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RAFAEL EDUARDO ARANEDA YEVENES


Rut : 288.930 de Concepción
F.Nacim. : 25?10?49, 25 años a la fecha de la detención
Domicilio : San Isidro 1070, Santiago
E.Civil : Soltero
Actividad : Estudiante universitario, ayudante de la cátedra de dibujo de la U.Técnica, dibujante proyectista
C.Repres. : Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR.
F.Detenc. : 12 de diciembre de 1974


Rafael Eduardo Araneda Yévenes, estudiante de ingeniería textil en la Universidad Técnica del Estado, ayudante de la cátedra de dibujo de la misma Universidad, militante del MIR, fue detenido el 12 de diciembre de 1974, por agentes de la DINA, en momentos que se retiraba de la Universidad individualizada. El día anterior, había sido detenido su amigo y también militante del MIR, Carlos Alberto Terán de la Jara, también detenido desaparecido y con quien compartía una oficina de proyectos. Luego de ser aprehendido, Rafael Araneda fue trasladado a un recinto de la DINA, posiblemente Villa Grimaldi (en donde fue visto por otros detenidos su amigo Terán de la Jara) y desde donde habría sido sacado para ser conducido a su domicilio de calle San Isidro el cual fue objeto de un completo allanamiento, tras lo cual los civiles se marcharon quedando sus moradores, el matrimonio formado por don Luis Rodríguez y doña Alicia Guerrero Valdivia, con una virtual detención domiciliaria. Los agentes de la DINA concurrieron en reiteradas oportunidades a ese domicilio, retirando especies y ropas pertenecientes al afectado. En el testimonio judicial prestado por el matrimonio individualizado, se indica que la oportunidad en que los agentes llevaban en calidad de detenido a Rafael Araneda, éste presentaba claros signos de habar sido maltratado físicamente. Los civiles siempre portaron una llave, y uno de ellos se identificó como el señor Alegría; éste último manifestó que la detención era por motivación política y que luego volvería para indicar el lugar de reclusión del afectado a fin de que pudiera ser visitado, cuestión que nunca hizo.

Su familia, que a la fecha de los hechos vivía en Chiguayante, Concepción, realizó numerosas diligencias y averiguaciones con el fin de dar con su paradero, pero ellas no dieron alguno y aún desconocen la suerte que corrió en manos de la DINA.

La Comisión Verdad y Reconciliación consigna en su informe que Rafael Araneda fue visto por otros prisioneros en Villa Grimaldi.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
El 16 de diciembre de 1974, se presentó recurso de amparo en su favor ante la Corte de Apelaciones de Santiago, número de rol 1580?74, en el cual se exponen las circunstancias de su detención ocurrida en la Universidad Técnica de Santiago. La Corte requirió informes al Ministerio del Interior, al Comandante en Jefe de Zona en Estado de Sitio y al Comando de Aviación de Combate, recibiéndose respuestas negativas de las respectivas autoridades. A solicitud de la parte recurrente, la Corte requirió un nuevo informe al Ministro del Interior, Repartición que el 18 de marzo de 1975 respondió que el amparado no se encuentra detenido por orden de ese Ministerio. El 18 de abril de ese año, con el mérito de lo informado por la autoridad administrativa, el Tribunal rechazó el recurso de amparo a la vez que resolvió remitir los antecedentes al Noveno Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía a fin de instruir proceso por el desaparecimiento del amparado.

El 24 de abril de 1975, el Noveno Juzgado del Crimen dio inicio a la causa 13.952, en cuya tramitación, compareció don Ignacio Isaías Araneda Mardones, padre de la víctima, quien ratificó los términos de la denuncia, agregando que él fue alertado de la situación de su hijo por los arrendatarios de la casa de su propiedad ubicada en calle San Isidro 1070, la que compartían con el afectado.

El 17 de junio de 1975, se presentó ante ese mismo tribunal una querella criminal por el delito de secuestro. El libelo fue aceptado a tramitación acumulándose a la causa ya iniciada. La respectiva orden de investigar diligenciada por Investigaciones no dio resultado alguno.

El 27 de agosto de ese año, compareció ante el Tribunal don Luis Orlando Rodríguez Comazabal, quien expone que era arrendatario del inmueble de San Isidro y que Rafael Eduardo ocupaba una pieza de la misma; que en la fecha de los hechos él se encontraba trabajando y que su esposa fue quien estuvo presente. A la semana después pudo hablar con los funcionarios aprehensores, ya que volvieron en varias oportunidades a su casa; estos no se identificaron, pero eran civiles. Ellos le hicieron notar que este muchacho tenía tendencias miristas, y que le habían encontrado material comprometedor además de dinero. Se les dio instrucciones precisas, manteniéndolos prácticamente arrestados en su domicilio durante el fin de ese año 1974. En la misma fecha prestó declaración su cónyuge, doña Alicia Guerrero Valdivia, quien agregó que los civiles portaban la llave de la pieza de Rafael Eduardo, que le mostraron una credencial con timbre de la Presidencia y le recomendaron que se mantuviera en una pieza con sus 4 hijas pequeñas, porque Rafael se encontraba "a mal traer". Después, escuchó que le preguntaban por diferentes objetos y él les contestaba, logró ver que desde la tina del baño sacaron un rollo. Posteriormente, los agentes les mostraron unos papeles y unos nombres manifestando que eran muy importantes.

El Tribunal recibió nuevos informes negativos de la Policía de Investigaciones, del Comando de Combate de la FACH, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de Carabineros de Chile y del Instituto Médico Legal. El 9 de octubre el Ministerio del Interior emitió un nuevo informe negativo, agregando esta vez que la DINA no lo registra en sus kardex y no figura como detenido por ese organismo.

El 13 de diciembre de 1975, la Jueza doña Amanda Argandoña Ibacache sobreseyó temporalmente la causa por "no encontrarse establecido en autos la existencia de algún delito". Dicha resolución fue aprobada por la Corte de Apelaciones el 21 de abril de 1976.


8 de Agosto 2005 – La Nacion
Juez dicta 14 procesamientos por secuestros calificados en Villa Grimaldi
Un total de catorce de ex agentes del régimen militar fueron procesados por el delito de secuestro calificado, en el marco de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el centro de detención de Villa Grimaldi, en la Región
Metropolitana.
La resolución fue adoptada este lunes por el ministro en visita Alejandro Solís, en el marco de la investigación que sustancia por la desaparición de ocho personas al interior de Villa Grimaldi entre julio y diciembre de 1974.
La lista de procesados está encabezada por los generales (R) Manuel Contreras, quien fuera el jefe de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) , Hernán Ramírez Hald y César Manríquez, éste último ex subsecretario de Guerra del régimen militar.
También fueron encausados los brigadieres (R) Pedro Espinoza, Miguel Krassnoff y Fernando Laureani; los coroneles (R) Marcelo Morén Brito, Haroldo Latorre, Rolf Wenderoth y Gerardo Urrich, capitán (R) Manuel Carevic, el cabo (R) Basclay Zapata, todos del Ejército.
Asimismo, el magistrado levantó cargos contra el civil Osvaldo Romo Mena y el subteniente retirado de Gendarmería Osvaldo Manzo.
Todos fueron procesados por las desapariciones de Rodolfo Valentín González Pérez, ex conscripto FACH, Fernando Silva Camus, Anselmo Radrigán Plaza, Marcela Salinas Eithel (debe decir Marcelo Salinas Eytel), José Flores Araya, María Teresa Bustillos Cereceda, Rafael Araneda Yévenes y Jaime Robotham Bravo.
El magistrado Solís dispuso que Carevic, Ramírez Hald y Urrich quedaran en detención preventiva en el Penal Cordillera, mientras que contra el resto no decretó medidas cautelarles, en virtud de que ya gozaban de la libertad condicional o se encuentran cumpliendo condenas por otros delitos.
De acuerdo a los informes Rettig y Valech, que han documentado las violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile, el de Villa Grimaldi –también conocido como Cuartel Terranova- fue el recinto secreto de detención y tortura más importante de la DINA.
La de este lunes es la segunda resolución de importancia en torno a la investigación por los abusos cometidos en Villa Grimaldi. Antes, el ministro Solís procesó a ocho ex militares por apremios ilegítimos contra 22 personas que estuvieron recluidas en el dicho recinto.
El mencionado dictamen también había afectado a Contreras, Morén Brito, Espinoza Bravo, Krassnoff Martchenko, Romo Mena, Zapata Reyes, Laurani Maturana, a los que también se agregaron Maximiliano Ferrer Lima y Gerardo Godoy García.
El ex jefe de la DINA, junto a Krasnoff, Moren Brito y Laureani, cumplen condenas por el secuestro calificado del militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Miguel Ángel Sandoval.
 

12 de Agosto 2005 La Nacion

Caso Villa Grimaldi: Conceden libertad bajo fianza a cuatro ex militares

La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago en votación unánime concedió la libertad, previo pago de 500 mil pesos, a cuatro oficiales en retiro del Ejército a quienes el ministro Alejandro Solís los procesó por el secuestro calificado de ocho disidentes al régimen militar, en el marco de la investigación del caso "Villa Grimaldi".

Se trata de los ex miembros de la disuelta DINA, generales en retiro Hernán Ramírez Hald y Cesar Manríquez; y los brigadieres en retiro Gerardo Urrich y Manuel Carevic, que desde el lunes pasado se encuentran recluidos en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén.

El tribunal de alzada estuvo integrado por los magistrados Alfredo Pfeiffer, Humberto Provoste y la abogada integrante Ángela Radovic.

El magistrado Solís adoptó las resoluciones en bases a las desapariciones de Rodolfo González Pérez (24 julio de 1974); Fernando Silva Camus (27 noviembre de 1974); Anselmo Radrigán Plaza (12 diciembre de 1974); Marcelo Salinas Eitel (21 octubre de 1974); José Orlando Flores Araya (23 agosto de 1974); Maria Teresa Bustillos Cereceda (9 diciembre 1974); Jaime Robotham (31 diciembre de 1974); y Rafael Araneda Yévenes (12 diciembre de 1974).

 



Esta pagina fue modificada el 17/07/2010

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