda mucho por hacer en este caso
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