MIGUEL ANGEL ACUÑA CASTILLO
Actualidad:
Primera Linea 22 Junio 2001
Emboscada a casos clave de la DINA, el Comando Conjunto y la CNI
El lunes la Corporación Administrativa del poder judicial deberá informar el costo que tendrá la nominación de los jueces especiales. Mientras, el mundo de los derechos humanos tiene la esperanza que ellos avancen donde hasta ahora sus esfuerzos han sido infructíferos: las causas beneficiadas con un juez de dedicación exclusiva corresponden mayoritariamente a desapariciones perpetradas por la DINA, el Comando Conjunto y a un caso emblemático de la CNI.
La hora de la Dina
El cerco se estrecha sobre la DINA con el caso del militante del MIR, Carlos Cubillos Gálvez, detenido en 1974 en una calle de la comuna de Nuñoa. Testigos señalaron que fue conducido al recinto de Londres 38 y no volvió a saberse de él. Su causa - rol 11337/6- está en el Octavo Juzgado del Crimen de Santiago.
En ese mismo juzgado está radicada la causa del militante del MIR, Juan Carlos Perelman (rol 12193-8), quien fue detenido en 1975 por efectivos de la DINA junto a su conviviente, quien tiempo después fue liberada. La Comisión Rettig afirmó que su desaparición fue responsabilidad de agentes del Estado.
El 1 de agosto de 1974 fue detenido Sergio Sebastián Montecinos Alfaro, quien, sus 28 años, era el coordinador sindical de los partidos políticos que habían adherido a la UP en la Zona Oeste de Santiago. Fue sacado de su hogar por efectivos de la DINA y visto por última vez en el recinto de Londres 38. Su causa Nº2310-00, consta también en el Octavo Juzgado de Santiago.
El secuestró de Luis Jaime Palominos Rojas, el 7 de diciembre de 1974, es responsabilidad del mismo organismo de seguridad. La causa de este militante del MIR, rotulada con el número 2808-5, también será instruida por un juez especial en el 11º Juzgado del Crimen de Santiago.
El ministro de dedicación exclusiva de ese mismo tribunal se abocará al caso de Jaime Cadiz Norambuena (causa 768-6). Este militante del MIR fue detenido en la población José María Caro y desapareció desde el recinto de la DINA de Londres 38.
El número 2161-8 de ese juzgado consigna otra causa de la DINA en que el juez pondrá acento. El mirista Jorge Humberto D´orival Briceño fue detenido en su hogar de la comuna de Conchalí y visto luego, junto a otros dos detenidos, en Villa Grimaldi. A los tres se les perdió la pista en el recinto de Cuatro Alamos.
El juez de dedicación exclusiva del Tercer Juzgado del Crimen de San Miguel investigará el caso de Leopoldo Muñoz Andrade, militante del MIR que desapareció desde el recinto DINA de Cuatro Alamos. En las manos de este magistrado estará además esclarecer la desaparición de otro mirista, Daniel Reyes Piña, quien fue visto por última vez en Londres 38.
A ese organismo represor se atribuye también la desaparición de Víctor Fernando Olea Alegría el 11 de septiembre de 1974. Tenía 24 años cuando fue detenido por agentes en la vía pública. Su causa está radicada en el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago con el número 76667.
Otro caso que tendrá especial atención será el de Washington Cid Urrutia, quien desapareció en 1974 desde Villa Grimaldi. Su causa está radicada en el Décimo Juzgado del Crimen de Santiago y es atribuido a la DINA.
Hacia otros organismos represores
No sólo la DINA será investigada por los jueces especiales. Las acciones criminales perpetradas por el Comando Conjunto tendrán el mismo destino. De hecho, el mandato de la Suprema toca las hebras de uno de los casos que ofrece las mayores contradicciones con el informe de las FF.AA: la desaparición del militante de las Juventudes Comunistas Carol Fedor Flores Castillo.
El informe castrense establece que Flores Castillo fue detenido en 1976, muerto y arrojado al mar en las costas de San Antonio. Sin embargo, Flores fue apresado junto a sus hermanos en 1974 y permaneció recluido seis meses. En 1976 comenzó a colaborar con el Comando Conjunto, proceso que se extendió hasta el 7 de junio de ese año. El ex agente del comando conjunto Andrés Valenzuela confesó que fue muerto junto a un soldado en el Cajón del Maipo y arrojado al río. Ahora su crimen será investigado por el juez del Décimo Juzgado de Santiago.
En el Cuarto Juzgado del Crimen de San Miguel, bajo el número 10161, consta el caso de Alonso Gahona Chávez, quien habría fallecido víctima de reiteradas torturas junto a Humberto Castro en el llamado "Nido 20". Así se conocía al recinto secreto de detención y tortura ubicado en la calle Santa Teresa 037, cerca del paradero 20 de la Gran Avenida de Santiago. Este recinto funcionó durante 1975 bajo control de agentes de la DIFA con quienes colaboraban civiles provenientes de grupos nacionalistas o de extrema derecha.
La guardia exterior del recinto estuvo a cargo de alumnos de la Escuela de Especialidades de la Fuerza Aérea. Gahona, dirigente de los obreros de la Municipalidad de La Cisterna y militante comunista, conocido como «Yuri», había sido detenido el 8 de septiembre de 1975 en la vía pública. Su cadáver habría sido envuelto en plástico y, al parecer, arrojado al mar.
Desde el recinto llamado "Remo Cero", del regimiento de artillería anti-aérea de Colina fue sacado y posiblemente enterrado en terrenos militares de Peldehue, Miguel Rodríguez Gallardo. La causa 10617 del cuarto juzgado de San Miguel intentará llegar hasta las bases del Comando Conjunto.
También un juez especial investigará el destino de al menos uno de los detenidos desaparecidos de La Moneda. En el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago está la causa 17584, que corresponde a Osvaldo Ramos Rivera, miembro del GAP de sólo 22 años.
Ramos fue detenido en el interior del palacio gubernamental por militares, junto a Antonio Aguirre Vásquez. Producto de sus heridas, ambos fueron trasladados a la Posta Central donde existe constancia de su permanencia. Fueron sacados desde allí por personal uniformado y desde entonces se desconoce su paradero.
En el Octavo Juzgado del Crimen de Santiago será investigado el caso de otro GAP, Mario Ramiro Melo, oficial del Ejército retirado, desaparecido desde el 29 de septiembre de 1973.
El caso de Miguel Acuña Castillo, rotulado con el número 11509-8 en el Octavo Juzgado de Santiago, también será investigado. Acuña era dirigente de la sección de estudiantes secundarios del MIR cuando desapareció en 1974, junto a su amigo Héctor Garay Hermosilla.
La labor de los jueces especiales se extenderá además a la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea. En el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago será visto el caso de José Luis Baeza, de 41 años, vendedor y miembro del Comité Central del PC. Fue aprehendido junto a otras tres personas en una casa en Santiago que servía para reuniones y contactos de miembros de esa colectividad.
Los autores de la detención fueron identificados como miembros del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, comandados por un conocido Jefe de Inteligencia. Baeza fue llevado a la Academia de Guerra de esa institución, donde fue visto por varios testigos. Estos testimonios contradicen la versión oficial entregada por el Ministro del Interior que, en esa época, negó su detención
PrimeraLinea 30 de Mayo 2002
Jueza exclusiva cita a declarar a dos periodistas por DD.DD.
La jueza con dedicación exclusiva en materias de derechos humanos, María Inés Collin, decidió citar a declarar a los periodistas Ricardo Coya y Esteban Monteros por el caso de Miguel Angel Acuña Castillo, desaparecido desde 1974.
La titular del Octavo Juzgado del Crimen de Santiago intenta con esta diligencia esclarecer si los profesionales, que en ese tiempo se desempeñaban como periodistas del sector policial en Televisión Nacional, sostienen la veracidad de informaciones que hablaban de "enfrentamientos" con opositores de la dictadura, o si estos hechos fueron utilizados sólo para encubrir las ejecuciones.
Según informa El Mostrador, un elemento clave en esta indagación son filmaciones de la época que registraron muertes en los supuestos combates.
El testimonio de ambos periodistas está fijado para el próximo 6 de junio.
Miguel Angel Acuña, estudiante de la Universidad de Chile, de 19 años y militante del MIR, fue detenido el 8 de julio de 1974 alrededor de las 23:30 horas, por agentes de la DINA que lo esperaron en las cercanías de su domicilio ubicado en el sector de Rodrigo de Araya, Macul. Junto a él desapareció Héctor Garay Hermosilla, también militante mirista
PrimeraLinea 12 de Julio 2002
Jueza exclusiva procesa a cúpula de DINA
La jueza con dedicación exclusiva titular del Octavo Juzgado del Crimen de Santiago María Ines Collin sometió a proceso por el delito de secuestro a la cúpula de la Dina, incluido el general (r) Manuel Contreras por la desaparición de un militante del MIR en julio de 1974.
La resolución dada a conocer hoy establece que existen presunciones fundadas para responsabilizar a Contreras, el coronel (r) Miguel Krassnoff Marchenko, el brigadier (r) Marcelo Moren Brito y el ex agente Osvaldo Romo Mena, del secuestro de Miguel Angel Acuña Castillo, de 19 años, quien tras ser detenido fue trasladado hasta el centro clandestino de Londres 38 donde fue visto por última vez.
Con este nuevo procesamiento, la magistrada ya ha dictado autos de reos en todos los casos que tramita.
Los antecedentes recogidos en el Informe Rettig señalan que el joven fue aprehendido en las cercanías de su domicilio ubicado en el sector de Rodrigo de Araya. Los efectivos de seguridad utilizaron para su procedimiento, al joven Héctor Garay Hermosilla, amigo de la víctima y también militante del MIR, a quien conminaron para que se apersonara al domicilio del afectado solicitando su presencia, y una vez que ambos se encontraban en la vía pública, fueron introducidos a una camioneta Chevrolet C-10, color plomo, con toldo. Los hechos fueron presenciados por el padre del joven que no pudo hacer nada para socorrerlo.
La familia de la víctima realizó una denuncia en 1975 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estableció que "Miguel Angel Acuña Castillo se encuentra detenido en Santiago en virtud de las facultades que concede al Ejecutivo el Estado de Sitio contemplado en la Constitución Política". La Comisión pidió, entonces, al gobierno que precisara si el afectado tenía en su contra cargos concretos o si por el contrario, iba a ser puesto en libertad prontamente. El gobierno de Chile, por nota 10 de diciembre de 1975, respondió: "Miguel Acuña Castillo: No registra antecedentes de detención".
Pocos días después el joven figuró en la lista publicada por el diario O'Día de Brasil que daba cuenta de su muerte en enfrentamientos. El caso paso a integrar la nómina de víctimas de la denominada Operación Colombo, o caso de los 119.
Esta pagina fue modificada el 17 Junio 2007
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