LEVY SEGUNDO ARRAÑO SANCHO Actualidad:14 de abril de 2000
PRESENTAN QUERELLA 83 CONTRA PINOCHET
Una nueva querella en contra del ex dictador Augusto Pinochet fue presentada el jueves 13 de abril ante el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia por la desaparición de tres personas y la ejecución de otras seis en la ciudad de Quillota en enero de 1974. De esta forma, el número de acciones judiciales contra el senador vitalicio ya ascienden a 83, desde que en enero de 1998 el Partido Comunista presentó la primera de ellas. En esta oportunidad, el ex dictador es acusado de los delitos de secuestro calificado, homicidios múltiples, genocidio, inhumación ilegal y asociación ilícita. Junto a Pinochet, también fue procesado el general (R ) Sergio Arellano Stark, quien es señalado como el responsable directo de las ejecuciones ocurridas en 1974. Los casos de desaparición, de los que ha dejado constancia del Informe Rettig, se refieren al ex alcalde de la ciudad de Quillota, Pablo Gac Espinoza, el obrero agrícola Levy Segundo Arraño y el fiscal de la Corporación de Reforma Agraria (CORA), Rubén Cabezas Pares.
El Mercurio 5 Agosto 2000
Informan sobre tres fusilados en Quillota
Al obispo de Valparaíso, Gonzalo Duarte, fueron entregados los antecedentes sobre el fusilamiento y la inhumación ilegal de tres detenidos desaparecidos, ocurridos el 18 de enero de 1974, cuatro meses después del golpe militar que encabezó el general (r) Augusto Pinochet. Silva contó que un ex uniformado, quien mantiene su anonimato, reveló que las tres víctimas fueron fusiladas y luego sepultadas clandestinamente al interior de la Escuela de Caballería del Ejército ubicada en Quillota, a 100 kilómetros al norte de Santiago. Las víctimas fueron identificadas como el abogado de la Gobernación Provincial y militante del Partido Socialista, Rubén Cabezas; el ex alcalde de Quillota, Pablo Gac, y el dirigente campesino Levi Arraño.
El Mostrador 9 de Agosto 2001
Ministra Pérez se declaró incompetente en caso desaparecidos
La magistrada Gabriela Pérez, quien reemplaza al ministro Juan Guzmán, se declaró incompetente para conocer el caso de tres desaparecidos presuntamente sepultados clandestinamente en el recinto del regimiento de caballería de Quillota, en la Quinta Región. El proceso se refiere a la desaparición del abogado Rubén Cabezas, de Levi Arraño y Juan Carlos Gac, quienes habrían sido fusilados por personal de esa unidad militar el año 1974, de acuerdo a testimonios que recopiló la Comisión Rettig.
De acuerdo a esos mismos antecedentes, uno de los inculpados es el actual general (R) Francisco Pérez Eguert.
Primera Linea 20 de Agosto 2001
Caso Quillota: Conscriptos revelan inhumaciones de DD.DD
Cuando la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Gabriela Corti reciba en los próximos días el expediente del caso conocido como "matanza de Quillota" se encontrará con importantes avances, pues constan en los cuadernos secretos del proceso los testimonios de dos ex conscriptos del Ejército que revelan que tres detenidos desaparecidos fueron asesinados e inhumados ilegalmente al interior de la Escuela de Infantería el 18 de enero de 1974 y confirman la participación en su secuestro de una serie de oficiales en retiro.
Los conscriptos, cuya identidad se mantienen en la más absoluta reserva, declararon que los hechos que culminaron con la muerte del alcalde de Quillota, Pablo Gac (PS), del dirigente campesino Levi Segundo Arraño (PS) y del militante del Mapu y fiscal del Cora, Rubén Cabeza Pares ocurrieron cerca de las 12:00 horas de ese día. Asimismo, dan fe que restos fueron enterrados en el mismo recinto militar.
Sin embargo, el informe que las FF.AA entregaron como conclusión de la Mesa de Diálogo establece que estas personas fueron arrojados al mar frente a las costas de Con Con, por lo que la magistrada deberá esclarecer si sus restos fueron removidos con posterioridad.
Los testimonios de estos dos testigos clave, y el interrogatorio a los familiares de las víctimas, responsabilizan de su secuestro calificado, delito por el cual está rotulado el proceso, al ex Comandante de la Guarnición y Director de la Escuela de Caballería, Fernando Paredes, quien hasta diciembre de 1973 ejerció como gobernador por la zona.
Asimismo inculpan al ex comandante de la Escuela, Angel Custodio Torres Rivera quien entonces tenía grado de coronel y se desempeñaba como Jefe de Inteligencia; al comandante de la patrulla, capitán Francisco Pérez Egert y el teniente coronel (r), Sergio Arredondo, procesado como uno de los principales inculpados en el caso Caravana de la Muerte.
Fuentes judiciales confirmaron que estos militares podrán ser procesados en su calidad encubridores por la responsabilidad de mando que tenían al momento de producirse las detenciones. Aclaran que en este caso la figura de secuestro calificado nuevamente cobra vigencia y afecta directamente a Arredondo, quien al arribar a la zona, solicitó de inmediato que los detenidos fueran trasladados hasta la Escuela.
La ministra Corti deberá asumir la investigación de la causa, luego que durante el período en que el ministro de fuero Juan Guzmán hizo uso de su licencia médica, su subrogante, Gabriela Pérez determinó que ésta fuera vista por un tribunal en la Quinta Región, declarándose incompetente y entregando los antecedentes a su jurisprudencia.
Pese a que esta noticia no fue bien recibida en un comienzo por los familiares de las víctimas, los abogados querellantes Julia Urquieta y Héctor Salazar señalaron que la investigación tiene mayores posibilidades de avanzar en manos de un juez que esté menos saturado de causas y reconocieron que las indagaciones permitirán la pronta dictación de las primeras encargatorias de reo.
Para el abogado Héctor Salazar, representante de los familiares de Rubén Cabeza, sólo la investigación de la jueza Corti determinará la verdad de estos nuevos antecedentes, aunque no descarta que los detenidos fueran enterrados en la Escuela de Caballería de Quillota y posteriormente removidos y lanzados al mar.
Distinta es la opinión de la abogada Julia Urquieta, quien es tajante al momento de descartar que los cuerpos de los tres detenidos desaparecidos se encuentren en el lecho marino. Sostiene que los antecedentes recopilados por el ministro Guzmán y los aportados por una serie de testigos, ponen en evidencia que estas personas fueron fusiladas en el recinto militar y sus cuerpos siempre han permanecido allí.
Junto a estas tres desapariciones el proceso investiga las ejecuciones de otras seis personas al interior de la Escuela de Infantería, cuyos restos fueron entregados a sus familias con evidencia de haber sido sometidas a apremios ilegítimos durante su detención.
Al interior del regimiento de Caballería se ejecutó al jefe del Departamento Técnico del Cora, Víctor Fuenzalida Fuenzalida; al empleado de la Tesorería Manuel Hernán Hurtado Martínez; a los obreros textiles Osvaldo Mario Manzano Cortés y Julio Arturo Loo Prado y a los dirigentes poblacionales Angel Mario Díaz Castro y Hugo Hernán Aranda Bruna.
Quillota en manos de los militares
Los querellantes explican que luego del Golpe de Estado, Quillota quedó bajo la tutela del Comandante de la Guarnición y Director de la Escuela de Caballería, coronel Fernando Paredes Pizarro. Al igual que en otras zonas del país, los detenidos se presentaron voluntariamente hasta las comisarías, luego de escuchar los bandos militares que los conminaban a ello.
En el caso de Pablo Gac la reconstrucción de los hechos señala que "firmaba periódicamente en la Fiscalía Militar de Quillota. Su domicilio fue allanado el día 15 de septiembre y estuvo detenido 24 horas en Investigaciones. Regularmente era citado para interrogatorios tanto a la Gobernación como al Regimiento de Infantería, hasta que el día 17 de enero personal de civil lo fue a buscar a su domicilio para un nuevo interrogatorio".
Un testigo que se encontraba detenido en el recinto militar declara que lo vio descender de un vehículo castrense junto a Rubén Cabezas Pares, quien fue privado de libertad en su lugar de trabajo esa misma tarde.
Hugo Hernán Aranda Bruna, 30 años, agricultor, trabajaba junto a Levi Arraño en la Parcela Nº 29 de San Isidro. Ambos fueron citados en varias oportunidades a prestar declaraciones tanto a la Gobernación como a Investigaciones. Pero no es sino hasta después del 11 de enero de 1974 que fueron detenidos. El primero fue llevado a la Cárcel de Quillota y el segundo al regimiento.
Arraño no es mencionado en la versión oficial de los crímenes cometidos el 18 de enero y a su esposa le informaron que fue puesto en libertad el 17 de enero en la tarde. Sin embargo, un uniformado declaró que lo vio ese día al interior del regimiento y fue dejado junto a Pablo Gac y Rubén Cabezas.
El resto de las víctimas fue citada a la gobernación regional y quedó detenida de inmediato. En este grupo se encontraban Manuel Hernán Hurtado Martínez (PS), empleado de la Tesorería de Quillota; Julio Arturo Loo Prado (PC) obrero textil; Víctor Enrique Fuenzalida Fuenzalida (PC), jefe del Departamento Técnico de la CORA; Osvaldo Mario Manzano Cortés (FTR), obrero textil y Angel Mario Díaz Castro (FTR), dirigente poblacional.
El grupo fue trasladado hasta la Cárcel Pública de Quillota por orden del Departamento Segundo que operaba en la Gobernación local. Informaciones no confirmadas indican que a principios de octubre quedaron en mano de Gendarmería y fueron trasladados al recinto naval "Silva Palma", pero el excesivo número de prisioneros obligó a trasladarlos al barco "Lebu", bodega Nº3, a cargo de la Armada.
El jefe militar de la época y Gobernador de Quillota, Angel C. Torres Rivera informó que en la madrugada del 18 de enero de 1974 "elementos extremistas atacaron sorpresivamente a la Patrulla Militar de la Escuela de Caballería que llevaba detenidos del Batallón de Ingenieros a ese recinto. Ante esta emergencia la Patrulla repelió el ataque y en medio de la confusión huyeron Pablo Gac y Rubén Cabezas. Como consecuencia del enfrentamiento, los siguientes detenidos, que también intentaron escapar, fueron dados de baja: Hugo Hernán Aranda Bruna, Julio Arturo Loo Pardo, Eduardo Manzano Cortes, Víctor Enrique Fuenzalida, Angel Mario Díaz Castro, Manuel Hernán Hurtado Martínez.
Este gobernador militar dispuso la investigación sumaria correspondiente, por el Fiscal Militar, pero su versión es desmentida tajantemente en otros testimonios anexados al proceso. Así Eva Hurtado, hija de Manuel Hurtado, declaró que un documento oficial entregado en reemplazo del protocolo de autopsia se señala que su padre "murió por heridas múltiples de balas al intentar fugarse".
Pero esta versión contrasta con la de un testigo que vio en la morgue local el cuerpo del propio Manuel Hurtado con impactos de bala en la frente y masa encefálica expuesta, que demuestran que le dispararon a corta distancia. Sus manos aún estaban amarradas con alambre. La familia de otro ejecutado, que prefiere no identificarse, señala que en el caso de su deudo estaba degollado y le faltaban las uñas de manos y pies.
Para los querellantes estos antecedentes ponen en evidencia que luego del 11 de septiembre de 1973 asume la dirección de la Escuela de Caballería efectivos de los servicios de inteligencia. Por razones desconocidas Angel Custodio Torres accedió a que un oficial de menor graduación, el teniente coronel (r) Sergio Arredondo, tomará a su cargo los nueve detenidos mencionados.
Ello se explica porque Sergio Arellano Stark, delegado del general Pinochet, habría encomendado a Arredondo viajar a la zona para "agilizar procesos". La hipótesis aún no ha sido confirmada, pero los querellantes pedirán a la jueza Corti que la indague. Añaden que los antecedentes que manejan confirman que Arredondo ordenó a Pérez Egert que ejecutara su estrategia
Primera Linea 10 de Diciembre 2001
Caso Quillota: Jueza imparte orden amplia de investigar
En una línea paralela dentro de las investigaciones por violaciones a los derechos humanos en la Quinta Región, la ministra de fuero Gabriela Corti despachó una orden amplia de investigar al Departamento Quinto de la policía civil. La medida busca avanzar en los procesos por la desaparición de Jorge Eduardo Villarroel y Bernardino Rodríguez Cortés, detenidos en 1974, y del ex alcalde Pablo Gac, así como los dirigentes Levi Segundo Arraño (PS) y Rubén Cabeza Pares (MAPU), causa que estuvo en manos del ministro de fuero Juan Guzmán Tapia, quien se declaró incompetente de abrir sumario. Todos ellos estuvieron detenidos en la Escuela de Caballería de Quillota, último lugar donde fueron vistos con vida. Además, dentro de este mismo capítulo verifica el secuestro vivido por Raúl Iván Cárcamo Aravena (31 agosto de 1977), Luis Geraldo Otarola Valdés (30 de agosto de 1977), Sergio Jorge Hidalgo Orrego (31 de agosto de 1977) y Hernán Quezada (9 de octubre de 1977), ex trabajadores de la Empresa Constructora VEP (ex KPD) que fueron detenidos por efectivos del SIN y deambularon por el campo de prisioneros de El Belloto.
Con esta determinación, la magistrada busca avanzar a paso firme en las causas por las cuales realiza excavaciones en el Regimiento Número dos Maipo.
EL Mostrador 14 de Junio 2002
Siguen excavaciones en instalación militar en Quillota
Los trabajos realizados por peritos del Servicio Médico Legal (SML) buscan determinar la posible existencia de restos de detenidos desaparecidos en ese recinto militar
Las diligencias están a cargo de la ministra de fuero Gabriela Corti, y comenzaron ayer en el terreno que ocupa la Escuela de Caballería Blindada de Quillota.
Las pesquisas son apoyadas por un equipo de rastreo electrónico capaz de penetrar el terreno para hallar anomalías. Nueve peritos del SML participan en las pesquisas.
La búsqueda se centra en los restos del alcalde Pablo Gac Espinoza, el abogado fiscal de la CORA Rubén Cabezas Parés y el dirigente campesino Levy Arraño Sancho.
Todos ellos fueron ejecutados en enero de 1974, y desde entonces el paradero de sus restos no ha sido ubicado
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