JAIME ALDONEY VARGAS Actualidad:EUROPA PRESS 16 de Junio 2001
El ex dictador chileno Augusto Pinochet recibió ayer dos nuevas querellas por el presunto secuestro de cinco niños y la desaparición de un opositor durante la dictadura, según fuentes de organizaciones humanitarias. El abogado Hiram Villagra, perteneciente a la organización CODEPU (Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo), presentó en Santiago una querella contra el general por los secuestros de Macarena Aguiló, Héctor Peña, Hugo Chacaltana y Alejandra y Natacha Pardex, todos ellos con edades comprendidas entre los 3 y los 16 años. Según el letrado, los menores fueron retenidos durante meses por la Policía secreta para obligar a sus padres a entregarse. La querella, presentada en la Corte de Apelaciones de Santiago, quedará en manos del juez Guzmán Tapia. Por otro lado, el abogado y diputado socialista Juan Bustos presentó otra querella en Valparaiso contra Pinochet por la desaparición de Jaime Aldoney en octubre de 1973. Aldoney fue arrestado en la ciudad de Limache por efectivos de la Armada, pero su rastro se perdió en la base aeronaval de El Belloto, en las afueras de Valparaiso, según los testimonios que entregó Bustos a la jueza Gabriela Corti Ortiz.
Primera Linea 6 de Agosto 2001
Cuatro oficiales (r) inculpados en desaparición de Aldoney
Querellantes pedirán hoy que el ex comandante en jefe de la Armada, Jorge Arancibia, declare ante la ministra en visita que investiga la desaparición del ex interventor de la CCU. El ahora candidato a senador por la UDI se mostró dispuesto a colaborar con esta investigación. Caso amenaza con destapar judicialmente las violaciones a los DDHH en que incurrió la marina, pues es el único de la Quinta Región en que la justicia ha avanzado. "A Jaime Aldoney lo mataron con las torturas en El Belloto. Yo lo vi moribundo, y luego los propios represores me decían a mí y a todos los detenidos en el lugar que estaba fiambre". Ese es el tenor del testimonio que entregó al Departamento Quinto de Investigaciones uno de los testigos clave del caso símbolo de las desapariciones forzosas de la Quinta Región.
La investigación a cargo de la ministra de fuero Gabriela Corti, ha dado origen al virtual esclarecimiento policial del caso y sólo restan las últimas diligencias para que la magistrada inicie los interrogatorios y careos de los cuatro oficiales (r) de la Armada inculpados en el caso con los testigos que los inculpan. El abogado Juan Bustos, querellante en el proceso, el martes presentará un escrito solicitando la citación e interrogatorio del ex comandante en jefe de la Armada y actual candidato a senador de la UDI Jorge Arancibia, por los antecedentes que tendría sobre el funcionamiento de centros de torturas de la Armada.
Los organismos represores de la Armada operaron en la base Aeronaval de El Belloto, el Sanatorio Naval y el Buque Maipo, entre otros escenarios de detención, tortura y desaparición de personas como Jaime Aldoney.
La nómina sobre la que trabaja la jueza Corti incluye al contraalmirante (R) Ernesto Huber von Appen, quien se desempeñaba en la época como comandante de la Aviación Naval con asiento en El Belloto y "no pudo desconocer las torturas que se aplicaban en el lugar que estaba a su mando", reza la querella que pide su procesamiento. También figura como inculpado el jefe de plaza de Limache y Olmué, ex comandante Sergio Iván Mendoza Rojas, que también se desempeñó como jefe de plaza en Limache y Olmué. El oficial en retiro "recibía órdenes directas de la superioridad naval, incluyendo las que se referían a detenciones por motivos políticos", agrega el libelo. Patricio Villalobos Lobos figura como el encargado de inteligencia en la base durante 1973 y "su labor específica consistía, al menos, en ordenar las detenciones de personas que figuraban en una lista que le entrega la superioridad y en recibir a los prisioneros capturados, procediendo a dirigir los interrogatorios que se realizaban". El ex teniente Pedro Pablo Arancibia Solar fue reconocido por uno de los testigos en la causa como el más cruel torturador del recinto. Respondía a la chapa de "el colorín"
Primera Linea 8 de Agosto 2001
Querellantes piden que ex almirante Arancibia declare
Luego de volver de su exilio y mientras se desempeñaba como intendente de la Quinta Región, Gabriel Aldoney, se entrevistó con el entonces comandante en jefe de la Armada, Jorge Arancibia, para solicitarle información sobre las circunstancias que rodearon la detención y desaparición de su hermano, Jaime Aldoney, hecho acaecido el 13 de septiembre de 1973.
Arancibia de inmediato acogió la solicitud y se comprometió a "esclarecer el caso o, al menos, recopilar más antecedentes durante los seis meses de trabajo de la Mesa Diálogo". Los plazos se cumplieron, pero Gabriel Aldoney no recibió ninguna respuesta, ni tuvo noticias de una comisión especial de la Armada que creada para aportar datos al caso que en esa época se tramitaba en el Juzgado de Letras de Limache.
En el escrito se pide que Arancibia informe: "Quiénes integraban la comisión especial", "qué proporcione los nombres de los funcionarios de la Armada que entregaron antecedentes y que fueron citados para efectos de la investigación interna", "qué se entregue la fecha en que funcionó la entidad" y "se explique por qué, en el marco de la Mesa de Diálogo, la Armada no entregó antecedentes sobre casos de violaciones a los derechos humanos, aunque estaba informada sobre el caso Aldoney".
El Mostrador 25 de Agosto 2001
Entregan datos sobre lugar donde está enterrado Aldoney
Un testigo que no quiso identificarse entregó hoy nuevos datos sobre el lugar donde habrían sido inhumanos los restos del ex regidor por Limache y ex interventor de la CCU, Jaime Aldoney Vargas.
La informacion la dieron a conocer los diputados Laura Soto (PPD) y Juan Bustos (PS), informó Radio Cooperativa. Los diputados son los abogados querellantes en la causa que actualmente lleva la ministra de fuero de la Corte de Apelaciones de Valparaiso, Gloria Corti. Según el testigo, los restos de Aldoney Vargas se encuentran en los alrededores o al interior de la ex base aeronaval de El Belloto.
La parlamentaria llamó al ex comandante en jefe de la Armada, Jorge Arancibia para que se presente ante la ministro debido a que cuando ejerció el mando naval constituyó una comisión que investigaría este hecho a peticion del ex intendente de la Quinta Región, Gabriel Aldoney, hermano del desaparecido. Los resultados de la investigacion nunca fueron entregados por Arancibia.
Primera Linea 19 de Octubre 2001
El campo de prisioneros donde buscan restos de Aldoney
A 950 metros sobre el nivel del mar y en una zona de difícil acceso, ubicada al interior de un fundo en el llano Lliu Lliu, valle de Colliguay, está Isla Riesco, el recinto de reclusión ilegal que dos testigos que han declarado ante la ministra de fuero Gabriela Corti identifican como el posible lugar donde se encontrarían los restos del desaparecido ex interventor de la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU), Jaime Aldoney.
Hasta ahora su existencia no había podido ser comprobada debido a que las personas que estuvieron detenidas allí siempre fueron conducidas con la vista vendada y trasladadas en su gran mayoría en helicóptero. La denominación que se le dio en la Armada contribuyó también a ocultar su rastro, al igual que el hecho que se trató de un centro de reclusión de tránsito.
Pero en manos de la ministra Corti constan hoy antecedentes que prueban que desde octubre de 1973 y hasta abril de 1974 este campo funcionó bajo la conducción de agentes del Servicio de Inteligencia Naval (SIN), los mismos que ordenaban las operaciones en la base aeronaval de El Belloto y en el Sanatorio Naval.
Los testimonios de un ex integrante de la Armada y de un civil que estuvieron en este sitio, cuyas identidades permanecen en la más estricta reserva, han permitido establecer que en ese período estuvieron recluidas ahí 600 personas en una primera etapa, para luego descender abruptamente a 200.
Hace más de dos meses llegó hasta la denominada Isla Riesco un equipo especializado de profesionales del Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones, que durante siete horas revisó palmo a palmo los despojos de este recinto desmantelado completamente a fines de 1974 debido a la inestabilidad del terreno, el difícil acceso de vehículos y las inundaciones a que estaba sujeto en el invierno.
Hoy sólo se encuentran en el lugar montículos de tierra y pozos de profundidades que oscilan entre los seis y doce metros, otorgando un mudo testimonio de la práctica habitual en el recinto: los detenidos eran enterrados allí y luego podían volver a respirar el aire en la superficie, cuando uno de los infantes de marina a su cargo se apiadaba de ellos.
Las cuatro perforaciones en el suelo, con dimensiones que permiten cobijar varios cuerpos en su interior, provocaron inquietud entre la policía civil, que de inmediato alertó a la ministra Corti de la necesidad de realizar cuanto antes la inspección de este terreno, propiedad de la familia Matte.
Sin embargo, la diligencia aún no se concreta, aunque al menos en dos ocasiones la magistrada ha fijado fecha para constituirse en el lugar. La primera de ellas sería el 22 de septiembre pasado. En los tribunales de Valparaíso se comenta que la falta de recursos con que cuenta la investigación ha imposibilitado a esta ministra de fuero visitar la zona, debido a las enormes dificultades de acceso que presenta.
Remociones de terreno y perforaciones profundas
En el extremo norte del recinto existe evidencia de remoción de tierras con al menos cuatro montículos sobresalientes que hablan de excavaciones recientes. Si a ello se suma la presencia de bloques de cemento de al menos dos metros de diámetro, el escenario revela indicios que dan sustento a los testimonios que indican que algo se ocultó en el lugar.
Frecuente era -relatan los lugareños- escuchar durante gran parte del día, pero especialmente en la noche, helicópteros que trasladaban extraños bultos que jamás supieron a qué correspondían.
Estos informes y los recuerdos de prisioneros que estuvieron en el lugar, han contribuido a dilucidar el modus operandi de la Armada en la zona y la preponderancia del Servicio de Inteligencia Naval en las actividades represivas coordinadas con Carabineros e Investigaciones
Testigos responsabilizan al SIN de dirigir Isla Riesco
Inmediatamente después del bombardeo contra La Moneda el 11 de septiembre de 1973, equipos especializados que conformaban un verdadero "comando conjunto" aglutinando fuerzas de diferentes ramas castrenses comenzaron a detener a los primeros eventuales opositores al régimen.
Desde ese momento se definió una línea común en las detenciones en la zona de Limache. Gran parte de los apresados quedaron en manos de la Tercera Comisaría de esta ciudad, donde comenzaron los tratos vejatorios y las golpizas que, entre otros, recibió Jaime Aldoney. Otro grupo tuvo su primer contacto con la represión cuando integrantes del SIN llegaron hasta sus domicilios y los trasladaron directamente hasta el Sanatorio Naval.
Independiente de su primer lugar de detención, el paso siguiente, y casi obligatorio, era caer manos en manos de los uniformados de la base aeronaval de El Belloto. Ahí la estadía no superaba el mes y la tónica era la aplicación de torturas en extremo violentas por miembros de la Armada.
Pero las agresiones no se acababan allí, pues los detenidos eran enviados entonces al buque Lebú, que los llevaba a Pisagua, o bien viajaban en helicóptero hasta la Isla Riesco.
En un comienzo muchos de los prisioneros que estuvieron en las minúsculas celdas de la Isla, bajo la atenta vigilancia de infantes de marinas, señalaban que habían permanecido en una isla. Lo cierto es que los antecedentes demuestran que se ubicaban en un sitio en extremo húmedo con minas a su alrededor y que estaba bajo la tutela del SIN.
Hasta diciembre de 1973 los infantes de marina protagonizaron -según relatan los habitantes de la zona- violentos altercados. Era común escuchar simulacros de fusilamientos y habitualmente se veía en el cielo una densa humareda, en extremo sospechosa. Pero tal vez lo que más alerto a los vecinos fue el ir y venir de helicópteros que abandonaban cargas y tomaban otras con rumbo desconocido.
Incluso los arrieros aseguran que vieron cómo cientos de personas deambulaban en el patio interior del recinto bajo la atenta vigilancia de las metralletas de los marinos.
Luego, cuando los conscriptos de la Armada tomaron el control de la Isla en enero de 1974, hubo una notoria disminución de ruidos de armas. Ya no pasaban tan seguidos los helicópteros y se vislumbraba -aseguran los lugareños- que los prisioneros eran menos.
Aunque eran escasas las posibilidades de salir con vida de Isla Riesco, hubo sobrevivientes que se han acercado a la jueza Corti para informar sobre su accidentada permanencia en el lugar; otros en cambio, fueron traslados hacia el buque Lebú y conducidos hasta Pisagua.
Más tarde, en 1975, el Cuartel Silva Palma lideró las reclusiones con una agudización de las torturas que aplicaba el SIN para obtener confesiones forzadas de sus detenidos.
Las investigaciones judiciales aún no dan luces sobre la estructura jerárquica de la Isla, pero testigos señalan que muchos de los responsables de El Belloto visitaban frecuentemente este centro y ejercían roles de jefatura.
Así mencionan a Patricio Villalobos Lobos, quien se desempeñó como jefe de inteligencia de aviación naval y es reconocido en El Belloto como uno de los más violentos interrogadores. También destaca quien ocupara el puesto de comandante de esta base aeronaval, Sergio Iván Mendoza Rojas, quien asumió como jefe de plaza de Limache y Olmué. Por último, se indica que el oficial Pedro Pablo Arancibia, alias el "Colorín", participó en las torturas de la Isla Riesco.
La investigación de la jueza Corti avanza a pasos agigantados gracias a los testimonios de ex prisioneros que hoy exigen sanciones para los responsables de las muertes de Aldoney (desaparecido el 14 de septiembre de 1973) y de los restantes 88 detenidos desaparecidos que estuvieron en El Belloto, la Isla Riesco y en otros recintos clandestinos de la Armada de la Quinta Región
Primera Linea 31 de Octubre 2001
Caso Aldoney: Jueza Corti se constituyó en Isla Riesco
Cumpliendo así con una diligencia postergada en tres ocasiones, la ministra de fuero Gabriela Corti se constituyó por primera vez en Colliguay, el predio abandonado donde funcionó en 1973 y 1974 la Isla Riesco, centro de detención clandestino, en donde de acuerdo a testigos, estarían los restos del ex interventor de la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU), Jaime Aldoney.
La comitiva que acompañó a la magistrada llegó al predio propiedad de la familia Matte, a bordo de dos helicópteros, donde viajaban también testigos y personal del Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones.
Durante 30 minutos la jueza especial hizo una inspección preliminar al recinto y ordenó a los efectivos que la acompañaban, entre ellos dos geólogos, que comenzarán con la larga tarea de búsqueda de supuestas osamentas en el lugar.
Los antecedentes recabados hasta el momento han permitido establecer que la Isla Riesco estaba bajo el mando de efectivos del Servicio de Inteligencia Naval, organismo que operó en la Quinta y Octava Región y que tuvo su cede en el Cuartel Silva Palma de Valparaíso, lo cual anexa nuevos nombres a la lista preliminar de inculpados.
Mientras, los querellantes en el caso han apelado ante la Corte de Apelaciones local por la prohibición de conocer el sumario que dictó la jueza y que afecta también a los abogados del Programa de Derechos Humanos que se hicieron parte en la causa de Aldoney.
Los trabajos de los profesionales al mando de la jueza Corti deberían prolongarse por varios días. Tras la realización de esta diligencia, la propia magistrada había confirmado a los querellantes en el caso que emitiría la citación para interrogar al ex comandante en jefe de la Armada, almirante (r) y actual candidato a senador por la Quinta Costa, Jorge Arancibia. Ello debido a que el oficial en retiro se comprometió ante el hermano de Aldoney, el ex intendente de la Quinta Región Gabriel Aldoney a conformar en el marco de la Mesa de Diálogo un equipo de efectivos dedicados a recabar información sobre la desaparición de Jaime, compromiso que no se cumplió.
Primera Linea 10 de Diciembre 2001
Caso Aldoney: Testigo identifica a responsable de torturas
Pese al hermetismo que rodea a los principales inculpados en la desaparición del ex interventor de la CCU, Jaime Aldoney, lentamente las piezas comienzan a encajar y ya dan los primeros nombres de ex efectivos de la Armada que propinaron las torturas que terminaron con la vida del detenido en 1973.
Desde Estados Unidos, la ministra de fuero Gabriela Corti recibió antecedentes de parte de un testigo presencial de los tormentos que sufrió Aldoney y que próximamente entregará más datos al Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones. El testimonio indica que el 13 de septiembre de 1973, el ex interventor -que llevaba un día en El Belloto- fue violentamente golpeado por el ex teniente Pedro Pablo Arancibia Solar, alias "el colorín". Después de esta jornada de agresiones se perdió definitivamente la pista del detenido, hermano del ex intendente de la V Región. La trascendencia de esta declaración podría significar incluso que la ministra Corti, o integrantes de su tribunal, viajen hasta EE.UU. para conocer de primera fuente todos los antecedentes que maneja el testigo.
PrimeraLinea 18 de Abril 2002
Caso Aldoney: con nuevos enigmas se prolongan diligencias
Los fracasos registrados hasta el momento en las diligencias que efectúa la ministra de fuero Gabriela Corti en el desaparecido campo de prisioneros de Isla Riesco no han debilitado en absoluto la convicción de la magistrada, decidida a insistir por unos diez días más en las excavaciones en la zona.
Fijado preliminarmente para el 13, 14 y 15 de abril, la ministra cambió en el último minuto la fecha de los trabajos, trasladándose -por temor a intrusos- el martes de la semana pasada hasta el predio de la familia Matte en Colliguay. En el lugar, los peritos estuvieron hasta el jueves y reanudaron el lunes los trabajos que se extenderán por toda esta semana, aunque ya sin la presencia de la ministra.
Aprovechando la vía terrestre trazada por la maquinaria pesada que arrendó la jueza para efectuar esta crucial diligencia, arribaron hasta la Isla los expertos del Servicio Médico Legal -arqueólogos y antropólogos- junto a los peritos del Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones que resguardan el acceso al lugar, para impedir que cualquier información se filtre.
En el más absoluto silencio la magistrada ha chequeado la información entregada por dos testigos secretos -uno civil que estuvo presumiblemente detenido en el recinto y otro perteneciente a la Armada- sin que hasta el momento se pueda confirmar la existencia de osamentas en sendos pozos que rodean el centro de reclusión clandestina.
Durante las pesquisas, una de las dos retroexcavadora con que cuenta la ministra para los trabajos sufrió una avería que detuvo temporalmente las tareas. Esto no fue obstáculo para que se pudiera inspeccionar uno de los puntos donde se aseguraba que existían osamentas humanas.
Rastreados la totalidad de los pozos de la Isla Riesco, se detectó sólo la presencia de heces humanas, antecedente que destruye la tesis de la existencia de osamentas en este punto.
Sin embargo, permite avanzar en otro de los testimonios que hablan que dentro de las prácticas de tortura del recinto era común enterrar a los detenidos en fosas con excretas, donde permanecían por horas para luego ser rescatados en precario estado de salud.
Demoras en caso Quillota
Se estima que sólo una vez que la ministra agote las diligencias en el recinto de la familia Matte, trasladará a los equipos hasta la Escuela de Caballería de Quillota, lugar emblemático en el que desde principios de 1990 se presume la posible existencia de fosas comunes con osamentas humanas. Pese al interés de agrupaciones de derechos humanos y jueces instructores de procesos sobre el tema, jamás se ha podido indagar el recinto.
Pero eso no es todo, porque la jueza también efectuará las excavaciones en el Regimiento Maipo, para saber si los cuerpos de detenidos desaparecidos de Quillota y Limache yacen en el lugar.
A la fecha las pesquisas de la ministra avanzan bajo el supuesto de encontrar a cualquiera de los 41 detenidos desaparecidos de la Quinta Región que señala el Informe Rettig. Sin embargo, se prefiere no entregar nombres pues en primer lugar no existe certeza plena que las osamentas se encuentren en el recinto abandonado ni se descarta que allí también se haya aplicado la técnica de las remosiones.
Por ello fuentes ligadas a la causa son claras en señalar que al menos en lo que respecta al ex interventor de la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU) Jaime Aldoney -proceso que desencadenó la serie de diligencias en la Isla Riesco- existen datos fundados sobre que alguna vez sus restos estuvieron en el recinto, pero no así en el caso del sacerdote británico Michael Woodward.
En cuanto a la causa de Quillota que indaga la ejecución de seis prisioneros el 18 de enero de 1974, se trata del jefe del departamento técnico de la Corporación de Reforma Agraria (Cora) Víctor Enríquez Fuenzalida, el empleado de la tesorería Manuel Hernán Hurtado, Osvaldo Mario Manzano Cortez (obrero textil), Julio Arturo Loo Prado (obrero textil), Angel Mario Díaz Castro (dirigente poblacional) y Hugo Hernán Aranda (dirigente poblacional), quien según la versión oficial habría sido ultimado tras un intento de fuga. Estos cuerpos fueron entregados, sin incluir los restos de los fiscales de la Cora Pablo Gac Espinoza y Guillermo Cabezas Pares, quienes estarían aún sepultados en el regimiento.
En este proceso, la orden amplia de investigar decretada a principios de año por la ministra sigue ejecutándose y resta aún la toma de declaración de presuntos implicados en el caso. Se estima que justamente por este motivo la magistrada prefirió retornar a las actividades de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, donde junto con integrar sala debe tomar las últimos interrogatorios en este proceso que -según fuentes ligadas al caso- se encuentra policialmente aclarado
Primera Linea 2 de Mayo 2002
Caso Aldoney: Ministra Corti encabeza diligencias en Colliguay
La ministra de fuero Gabriela Corti encabezó las pericias que se realizaron durante la jornada en el predio de Colliguay, en las cercanías de Quilpué, en busca de osamentas de detenidos desaparecidos, entre ellos el del ex interventor de la CCU, Jaime Aldoney.
Según informó Televisión Nacional, la magistrada se trasladó hasta el fundo de propiedad de la familia Matte, junto a un equipo del departamento Quinto de la Policía de Investigaciones y especialistas del Servicio Médico Legal.
El grupo también trabajó a unos diez kilómetros al interior del fundo El Llano, donde según el testimonio de algunos testigos habría restos de DD.DD.
Se espera que la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordene en los próximos días iniciar nuevas excavaciones al interior de estos terrenos para seguir avanzando en la investigación.
PrimeraLinea 13 de Julio2002
Diputados piden ministro en visita por desaparecidos
Los diputados Laura Soto (PPD) y Juan Bustos (PS) solicitaron hoy al ministro de Justicia, José Antonio Gómez, que el gobierno se sume a la solicitud para que se designe un juez en visita o de dedicación exclusiva que se aboque al llamado caso de los desaparecidos de Quillota.
Laura Soto informó que el secretario de Estado les manifestó que si bien concordaba plenamente con lo expuesto, la petición debía hacerse ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Sin embargo, agregó la parlamentaria, Gómez comprometió los recursos de su cartera, en caso de designarse un juez especial, para que la investigación se desarrolle eficientemente.
La diputada aclaró que la solicitud ante el tribunal de alzada porteño se formalizará este lunes. Agregó en este sentido que en caso de rechazarse el recurso, solicitarán un juez con dedicación exclusiva.
Los diputados estuvieron acompañados en la reunion por Gabriel Aldoney, cuyo hermano, Jaime, era regidor por la ciudad de Limache y ex interventor de la CCU, y se encuentra desaparecido desde el año 1973.
PrimeraLinea 22 de Julio 2002
Investigaciones de Valparaíso quedarían sin juez instructor
Los coletazos del fallo que sobreseyó a Augusto Pinochet se han hecho sentir con fuerza en la Quinta Región y puntualmente entre un grupo de abogados querellantes que tramitan causas en manos de la ministra de fuero Gabriela Corti de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Las investigaciones sobre la desaparición de Jaime Aldoney, la matanza de la Escuela de Caballería de Quillota y la muerte del sacerdote británico Michael Woodward se encuentran en serio peligro de quedar en el aire ante los constantes rumores que hablan que la jueza abandonaría los procesos atendiendo a que ya no puede ejercer como ministro de fuero.
Y es que el trascendental dictamen de la Sala Penal de la Corte Suprema dejó en claro que, atendiendo a la demencia del octogenario militar, éste deja de ser "sujeto imputable penalmente", lo que dicho en otras palabras lo inhabilita de asumir responsabilidades en procesos judiciales. Con ello, la existencia de los ministros de fuero Juan Guzmán Tapia, Hernán Matus y Gabriela Corti quedaría sin efecto, aunque en el caso del primero, al tener causas radicadas puede seguir trabajando con esta denominación.
Situación diferente es la del ministro Matus, quien desde la Corte de Apelaciones de San Miguel tiene trabada una contienda de competencia con Guzmán por el caso de sobrevivientes del campo de prisioneros de Tejas Verdes.
Fuerte tentación
Para los querellantes, independiente del verdadero interés que ha demostrado durante la investigación la magistrada -que incluso ha impedido el conocimiento de sumario a las partes para evitar filtraciones que alteren el avance de sus casos-, existe un hecho cierto: la tentación de quitarse de los hombros la pesada carga de los tres casos más emblemáticos de víctimas de la dictadura en la Quinta Región es muy fuerte.
La inquietud ha llegado a tal punto que hace algunos días los abogados Juan Bustos, la diputada Laura Soto y el ex intendente de la Quinta Región Gabriel Aldoney se entrevistaron con el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, para analizar el panorama. En la oportunidad el secretario de Estado reiteró la preocupación del gobierno porque las causas de derechos humanos se revisen con celeridad y de una vez se acabe con este tema pendiente, garantizando de paso todas las gestiones posibles.
La respuesta fue interpretada como una señal positiva -a pesar de que se termine con la ministra de fuero-, que habla de las altas probabilidades que tras dicha acción se inste a los tribunales a designar un ministro en visita para estos casos.
Acogiendo el gesto, los juristas querellantes en el caso Aldoney ya tienen preparada una presentación ante la eventualidad que la jueza Corti desestime su competencia en el caso y de este modo soliciten inmediatamente un ministro en visita que agrupe a todos los casos de la Quinta Región.
En el caso de Quillota, los querellantes concurrieron hasta el despacho de la magistrada en Valparaíso entregándole una solicitud para que siga adelante con la totalidad de procesos que instruye, destacando su trabajo y la celeridad que ha registrado en la activación de dichas causas.
Aunque la idea era entrevistarse directamente con ella, esto no fue posible debido a que continúa con diligencias en terreno, excavando en la Escuela de Caballería del Ejército tras las pistas de osamentas humanas que aún no encuentra.
Pero esta presentación no ha sido la única, ya que un grupo de abogados del Codepu liderado por Hiram Villagra concurrió hasta el despacho del presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Carlos Cerda, para analizar los síntomas post fallo de Pinochet.
En el encuentro el magistrado habría señalado que más allá de la decisión de la jueza instructora había una posición instaurada en los tribunales en que las causas de derechos humanos no podían ser lanzadas al aire y abandonadas nuevamente.
Con ello entregó una señal potente a los querellantes en este proceso y un ligero respiro de alivio. Ahora la apuesta se encuentra en esperar los primeros procesamientos de la ministra de fuero y confiar que prime la cercanía con los casos ante la tentación de aliviar una tremenda carga judicial, y también moral
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