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Jaime Aldoney Vargas:
El Mostrador - Viernes, 12 de Enero de 2001 Gabriel Aldoney, ex intendente de la Quinta Región: ''El almirante Arancibia no cumplió su compromiso''por Rocío Berríos El hermano de Jaime Aldoney Vargas, regidor socialista detenido desaparecido desde el 13 de septiembre de 1973, asegura que el comandante en jefe de la Armada se comprometió a entregarle antecedentes sobre lo sucedido con su familiar, que fue visto con vida por última vez en la base aeronaval de Belloto. Los datos, finalmente, no aparecieron en la lista que entregó esa institución en el marco de la Mesa de Diálogo y el proceso judicial abierto por este emblemático caso recién comienza a mostrar avances. Como un joven "comprometido con los valores socialistas, trabajador, de un humor muy irónico" recuerda Gabriel Aldoney, intendente de la Quinta Región durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, a su hermano Jaime, cuyo rastro se perdió tras el golpe militar de 1973. Jaime, un destacado dirigente socialista, a esa fecha regidor e interventor de la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU), fue detenido junto a sus compañeros de trabajo por funcionarios de la Armada y torturado en la base aeronaval de El Belloto, según consta en las declaraciones de testigos en el proceso que se sigue en el Juzgado de Letras de Limache. En esa localidad, ubicada entre Quilpué y Villa Alemana, dejó de saberse de él. Gabriel Aldoney también fue detenido en 1973. Al año siguiente marchó al exilio, en la entonces RDA. Desde allá, y en silencio, comenzó a recabar información sobre su hermano, entre detenidos y uniformados, labor que continuó a su regreso a Chile. Así, intentando acercarse a los oficiales responsables de la detención de su hermano, consiguió del comandante en jefe de la Armada, Jorge Arancibia -según contó a este medio-, el compromiso de esclarecer el caso o, al menos, recopilar más antecedentes durante los seis meses de trabajo de los integrantes de la Mesa de Diálogo. Eso no ocurrió. Esta semana, el ex intendente se reunió con funcionarios del Ministerio del Interior, quienes le ratificaron que entre los antecedentes entregados por la Armada no hay dato alguno sobre el destino de Jaime Aldoney. "El almirante faltó a su compromiso. No hizo lo que me prometió. Lo que corresponde ahora, salvo que cambie la actitud de la Armada, es continuar con el proceso judicial. Nosotros hemos dado ya demasiadas señales de tener una actitud muy generosa, porque, insisto, no me interesa el castigo ni señalar con el dedo a nadie, pero tampoco esto significa que a uno le puedan meter el dedo en la boca”, sostiene Aldoney. Y sigue: “Al menos requerimos de gestos de arrepentimiento y de valentía que permitan procesar el dolor vivido durante todos estos años. Recién cuando se sabe por qué hechos concretos y a quién perdonar, puede surgir un genuino sentimiento de perdón". Hasta 1990 -cuando se presentó la denuncia por presunta desgracia, que cambiaría en 1999 a una querella por secuestro calificado- los familiares sólo habían podido constatar que Jaime Aldoney había sido detenido en la CCU, más algunos antecedentes que la abogada de la Vicaría de la Solidaridad Gioconda Cotroneo les ayudó a recabar. Explicaciones “preparadas” La causa no ha arrojado luces sobre los responsables, hecho del que los familiares responsabilizan a la jueza Rosario Lavín, en quien recayó la investigación hasta que fue trasladada a La Serena. De hecho, una fuente cercana al proceso aseguró que los oficiales involucrados más directamente en la desaparición aún no han declarado, pese a haber sido individualizados. Las contradicciones entre los que sí han hablado tampoco han sido resueltas en careos. "La causa giró en torno a pistas falsas y [la jueza] no inculpó a nadie. No citó a ningún uniformado a declarar, cuando era obvio que estaban involucrados. La jueza sobreseyó cuatro veces y la Corte de Apelaciones reabría por quedar diligencias pendientes", explicó la misma fuente. La magistrada, además, habría otorgado conocimiento del sumario a la parte querellada, facilitando, según los acusadores, que los responsables se coordinaran para no contradecirse a la hora de ser exhortados a decir verdad. Esta medida habría sido adoptada por la jueza sin darle a los representantes de la familia Aldoney la oportunidad de interponer un recurso de reposición, para mantener en secreto el sumario. En los hechos anteriores y simultáneos a la desaparición de Jaime Aldoney habrían intervenido no sólo funcionarios de la Armada, sino también de Investigaciones y de Carabineros. En el cuartel de esta última institución la víctima habría sido brutalmente golpeada, para luego ser trasladada en un camión de la Armada hacia El Belloto. Fuentes ligadas a la causa sostienen que la explicación que ha dado uno de los oficiales de esa repartición llamados a declarar, el almirante (R) Ernesto Huber Von Appen, es que Jaime Aldoney huyó el 13 de septiembre de 1973 de la base que él comandaba. Esta versión, que habrían repetido en similares términos otros oficiales navales, es rechazada de manera tajante por los querellantes, ya que, en una situación como la que se vivía en esos días, difícilmente un prisionero, "de guerra" en la concepción militar, podría haber escapado, menos aún si se consideran las deterioradas condiciones físicas en que fue visto Aldoney por los testigos detenidos junto a él. Obra también como prueba de la falsedad de esa versión, según una fuente, el hecho de que no exista ni siquiera un sumario por la presunta huida, en circunstancias que el personal responsable podría, al menos, haber sido dado de baja por tal negligencia. |
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