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ALFONSO DEL CARMEN ARAYA CASTILLO


Rut : 5.347.584?5 de Santiago
F.Nacim. : 17?09?48, 27 años a la fecha de su detención
Domicilio : Panamericana Norte 1130, Depto.13, Renca, Stgo.
E.Civil : Casado, una hija
Actividad : Mueblista
C.Repres. : Militante del Partido Comunista, Dirigente Sindical de la Construcción ex?Dirigente de las Juventudes Comunistas de Ovalle
F.Detenc. : 9 de septiembre de 1976



Alfonso Araya Castillo, casado, una hija, mueblista, dirigente sindical, militante de las Juventudes Comunistas, fue detenido por agentes de seguridad, el día 9 de septiembre de 1976, aproximadamente entre las 15:30 y 16:00 horas, en las inmediaciones de la Plaza Pedro de Valdivia de la Comuna de Providencia, desconociéndose su paradero desde entonces.

Al día siguiente de la detención dos sujetos vestidos de civil se presentaron en el domicilio de un pariente Laura Araneda? y, sin identificarse, procedieron a preguntar por la esposa del afectado, Madelina Araneda Gallardo.

Asimismo, el 13 de septiembre de 1976, civiles concurrieron hasta la casa de la Sra. Madelina Araneda y, al no encontrarla, interrogaron a sus vecinos sobre su posible ubicación.

Familiares de Alfonso Araya recibieron el 15 de septiembre de 1976, un llamado telefónico de un amigo del afectado, el que sin identificarse les señaló que el día 9 de septiembre pasado se había reunido con Araya Castillo en la Plaza Pedro de Valdivia, lugar donde conversaron un rato, separándose aproximadamente a las 15:30 horas, y manifestando el afectado que se dirigiría por calle Pedro de Valdivia, en dirección a Providencia, pues debía realizar un trabajo al que se había comprometido como mueblista.

Tales serían las últimas noticias que sobre Alfonso Araya se tendrían hasta hoy. De inmediato comenzaron las indagaciones acerca de su persona en Hospitales, Postas, Comisarías de Carabineros e Investigaciones, llegando incluso a inquirir información en la Morgue de Santiago. El resultado fue siempre el mismo: ningún antecedente existía sobre el afectado.

Por otra parte, existen antecedentes previos y coetáneos que avalan la certeza de la detención ilegal del afectado por personal de seguridad.

En primer lugar, su militancia política y su cargo de dirigente de las Juventudes Comunistas en Ovalle, su ciudad natal, antecedentes que se vinculan estrechamente con otros más directos.

En efecto, a principios del mes de abril de 1976, Pedro Castillo Castillo ?hermano del afectado? fue detenido en la ciudad de Ovalle, sin que se le intimara orden legal para ello, por efectivos del Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR), los que lo condujeron hasta el Regimiento "Arica" de La Serena, recinto en el que permaneció recluido aproximadamente quince días. Durante su reclusión fue interrogado insistentemente acerca de la existencia de supuestas armas y sobre la persona, actividades y paradero de su hermano Alfonso del Carmen Araya Castillo. Asimismo, permaneció en todo momento con su vista vendada, y fue sometido a aplicaciones de corriente eléctrica, como asimismo a fuertes golpes, a mano abierta y con el puño cerrado, en su cabeza, los que acentuaron una incipiente sordera de que padecía y cuyas secuelas le acompañan hasta hoy.

Tan pronto se verificó la detención de Pedro Castillo Castillo, en abril de 1976 el hogar paterno del afectado ubicado en la ciudad de Ovalle Pasaje Alvarez, Casa N°4? fue allanado, sin que se exhibiera orden legal para ello, por un grupo de civiles que manifestaron pertenecer al Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR). Los sujetos preguntaron a la dueña de casa por sus hijos Pedro y Alfonso y, antes de marcharse, retiraron de la morada fotografías recientes del afectado.

Aún más, el propio afectado, aproximadamente un mes antes de su desaparecimiento, manifestó a su esposa que había podido percatarse de que estaba siendo seguido por desconocidos. Dos días antes de la detención, Alfonso Araya y su cónyuge fueron seguidos en la vía pública por un sujeto de unos 25 años que usaba gafas negras.

Asimismo, la detención de Alfonso Araya Castillo ocurre en una época en que los organismos de seguridad desataron una fuerte ofensiva contra el Partido Comunista, siendo detenidos miembros y dirigentes de esta colectividad política, muchos de los cuales permanecen desaparecidos. La mayoría de estas detenciones se caracterizaron por verificarse en la vía pública, sin testigos.

Y, el mismo día 9 de septiembre de 1976, fueron detenidos otros dos dirigentes sindicales de la Construcción y militantes del Partido Comunista, Aníbal Raimundo Riquelme Pino y Francisco Juan González Ortiz, los que también se encuentran desaparecidos.

En publicaciones de prensa de la época, se informó que en el mes de julio de 1976, la Dirección Nacional de Comunicación Social (DINACOS), hizo saber a la opinión pública que el Gobierno se encontraba empeñado en una campaña contra el Partido Comunista. Agregaba que habían sido detectadas 32 casas?buzón y que no podían entregarse nombres para no entorpecer las investigaciones.

Por su parte, la Revista "Qué Pasa", en sus números 235 (de 23 de octubre de 1975) y 277 (de 12 de agosto de 1976) informó a sus lectores que "en estos meses los militantes y dirigentes comunistas que han desaparecido de sus actividades y domicilios habituales alcanzan cifras significativas", agregando que "no se trata de hechos aislados, sueltos o sin conexión entre sí, sino que se está frente a una campaña sostenida".

El 18 de junio de 1978 y el 25 de agosto de 1978, la cónyuge del afectado recibió "visitas" de individuos que, mostrando una placa, se identificaron como funcionarios de Investigaciones.

En la primera ocasión los sujetos la interrogaron acerca de su participación en una huelga de hambre, que acababa de finalizar en la Parroquia Universitaria de Concepción. Ella confirmó su intervención en dicha huelga, en vista que su esposo ?Alfonso Araya Castillo? se encontraba desaparecido desde su detención acaecida en Santiago el 9 de septiembre de 1976, y les detalló todas las gestiones judiciales y de otra índole que había realizado en su favor.

Los agentes, antes de partir, indicaron estar comisionados en una investigación oficial ordenada por el Gobierno, para precisar el paradero de los desaparecidos.

Del mismo modo, el 25 de agosto de 1978, se presentaron en el domicilio en que residía la cónyuge del afectado Madelina Araneda Gallardo, en el puerto de Talcahuano, dos sujetos movilizados en motoneta, los que se identificaron con sus respectivas placas como agentes de Investigaciones. Estos individuos le requirieron informaciones relativas a su esposo desaparecido y a las gestiones realizadas con el fin de localizar su paradero. Luego, y quedando de informarle cualquier antecedente de que dispusieran sobre Alfonso Araya, se retiraron del lugar. Jamás fue informada del resultado de estas dos investigaciones.

Cabe hacer presente que en la Investigación judicial llevada a cabo por el Sexto Juzgado del Crimen de Santiago, se informó por la Institución respectiva que revisados los Libros de Registros de Ordenes de Investigar de la Comisaría de Investigaciones de Concepción y Talcahuano, no aparece registrada orden de investigación por presunta desgracia o investigación de paradero, donde se mencione como denunciante a doña Madelina Araneda Gallardo.

Asimismo, en el mismo proceso se dejó constancia que, efectuadas las consultas entre los funcionarios de la Comisaría de Investigaciones de Talcahuano, manifestaron no haber entrevistado a la mencionada señora Araneda.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
El 13 de septiembre de 1976, Luis Araya Castillo, hermano del afectado, presentó un recurso de amparo en su favor, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el que fue rolado con el N°884?76.

La Corte rechazó el recurso el 29 de septiembre del mismo año, con el sólo informe negativo del Ministerio del Interior, respecto a la detención de Alfonso Araya Castillo.

Apelada la resolución precedente, ésta fue confirmada por la Excma. Corte Suprema el 5 de octubre de 1976.

El 14 de octubre de 1976, Luis Araya Castillo interpuso en favor de su hermano, una denuncia por el delito de secuestro ante el Sexto Juzgado del Crimen de Santiago, la que fue rolada con el N°94.942?Y.

Durante el curso de la tramitación de la causa, se adhirieron a la denuncia doña Madelina Araneda Gallardo y don Juan Kraljevich Balboa, cónyuge y amigo del afectado, respectivamente.

El denunciante solicitó al Tribunal la remisión de Oficios a la Dirección General de Carabineros, a Postas, Hospitales y Clínicas de la capital, al Ministerio del Interior y Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos, SENDET, al Servicio de Inteligencia de Carabineros, SICAR y a la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA. El Tribunal negó lugar a la remisión de Oficios a los dos últimos organismos mencionados, y ordenó pedir informe, además, al Ministro de Justicia.

El Jefe del Departamento de "Servicios Policiales" de Carabineros Coronel Manuel Cazanga Pereira, informó el 10 de noviembre de 1976, que "el ciudadano Alfonso del Carmen Araya Castillo no ha sido detenido por personal de Carabineros de la guarnición de Santiago".

Por su parte, el Ministro de Justicia de la época Miguel Schweitzer Speisky, informó el 30 de noviembre que "consultados los establecimientos penales de todo el país, se ha podido constatar que el afectado no se encuentra registrado en los libros estadísticos de dichos establecimientos".

Asimismo, las diversas Postas de la ciudad de Santiago, informaron en forma negativa al Tribunal, respecto a la existencia en ellas de antecedentes relativos a la persona de Alfonso Araya Castillo.

No existe constancia en autos de las respectivas respuestas a los Oficios remitidos al Ministerio del Interior y a la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos (SENDET).

La orden de investigar despachada en autos a la Policía de Investigaciones no aportó antecedentes que permitieran establecer la suerte y paradero del afectado. Luego de consignarse en ella la imposibilidad de entrevistar al denunciante Luis Araya Castillo, se limitó a transcribir lo expuesto por dicha persona en el libelo mediante el cual se interpuso la denuncia por secuestro.

Acompañando una fotocopia de publicación de prensa del Diario "El Mercurio" de fecha 22 de diciembre de 1976, la que daba cuenta de una entrevista sostenida entre el Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Alexander Hay, y el entonces Presidente de la República en la que se le hizo entrega a éste último de una lista de personas detenidas y desaparecidas la denunciante solicitó la realización de las siguientes diligencias, a saber: la remisión de Oficios al Organismo Internacional mencionado, Policía Internacional, Dirección General del Registro Civil a fin de que informara si en dicha repartición se registraba la defunción del afectado? y al Instituto Médico Legal.

El Tribunal, con fecha 25 de enero de 1977 dio lugar a las diligencias pedidas, con excepción del Oficio a la Cruz Roja Internacional, base y fundamento de las restantes.

Todos los organismos mencionados, por su parte informaron en términos negativos, durante el curso del mes de febrero de 1977. A petición de la denunciante, el 7 de abril de 1977, el Tribunal ordenó remitir Oficios, solicitando información sobre Alfonso Araya Castillo, a los diferentes Cementerios de la Capital, a la Dirección General de Carabineros, al Ministerio de Defensa, y la remisión de un exhorto circulante a todas las Fiscalías Militares y Navales. Respecto de esta última diligencia, no existe constancia en autos de su cumplimiento.

El Subsecretario de Guerra, Coronel Roberto Guillard Marinot, informó al Tribunal el 12 de agosto de 1977, que "los procesos que se instruyeron en virtud de las facultades que confiere el Estado de Sitio se encuentran centralizados en el Ministerio del Interior. Si tales procesos han sido sustanciados en virtud de órdenes de Autoridades Jurisdiccionales Militares, ya que estas son enteramente independientes del Mando Militar, el Tribunal debe dirigirse directamente a ellas".

Y, el 24 de agosto del mismo año, el Ministro del Interior, General de División Raúl Benavides Escobar, informó que el afectado no registra antecedentes en esa Secretaría de Estado ni se ha dictado orden o resolución alguna que le afecte. Y en relación al Oficio enviado a la Dirección General de Carabineros, expresó que dicho organismo, ha informado carecer de antecedentes sobre Alfonso Araya Castillo.

Por su parte, los distintos Cementerios de Santiago informaron también en forma negativa.

Adhiriéndose a la denuncia por secuestro, Juan Kraljevich B. ?amigo del afectado? solicitó se oficiara al Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que informara si el afectado había hecho abandono del país por la vía del asilo político; a los diversos organismos de seguridad del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros e Investigaciones; y al Departamento de Organizaciones Sindicales de la Dirección del Trabajo, para que informara acerca de los antecedentes sindicales de Alfonso Araya Castillo.

El 27 de octubre de 1977, el Tribunal accedió a todas las diligencias anotadas. Y, el 2 de diciembre del mismo año, a petición de la denunciante, se remitió Oficio a la Central Nacional de Informaciones (CNI).

El Jefe del Area Metropolitana de Investigaciones de Chile, Prefecto Juan Salinas Solís, informó el 16 de diciembre que "consultado el Departamento de Asesoría Técnica, Guardia de Prevención y Unidades dependientes de esta Jefatura, el afectado no ha sido detenido por personal de esta institución".

En el curso del mes de diciembre el Ministerio del Interior informó en términos negativos respecto a la detención del afectado, señalando que dicha información se entregaba en relación a lo solicitado por el Tribunal a los Servicios de Seguridad de la Armada, Carabineros, Ejército y Fuerza Aérea. No existe constancia en autos de la respuesta al Oficio enviado a la Central Nacional de Informaciones (CNI).

Con el mérito de los antecedentes allegados al proceso, el Tribunal el 10 de enero de 1978 sobreseyó temporalmente la causa, hasta que se presenten mejores datos de investigación. Consultada la resolución precedente, fue aprobada por la Excma. Corte Suprema, el 20 de abril de 1978.

El 9 de agosto de 1978 el Tribunal dejó sin efecto la resolución de sobreseimiento temporal decretado, y ordenó reponer la causa al estado de sumario para la prosecución de la investigación.

Tal decisión tuvo por base una petición de la denunciante en tal sentido, apoyándose en los siguientes antecedentes que se hicieron valer: se acompañó declaración jurada, en virtud de la cual la cónyuge del afectado Madelina Araneda Gallardo da cuenta de la "visita" de que fue objeto luego de participar en una huelga de hambre en la ciudad de Concepción abogando por obtener información respecto de la suerte y paradero de personas desaparecidas? por dos sujetos que se identificaron como funcionarios de la Policía de Investigaciones; se acompañó asimismo fotocopia de publicación de prensa del Diario "El Cronista" de fecha 22 de junio del corriente, en la cual el abogado del Gobierno, Ambrosio Rodríguez, señalaba que "los "supuestos desaparecidos" correspondían a personas que se encontraban viviendo en diversos países del exterior o cuyas identidades eran falsas".

Y, conjuntamente con la petición de reapertura del sumario, se pidió la práctica de las siguientes diligencias, a las que el Tribunal accedió: envío de Oficio a la Policía de Investigaciones de Concepción, a fin que informe sobre la efectividad de los hechos de que se dio cuenta en la declaración judicial acompañada; la remisión de exhorto al Juzgado del Crimen de Turno de dicha ciudad, a fin de que se citara a la presencia judicial a los dos agentes de Investigaciones que visitaron a la cónyuge del afectado; y la citación al abogado asesor político del Ministerio del Interior, Ambrosio Rodríguez Quiroz. Por su parte, el Tribunal de Oficio ordenó requerir de Investigaciones el envío del correspondiente extracto de filiación y antecedentes de Alfonso Araya Castillo, el que se agregó a los autos el 11 de octubre de 1978.

El 7 de septiembre de 1978, acompañando declaración jurada que da cuenta de una nueva "visita" a la cónyuge del afectado, por dos sujetos que se identificaron como agentes de Investigaciones y que le requirieron antecedentes sobre su esposo desaparecido, la Sra. Araneda solicitó al Tribunal pedir cuenta de las diligencias solicitadas a Investigaciones de Concepción. Y en el mismo escrito solicitó la remisión de Oficios a la Cruz Roja Internacional y a la Central Nacional de Informaciones. El Tribunal no dio a lugar a la última de las peticiones expuestas.

Sólo el 8 de septiembre de 1978 se agregó a los autos el informe del Jefe Subrogante de la Prefectura de Concepción, Subprefecto Carlos Muller Quintana, según el cual "revisados los libros de Registros de Ordenes de Investigar de las Comisarías de Concepción y Talcahuano, no aparece registrada ninguna orden de Investigación por Presunta Desgracia o Investigación de paradero, donde se mencione como denunciante a doña Medelina Araneda Gallardo".

No habiéndose evacuado el resto de las diligencias pedidas, la denunciante pidió al Tribunal se pidiera cuenta de las mismas, el 26 de diciembre de 1978.

El 4 de enero de 1979, la Comisaría de Investigaciones de Talcahuano, mediante exhorto, informó al Tribunal que "efectuadas las consultas a los funcionarios de esta Unidad, manifestaron no haber entrevistado a doña Madelina Araneda Gallardo, ni existe constancia del hecho que se menciona".

Por su parte, el Jefe de la Delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Chile, Francois Robadey, informó al Tribunal el 10 de enero que "Alfonso Araya Castillo figura en la nómina de personas cuyo paradero se desconoce que este Organismo presentó al Ministerio de Relaciones Exteriores el 16 de mayo de 1978, sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta sobre este caso".

Por su parte, el 22 de septiembre de 1978, se reiteró la citación a la presencia judicial del abogado Ambrosio Rodríguez Quiroz, sucediendo otro tanto con fecha 11 de octubre. El 28 de diciembre, por tercera vez, se reitera su citación y el 22 de marzo de 1979 se vuelve a insistir.

Previa solicitud de que se reiterara la citación aludida, el 25 de julio de 1979 no se da lugar a lo pedido "por improcedente", pues Ambrosio Rodríguez ya había declarado en otra causa sobre los mismos hechos. Sin embargo, sus declaraciones no constan en autos ni se agregaron a los mismos.

Habiéndose designado Ministro en Visita Extraordinaria, para conocer de los procesos por desaparecimientos de personas, al Magistrado de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, señor Servando Jordán, éste entró en el conocimiento de los autos materia del secuestro de Alfonso Araya Castillo el 18 de abril de 1979, ordenando la remisión de Oficios al Gabinete Central del Registro Civil e Identificación, a fin que remitiera el extracto de filiación y antecedentes del afectado, y a la Central Nacional de Informaciones (C.N.I.).

El 18 de junio de 1979, el Ministro del Interior de la época, Sergio Fernández Fernández, informó al Tribunal que "la Superioridad de la C.N.I. ha expresado sobre el particular que no se registra la detención de Alfonso Araya Castillo", y agrega que "el Director de la Central Nacional de Informaciones sugiere la conveniencia de hacer notar a SS. que la referida Central no es la continuadora legal de la ex?DINA, y que solamente le ha sucedido en el aspecto patrimonial".

El 25 de julio de 1979, el Ministro Jordán dio lugar a la petición de la denunciante de oficiar al Departamento de Asesoría Técnica de la Policía de Investigaciones, a fin de que remita los antecedentes políticos completos que en dicha Institución se registran de Alfonso Araya Castillo.

El 27 de septiembre de 1979, el Departamento de la Policía de Investigaciones aludido envió al Tribunal el siguiente informe: "1. en el Departamento de Extranjería y Policía Internacional, registra Araya Castillo, Alfonso, ingresó al país el 16 de abril de 1973, procedente de Rusia; Salida: no consta; 2. en Interpol figura el afectado, encargado por el SICAJSI de la Primera Zona Naval; 3.? en el Archivo Confidencial del Departamento de Informaciones figura el afectado como miembro de las Juventudes Comunistas de Valdivia, ocupando en el año 1973, el cargo de Secretario Regional. Filiación comunista; 4. El 14 de octubre de 1974 se encarga por ser integrante de una organización detectada el 3 de septiembre de ese año en Valparaíso; 5.? El 23 de octubre de 1974 figura en relación de personas buscadas por el SICAJSI PRIZONA; y 6.? el 17 de junio de 1976, el Estado Mayor de la Defensa Nacional lo envía en relación de personas buscadas, pidiéndose su detención a petición del SICAJSI Primera Zona Naval y Dirección de Inteligencia del Ejército".

En relación con el informe precedente, el Ministro señor Jordán ordenó certificar lo informado acerca de los "CAJSI" en el Cuaderno de Instalación de la Visita, y remitir un nuevo Oficio a la Policía de Investigaciones, a fin de que informara sobre la organización detectada en Valparaíso el 3 de septiembre de 1974.

El 29 de abril de 1980 se dejó constancia en autos que el Departamento de Informaciones de Investigaciones expresó que la sigla CAJSI corresponde a: "Comandancia Area Jurisdiccional Seguridad Interior", y depende de las Fuerzas Armadas, como ser Primera Zona Naval, Segunda División de Ejército y Tercera Brigada Aérea.

El 7 de mayo, se pidió cuenta del Oficio despachado a Investigaciones para que informara sobre la organización detectada en Valparaíso en 1974.

Sobre el particular, con fecha 20 de mayo, el Director General de Investigaciones, Ernesto Baeza Michaelsen, informó que"se pudo establecer que efectivamente el 3 de septiembre de 1974, en la ciudad de Valdivia y no en Valparaíso se detectó la existencia clandestina de un Comité Regional de las Juventudes Comunistas, en cuya directiva ocupaba el cargo de Secretario Regional Alfonso del Carmen Araya Castillo. Además, la persona mencionada integraba la organización marxista clandestina denominada "Pandora", cuya finalidad no ha sido posible establecer, pero entre otros objetivos habría tenido como misión llevar a efecto actos de sabotaje y terrorismo para sembrar el caos en la población, desarrollando así una acción militante y activa contra el Gobierno. La ubicación de los integrantes de la organización detectada en la ciudad de Valdivia, que se encontraban prófugos, fue encargada a través del SICAJSI de la Primera Zona Naval de Valparaíso, la que a su vez formuló este encargo a Investigaciones de Chile, por intermedio de la Prefectura de Valparaíso, Unidad que lo cursó al resto del país mediante Radiograma Circular N°2012/8 de fecha 23 de octubre de 1974".

En el mes de diciembre de 1979, la denunciante hace presente al Tribunal que durante todo el año 1976 la represión de los aparatos de seguridad actuó especialmente en contra de miembros del Partido Comunista, y que las detenciones y desaparecimientos ocurridos ese año de los militantes y dirigentes comunistas deben ser ligadas unas con otras, ya que indudablemente responden a una fría planificación metódica previa.

Se acompañó asimismo, fotocopias de publicación de prensa del mes de julio de 1976, que da cuenta de dos declaraciones públicas emitidas por la Dirección Nacional de Comunicación Social (DINACOS). En ambas, dicho Organismo se refiere al operativo que efectivos de seguridad desataron en la noche del 11 al 12 de mayo de ese año, en contra de 32 casas?buzón del Partido Comunista, reconociendo la detención de miembros de ese Partido. Posteriormente, en la segunda de las declaraciones vertidas se señala específicamente que fue detenido un grupo importante de otros dirigentes comunistas, haciendo hincapié en la reserva, "por razones obvias", de todos aquellos antecedentes que pudieran afectar la investigación en curso, referida a "la acción subversiva clandestina del Partido Comunista".

Asimismo, se acompañó fotocopia de la edición N°277 de 12 de agosto de 1976 del Semanario "Qué Pasa", que daba cuenta del operativo antes mencionado y de la detención de militantes y dirigentes del Partido Comunista en lo que iba corrido del año, agregando que con posterioridad el mismo fenómeno continuó y no sólo en Santiago, sino que también en otros centros de provincias como Concepción y Antofagasta.

Con estos antecedentes se solicita se remita Oficio a DINACOS, para que informe sobre los puntos expuestos.

El Tribunal proveyendo esta solicitud, el 18 de diciembre de 1979, resolvió que, atendido lo informado por la Dirección Nacional de Comunicación Social (DINACOS) a fs.75 (Oficio 312/77) y a fs.217 (Oficio 9049 de 11 de enero de 1978) del proceso rol N°16.455 del Noveno Juzgado del Crimen de Santiago, en orden a que "todo lo relacionado con secuestros y desaparecidos no corresponde al área de sus funciones", no dio lugar a lo pedido.

Finalmente, debe consignarse que prestaron declaración ante el Ministro señor Jordán, Pedro José Castillo Castillo, Etelvina del Carmen Castillo Nuñez y Emilia del Carmen Astudillo ?hermano, madre y cuñada del afectado, respectivamente?. Los que dieron cuenta, el primero de ellos, de la detención de que fue objeto en abril de 1976 por parte de miembros del Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR), siendo interrogado insistentemente sobre la persona y paradero de Alfonso Araya Castillo; y las dos últimas, acerca del allanamiento del hogar paterno del afectado en la ciudad de Ovalle, por efectivos de Carabineros, los que también trataron de inquirir antecedentes sobre Alfonso Araya.

Con todos los antecedentes expuestos, el Ministro en Visita Extraordinaria, declaró cerrado el sumario, y teniendo presente que no se encuentra completamente justificada la perpetración de un hecho punible, sobreseyó temporalmente la causa el 5 de junio de 1980, hasta que se produzcan nuevos y mejores datos para la investigación.

Consultada la precedente resolución, fue aprobada por la Excma. Corte Suprema, el 31 de julio de 1980.

El 29 de octubre se solicitó al Presidente de la Excma. Corte Suprema, señor José María Eyzaguirre, se constituyera, sin aviso previo y de acuerdo con las facultades que le concedía el Decreto Supremo N°187, en "Cuatro Alamos" y "Villa Grimaldi", a fin de constatar si se encontraba allí el afectado. Esta autoridad no se constituyó en los recintos solicitados.

Igual petición se hizo al Ministro de Justicia de la época, señor Miguel Schweitzer, sin obtener resultado alguno.

Asimismo, se denunció el caso ante diversas instancias y Organismos Internacionales.

Todo sería inútil. Desde aquel día de septiembre en que Alfonso del Carmen Araya Castillo salió de su domicilio, señalando que regresaría algunas horas más tarde, permanece desaparecido.


Esta pagina fue modificada el 17/07/2010

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