Avalos Davidson Alejandro Juan

Alejandro Juan Avalos Davidson, soltero, profesor universitario, militante del Partido Comunista, fue detenido por la DINA el 20 de noviembre de 1975, entre las 17:00 y las 18:00 horas, en el trayecto entre su lugar de trabajo, Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (P.I.I.E.) de la U. Católica, ubicado en calle Bustos 2431, y el domicilio de su madre ubicado en Pedro de Valdivia 1673, donde había quedado de llegar una vez terminada su jornada de trabajo. Luego de su arresto, cuyos detalles precisos se desconocen, fue trasladado al recinto de la DINA ubicado en Lo Arrieta 8.200, denominado Villa Grimaldi, permaneciendo todo el tiempo en un sector de ese recinto, conocido como "La Torre", en donde normalmente eran dejados los detenidos que tenían como destino "desaparecer". Allí se le vio por última vez a fines de febrero de 1976.
Existe evidencia clara, que Alejandro Avalos era buscado por la DINA desde los primeros días del mes de noviembre de 1975. En el proceso judicial que investigó su desaparecimiento, consta la declaración judicial de Carlos Ramón Bombal Otaegui en la que expresa que, en su calidad de Jefe del Gabinete del Rector de la Universidad Católica de Chile y, por tanto, funcionario de su exclusiva confianza, le tocó atender el día lunes 3 de noviembre de 1975, a dos personas que se presentaron ante el Rector, señor Jorge Swett Madge y que se identificaron como funcionarios de DINA. Ellos hablaron directamente con Jorge Swett y minutos después fue llamado por él, quien le dio instrucciones de atender a esas personas y darles toda la información que le requirieran. En ese mismo momento fue informado por el señor Rector que ellos requerirían información de un profesor llamado Alejandro Juan Avalos Davidson, y tal como el Rector le había indicado, se dispuso a llamar por teléfono al Director de la Unidad Académica donde trabajaba el señor Avalos. Los dos funcionarios le sugirieron que no provocara alarma en esa Unidad Académica y que evitara el llamado, "ya que la orden que tenían era la de detener al señor Avalos sin testigos". Obró como se lo pedían, ya que estimó del caso no entorpecer las funciones de ese organismo de seguridad y procedió a entregar los antecedentes requeridos. Agrega el señor Bombal en su declaración, que con posterioridad a estos hechos, procedió a dar cuenta al señor Rector de la suerte que correría el señor Avalos, explicándole que no sólo venían a buscar antecedentes de él sino que habían manifestado que tenían orden de detenerlo sin testigos. Aproximadamente unos 5 días después se tuvo conocimiento en la Universidad de la desaparición del señor Avalos y, cuando fue consultado por el Vice Rector Académico si tenía algún antecedente al respecto "(ya que atiendo normalmente yo a los funcionarios de DINA que requieren información)", le informó al señor Vice Rector Académico lo que sabía. Finalmente, el testigo indica que como resulta claro de la intención que manifestaron los dos funcionarios en orden a detener al señor Avalos, se pudo colegir, por su parte, que el señor Avalos estaba detenido en poder de la DINA. En el mismo proceso, prestó declaración el señor Jorge Swett Madge, Rector de la Universidad Católica, quien expresa que el día 3 de noviembre de 1975 llegaron hasta su oficina en la Universidad dos individuos que se identificaron como funcionarios de DINA, para lo cual le mostraron sus credenciales, quienes querían saber datos de un profesor de la Universidad llamado Alejandro Juan Avalos Davidson. Querían saber si pertenecía a la Universidad, en qué lugar trabajaba, en resumen cómo ubicarlo. Debido al tiempo transcurrido, dice no recordar cuál era la finalidad que ellos perseguían al inquirir estos datos del profesor Avalos. Agrega que posteriormente, llamó a su secretario, Carlos Bombal, a quien le dio instrucciones para que los llevara a la oficina del personal, lugar donde se les proporcionarían todos los datos del profesor Avalos. Es decir, afirma el señor Rector, en el fondo su papel se limitó a autorizar el ingreso de estos señores a la información que pudieran tener en la Universidad "sobre alguna persona que ellos necesiten". Don Francisco Julio Bulnes Ripamonti, Secretario General de la Universidad Católica de Chile, expone en su declaración judicial que en cuanto a la detención del afectado, no la presenció, pero sí un tiempo atrás el Jefe del Gabinete del Rector, señor Carlos Bombal, le manifestó que un funcionario de DINA le había informado que el señor Avalos había sido detenido por ese organismo, lo cual fue negado posteriormente por esa Dirección de Inteligencia.
De la permanencia de Alejandro Juan Avalos Davidson en Villa Grimaldi dan cuenta los testimonios de varias personas que sobrevivieron a la DINA y a su reclusión en ese recinto. Don Dagoberto Mario Trincado Olivera, constructor civil, expresa en su testimonio haber sido detenido el 4 de noviembre de 1975 por agentes de la DINA en el Aeropuerto Pudahuel, en momentos que se aprestaba a tomar el avión que lo conduciría a Buenos Aires. Al día siguiente fue trasladado a Villa Grimaldi en donde permaneció hasta el 30 de ese mes. Allí, durante tres veces al día era interrogado y torturado, sufriendo los efectos de la "parrilla", consistente en la aplicación de corriente eléctrica en todo el cuerpo mientras era mantenido atado a un camarote de metal; a consecuencia de esto, sufrió tres paros cardíacos debiendo ser trasladado a la Clínica de la DINA ubicada en calle Santa Lucía. A fines de noviembre vio por primera vez a Alejandro Avalos Davidson en Villa Grimaldi y durante el mes de diciembre lo siguió viendo. Lo tenían en un sector denominado "la Torre". Alejandro le manifestó, a mediados del mes de diciembre, que pensaba que lo iban a soltar luego ya que a esa altura no lo torturaban ni lo interrogaban.
Don José Miguel Moya Faurich, economista, expone haber sido detenido por la DINA el 20 de octubre de 1975, en circunstancias que se encontraba en el domicilio del profesor de la Universidad Católica de Santiago, Jaime Ignacio Ossa Galdames, a quien buscaban los agentes de la DINA y que fue arrestado ese mismo día al llegar a su casa. (Cabe señalar que el profesor Ossa Galdames murió en Villa Grimaldi producto de las torturas a que fue sometido). El testigo fue trasladado con la vista vendada a Villa Grimaldi, en donde fue desnudado y torturado a raíz de lo cual perdió por unos días la sensibilidad en una de sus piernas. En la tercera semana de noviembre fue trasladado al sector denominado "La Torre". En esos días llegó hasta ese lugar un detenido de nombre Alejandro Avalos Davidson, a quien no conocía; éste le manifestó que no sabía el motivo de su detención, le señaló que era comunista pero que no estaba participando en forma activa, y que además uno de sus hermanos era funcionario de la Embajada de Canadá; se veía en buenas condiciones por lo que suponía que había sido detenido recientemente. Un día llegaron hasta "La Torre" cuatro agentes quienes procedieron a interrogarlo, por lo que pudo escuchar y del tenor de las preguntas que le hacían se percató que no tenían nada en su contra. Alejandro lo ayudaba a trasladarse todos los días al baño, ya que debido a la lesión que sufría su pierna no podía hacerlo solo.
Don Carlos Corvalán Rojas, psicólogo, expresa en testimonio judicial que el 2 de diciembre de 1975, en circunstancias que se dirigía con su hijo al colegio de éste, fue detenido por personal de Inteligencia Militar a dos cuadras de su domicilio ubicado en Avenida Matta con Lira; lo subieron a una camioneta en cuyo interior se encontraba sentado Alejandro Avalos ?a quien conocía de antes? se miraron pero no se saludaron ni se dirigieron la palabra en todo el trayecto; le pusieron scotch en los ojos y le prohibieron hablar; luego fue bajado e introducido a una pieza en donde escuchó la voz de Alejandro Avalos. Al día siguiente fue trasladado a 4 Alamos y posteriormente a 3 Alamos. Cuando estuvo el Presidente de la Corte Suprema en ese último recinto, él habló con el Secretario de la Corte y le preguntó acerca de Alejandro Avalos, pues no lo había vuelto a ver. El señor Secretario tomó nota de lo que él le contó respecto al caso. Al momento de prestar su declaración ante el Tribunal, el testigo se encontraba recluido en 3 Alamos.
Don Cristián Esteban van Yurick Altamirano, también sobreviviente de sistemáticas torturas, indica en su testimonio haber sido detenido el 12 de julio de 1974, permaneciendo recluido en los recintos de Londres 38, Villa Grimaldi, 4 Alamos y José Domingo Cañas. En vísperas de la Pascua de 1975, encontrándose en Villa Grimaldi, fue introducido a una pieza en donde habían otros detenidos, allí vio a Juan Avalos Davidson, a quien sólo conoció allí; a Santiago Ferrús López a quien torturaron con gas; y otro prisionero más cuyo nombre no recuerda y que estaba esposado junto a Davidson que casi no hablaba, arriba del camarote; los tres venían de "La Torre".
Don Oscar Patricio Orellana Figueroa, expresa en su testimonio haber sido detenido el 28 de noviembre de 1975 tras lo cual fue trasladado a Villa Grimaldi, y dentro de ese recinto, fue recluido en el lugar denominado "La Torre", en donde sufrió aplicación de corriente eléctrica, colgamientos y golpes en distintas partes del cuerpo. Cuando llegó a "La Torre" se encontraban en ese lugar otros dos prisioneros, uno de los cuales era Alejandro Avalos Davidson, quien la manifestó ser profesor de la U. Católica, pertenecer a las Juventudes Comunistas y que no sabía la razón de su detención. En una ocasión, un agente de la DINA a quien llamaban "El Brujo", trato de hipnotizar a Alejandro Avalos, quien se hizo el hipnotizado. Posteriormente, llegaron a "La Torre" Santiago Ferrús, Mario Quezada y José Ramón Ascencio. El 20 de enero de 1976 fue sacado de "La Torre" y conducido a 4 Alamos en donde permaneció incomunicado en una celda solo. A mediados de febrero nuevamente fue llevado a Villa Grimaldi junto con varios otros detenidos, a fin de evitar que fueran reconocidos en una visita que efectuó la Cruz Roja a 4 Alamos. Llegando a Villa Grimaldi fue separado del grupo de detenidos y conducido de inmediato a "La Torre". En dicho lugar aún permanecían Alejandro Avalos, Santiago Ferrús y José Ramón Ascencio. En esos momentos se efectuaban trabajos en dicho lugar, estaban haciendo pequeñas celdas individuales. Los tres detenidos se encontraban bien de aspecto. Esa fue la última vez que vio a Alejandro Avalos, pues, al cabo de dos días fue devuelto a 4 Alamos.
Don Renán Gregorio Castillo Urtubia, señala en su declaración haber sido detenido el 27 de noviembre de 1975, y dejado en libertad el 17 de noviembre de 1976 desde el Campamento 3 Alamos.
Durante la primera etapa de su aprehensión fue recluido en Villa Grimaldi, en donde estuvo por última vez el 13 de enero de 1976. En las tres oportunidades que fue llevado hasta ese recinto conversó con Alejandro Avalos Davidson, quien se encontraba en "La Torre". En el período comprendido entre el 26 de diciembre de 1975 y el 13 de enero de 1976, le ordenaron llevarle comida a los prisioneros que se encontraban en "La Torre", entre ellos, Alejandro Avalos y Patricio Orellana. Por su parte doña Gabriela del Carmen Salazar Rodríguez, expresa en su testimonio haber sido detenida por la DINA el 31 de diciembre de 1975, siendo trasladada a Villa Grimaldi en donde permaneció hasta el 26 de febrero de 1976, para ser luego conducida a 4 Alamos. En el primer recinto vio a Alejandro Avalos cuando éste era sacado al baño y quien se encontraba en el lugar denominado "La Torre". La última vez que lo vio fue a mediados de febrero de 1976, suponiendo que fue sacado a otro lugar por cuanto ya no lo vio en las salidas periódicas al baño. Don Carlos Raúl González Anjari, expone en declaración jurada haber sido detenido el 26 de diciembre de 1975, siendo trasladado a Villa Grimaldi. A fines de ese mes tuvo la ocasión de entrecruzarse con un grupo de detenidos que eran conducidos al baño, entre ellos se encontraba Alejandro Avalos. A este grupo de prisioneros lo vio por última vez el 29 de enero de 1976, fecha en que fue trasladado desde 4 Alamos a Villa Grimaldi con el fin de ocultarlo a la visita que realizó la Cruz Roja; a ese grupo de detenidos los tenían realizando trabajos forzados. Don Sergio Carlos Requena Rueda, ingeniero civil, cuenta en su testimonio haber sido detenido por la DINA el 12 de diciembre de 1975, siendo trasladado a Villa Grimaldi. Allí tuvo la ocasión de conversar con Alejandro Avalos Davidson, a quien conocía de antes. Alejandro se encontraba recluido en el sector denominado "La Torre" que estaba aislado del resto de las dependencias de ese recinto. Lo vio por última vez el 19 de enero de 1976, fecha en que el testigo fue trasladado a 4 Alamos.
En esa oportunidad pudo intercambiar algunas palabras con Alejandro Avalos, quien se encontraba demacrado; le manifestó que su familia ya sabía de su detención y dónde se encontraba (el testigo había sido llevado a 3 Alamos con anterioridad, oportunidad que aprovechó de dar aviso a la familia de Avalos Davidson acerca de su situación) y le manifestó que le habían enviado saludos. Por su parte, Avalos le expresó que le diera saludos a su familia si volvía a verlos y que el esperaba muy pronto ser transferido a un centro de detención en donde podría ser visitado.
Su familia realizó múltiples diligencias y averiguaciones con el fin de averiguar su paradero, requirió información mediante cartas a casi todas las autoridades administrativas y militares. Todas resultaron infructuosas.
El 21 de marzo de 1990, casualmente mientras se realizaban faenas de excavación en el Fundo Las Tórtolas de Colina -terrenos que pertenecieron al Ejército de Chile hasta el año 1980 – fueron encontrados restos de tres personas en dos fosas clandestinas; dos de ellos fueron identificados a los tres meses y revelaron ser, Vicente Atencio Cortés, ex parlamentario comunista, detenido el 11 de agosto de 1976 y Eduardo Canteros Prado, también militante comunista, detenido el 23 de julio de 1976.
Después de dos años, en septiembre de 1992, luego de innumerables pericias y exámenes de laboratorio, se logró establecer que la tercera víctima correspondía a Alejandro Juan Avalos Davidson. Las tres víctimas permanecieron por años en calidad de detenidos desaparecidos, y los une el haber estado recluidos en el recinto secreto de la DINA, Villa Grimaldi.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
El 6 de diciembre de 1975 se presentó recurso de amparo en su favor ante la Corte de Apelaciones de Santiago, rol 1642?75, en el cual se requirió informes al Ministro del Interior y a la Dirección de Inteligencia Nacional. Ambos Oficios fueron respondidos por el Ministerio del Interior señalando que el amparado no había sido detenido por la DINA. La parte recurrente puso en conocimiento de la Corte la información obtenida de las autoridades de la Universidad Católica, en el sentido que el afectado estaría detenido por la DINA, solicitando que se cite o se llame por teléfono a las autoridades de la U. Católica y que un magistrado de la Corte se constituya en el Cuartel Central de la DINA a fin de verificar la detención del afectado. Estas diligencias fueron denegadas por el Tribunal. El 3 de enero de 1976, con el mérito de lo informado por la autoridad administrativa, se rechazó el recurso de amparo, a la vez que los antecedentes fueron remitidos al Octavo Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago a fin de instruir proceso por el desaparecimiento del amparado.
El doce de enero de 1976, el Octavo Juzgado del Crimen de Santiago dio inició a la causa 13.090, ante la cual, el 27 de enero de 1976 compareció doña Elsie Davidson Wieght, madre del afectado, quien ratificó los términos de su denuncia. En la orden de investigar diligenciada por la Policía de Investigaciones e informada el 26 de febrero, se entrevistó a la denunciante, quien agregó a sus dichos que, por personas a las cuales no puede individualizar por razones obvias, ha tenido conocimiento que su hijo estaría recluido en Villa Grimaldi o en 4 Alamos. El informe de Investigaciones agrega que en el SENDET no se encuentra registrado el ofendido. El 8 de julio de 1976, compareció ante el Tribunal don Francisco Julio Bulnes Ripamonti, cuyos dichos ya fueron expuestos. El 18 de agosto de 1976, el 8º Juzgado del Crimen se declaró incompetente de seguir conociendo los hechos, remitiendo los autos al Segundo Juzgado del Crimen de Santiago para su acumulación a la causa 84.315 que conoce de los mismos hechos, y que fuera iniciada el 2 de diciembre de 1975 a raíz de una denuncia de presunta desgracia de Alejandro Avalos Davidson. El 25 de agosto el 2º Juzgado aceptó su competencia y procedió a la acumulación de la causa.
En el proceso 84.315, a la fecha de la acumulación, se habían recibido informes negativos del SENDET, Ministerio del Interior, y del Servicio Médico Legal. Asimismo, se había informado la orden de investigar diligenciada por Investigaciones en la cual se entrevistó a don Francisco Bulnes Ripamonti y a don Carlos Bombal. Ambas personas, más el Rector de la U. Católica don Jorge Swett Madge, comparecieron ante el Tribunal, exponiendo los hechos que ya fueron relatados. El 17 de mayo de 1976, el testigo Carlos Corvalán Rojas, fue llevado desde 3 Alamos al Tribunal a fin prestara declaración acerca de las circunstancias en que vio a Alejandro Avalos.
Luego de la acumulación de ambos procesos, el 2º Juzgado del Crimen tomó declaración al prisionero en 3 Alamos, don Sergio Carlos Requena Rueda, quien expresó los detalles de su estadía en Villa Grimaldi en donde vio a la víctima. El 2 de febrero de 1977, la parte denunciante presentó ante ese mismo Tribunal una querella criminal por el delito de secuestro, acompañando como antecedente una declaración jurada prestada por don Juan Ernesto Segura Aguilar, quien afirma haber sido detenido por la DINA y haber estado en Villa Grimaldi junto a Alejandro Avalos. La querella fue aceptada a tramitación acumulándose a la causa. Posteriormente, los querellantes acompañaron las declaraciones juradas de los ex?prisioneros de la DINA, don Carlos Raúl González Anjari y de don Dagoberto Mario Trincado Olivera, cuyos testimonios ya fueron relatados. El 16 de agosto de 1977, el Tribunal, a petición de la parte denunciante, ordenó oficiar al Juzgado Militar a fin de que se constituya en Villa Grimaldi y constate si allí se encuentra detenido Alejandro Avalos Davidson. El Tribunal ordenó, asimismo, exhortar a los diferentes territorios jurisdiccionales del país a fin de ubicar el paradero del afectado, recibiéndose respuestas negativas de todos ellos. El 7 de noviembre de 1977, la parte querellante, solicitó pedir cuenta de la diligencia referente a la constitución del Primer Juzgado Militar en Villa Grimaldi. El 29 de abril de 1978, el Juez reiteró el Oficio al Primer Juzgado Militar, recibiendo respuesta de que en la ciudad de Antofagasta no hay ningún lugar denominado Villa Grimaldi. Cabe hacer notar que el Primer Juzgado Militar corresponde a Antofagasta; en tanto, Villa Grimaldi se encuentra en Santiago cuya jurisdicción corresponde al Segundo Juzgado Militar.
El 12 de mayo de 1978, la Jueza teniendo presente la reciente dictación del Decreto Ley 2.191 que concede amnistía a las personas que hayan incurrido en hechos delictuosos durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, sobreseyó definitivamente la causa. Dicha resolución fue apelada por la parte perjudicada. El 12 de julio de 1978, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó el auto de sobreseimiento apelado, ordenando reponer la causa a estado de sumario.
El 5 de octubre de 1978, el Ministerio del Interior, acompañando informe de la CNI ?que ya a la fecha había sucedido a la DINA? señaló que el lugar denominado Villa Grimaldi, ubicado en Avda. Lo Arrieta 8400, se encuentra a cargo de esa Central Nacional de Informaciones, C.N.I., que es un organismo militar y por esa razón todas sus dependencias se encuentran sometidas a dicha jurisdicción. La CNI recibió el mencionado lugar de DINA, el cual a la fecha de entrega se encontraba desocupado y sin personal a cargo, desconociéndose, por lo tanto, la identidad de quienes ocupaban dicho inmueble.
El 30 de octubre de 1978, la causa fue sobreseída temporalmente con el fundamento de que no se encuentra justificado en autos la perpetración del delito que dio motivo a la formación del sumario. El 2 de mayo de 1979, la Corte de Apelaciones estimó que correspondía el conocimiento del sumario al señor Ministro en Visita Servando Jordán López, quien se encontraba investigando los casos de detenidos?desaparecidos del Departamento de Santiago, remitiéndole la causa. Sin embargo, el señor Ministro en Visita, el 4 de mayo, rechazó su competencia y devolvió los autos a la Corte de Apelaciones por considerar que ese Tribunal debía pronunciarse sobre el sobreseimiento dictado en autos. Al insistir la Corte de Apelaciones en su resolución anterior, los antecedentes fueron elevados a la Corte Suprema a fin de dirimir la contienda de competencia. El 30 de mayo, el Tribunal Supremo dictaminó que la Corte de Apelaciones debía pronunciarse acerca del sobreseimiento temporal decretado. El 27 de julio de 1979, la Corte de Apelaciones revocó el auto de sobreseimiento reponiendo la causa a estado de sumario, a fin de que el Juez declare su incompetencia y remita los antecedentes al Segundo Juzgado Militar por corresponderle su conocimiento. El 10 de agosto, el Juez del 2º Juzgado del Crimen dio cumplimiento a lo ordenado por su Tribunal Superior, y remitió los autos a la Justicia Militar.
El 20 de septiembre de 1979, el Tribunal Militar aceptó su competencia y ordenó a la Primera Fiscalía Militar Letrada de Santiago instruir la causa 692?79. El 9 de abril de 1980, compareció ante la Fiscalía don Carlos Raúl González Anjari, quien manifestó haber sido detenido por la DINA y haber permanecido en Villa Grimaldi junto a Alejandro Avila. Por otra parte, se recibieron informes negativos del Ministerio de Relaciones Exteriores y se recibió de parte de Investigaciones un informe con todos los datos recopilados de la víctima, el cual no aporta nuevos antecedentes. El 8 de enero de 1981, el Fiscal Militar cerró el sumario y el 2 de febrero el Juez Militar sobreseyó total y temporalmente la causa por estimar agotada la investigación y no encontrarse completamente justificada en autos la desaparición de Alejandro Avalos Davidson. La resolución fue apelada por la parte querellante, poniendo a disposición de la Corte Marcial, el testimonio de doña Alicia Salinas Farfán, quien expresa haber sido detenida por la DINA el 3 de enero de 1975, y haber permanecido en Villa Grimaldi, haciendo un pormenorizado relato de ese recinto y de los agentes que allí funcionaban. El 15 de septiembre de 1981, el auto de sobreseimiento fue aprobado por la Corte Marcial, rechazando así, el recurso de apelación.
La parte ofendida, presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema en contra de la Corte Marcial que confirmó el auto de sobreseimiento. El Tribunal Supremo, con fecha 29 de diciembre de ese año, acogió el recurso de queja sólo en cuanto a dejar sin efecto la resolución de sobreseimiento, por estimar que se encuentran pendientes diligencias que resultan necesarias para agotar la investigación.
En esta nueva etapa del proceso, varios agentes de la DINA, organismo responsable de la detención, mantención en los recintos de Villa Grimaldi y de la posterior desaparición de Avalos, son llamados a declarar. El 8 de marzo de 1982, compareció ante la Fiscalía el Mayor de Ejército Miguel Krassnoff Martchenko, quien expresa que perteneció a la DINA entre enero de 1974 y fines de 1975, afirma que no estuvo en Villa Grimaldi ni desempeñó ningún puesto, no conoce al Coronel Marcelo Moren Brito ni al Comandante Rodolfo Wenderoth Pozo, no tiene idea de quien es Alejandro Juan Avalos Davidson. El 22 de marzo de ese mismo año, comparece mediante exhorto el Teniente Coronel de Ejército Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, quien expresa que nunca ha sido Jefe de Villa Grimaldi, que el año 1975 tenía a su cargo la Sección de Análisis Documentos de Inteligencia y como tal sólo los procesaba y emitía informes, y que no conoce a Alejandro Avalos Davidson. El 29 de abril de 1982, comparece mediante exhorto el Coronel de Ejército Marcelo Moren Brito, quien expone que no es efectivo que haya sido jefe de Villa Grimaldi. En ese recinto habían varias Unidades paralelas de seguridad, sin jefatura de mando para el recinto. Desconoce a la persona que el Tribunal le nombra. Por último, el 20 de mayo de 1982, el Director de la DINA respondió por Oficio preguntas del Tribunal, expresando que Villa Grimaldi fue ocupado como un lugar de fichaje e interrogatorio de detenidos en tránsito, haciendo presente que con todo detenido llevado a ese recinto se había cumplido con todas las disposiciones legales; que los detenidos no permanecían en Villa Grimaldi, sino que eran llevados a 4 Alamos. Afirma el Brigadier General que testigo de lo anteriormente expuesto es el ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia, don José María Eyzaguirre, quien realizó una detallada visita a "Villa Grimaldi", precisamente cuando se interrogaba a dos detenidos traídos desde el campamento de detenidos Cuatro Alamos. Señala que el Presidente de la Corte Suprema recibió también detalladas explicaciones sobre el procedimiento de Villa Grimaldi. Finalmente, dice que por el plazo transcurrido, le es imposible recordar qué personal se encontraba al frente de ese recinto, y señala no conocer el nombre de Alejandro Juan Avalos Davidson ni tampoco tiene algún antecedente de que haya sido llevado a Villa Grimaldi.
El 7 de julio de 1982, el Juez Militar nuevamente sobreseyó total y temporalmente la causa, por considerar que no obstante encontrarse agotada la investigación no resulta completamente acreditado en autos la perpetración de los hechos denunciados. El 8 de junio de 1983, la Corte Marcial revocó el auto de sobreseimiento e instruyó al Fiscal a fin de interrogar nuevamente a Marcelo Moren Brito, al Teniente Coronel Rolf Wenderoth, y a Manuel Contreras Sepúlveda quienes deberán explicar circunstanciadamente la organización que existía en Villa Grimaldi en noviembre y diciembre de 1975 y enero de 1976, indicando quienes eran los jefes de las diversas unidades paralelas de seguridad y el jefe del recinto, así como los nombres de los Oficiales que allí se desempeñaron encargados del fichaje y de los interrogatorios de los detenidos en tránsito. El 8 de julio de 1983, el Brigadier General Manuel Contreras Sepúlveda, nuevamente respondió de Oficio a la Fiscalía Militar, en la cual confirmó sus dichos anteriores, sin agregar nuevos antecedentes relevantes para el esclarecimiento de los hechos investigados. Asimismo, la nueva declaración prestada por el Coronel Marcelo Moren Brito tampoco aportó nuevos antecedentes y confirmó sus dichos anteriores. En tanto, el Coronel Rolf Wenderoth Pozo, expresa que la Brigada estaba a cargo de un Comandante y de él dependía en forma directa la Unidad de Análisis que estaba a su cargo. Del Comandante de la Brigada dependían además diferentes Unidades Operativas, como asimismo dependía de él una Unidad de Servicio para la atención de las necesidades internas. El Comandante de la Brigada era don Marcelo, nombre con el que se conocía dentro de la Unidad. Con respecto a las Unidades de Servicio y Operativas no recuerda los nombres. Hace presente que por tratarse de un Servicio de Inteligencia sólo se conocían por el nombre de pila como apodo.
El 27 de octubre de 1983, el Juez Militar de Santiago sobreseyó total y temporalmente la causa por no encontrarse acreditado los hechos denunciados. Esta vez, la Corte Marcial aprobó el auto de sobreseimiento, rechazando así el recurso de apelación presentado por la parte perjudicada.
En cuanto a las gestiones administrativas, cabe señalar que la familia del afectado requirió información a los distintos Ministros de Estado, recibiendo respuestas en el sentido que no se registraba antecedentes la víctima.
En marzo de 1990, a raíz del hallazgo de tres cadáveres en un recinto que perteneció al Ejército hasta el año 1980, se inició una querella por inhumación ilegal en el 19? Juzgado del Crimen de Santiago, Rol 35625?6 la que, a diciembre de 1992, continúa en tramitación. En el curso de esta querella se identificó a Juan Alejandro Avalos Davidson, como una de las víctimas.
En la denuncia por el hallazgo, se especificaba que los tres cuerpos se habían encontrado en el sector denominado Las Tórtolas de la localidad de Colina. En efecto, el 21 de marzo, cuando trabajadores realizaban faenas de remoción de terrenos por una empresa contratista de la Compañía Minera Disputada de Las Condes ?a esa fecha propietaria del terreno? se realizó el hallazgo; junto a los restos óseos se encontraron prendas de vestir y otros elementos de carácter cultural. Había dos fosas, una con dos cuerpos con restos de ropa y la otra con un cuerpo desnudo.
Tres meses después de producido el hallazgo se identificó a dos de los cuerpos, uno pertenecía a Eduardo Canteros Prado, detenido el 23 de julio de 1976 y Vicente Atencio Cortés, detenido el 11 de agosto de 1976. Ambos eran militantes del Partido Comunista y habían sido vistos detenidos en Villa Grimaldi.
El recinto donde se encontraron los restos de Alejandro Avalos Davidson perteneció al Ejército hasta 1980. La data de la muerte es de más de 10 años.

El ministro de fuero, Juan Guzmán Tapia, sometió a proceso a siete militares (r) por el delito de secuestro calificado, por la desaparición de 23 personas en el recinto de torturas de Villa Grimaldi, durante el gobierno militar.

Los ex uniformados son el ex director de la Dina, Manuel Contreras Sepúlveda; el coronel Marcelo Moren Brito; brigadier Miguel Krasnoff; el suboficial Basclay Zapata; el agente Osvaldo Romo; el oficial en retiro de Carabineros, Conrado Pacheco y al agente Pedro Alfaro.

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Nota de memoriaviva.com: abogado de DDHH otorgó los siguientes detalles:

Manuel Contreras Sepúlveda por : Jacqueline Drouilly, César Negrete Peña, Marta Neira, Alfredo Rojas Castañeda, Jaime Vásquez Sáenz, Juan Molina Mogollones, Alej. Avalos Davidson, Sonia Rios Pacheco, Elías Villar Quijón, María Isabel Gutiérrez Martínez, Horacio Carabantes, Fabián Ibarra Córdova, Carlos Rioseco Espinoza, Alfredo García Vega, Abel Vilches Figueroa, René Acuña Reyes, Carrasco Matus, Hugo Rios Videla,Martín Elgueta Pinto, Agustín Martínez Meza, Juan MacLeod, Julieta Ramírez Castro y Luis Palominos Rojas.

Marcelo Moren Brito por todos los anteriores menos Elgueta, Negrete y Neira.

Miguel Krassnoff por Negrete, Neira, Drouilly,Rojas, Vásquez, Molina,Avalos, Acuña, Carrasco, Ríos, Elgueta, Martínez y Palominos.

Pedro René Alfaro Fernández por: Ríos, Villar, Gutiérrez, Carabantes,

Ibarra, Rioseco, García y Vilches.

Basclay Zapata por: Rojas, Vásquez, Molina, Acuña, Carrasco, Ríos, Elgueta y Palominos.

Conrado Pacheco Cárdenas por: MacLeod y Ramírez.)

El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Leopoldo Llanos, se reunió con familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos para dar a conocer los resultados de pericias de identificación de los restos encontrados en 1990 en el sector Las Tórtolas, terreno que habían pertenecido al Ejército.

El magistrado dio a conocer los resultados de las pericias de personas que en la década de los 90 habían sido identificados como Vicente Atencio Cortez, Eduardo Canteros Prado y Alejandro Ávalos Davidson.
Las pericias de ADN realizadas por la Unidad de Identificación Forense del Servicio Médico Legal confirmaron con un 99,999999% de certeza las identidades de Atencio Cortez y Canteros Prado; mientras que en el caso de Ávalos Davidson se determinó que la identidad era incompatible con los restos encontrados.

De acuerdo a estos resultados, se decretará una serie de diligencias con la finalidad de determinar la identificación de los restos anteriormente asignados a Ávalos Davidson.
Antecedentes de las víctimas

VICENTE ATENCIO CORTEZ; casado, 4 hijos, dirigente de la CUT, diputado comunista, ex alcalde de Arica, fue detenido el 11 de agosto de 1976 en horas de la mañana por agentes de la DINA. Se le vio recluido en el centro de detención Villa Grimaldi.

EDUARDO CANTEROS PRADO; 48 años, constructor civil, militante del partido comunista, detenido el 23 de julio de 1976, alrededor de las 21:40 horas, en la vía pública, frente a su domicilio ubicado en calle Panamá Nº 8807 de la comuna de La Florida, por agentes de la DINA, trasladado hasta la Villa Grimaldi donde fue visto por varios testigos

ALEJANDRO JUAN AVALOS DAVIDSON, de 31 años, soltero, profesor de la Universidad Católica y militaba en el Partido Comunista. Fue detenido el 20 de noviembre de 1975 por agentes de la DINA. Permaneció recluido en Villa Grimaldi, donde fue visto por números testigos; se le perdió el rastro en febrero de 1976 desde ese recinto de detención.

Un crudo análisis de los problemas de formación de los profesores, del SIMCE y de la calidad de la Educación hace en esta entrevista la destacada académica Beatrice Ávalos Davidson, quien ha desarrollado una exitosa carrera en Canadá, Gales, Nueva Guinea y Chile. Aquí y por primera vez, cuenta por qué se quedó fuera del país durante dos décadas, a partir de fines de 1975, cuando su hermano, profesor de inglés, fue detenido y se convirtió en un desaparecido. Habla del rol de Carlos Bombal y de Francisco Bulnes Ripamonti, quien era secretario general de la UC y le informó a su madre lo ocurrido.

Dos noticias han conmocionado a la destacada académica Beatrice Ávalos Davidson en los dos últimos meses. Sólo tres semanas antes de que le entregaran el Premio Nacional de Educación 2013, se enteró que su nombre había sido postulado para esa distinción. Su sorpresa fue mayúscula ya que ella ya había firmado para que este año el premio recayera en José Joaquín Brunner. Tampoco imaginaba hasta hace poco más de un mes que el ritual realizado en 1992 para dar sepultura a los restos de su hermano Alejandro, detenido y desparecido en noviembre de 1975, había sido un error y que las osamentas encontradas entonces en un ex cuartel del Ejército, no correspondían a las de su hermano, profesor de Inglés de la Universidad Católica, quien estuvo detenido en Villa Grimaldi. Ahora, a 40 años del Golpe de Estado, ella debe asumir que Alejandro Dávalos Davidson sigue siendo un desaparecido.

Esta es la primera vez que Beatrice Ávalos cuenta públicamente ese fatídico episodio que la hizo dar un giro radical a su vida y que la llevó a alejarse de Chile por dos décadas, realizando una exitosa carrera académica por Gales, Canadá y Nueva Guinea. De ese último país, aún conserva en su departamento artesanía, pinturas y regalos que sus alumnos le obsequiaron. Pero fundamentalmente mantiene el orgullo de haber trabajado para mejorar la Educación en un país en desarrollo, proceso que continuó luego en Chile y que sigue realizando en el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile.

La UC entregó tras 40 años el título póstumo de Alejandro Ávalos, hermano de la Premio Nacional de Educación.

–Usted inició su carrera docente en 1962 como profesora part-time de Historia y Geografía en el Colegio Mariano, trabajó como profesora en las universidades Católica de Chile y de Valparaíso hasta 1974. Luego estuvo 20 años fuera del país. ¿Las razones de su partida fueron académicas-profesionales o también personales?
Yo me fui de Chile en la década del inicio de la dictadura y no fui despedida ni maltratada personalmente. Trabajaba en un centro que habíamos creado, el PIIE (Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación), y en ese tiempo, tuve la oportunidad de ir a Inglaterra por dos años por una invitación de un decano de Educación y allá decidí que no tenía muchas ganas de estar haciendo clases en una universidad en la que no sabía si tenía espías entre los alumnos o no podía enseñar cómo pensaba. Pero lo más importante fue que, a fines de 1975, en el momento en que yo debí haber vuelto a Chile, desapareció mi hermano Alejandro, con quien yo vivía en un departamento en Almirante Barroso con Agustinas. Mi madre, que era inglesa, entre todos los dramas y esfuerzos para recibir apoyo y encontrar a mi hermano, estableció contacto con la embajada británica y fue ésta la que me aconsejó no volver. Y en la Universidad Católica me advirtieron que, si no volvía, me despedían. No volví.

-¿Usted estaba fuera del país cuando desapareció su hermano, Alejandro Ávalos Davidson?
Accidentalmente yo estaba acá cuando él desapareció. Me habían invitado a un congreso en Lima y pasé antes por Chile para visitar a mi madre y a mi hermano. Luego, cuando regresé a hacer la conexión, mi hermano desapareció a la semana siguiente. Me quedé en Chile para ayudar a mi madre y hermana en las primeras búsquedas, lo que fue atroz.

-¿Hubo alguna señal o algún rastro que les indicara qué había pasado con él?
La historia es increíble. Creímos haber encontrado sus restos a comienzos de los ‘90. En 1992 el Servicio Médico Legal los identificó como pertenecientes a Alejandro Ávalos. Yo volví a Chile, todavía estaba fuera, e hicimos un funeral… Pero el año pasado, las dos familias de las personas que habían sido encontradas junto a mi hermano en un predio que había pertenecido al Ejército, pidieron una prueba de ADN. Yo también la pedí a través del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Solís. Pues bien, hace poco más de un mes me comunicaron que esos no son los restos de mi hermano. Mi hermano sigue siendo un detenido desaparecido.

-¿Qué información ha podido recabar de las últimas horas de vida de su hermano Alejandro Ávalos Davidson?
En el proceso se llegó a constatar que al menos hay 20 personas que lo vieron vivo en Villa Grimaldi y que fue detenido por la DINA.

-¿Qué hacía su hermano cuando desapareció?
Era militante comunista y había terminado de estudiar Pedagogía en Inglés en la Universidad Católica en Santiago. Había egresado y estaba trabajando en Inacap. Con el Golpe de Estado, perdió inmediatamente  ese trabajo. Luego comenzó a buscar otros trabajos y se capacitó para ser controlador aéreo  en LAN, pero al final no lo dejaron por ser comunista. Lo mismo le pasó en el Instituto Chileno Norteamericano, donde terminó la capacitación hasta que lo llamó el director y le dijo que tenía información de que había ido a Alemania Oriental y que lo lamentaba mucho, pero no lo iba a emplear. Ante esa situación y como en el PIIE necesitábamos ayudantes, él fue a trabajar allá en un proyecto grande junto a Ernesto Schiefelbein. Desde ahí desaparece.

-¿Cuáles son los antecedentes que recogieron para concluir que había sido detenido por la DINA?
Todo está en el juicio respectivo. Hay registro de que la DINA fue a la Universidad Católica y pidió hablar con el entonces rector delegado Jorge Sweet, a quien le pidieron antecedentes del profesor Ávalos. El rector a su vez llamó a su asistente, que era Carlos Bombal, y lo instruyó para que les entregaran toda la información solicitada. En el juicio, Bombal declaró que él quiso llamar a Alejandro al PIIE, pero los agentes de la DINA le dijeron que no podía hacerlo, porque tenían órdenes de detenerlo sin testigos. Carlos Bombal no declaró espontáneamente, fue mi madre la que se enteró de su participación y de cómo ocurrieron los hechos cuando se lo comunicó el secretario general de la Universidad Católica de esa época, Francisco Bulnes Ripamonti (padre del ex ministro de Justicia y Educación del gobierno de Sebastián Piñera, Felipe Bulnes). Es por eso que sabemos con plena seguridad que él fue detenido por la DINA, que desapareció en noviembre de 1975, que estuvo en Villa Grimaldi y que se le vio hasta febrero del año siguiente en ese recinto. Esas son las razones por las que luego no volví a Chile. Además, las personas que trabajaban en el PIIE fueron todas despedidas.

-¿Su hermano se alcanzó a titular de profesor de Inglés?
No, no se alcanzó a titular, aunque había escrito su tesis y solo le faltó defenderla. Hace pocos días hubo una titulación póstuma en la Universidad Católica y me entregaron su título a mí y a otros treinta y tantos familiares de aquellos alumnos que fueron detenidos desaparecidos o ejecutados. Esto se hizo el 5 de septiembre en el Campus San Joaquín, en un hermoso acto organizado por el colectivo Memoria de la Universidad Católica y que cuenta con el respaldo de la FEUC. También estuvo presente el rector Ignacio Sánchez, quien ha asumido esta noble tarea.

EL IMPACTO DE LA ERA THATCHER

-¿Por qué en las publicaciones suyas en el extranjero su nombre es Beatrice Ávalos-Bevan?
Yo me casé en Gran Bretaña, en Gales, y en general las mujeres inglesas adoptan el apellido del marido. Entonces, cuando el oficial del Registro Civil me preguntó si iba a adoptar el apellido de mi marido, yo le pregunté si me podría poner un guión y añadir a mi apellido el de mi marido, porque todos me conocen como Beatrice Ávalos y no quería desaparecer del mundo. Él me respondió: “póngase lo que quiera”. De ahí que el apellido Ávalos-Bevan lo mantengo en los mails, pero en Chile no lo uso. En mi pasaporte inglés sí aparece Bevan.

-¿Su marido también se dedicó a la investigación en Educación?
Sí, él era profesor universitario y llegó a ser rector de la Universidad de Cardiff en Gales.  Estuvimos casados hasta que él murió a fines de los ‘80.

Beatrice Ávalos exhibe título póstumo de su hermano desaparecido.

-¿Por qué abandona Reino Unido y se traslada a Nueva Guinea a trabajar, donde lo hace entre 1988 y 1994?
Lo que ocurre es que mi marido jubiló en ese tiempo. Él era mayor que yo y hacia finales de los ‘80 comienza el gobierno de Margaret Thatcher en Inglaterra, quien empieza a hacerle la vida imposible a las universidades. En la que yo estaba trabajando, por ejemplo, ordena el traslado de la Facultad de Educación. Mucha gente se fue y como mi marido había trabajado en África, tenía experiencia en países en desarrollo y como yo también lo había hecho en una organización que se dedica a esos temas en Canadá, decidimos irnos y hacer otra cosa…

-Es decir, salieron arrancando de la era Thatcher.
Bueno, mi marido estaba jubilado, no tenía más que hacer y yo no estaba comprometida con el nuevo proyecto de la universidad. Fue entonces cuando apareció la posibilidad de una cátedra de Educación en la Universidad de Nueva Guinea. Competí contra una académica australiana y me dieron a mí la cátedra. Es por eso que nos mudamos allá. Él murió al poco tiempo de embolia en Inglaterra. Yo me quedé en Nueva Guinea hasta 1994. Llegó la democracia a Chile, yo había venido antes a mi país y Cristián Cox me preguntó si quería volver y hacerme cargo como coordinadora del Programa Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación (MECE). Acepté y me quedé en el Ministerio de Educación hasta 2008. Pero luego la Universidad de Chile me pidió que postulara a un proyecto grande en el Centro de Investigación Avanzada en Educación, CIAE.

“LOS PROFESORES HABÍAN SIDO TIRADOS A LA BASURA”

-Más allá de sus méritos académicos, ¿por qué cree que se ganó el Premio Nacional de Educación? ¿Pude haber influido su labor en formación docente?
Creo que la razón principal por la que los rectores me apoyaron en la entrega de este premio es que a mí me identifican mucho con la formación docente. En la época del Presidente Frei Ruiz-Tagle se destinó una gran cantidad de dinero a mejorar la formación inicial docente, que de verdad a mediados de los ‘90 era malísima. Los profesores habían sido tirados a la basura en la época militar y la formación sufrió un zigzagueo y un maltrato tremendo, bajándola a nivel de instituto y luego subiéndola al de universidad. Los profesores que hacían clases en la dictadura tenían poco contacto con la investigación internacional, con la academia. Había que hacer algo y a mí me encargaron con esos dineros armar un proyecto que se llamó Programa de Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente, que cubrió casi el 80% de estudiantes de Pedagogía que estaban en 17 universidades. Esto partió en 1997 y concluyó en 2002, en el gobierno de Ricardo Lagos. A mi juicio, este proyecto debió haber continuado, pero no se hizo una segunda fase, lo que fue un error. No sé si la decisión vino de la entonces ministra Mariana Aylwin o fue una decisión del Ministerio de Hacienda.

-¿Ese programa logró algunos de los cambios deseados?
Sí, el programa logró mover la valla, entraron mejores postulantes a Pedagogía. La carrera estaba a la baja e incluso aumentaron los alumnos. Podría decir que ese éxito provocó que las universidades privadas empezaran a abrir programas de Pedagogía y volvió a producirse un problema de calidad por una apertura desregulada.

LA REFORMA UNIVERSITARIA DE LOS AÑOS 60

-Usted fue una de las fundadoras de Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE), pero también le correspondió ser parte de la Reforma Universitaria en la década de los 60 en la Universidad Católica. ¿Cómo recuerda esa época?
Todos los años nos reunimos y este año lo hicimos en mi casa para conmemorar el 11 de septiembre y para recordar a Fernando Castillo Velasco, quien acaba de fallecer y  fue un rector maravilloso de la Universidad Católica en el período de la reforma. Fue el mejor momento de nuestras vidas, íbamos a transformar la universidad en una institución moderna, participativa, abierta a la sociedad y con conciencia crítica de la nación. Ese era el gran lema.

-Por esos tiempos se definía la educación como una “herramienta fundamental para transformar la sociedad, contribuir al desarrollo de los seres humanos y ayudar a la liberación del hombre”. Transcurridos 40 años de aquello, ¿cuál es la resta y la suma que hace de ese objetivo trazado?
La educación efectivamente tiene un rol de cambio, pero a su vez sufre el embate de la sociedad y el potencial de la educación muchas veces es coartado por fuerzas sociales y políticas que la obstruyen. Ese es el tremendo problema que enfrentamos no solo en Chile: la instrumentalización de la educación para producir el tipo de persona necesaria para el desarrollo económico y para la competitividad. Esa contradicción es la que enfrentan actualmente las políticas en Educación. Por un lado deben entender el rol de cambio de la Educación; pero por otro, estar empujados por esta noción de Educación al servicio del desarrollo económico y del mercado. Y es en esa lógica en la que se inserta nuestro sistema educacional competitivo, con el financiamiento de los vouchers. De hecho, los alumnos de la educación pública municipalizada se mueven a la particular subvencionada. Y ésta adquiere un financiamiento compartido que los ayuda a ser mejores.

-El problema es que esos establecimientos educacionales subvencionados no pueden lucrar y muchos de ellos lo hacen…
No todos lucran, pero el copago les permite tener mejores condiciones que la escuela municipal.

-Y así el Estado se va desligando de la educación pública. En 1981, la educación municipal alcanzaba el 79% de la matrícula total; en 1990 el 56%; y en 2012, el 38%.
Esa es la lógica del famoso economista Milton Friedman: competitividad da lo mismo por donde, pero mejora los procesos y en el caso de la Educación solo lo hace excluyendo a algunos.

EL “FANTASMA” DEL SIMCE

-Eso es lo que hace justamente la prueba SIMCE: promover la comparación de resultados de aprendizaje y clasificar a los buenos colegios, excluyendo a los malos.
La prueba SIMCE (Sistema de la Calidad de la Educación) supuestamente es un test de diagnóstico, pero hoy se ha convertido en una especie de fantasma que persigue a los profesores, padres y alumnos. Hace unos días hablé con Erika Himmel, quien recibió el anterior Premio Nacional de Educación y quien fue una de las personas que contribuyó a la creación del SIMCE en 1988. Ella está de acuerdo con que hemos exacerbado el rol de esta prueba y que éste no es el sentido, sino el diagnóstico. Pero reconoce que sus resultados sirven para la subvención escolar preferencial, pues al saber cuáles son los colegios más débiles se les puede focalizar los recursos, como se hizo con el programa de las 900 escuelas.

-Los gobiernos han contribuido a exacerbar la importancia del SIMCE. En el de Eduardo Frei Ruiz-Tagle se comenzó en 1995 a publicar sus puntajes y cuando Joaquín Lavín fue ministro de Educación llegó al paroxismo de tratar de implementar una herramienta de información basada en el semáforo para identificar la calidad de los colegios.
El semáforo de Joaquín Lavín fue definitivamente horrible, pero terminó rápido. Ahora se ha aumentado a cuatro las pruebas: en Segundo, Cuarto, Octavo y Segundo Medio. Entonces, lo que ocurre es que los colegios arman el curriculum para contestar estas pruebas y eso constituye una reducción de la Educación a lo que mide el SIMCE.

-Usted firmó una carta por un nuevo sistema de evaluación educacional y le dio sustento a una crítica que desde hace algún tiempo se venía haciendo al SIMCE. ¿Dudó en suscribirla o fue una acción espontánea teniendo en cuenta su experiencia como académica e investigadora?
Un joven investigador, quien es uno de mis ayudantes, Felipe Acuña, se acercó y me pidió que firmara la carta, dándome la posibilidad de cambiar lo que quisiera. En la primera parte estuve de acuerdo, pero no me gustó una sección que terminaba con “rechazamos”. La cambié y relativicé ese término por “señalamos nuestra oposición a”. Esta carta se origina en un grupo de investigadores jóvenes de los cuales hay algunos que han levantado el movimiento “Alto al SIMCE” en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.

NUEVO CICLO A PARTIR DE 2018

-Su labor en educación va desde la sala de clases hasta la consultoría internacional, pasando por la investigación, la docencia universitaria y las políticas públicas. ¿En cuáles de esas áreas siente que Chile está más débil?
Hay un problema en la formación docente y Chile aparece débil porque no rinde bien en las evaluaciones internacionales. A mí me tocó coordinar la administración de una prueba sobre formación inicial docente con énfasis en Matemáticas, cuyos datos se recogieron a fines de 2008 y la versión chilena fue publicada en un libro que saqué en 2010. Los resultados fueron muy malos.

-¿Qué tan malos en comparación con otros países?
Quedamos penúltimos, sólo estuvimos mejor que Georgia. Este estudio fue solo en base a encuestas, pero incluía preguntas abiertas y situaciones sobre las que los profesores tenían que opinar y el resultado fue malo en conocimientos matemáticos y pedagógicos.

-¿Cuáles podrían ser las razones de tan mala formación docente?
La formación primaria docente es generalista, los alumnos aprenden de todo. Y si a esto se suma que la formación de educación media para los grupos sociales de clase media y bajos, que son mayoritariamente los que estudian Pedagogía, no es buena; además que la universidad no logra corregir lo que no aprendieron de matemáticas o de ciencias, tenemos un grave problema. Además, la segunda parte de la educación básica en Chile, de sexto a octavo, corresponde a media inferior en otros países donde tienen otro tipo de enseñanza, un curriculum y una formación mejor.

-¿Qué conclusiones sacó de ese estudio?
A raíz de esa investigación, me di cuenta que el sistema educacional tenía que cambiar. Mantener esta estructura de ocho años, que respondió a la época de 1965 donde había que extender la obligatoriedad a ochos años para que los alumnos se mantuvieran en el sistema, hoy no es necesario, ni tampoco continuar con la formación generalista. Desde ahí, la Ley General de Educación cambió la estructura del sistema y a partir de 2018 tendremos seis años de enseñanza básica y seis de media, lo que hace que las universidades tengan que preparar profesores para ciclos de seis años.

-Promover que aquellos estudiantes que obtienen sobre 600 puntos en la PSU puedan estudiar gratuitamente, ¿podría ayudar a mejorar la formación docente o aún es muy pronto para sacar esa conclusión?
La Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) tiene un alto porcentaje de sus estudiantes con becas y son los mejores alumnos de colegios municipalizados y subvencionados, pero hasta ahora no sabemos su efecto y si esos futuros profesores serán buenos. Lo que sí suponemos es que tienen vocación.

"La educación superior gratuita y de calidad va a ser difícil…" advierte Beatrice Ávalos.

-Usted dice que un maestro bien preparado debe tener comprensión de las áreas curriculares, pero la prueba INICIA reveló que el 60% de los egresados de Pedagogía no domina conocimientos básicos de su disciplina.
Sí, pero solo el 14% de los egresados dieron la prueba, por lo que no es fácil sacar conclusiones apresuradas. Además, yo tengo problemas con la forma en cómo ha sido aplicada la prueba INICIA. Es difícil, a mi juicio, establecer que la Educación es mala o buena sobre la base de esta prueba.

-¿Qué cree que pasará con el nuevo gobierno respecto del cuestionado SIMCE y de otras áreas de la Educación en las que se necesita reingeniería? ¿Se han contactado con ustedes algunos de los comandos presidenciales para analizar estas materias?
No, no lo han hecho. Pero lo que ocurra con el SIMCE va a depender mucho de a quién se nombra ministro, con qué gente trabaja y cómo se enfrentan las distintas presiones educacionales, pues este mundo no es homogéneo.

LAS “PIÑERICOSAS”

-Luego que la dictadura consolidó la municipalización y el financiamiento vía subvención, creó el SIMCE en 1988  bajo la misma lógica de mercado. Y el sistema ha tendido a la concentración de los estudiantes más capaces en algunos liceos de excelencia y al confinamiento en liceos o escuelas de los alumnos más desventajados. Bajo esa lógica, ¿cómo es posible tener educación de calidad?
Lo peor que se puede hacer es “descremar” los establecimientos. Ese es el temor que tiene el investigador Pablo Valenzuela, quien ha demostrado en sus estudios el problema del “descreme” producido por los liceos Bicentenarios. Está comprobado en educación que el efecto pares es importante y si tienes mezcla el conjunto mejora, porque hay competencia dentro pero ayuda también.

-¿Ve factible que se concrete el anhelo de una educación gratuita y de calidad en Chile?
Creo que en la educación superior gratuita y de calidad va a ser difícil, dado lo complejo que es financiar las universidades, salvo que el Estado ponga un montón de plata. Lo veo a partir del propio Centro de Investigación Avanzada en Educación, CIAE, que recibe financiamiento básico de Conicyt, pero que necesita más, por lo que termina vendiendo servicios. Y estos se pueden vender a los buenos y a los malos. Pero esto en sí no es lucro, es dinero que sirve para mantener a los investigadores, para tener áreas de investigaciones que no se financian.

-Bueno, el mismo Presidente Sebastián Piñera se refirió a la Educación como un bien de consumo.
Creo que eso fue un Piñericosas, se le debe haber ido y no lo debe haber pensado dos veces, aunque lo crea. Todo el mundo reaccionó en contra, lo que demuestra que todavía hay una visión humanista de la Educación y que no se entiende como un bien de consumo, como algo que se vende y se compra en el mercado.

-¿Cree usted que el origen de esa afirmación es muy distinto a la declaración que hizo el mismo Piñera respecto de los “cómplices pasivos” de la dictadura, lo que le ha costado grandes críticas en su sector?
Sí, esa afirmación no puede haberla dicho sin pensarla, porque sabía lo que se le venía encima de su mismo sector. Y a mí me pareció positivo que frente al tema de los derechos humanos haya tenido ese planteamiento, como algunos han dicho, que haya mostrado la posibilidad de que hay una derecha distinta, con la que se puede conversar aunque uno no esté de acuerdo con ellos. Eso ha sido lo bueno de esta conmemoración de los 40 años del Golpe.

El juez dictó este martes el auto de procesamiento en contra de 13 ex integrantes de la DINA por las figuras penales de secuestro y homicidio calificado en contra de 20 personas. El magistrado encausó a los ex miembros de la DINA señalando que corresponden a delitos de lesa humanidad cometidos «por una organización criminal […]

El juez dictó este martes el auto de procesamiento en contra de 13 ex integrantes de la DINA por las figuras penales de secuestro y homicidio calificado en contra de 20 personas.

El magistrado encausó a los ex miembros de la DINA señalando que corresponden a delitos de lesa humanidad cometidos «por una organización criminal que tenía como único objetivo reprimir a los opositores, que consideraba enemigos políticos, el mismísimo Presidente de la República, Augusto Pinochet Ugarte, utilizando como medios de destrucción armas de fuego, explosivos y otros idóneos», dice la extensa resolución del magistrado.

En un listado que encabeza el ex director de la DINA, general en retiro Manuel Contreras, el juez Solís menciona una a una las víctimas de estos graves crímenes cometidos en el régimen militar.

El juez Solís procesa a Manuel Contreras Sepúlveda por los secuestros calificados de Alan Bruce Catalán e Iván Carreño Aguillar y por los homicidios calificados de Alejando Juan Ávalos Davidson y Humberto Juan Carlos Menentau Aceituno.
A Miguel Krassnoff Martchenko por los secuestros calificados de: Guillermo Roberto Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Iván Carreño Aguilar, María Teresa Eltit Contreras, Juan Rodrigo Mac Leod Treuer, María Julieta Ramírez Gallegos y los homicidios de Alejandro Juan Ávalos Davidson y Humberto Juan Carlos Menenteau Aceituno.

A Marcelo Luis Moren Brito por los secuestros calificados de: Guillermo Roberto Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Manuel Antonio Carreño Navarro, María Teresa Eltit Contreras, María Isabel Joui Petersen, Agustín Alamiro Martínez Meza, Marta Silvia Adela Neira Muñoz, César Arturo Emiliano Negrete Peña, Iván Carreño Aguilar y los homicidios de: Alejandro Juan Ávalos Davidson, y Humberto Juan Carlos Menanteau Aceituno.

A Basclay Humberto Zapata Reyes por los secuestros calificados de: Guillermo Roberto Beausire Alonso, Iván Carreño Aguilar, María Teresa Eltit Contreras, María Isabel Joui Petersen, Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, Agustín Alamiro Martínez Meza, Juan Rodrigo Mac Leod Treuer, María Julieta Ramírez Gallegos, Marta Silvia Adela Neira Muñoz, César Arturo Emiliano Negrete Peña y los homicidios calificados de: Alejandro Juan Ávalos Davidson y Humberto Juan Carlos Menenteau Aceituno.

A Pedro Octavio Espinoza Bravo por los secuestros calificados de: Guillermo Roberto Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Jaime Enrique Vásquez Sáenz, Manuel Antonio Carreño Navarro, Iván Carreño Aguilar, María Teresa Eltit Contreras, María Isabel Joui Petersen, Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, Juan René Molina Mogollones, René Roberto Acuña Reyes, Carlos Alberto Carrasco Matus, Hugo Daniel Ríos Videla, Agustín Alamiro Martínez Meza, Juan Rodrigo Mac Leod Treuer, María Julieta Ramírez Gallegos, Luis Jaime Palominos Rojas, Marta Silvia Adela Neira Muñoz, César Arturo Emiliano Negrete Peña, y por los homicidios de: Alejandro Juan Avalos Davidson y Humberto Juan Carlos Menenteau Aceituno.

A Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo por los secuestros calificados de: Guillermo Roberto Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Jaime Enrique Vásquez Sáenz, Manuel Antonio Carreño Navarro, Iván Carreño Aguilar, María Teresa Eltit Contreras, María Isabel Joui Petersen, Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, Juan René Molina Mogollones, René Roberto Acuña Reyes, Carlos Alberto Carrasco Matus, Hugo Daniel Ríos Videla, Agustín Alamiro Martínez Meza, Juan Rodrigo Mac Leod Treuer, María Julieta Ramírez Gallegos, Luis Jaime Palominos Rojas, Marta Silvia Adela Neira Muñoz, César Arturo Emiliano Negrete Peña, y los homicidios calificados de: Alejandro Juan Ávalos Davidson y Humberto Juan Carlos Menenteau Aceituno.

A Orlando Manzo Durán, como autor de los secuestros calificados de: Guillermo Roberto Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Jaime Enrique Vásquez Sáenz, Manuel Antonio Carreño Navarro, Iván Carreño Aguilar, María Teresa Eltit Contreras, María Isabel Joui Petersen, Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, Juan René Molina Mogollones, René Roberto Acuña Reyes, Carlos Alberto Carrasco Matus, Hugo Daniel Ríos Videla, Agustín Alamiro Martínez Meza, Juan Rodrigo Mac Leod Treuer, María Julieta Ramírez Gallegos, Luis Jaime Palominos Rojas, Marta Silvia Adela Neira Muñoz, César Arturo Emiliano Negrete Peña, y los homicidios calificados de: Alejandro Juan Ávalos Davidson y Humberto Juan Carlos Menenteau Aceituno.

A Fernando Eduardo Lauriani Maturana por los secuestros calificados de: Guillermo Roberto Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Jaime Enrique Vásquez Sáenz, Manuel Antonio Carreño Navarro, Iván Carreño Aguilar, María Teresa Eltit Contreras, María Isabel Joui Petersen, Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, Juan René Molina Mogollones, René Roberto Acuña Reyes, Carlos Alberto Carrasco Matus, Hugo Daniel Ríos Videla, Agustín Alamiro Martínez Meza, Juan Rodrigo Mac Leod Treuer, María Julieta Ramírez Gallegos, Luis Jaime Palominos Rojas, Marta Silvia Adela Neira Muñoz, César Arturo Emiliano Negrete Peña y los homicidios calificados de: Alejandro Juan Ávalos Davidson y Humberto Juan Carlos Menenteau Aceituno.

A Gerardo Ernesto Godoy García por los secuestros calificados de: Guillermo Roberto Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Jaime Enrique Vásquez Sáenz, Manuel Antonio Carreño Navarro, Iván Carreño Aguilar, María Teresa Eltit Contreras, María Isabel Joui Petersen, Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, Juan René Molina Mogollones, René Roberto Acuña Reyes, Carlos Alberto Carrasco Matus, Hugo Daniel Ríos Videla, Agustín Alamiro Martínez Meza, Juan Rodrigo Mac Leod Treuer, María Julieta Ramírez Gallegos, Luis Jaime Palominos Rojas, Marta Silvia Adela Neira Muñoz, César Arturo Emiliano Negrete Peña y los homicidios calificados de: Alejandro Juan Ávalos Davidson y Humberto Juan Carlos Menanteau Aceituno.

A Ricardo Lawrence Mires por los secuestros calificados de: Guillermo Roberto Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Jaime Enrique Vásquez Sáenz, Manuel Antonio Carreño Navarro, Iván Carreño Aguilar, María Teresa Eltit Contreras, María Isabel Joui Petersen, Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, Juan René Molina Mogollones, René Roberto Acuña Reyes, Carlos Alberto Carrasco Matus, Hugo Daniel Ríos Videla, Agustín Alamiro Martínez Meza, Juan Rodrigo Mac Leod Treuer, María Julieta Ramírez Gallegos, Luis Jaime Palominos Rojas, Marta Silvia Adela Neira Muñoz, César Arturo Emiliano Negrete Peña y los homicidios de: Alejandro Juan Ávalos Davidson y Humberto Juan Carlos Manenteau Aceituno.

A Gerardo Ernesto Urrich González por los secuestros calificados de: Guillermo Roberto Beausire Alonso, María Isabel Joui Petersen, Carlos Alberto Carrasco Matus, Marta Silvia Adela Neira Muñoz, César Arturo Emiliano Negrete Peña.
A Manuel Carevic Cubillos por lo secuestros calificados de: Guillermo Roberto Beausire Alonso, María Isabel Joui Petersen, Carlos Alberto Carrasco Matus, Marta Silvia Adela Neira Muñoz, César Arturo Emiliano Negrete Peña.

A Raúl Eduardo Iturriaga Neuman por los secuestros calificados de: Guillermo Roberto Beausire Alonso, María Isabel Joui Petersen, Carlos Alberto Carrasco Matus, Marta Silvia Adela Neira Muñoz, César Arturo Emiliano Negrete Peña.
Respecto de las víctimas, el juez Solís describe una a una las actividades de los detenidos desaparecidos y asesinados.

Guillermo Roberto Beausire Alonso, de 24 años de edad, soltero, de nacionalidad chileno-británica, de profesión ingeniero, trabajaba en la Bolsa de Comercio y estudiaba Economía. Sin militancia política conocida. Fue detenido el 02 de noviembre de 1974 al llegar a Chile desde Argentina. Estuvo en los siguientes recintos de detención: «José Domingo Cañas», «Villa Grimaldi» y «Venda Sexy»; se pierde su rastro desde el 2 de junio de 1975 hasta la fecha.

Alan Roberto Bruce Catalán, de 24 años de edad, era casado y tenía un hijo. Había estudiado Ingeniería Civil en la Universidad Católica y militaba en el MIR. Detenido el 13 o 14 de febrero de 1975 desde un inmueble de calle Illanes, junto a Montti y Carmen Díaz, fue aprehendido por Marcelo Moren Brito, quien los traslada hasta Villa Grimaldi, donde permanecen hasta fines de febrero de 1975. Según otros detenidos, Marcelo Moren Brito torturó y mató personalmente a Alan Bruce.

Jaime Enrique Vásquez Sáenz, de 27 años, casado, tenía un hija. Militaba en el MIR y estudiaba Construcción Civil en la Universidad Técnica del Estado. Fueron detenidos junto a otras personas el 13 de febrero de 1975, por miembros de la DINA. Fueron vistos por diversos testigos en Villa Grimaldi. El nombre de Jaime Enrique Vásquez Saenz apareció en una lista publicada en la prensa relativa a la muerte de extremistas chilenos en el extranjero, «Operación Colombo» o «Lista de los 119″.
Manuel Antonio Carreño Navarro, 53 años, casado, siete hijos. Militante del Partido Comunista. Fue detenido el 13 de agosto de 1974 por civiles armados, Villa Grimaldi.
Iván Sergio Carreño, de 16 años, detenido el 13 de agosto de 1974, junto a su padre; se le vio recluido en Villa Grimaldi.

María Teresa Eltit Contreras, de 22 años de edad, estudiante de Secretariado en el Departamento Universitario Obrero Campesino (DUOC). Fue detenida el 12 de diciembre de 1974 por agentes de la DINA. Se le vio en Villa Grimaldi. Su nombre apareció en una lista publicada en la prensa relativa a la «muerte de extremistas chilenos en el extranjero».

María Isabel Joui Petersen, de 19 años de edad, casada. Militaba en el MIR y había estudiado Economía en la Universidad de Chile. Fue detenida junto a su marido el 20 de diciembre de 1975, por miembros de la DINA, fue vista en los recintos de «La Venda Sexy» y «Villa Grimaldi», desde entonces desapareció. Su nombre apareció en una lista publicada en la prensa relativa a la «muerte de extremistas chilenos en el extranjero».

Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, de 24 años, casada. Estudiaba Servicio Social en la Universidad de Chile y militaba en el MIR. Fue detenida junto a su cónyuge Marcelo Salinas Eytel el 30 de octubre de 1974 por miembros de la DINA. Fue vista en José Domingo Cañas, Villa Grimaldi y Cuatro Álamos, desde donde desapareció. Su nombre apareció en una lista publicada en la prensa relativa a la «muerte de extremistas chilenos en el extranjero».

Juan René Molina Mogollones, de 29 años, casado, tenía tres hijos, trabajaba como empleado y militaba en el MIR. Fue detenido el 29 de enero de 1975 a las 17:00 horas, en la intersección de Avenida Portugal con Avenida Matta. Fue visto en Villa Grimaldi donde permaneció aislado en «La Torre». Desde allí fue sacado con destino desconocido el 20 de febrero. Su nombre apareció en una lista publicada en la prensa relativa a la «muerte de extremistas chilenos en el extranjero».
Alejandro Juan Ávalos Davidson, de 31 años, soltero. Era profesor de la Universidad Católica y militaba en el Partido Comunista. Fue detenido el 20 de noviembre de 1975 por agentes de la DINA. Permaneció recluido en Villa Grimaldi, lugar desde el cual se le perdió el rastro en febrero de 1976. El 21 de marzo de 1990 se encontraron sus restos óseos y dentarios, junto a los de otras dos personas, en el interior del fundo «Las Tórtolas», en el kilómetro 35 de la Ruta 57, en terrenos de la Compañía Minera Disputada de Las Condes.

René Roberto Acuña Reyes, de 22 años de edad, soltero. Militaba en el MIR y era estudiante. Fue detenido el 14 de febrero de 1975 en su domicilio por miembros de la DINA. Fue visto en Villa Grimaldi. Desde entonces se encuentra desaparecido. Su nombre apareció en una lista publicada en la prensa relativa a la «muerte de extremistas chilenos en el extranjero».

Carlos Alberto Carrasco Matus, de 21 años de edad. Estaba realizando el servicio militar obligatorio cuando fue llamado a integrarse a la DINA. Prestaba servicios como guardia en Cuatro Álamos. Fue detenido el 14 de marzo de 1975 en Conchalí por miembros de ese organismo. Fue visto recluido en Villa Grimaldi.
Hugo Daniel Ríos Videla, de 21 años de edad, era casado y tenía un hijo. Militaba en el MIR y estudiaba en la Universidad Técnica del Estado. Detenido el 14 de febrero de 1975 por miembros de la DINA. Fue visto en Villa Grimaldi. Su nombre apareció en una lista publicada en la prensa relativa a la «muerte de extremistas chilenos en el extranjero».

Agustín Alamiro Martínez Meza, de 27 años de edad, era casado y tenía dos hijos. De profesión ingeniero en Ejecución Mecánica y militante del MIR. Detenido el 1 de enero de 1975 por miembros de la DINA. Fue visto en Villa Grimaldi. Su nombre apareció en una lista publicada en la prensa relativa a la «muerte de extremistas chilenos en el extranjero».

Juan Rodrigo Mac Leod Treuer, de 29 años de edad, casado. Estaba vinculado al MIR. Trabajaba como empleado en una empresa pesquera. Fue detenido mientras visitaba a su cónyuge, recluida en Tres Álamos. Se le vio detenido en Villa Grimaldi.
María Julieta Ramírez Gallegos, de 65 años de edad, era casada y madre de dos hijos. Dueña de casa. Sin militancia política conocida. Fue detenida cuando visitaban a su hija, recluida en «Tres Álamos». Se le vio detenida en «Villa Grimaldi».

Luis Jaime Palominos Rojas, de 24 años de edad, era soltero. Estudiante y militante del MIR. Fue detenido el 9 de diciembre de 1974, por miembros de la DINA, quienes lo trasladaron hasta «Villa Grimaldi», lugar donde fue fuertemente torturado. Fue visto allí por varios testigos, desde donde fue sacado con destino desconocido el 24 de diciembre de 1974. Su nombre apareció en el listado publicado en la prensa relativa a la «muerte de extremistas chilenos en el extranjero».
Marta Silvia Adela Neira Muñoz, 29 años, militante del MIR, detenida el 09 de diciembre de 1974 en Bascuñán Guerrero y Antofagasta por agentes de la DINA trasladada hasta el recinto denominado Venda Sexy.

César Arturo Emiliano Negrete Peña, 25 años, dirigente del MIR, detenido el 09 de diciembre de 1974, por agentes de la DINA y visto por testigos en la «Venda Sexy» y en «Villa Grimaldi».

Humberto Juan Carlos Menanteau Aceituno. Dirigentes del MIR, detenido por la DINA a fines de 1974 y llevado a «Villa Grimaldi». Participó junto a otros dos dirigentes en una declaración pública televisada y una conferencia de prensa en que llamaron a sus correligionarios a terminar con la lucha armada.
Luego continuaron algunos meses detenidos en Villa Grimaldi, separados del resto de los presos, hasta que recuperaron su libertad en septiembre de 1975. Encontrándose en esa situación fue nuevamente detenido Humberto Menanteau el 19 de noviembre, mientras se encontraba en casa de sus padres y José Carrasco el día siguiente en el domicilio de unos amigos.

El 1 de diciembre de 1975 se produjo su muerte y su cuerpo reconocido por sus familiares el 10 de diciembre en el Instituto Médico Legal, habiendo sido encontrados en las cercanías de Buin. Presentaba signos de haber sido torturado antes de su muerte. En forma previa y mientras aún se encontraban detenidos, la DINA por la prensa difundió la información de que el MIR había condenado a muerte a los participantes en la declaración y la conferencia de prensa

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia de primera instancia contra 11 agentes DINA, dictada en la investigación denominada: “Villa Grimaldi, Cuaderno Principal”, que indagó la desaparición de 19 personas y un homicidio calificado, ilícitos perpetrados al interior del centro de detención ilegal, ubicado en la comuna de Peñalolén . Asimismo, el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó el cúmplase  de dos sentencias y ordenó el ingreso al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Peuco de 11 agentes de la CNI.

Condena a ex agentes DINA

En fallo unánime, la Sexta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Mauricio Silva Cancino, Mario Rojas y Jessica González– ratificó las condenas efectivas para 11 integrantes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en los secuestros calificados de: Guillermo Roberto Beausire Alonso (24), Alan Roberto Bruce Catalán (24), Jaime Enrique Vásquez Sáenz (27), Manuel Antonio Carreño Navarro (53), Iván Carreño Aguilar (16), María Teresa Eltit Contreras (22), María Isabel Joui Petersen (19), Jacqueline Paulette Drouilly Yurich (24), Juan René Molina Mogollones (29), René Roberto Acuña Reyes (22), Carlos Alberto Carrasco Matus (21), Hugo Daniel Ríos Videla (21),Agustín Alamiro Martínez Meza (27), Juan Rodrigo Mac-Leod Treuer (29), María Julieta Ramírez Gallegos (65), Luis Jaime Palominos Rojas (23), Marta Silvia Adela Neira Muñoz (29), César Arturo Emiliano Negrete Peña (25), Alejandro Juan Ávalos Davidson (30); y por el homicidio de Humberto Juan Carlos Menenteau Aceituno (24).

La sentencia ratificó las penas en contra de:

1- Pedro Espinoza Bravo: 20 años de presidio por su responsabilidad en el homicidio de Humberto Juan Carlos Menenteau Aceituno; y 20 años de presidio por los secuestros de Guillermo Roberto Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Jaime Enrique Vásquez Sáenz, Manuel Antonio Carreño Navarro, Iván Carreño Aguilar, María Teresa Eltit Contreras, María Isabel Joui Petersen, Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, Juan René Molina Mogollones, René Roberto Acuña Reyes, Carlos Alberto Carrasco Matus, Hugo Daniel Ríos Videla, Agustín Alamiro Martínez Meza, Juan Rodrigo Mac-Leod Treuer, María Julieta Ramírez Gallegos, Luis Jaime Palominos Rojas, Marta Silvia Adela Neira Muñoz, César Arturo Emiliano Negrete Peña y Alejandro Juan Ávalos  Davidson.

2- Rolf Wenderoth Pozo: 15 años de presidio por su responsabilidad como cómplice en el homicidio de Humberto Juan Carlos Menenteau Aceituno; y 20 años de presidio por los secuestros de Guillermo Roberto Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Jaime Enrique Vásquez Sáenz, María Teresa Eltit Contreras, María Isabel Joui Petersen, Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, Juan René Molina Mogollones, René Roberto Acuña Reyes, Carlos Alberto Carrasco Matus, Hugo Daniel Ríos Videla, Agustín Alamiro Martínez Meza, Juan Rodrigo Mac-Leod Treuer, María Julieta Ramírez Gallegos, Luis Jaime Palominos Rojas, César Arturo Emiliano Negrete Peña y Alejandro Juan Ávalos  Davidson.

3- Miguel Krassnoff Martchenko: 20 años de presidio por los secuestros de Guillermo Roberto Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Jaime Enrique Vásquez Sáenz, Manuel Antonio Carreño Navarro, Iván Carreño Aguilar, María Teresa Eltit Contreras, María Isabel Joui Petersen, Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, Juan René Molina Mogollones, René Roberto Acuña Reyes, Carlos Alberto Carrasco Matus, Hugo Daniel Ríos Videla, Agustín Alamiro Martínez Meza, Juan Rodrigo Mac-Leod Treuer, María Julieta Ramírez Gallegos, Luis Jaime Palominos Rojas, César Arturo Emiliano Negrete Peña y Alejandro Juan Ávalos  Davidson.

4- Fernando Lauriani Maturana: 20 años de presidio por los secuestros de Guillermo Roberto Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Jaime Enrique Vásquez Sáenz, Manuel Antonio Carreño Navarro, Iván Carreño Aguilar, María Teresa Eltit Contreras, María Isabel Joui Petersen, Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, Juan René Molina Mogollones, René Roberto Acuña Reyes, Carlos Alberto Carrasco Matus, Hugo Daniel Ríos Videla, Agustín Alamiro Martínez Meza, Juan Rodrigo Mac-Leod Treuer, María Julieta Ramírez Gallegos, Luis Jaime Palominos Rojas, César Arturo Emiliano Negrete Peña y Alejandro Juan Ávalos  Davidson.

5- Gerardo Godoy García: 20 años de presidio por los secuestros de Guillermo Roberto Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Jaime Enrique Vásquez Sáenz, Manuel Antonio Carreño Navarro, Iván Carreño Aguilar, María Teresa Eltit Contreras, María Isabel Joui Petersen, Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, Juan René Molina Mogollones, René Roberto Acuña Reyes, Carlos Alberto Carrasco Matus, Hugo Daniel Ríos Videla, Agustín Alamiro Martínez Meza, Juan Rodrigo Mac-Leod Treuer, María Julieta Ramírez Gallegos, Luis Jaime Palominos Rojas, César Arturo Emiliano Negrete Peña y Alejandro Juan Ávalos  Davidson.

6- Ricardo Lawrence Mires: 20 años de presidio por los secuestros de Guillermo Roberto Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Jaime Enrique Vásquez Sáenz, Manuel Antonio Carreño Navarro, Iván Carreño Aguilar, María Teresa Eltit Contreras, María Isabel Joui Petersen, Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, Juan René Molina Mogollones, René Roberto Acuña Reyes, Carlos Alberto Carrasco Matus, Hugo Daniel Ríos Videla, Agustín Alamiro Martínez Meza, Juan Rodrigo Mac-Leod Treuer, María Julieta Ramírez Gallegos, Luis Jaime Palominos Rojas, César Arturo Emiliano Negrete Peña y Alejandro Juan Ávalos  Davidson.

7- Basclay Zapata Reyes: 15 años y un día de presidio por los secuestros de Guillermo Roberto Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Jaime Enrique Vásquez Sáenz, Manuel Antonio Carreño Navarro, Iván Carreño Aguilar, María Teresa Eltit Contreras, María Isabel Joui Petersen, Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, Juan René Molina Mogollones, René Roberto Acuña Reyes, Carlos Alberto Carrasco Matus, Hugo Daniel Ríos Videla, Agustín Alamiro Martínez Meza, Juan Rodrigo Mac-Leod Treuer, María Julieta Ramírez Gallegos, Luis Jaime Palominos Rojas, César Arturo Emiliano Negrete Peña y Alejandro Juan Ávalos  Davidson.

8- Manuel Carevic Cubillos: 15 años y un día de presidio por los secuestros de María Isabel Joui Petersen, Marta Silvia Adela Neira Muñoz y César Arturo Emiliano Negrete Peña.

9- Raúl Iturriaga Neumann: 15 años y un día de presidio por los secuestros de María Isabel Joui Petersen, Marta Silvia Adela Neira Muñoz y César Arturo Emiliano Negrete Peña.

10- César Manríquez Bravo: 15 años y un día de presidio por los secuestros de Guillermo Roberto Beausire Alonso, Manuel Antonio Carreño Navarro, Iván Sergio Carreño Aguilar y Jacqueline Paulette Drouilly Yurich.

11- Orlando Manzo Durán: 10 años y un día de presidio por el secuestro de Jacqueline Paulette Drouilly Yurich.

En el aspecto civil, el fallo confirmó que el Estado de Chile debe pagar una indemnización total de $1.850.000.000 (mil ochocientos cincuenta millones de pesos) a familiares demandantes, en sumas que van desde los $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a los $150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos), según se detalla en la sentencia.

En los casos de los agentes Manuel Contreras Sepúlveda y Marcelo Moren Brito, se dispone que los antecedentes vuelvan al ministro de primera instancia, Leopoldo Llanos, para que dicte su sobreseimiento por fallecimiento.

Sentencia ex agentes CNI

En la primera causa –por el homicidio de Enzo Muñoz Arévalo (30)–, el ministro Carroza ordenó el ingreso de los agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) Hernán Vásquez Villegas y Álvaro Corbalán Castilla, a cumplirpenas de 15 años y un día, sentencia que fue confirmada por fallo de la Corte Suprema, el 4 de agosto pasado.

En tanto, por el homicidio de Alonso Lazo Rojas (24) se ordenó el ingreso de Ramsés Álvarez Sgolia, condenado a 10 y 1 día de presidio.

En tanto, deberán purgar 6 años los ex agentes: Patricio Román Herrera, Pedro Eduardo Vivian Guaita, Juan Valderrama y Adolfo Lapostol.

Mientras que Felipe González Astorga, Hernán Portillo Aranda, José Quintanilla Aranda y Erasmo Vega Sobarzodeben cumplir con penas de 5 años y un día de presidio.

En los casos de los agentes Manuel Contreras Sepúlveda y Marcelo Moren Brito, el tribunal de alzada capitalino dispuso que los antecedentes vuelvan al ministro de primera instancia, Leopoldo Llanos, para que dicte su sobreseimiento por fallecimiento.

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia de primera instancia dictada en la investigación denominada "Villa Grimaldi. Cuaderno Principal", que indagó la desaparición de 19 personas y un homicidio calificado, ilícitos perpetrados al interior del centro de detención ilegal, ubicado en la comuna de Peñalolén.

En un fallo unánime, la Sexta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Mauricio Silva Cancino, Mario Rojas y Jessica González– ratificó las condenas efectivas para 11 integrantes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en los secuestros calificados de: Guillermo Roberto Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Jaime Enrique Vásquez Sáenz, Manuel Antonio Carreño Navarro, Iván Carreño Aguilar, María Teresa Eltit Contreras, María Isabel Joui Petersen, Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, Juan René Molina Mogollones, René Roberto Acuña Reyes, Carlos Alberto Carrasco Matus, Hugo Daniel Ríos Videla, Agustín Alamiro Martínez Meza, Juan Rodrigo Mac-Leod Treuer, María Julieta Ramírez Gallegos, Luis Jaime Palominos Rojas, Marta Silvia Adela Neira Muñoz, César Arturo Emiliano Negrete Peña, Alejandro Juan Ávalos Davidson; y por el homicidio de Humberto Juan Carlos Menenteau Aceituno.

La sentencia ratificó las penas en contra de:

1- Pedro Espinoza Bravo: 20 años de presidio por su responsabilidad en el homicidio de Humberto Juan Carlos Menenteau Aceituno; y 20 años de presidio por los secuestros de Guillermo Roberto Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Jaime Enrique Vásquez Sáenz, Manuel Antonio Carreño Navarro, Iván Carreño Aguilar, María Teresa Eltit Contreras, María Isabel Joui Petersen, Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, Juan René Molina Mogollones, René Roberto Acuña Reyes, Carlos Alberto Carrasco Matus, Hugo Daniel Ríos Videla, Agustín Alamiro Martínez Meza, Juan Rodrigo Mac-Leod Treuer, María Julieta Ramírez Gallegos, Luis Jaime Palominos Rojas, Marta Silvia Adela Neira Muñoz, César Arturo Emiliano Negrete Peña y Alejandro Juan Ávalos  Davidson.

2- Rolf Wenderoth Pozo: 15 años de presidio por su responsabilidad como cómplice en el homicidio de Humberto Juan Carlos Menenteau Aceituno; y 20 años de presidio por los secuestros de Guillermo Roberto Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Jaime Enrique Vásquez Sáenz, María Teresa Eltit Contreras, María Isabel Joui Petersen, Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, Juan René Molina Mogollones, René Roberto Acuña Reyes, Carlos Alberto Carrasco Matus, Hugo Daniel Ríos Videla, Agustín Alamiro Martínez Meza, Juan Rodrigo Mac-Leod Treuer, María Julieta Ramírez Gallegos, Luis Jaime Palominos Rojas, César Arturo Emiliano Negrete Peña y Alejandro Juan Ávalos  Davidson.

3- Miguel Krassnoff Martchenko: 20 años de presidio por los secuestros de Guillermo Roberto Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Jaime Enrique Vásquez Sáenz, Manuel Antonio Carreño Navarro, Iván Carreño Aguilar, María Teresa Eltit Contreras, María Isabel Joui Petersen, Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, Juan René Molina Mogollones, René Roberto Acuña Reyes, Carlos Alberto Carrasco Matus, Hugo Daniel Ríos Videla, Agustín Alamiro Martínez Meza, Juan Rodrigo Mac-Leod Treuer, María Julieta Ramírez Gallegos, Luis Jaime Palominos Rojas, César Arturo Emiliano Negrete Peña y Alejandro Juan Ávalos  Davidson.

4- Fernando Lauriani Maturana: 20 años de presidio por los secuestros de Guillermo Roberto Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Jaime Enrique Vásquez Sáenz, Manuel Antonio Carreño Navarro, Iván Carreño Aguilar, María Teresa Eltit Contreras, María Isabel Joui Petersen, Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, Juan René Molina Mogollones, René Roberto Acuña Reyes, Carlos Alberto Carrasco Matus, Hugo Daniel Ríos Videla, Agustín Alamiro Martínez Meza, Juan Rodrigo Mac-Leod Treuer, María Julieta Ramírez Gallegos, Luis Jaime Palominos Rojas, César Arturo Emiliano Negrete Peña y Alejandro Juan Ávalos  Davidson.

5- Gerardo Godoy García: 20 años de presidio por los secuestros de Guillermo Roberto Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Jaime Enrique Vásquez Sáenz, Manuel Antonio Carreño Navarro, Iván Carreño Aguilar, María Teresa Eltit Contreras, María Isabel Joui Petersen, Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, Juan René Molina Mogollones, René Roberto Acuña Reyes, Carlos Alberto Carrasco Matus, Hugo Daniel Ríos Videla, Agustín Alamiro Martínez Meza, Juan Rodrigo Mac-Leod Treuer, María Julieta Ramírez Gallegos, Luis Jaime Palominos Rojas, César Arturo Emiliano Negrete Peña y Alejandro Juan Ávalos  Davidson.

6- Ricardo Lawrence Mires: 20 años de presidio por los secuestros de Guillermo Roberto Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Jaime Enrique Vásquez Sáenz, Manuel Antonio Carreño Navarro, Iván Carreño Aguilar, María Teresa Eltit Contreras, María Isabel Joui Petersen, Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, Juan René Molina Mogollones, René Roberto Acuña Reyes, Carlos Alberto Carrasco Matus, Hugo Daniel Ríos Videla, Agustín Alamiro Martínez Meza, Juan Rodrigo Mac-Leod Treuer, María Julieta Ramírez Gallegos, Luis Jaime Palominos Rojas, César Arturo Emiliano Negrete Peña y Alejandro Juan Ávalos  Davidson.

7- Basclay Zapata Reyes: 15 años y un día de presidio por los secuestros de Guillermo Roberto Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Jaime Enrique Vásquez Sáenz, Manuel Antonio Carreño Navarro, Iván Carreño Aguilar, María Teresa Eltit Contreras, María Isabel Joui Petersen, Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, Juan René Molina Mogollones, René Roberto Acuña Reyes, Carlos Alberto Carrasco Matus, Hugo Daniel Ríos Videla, Agustín Alamiro Martínez Meza, Juan Rodrigo Mac-Leod Treuer, María Julieta Ramírez Gallegos, Luis Jaime Palominos Rojas, César Arturo Emiliano Negrete Peña y Alejandro Juan Ávalos  Davidson.

8- Manuel Carevic Cubillos: 15 años y un día de presidio por los secuestros de María Isabel Joui Petersen, Marta Silvia Adela Neira Muñoz y César Arturo Emiliano Negrete Peña.

9- Raúl Iturriaga Neumann: 15 años y un día de presidio por los secuestros de María Isabel Joui Petersen, Marta Silvia Adela Neira Muñoz y César Arturo Emiliano Negrete Peña.

10- César Manríquez Bravo: 15 años y un día de presidio por los secuestros de Guillermo Roberto Beausire Alonso, Manuel Antonio Carreño Navarro, Iván Sergio Carreño Aguilar y Jacqueline Paulette Drouilly Yurich.

11- Orlando Manzo Durán: 10 años y un día de presidio por el secuestro de Jacqueline Paulette Drouilly Yurich.

En el aspecto civil, el fallo confirmó que el Estado de Chile debe pagar una indemnización total de $1.850.000.000 (mil ochocientos cincuenta millones de pesos) a familiares demandantes, en sumas que van desde los $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a los $150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos), según se detalla en la sentencia.

En los casos de los agentes Manuel Contreras Sepúlveda y Marcelo Moren Brito, se dispone que los antecedentes vuelvan al ministro de primera instancia, Leopoldo Llanos, para que dicte su sobreseimiento por fallecimiento.

DETENIDOS DESAPARECIDOS Y ASESINADOS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Coordinador del proyecto: Héctor Vásquez Luncumilla Redacción e Investigación: Nancy Guzmán Diseño de portada: Pepe Bórquez Foto de portada: Héctor González de Cunco Composición: Pepe Bórquez Impreso en Chile / Printed in Chile Primera edición: octubre de 2010

Este libro está dedicado a la memoria de los estudiantes, profesores y trabajadores de la Pontificia Universidad Católica de Chile que fueron víctimas del terrorismo de Estado durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Ellos dieron sus vidas por una sociedad más justa, humana y fraternal, en donde los derechos de las mayorías fueran una realidad.

Para el Colegio de Profesores el 11 de Septiembre es una fecha es especialmente significativa. La represión militar afectó directamente a cientos de maestros, registrándose decenas de docentes Detenidos Desaparecidos hasta el día de hoy, junto con maestros Ejecutados por su actividad social y política. Algunos de ellos fueron detenidos en sus propias escuelas, desde donde se les perdió la pista para siempre. Se cuentan por cientos, también, los profesores torturados, exiliados y exonerados de sus trabajos.

«No puede haber contexto que justifique asesinar, desaparecer, torturar. No puede haber ningún contexto que justifique aquello», afirma contundente Mario Aguilar, Presidente del Colegio de Profesores, en el día previo a una nueva conmemoración del Golpe de Estado de 1973.

Además, el Golpe de Estado implicó el término del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE), la sólida organización gremial y sindical que habían constituido en 1970 los profesores de todo el país junto al personal paradocente de las escuelas. Junto con ello, en el mismo año 1973 la Junta Militar terminó con las Escuelas Normales y su centenaria tradición de formación docente, que había sostenido el crecimiento de la Educación Pública durante todo el siglo XX. Así mismo, el régimen intervino el currículum escolar, modificando la enseñanza que se impartía en las aulas.

El desarrollo de la Dictadura conllevó, también, la municipalización de los establecimientos educacionales del Estado. Este traspaso jibarizó el extenso sistema escolar público construido por décadas en el país, pero además originó la Deuda Histórica que afecta a miles de docentes hasta el día de hoy. En el año 1981, los profesores fueron obligadamente traspasados de su condición de funcionarios públicos a empleados municipales sin respetarles los reajustes a los que tenían derecho, afectando sus sueldos mientras fueron maestros activos y reduciendo sus pensiones una vez jubilados. Una consecuencia más del Golpe de Estado en el profesorado, que se mantiene sin solución hasta hoy.

Por todo ello, 136 docentes víctimas de las desapariciones forzadas y las ejecuciones sumarias por motivos políticos son homenajeados permanentemente con una placa recordatoria en el edificio del Directorio Nacional del Magisterio, desde el 2014. Aquel edificio, a su vez, lleva el nombre de Manuel Guerrero Ceballos, otro profesor víctima de la Dictadura. Recientemente, además, el Salón de Recepción de la Casa del Maestro de Santiago fue renombrado en honor a Juan Antonio Gianelli Company, maestro y dirigente del SUTE, hecho desaparecer por el Comando Conjunto en 1976.«Junto con recordar a nuestros colegas y llevarlos muy presentes en nuestras mentes y corazones, es importante también un compromiso como educadores con una cultura de los Derechos Humanos para que nunca más en Chile vuelvan a ocurrir tragedias como esta, para que nunca más en Chile los Derechos Humanos sean pisoteados como ocurrió en ese período», reflexiona el Presidente del Magisterio.

Dos noticias han conmocionado a la destacada académica Beatrice Ávalos Davidson en los dos últimos meses. Sólo tres semanas antes de que le entregaran el Premio Nacional de Educación 2013, se enteró que su nombre había sido postulado para esa distinción. Su sorpresa fue mayúscula ya que ella ya había firmado para que este año el premio recayera en José Joaquín Brunner. Tampoco imaginaba hasta hace poco más de un mes que el ritual realizado en 1992 para dar sepultura a los restos de su hermano Alejandro, detenido y desparecido en noviembre de 1975, había sido un error y que las osamentas encontradas entonces en un ex cuartel del Ejército, no correspondían a las de su hermano, profesor de Inglés de la Universidad Católica, quien estuvo detenido en Villa Grimaldi. Ahora, a 40 años del Golpe de Estado, ella debe asumir que Alejandro Dávalos Davidson sigue siendo un desaparecido.

Esta es la primera vez que Beatrice Ávalos cuenta públicamente ese fatídico episodio que la hizo dar un giro radical a su vida y que la llevó a alejarse de Chile por dos décadas, realizando una exitosa carrera académica por Gales, Canadá y Nueva Guinea. De ese último país, aún conserva en su departamento artesanía, pinturas y regalos que sus alumnos le obsequiaron. Pero fundamentalmente mantiene el orgullo de haber trabajado para mejorar la Educación en un país en desarrollo, proceso que continuó luego en Chile y que sigue realizando en el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile.

La UC entregó tras 40 años el título póstumo de Alejandro Ávalos, hermano de la Premio Nacional de Educación.

–Usted inició su carrera docente en 1962 como profesora part-time de Historia y Geografía en el Colegio Mariano, trabajó como profesora en las universidades Católica de Chile y de Valparaíso hasta 1974. Luego estuvo 20 años fuera del país. ¿Las razones de su partida fueron académicas-profesionales o también personales?
Yo me fui de Chile en la década del inicio de la dictadura y no fui despedida ni maltratada personalmente. Trabajaba en un centro que habíamos creado, el PIIE (Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación), y en ese tiempo, tuve la oportunidad de ir a Inglaterra por dos años por una invitación de un decano de Educación y allá decidí que no tenía muchas ganas de estar haciendo clases en una universidad en la que no sabía si tenía espías entre los alumnos o no podía enseñar cómo pensaba. Pero lo más importante fue que, a fines de 1975, en el momento en que yo debí haber vuelto a Chile, desapareció mi hermano Alejandro, con quien yo vivía en un departamento en Almirante Barroso con Agustinas. Mi madre, que era inglesa, entre todos los dramas y esfuerzos para recibir apoyo y encontrar a mi hermano, estableció contacto con la embajada británica y fue ésta la que me aconsejó no volver. Y en la Universidad Católica me advirtieron que, si no volvía, me despedían. No volví.

-¿Usted estaba fuera del país cuando desapareció su hermano, Alejandro Ávalos Davidson?
Accidentalmente yo estaba acá cuando él desapareció. Me habían invitado a un congreso en Lima y pasé antes por Chile para visitar a mi madre y a mi hermano. Luego, cuando regresé a hacer la conexión, mi hermano desapareció a la semana siguiente. Me quedé en Chile para ayudar a mi madre y hermana en las primeras búsquedas, lo que fue atroz.

-¿Hubo alguna señal o algún rastro que les indicara qué había pasado con él?
La historia es increíble. Creímos haber encontrado sus restos a comienzos de los ‘90. En 1992 el Servicio Médico Legal los identificó como pertenecientes a Alejandro Ávalos. Yo volví a Chile, todavía estaba fuera, e hicimos un funeral… Pero el año pasado, las dos familias de las personas que habían sido encontradas junto a mi hermano en un predio que había pertenecido al Ejército, pidieron una prueba de ADN. Yo también la pedí a través del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Solís. Pues bien, hace poco más de un mes me comunicaron que esos no son los restos de mi hermano. Mi hermano sigue siendo un detenido desaparecido.

-¿Qué información ha podido recabar de las últimas horas de vida de su hermano Alejandro Ávalos Davidson?
En el proceso se llegó a constatar que al menos hay 20 personas que lo vieron vivo en Villa Grimaldi y que fue detenido por la DINA.

-¿Qué hacía su hermano cuando desapareció?
Era militante comunista y había terminado de estudiar Pedagogía en Inglés en la Universidad Católica en Santiago. Había egresado y estaba trabajando en Inacap. Con el Golpe de Estado, perdió inmediatamente  ese trabajo. Luego comenzó a buscar otros trabajos y se capacitó para ser controlador aéreo  en LAN, pero al final no lo dejaron por ser comunista. Lo mismo le pasó en el Instituto Chileno Norteamericano, donde terminó la capacitación hasta que lo llamó el director y le dijo que tenía información de que había ido a Alemania Oriental y que lo lamentaba mucho, pero no lo iba a emplear. Ante esa situación y como en el PIIE necesitábamos ayudantes, él fue a trabajar allá en un proyecto grande junto a Ernesto Schiefelbein. Desde ahí desaparece.

-¿Cuáles son los antecedentes que recogieron para concluir que había sido detenido por la DINA?
Todo está en el juicio respectivo. Hay registro de que la DINA fue a la Universidad Católica y pidió hablar con el entonces rector delegado Jorge Sweet, a quien le pidieron antecedentes del profesor Ávalos. El rector a su vez llamó a su asistente, que era Carlos Bombal, y lo instruyó para que les entregaran toda la información solicitada. En el juicio, Bombal declaró que él quiso llamar a Alejandro al PIIE, pero los agentes de la DINA le dijeron que no podía hacerlo, porque tenían órdenes de detenerlo sin testigos. Carlos Bombal no declaró espontáneamente, fue mi madre la que se enteró de su participación y de cómo ocurrieron los hechos cuando se lo comunicó el secretario general de la Universidad Católica de esa época, Francisco Bulnes Ripamonti (padre del ex ministro de Justicia y Educación del gobierno de Sebastián Piñera, Felipe Bulnes). Es por eso que sabemos con plena seguridad que él fue detenido por la DINA, que desapareció en noviembre de 1975, que estuvo en Villa Grimaldi y que se le vio hasta febrero del año siguiente en ese recinto. Esas son las razones por las que luego no volví a Chile. Además, las personas que trabajaban en el PIIE fueron todas despedidas.

-¿Su hermano se alcanzó a titular de profesor de Inglés?
No, no se alcanzó a titular, aunque había escrito su tesis y solo le faltó defenderla. Hace pocos días hubo una titulación póstuma en la Universidad Católica y me entregaron su título a mí y a otros treinta y tantos familiares de aquellos alumnos que fueron detenidos desaparecidos o ejecutados. Esto se hizo el 5 de septiembre en el Campus San Joaquín, en un hermoso acto organizado por el colectivo Memoria de la Universidad Católica y que cuenta con el respaldo de la FEUC. También estuvo presente el rector Ignacio Sánchez, quien ha asumido esta noble tarea.  (extracto)

Sr Ministro de Justicia
Elsie Davinson Wright dueña de casa ciudadana Inglesa, viuda, Carnet de identidad 14.177 gabinete Providencia.
Al señor ministro respetuosamente digo; que en el pasado mes de febrero solicité al sr ministro se constituyera en el campamento de detención 4 alamos y en el recinto conocido como Villa Grimaldi con el fin de constatar la detención en uno de esos dos lugares de mi hijo Don Alejandro Juan Davidson Wright, arrestado el  día 20 noviembre de 1975 por el personal de la dirección de inteligencia nacional ,que lo mantiene en estricta incomunicación hasta el día de hoy. Que he sido informada que al constituirse el señor ministro en el campamento 4 alamos constató que mi hijo no se encontraba allí,sin embargo como ya lo expresara en la anterior presentación al señor ministro ,mi hijo ha sido visto en el lugar denominado Villa Grimaldi ,que como es de público conocimiento es un recinto dependiente de la DINA, donde se mantienen a personas arrestadas e incomunicadas e incluso temo que en cuañquier momento sea sacado de allá y conducido a otro lugar igualmente inaccesible , que he tenido conocimiento que un detenido que se encuentra actualmente detenido en el campamento 3 alamos Don Carlos Corvalán Rojas, vio al momento de su detención a mi hijo Alejandro siendo con ducido a un vehículo de la DINA por mienbros de dicha organización, por lo que a través de su testimonio el señor ministro podrá corroborar cuan cierto es lo que he afirmado , por lo expuesto vengo a solicitar respetuosamente se constiyuya en el campo de 3 alamos a fin oir el testimonio del detenido don Carlos Corvalán, asi mismo reitero la solicitud en el sentido que el sr ministro se constituya en el lugar denominado Villa Grimaldi a fin de constatar la presencia en dicho lugar de mi hijo don Alejandro Avalos.
Formula esta petición al sr ministro con la gran esperanza luego de conocer su actuación en relación con la facultad que le otorga el articulo 7 del decreto supremo 187, como la esperanza máxima que puede tener una madre que siendo viuda desde hace años , a los 72 años de edad sufre la detención y posterior desaparecimiento de su único hijo varón , por tanto y en virtud a los expuesto y lo que dispone el articulo 7 decreto supremo 187, respetuosamente ruego al sr ministro de justicia se constituya en los lugares señalados para los fines expresados.  Elsie Davidsón Wright