Carlos Roberto Araya Silva
Agente Civil DINA
Periodista de TVN
Este agente/Periodista se inicia en el campamento
de prisioneros politicos Tejas Verdes donde durante investigaciones judiciales
aparece mencionado como
“espectador” de torturas.
Araya Silva fue el brazo
derecho de Contreras en San Antonio cuando el "Mamo", todavía con el grado de
teniente coronel, asumió la comandancia en jefe de la zona de estado de
emergencia en la provincia de San Antonio, apenas producido el golpe militar.
El
ex conscripto y ex prisionero Arturo Farías Vargas denuncia que las torturas que le aplicaron en Tejas Verdes fueron en presencia de Contreras, Kossiel y otros, también reconoció como "espectador" al periodista y ex agente de la DINA Roberto Araya
Silva, que hace poco fue expulsado del Colegio de Periodistas por su participación junto a sus colegas Claudio Sánchez, Julio López Blanco y otros, en el montaje del caso llamado Rinconada de Maipú, por el cual el abogado Hugo Gutiérrez pidió el procesamiento de todos estos profesionales de la prensa.
En Mayo del 2007 el Colegio de Periodistas sancionó con una censura pública y la expulsión del Colegio de Periodistas
a Carlos
Roberto Araya Silva por su parte en la desinformación y ocultamiento del crimen de 6 personas ocurrido en Villa Grimaldi el 19 de noviembre de 1975 y posteriormente hechas aparecer en un “enfrentamiento” en la rinconada de Maipú.
Este periodista era parte conciente de los montajes ejecutados por la DINA con el objeto de ocultar sus crímenes de presos políticos haciéndolos aparecer como enfrentamientos. Una vez montadas las “escenas” ubicaban los cadáveres de los prisioneros y procedían a llamar a sus periodistas colaboradores.
Existían varios periodistas que trabajaban con la DINA. El periodista Roberto Araya declaró que “como Julio López y yo éramos funcionarios de TVN, ellos mismos (de la DINA) nos llevaban al lugar y nos pasaban el libreto. A veces Moren Brito iba a buscarnos al canal para llevarnos a cubrir una nota. También recuerdo a Chiminelli”.
Roberto Araya también declaro que: “Habíamos muchos periodistas en la DINA”, pero no dio nombres a la fiscal, salvo reconocer que él era de la DINA.
Otros Periodistas de la DINA: Claudio Sánchez Venegas (TVN); Julio López Blanco (TVN); Vicente Pérez Zurita (Jefe de prensa TVN); Manfredo Mayol Duran (Director de TVN) Fuentes de Informacion: Colegio de Periodistas de Chile; Diario la Nacion; Archivo Memoriviva;
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Martes 5 de agosto de 2008 La Nación Como coautores del secuestro y desaparición del militante comunista Miguel Heredia Juez Solís condena a seis oficiales (R) por Tejas Verdes En la resolución de primera instancia figuran militares (R) poco conocidos en la represión, aparte del “repetido” ex jefe de la DINA, Manuel Contreras. En la sentencia aparece mencionado como “espectador” de torturas el periodista Roberto Araya. Uno de los episodios de la represión menos conocido públicamente, aquel del campo de concentración de Tejas Verdes en la Quinta Región, en el cual continúan apareciendo militares que hacen su "estreno en sociedad", comienza a ingresar en su última etapa a cargo del juez Alejandro Solís. Ayer el magistrado dictó una nueva condena en contra de seis oficiales (R) de Ejército y Policía de Investigaciones, por el secuestro y desaparición en diciembre de 1973 desde ese lugar del militante comunista Miguel Heredia Vásquez. Los 15 años de presidio para el ex jefe de la DINA Manuel Contreras en calidad de autor del secuestro y desaparición de Heredia, aparecen sin embargo irrelevantes para alguien como Contreras que ya suma dos condenas perpetuas por el doble crimen del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, más otra cantidad de años por otras sentencias que sobrepasan los 100 años y que sin duda indica que el "Mamo" no volvería a conocer la libertad y morirá en prisión. Los otros sentenciados son los tenientes coroneles (R) David Miranda Monardes, ex fiscal militar en Tejas Verdes, Raúl Quintana Salazar, y los coroneles Claudio Kossiel Hornig, más conocido entre sus pares por "el alemán al que se le pegan las erre", y Vittorio Orvieto Tiplitzky, quien era el médico militar de ese campo y a quien correspondía verificar el estado de salud de los prisioneros para dar el visto bueno si se les podía o no seguir aplicando la tortura. Todos ellos fueron condenados a cinco años y un día de presidio, también en calidad de coautores del secuestro y desaparición de Heredia. La novedad de esta resolución es que en ella el ex conscripto y ex prisionero Arturo Farías Vargas denuncia que las torturas que le aplicaron en Tejas Verdes fueron en presencia de Contreras, Kossiel y otros, también reconoció como "espectador" al periodista y ex agente de la DINA Roberto Araya, que hace poco fue expulsado del Colegio de Periodistas por su participación junto a sus colegas Claudio Sánchez, Julio López Blanco y otros, en el montaje del caso llamado Rinconada de Maipú, por el cual el abogado Hugo Gutiérrez pidió el procesamiento de todos estos profesionales de la prensa. Araya fue el brazo derecho de Contreras en San Antonio cuando el "Mamo", todavía con el grado de teniente coronel, asumió la comandancia en jefe de la zona de estado de emergencia en la provincia de San Antonio, apenas producido el golpe militar. Desde el campo de prisioneros de Tejas Verdes desaparecieron también ciudadanos extranjeros, entre ellos dos uruguayos. Allí se aplicó además la conocida "ley de fuga", por el cual se justificó el asesinato de prisioneros, por ejemplo, el de un grupo de dirigentes sindicales portuarios. En la sentencia el ministro Solís establece pormenorizadamente la trayectoria de los ex prisioneros al interior del campo, así como los lugares en los cuales se les torturaba. El coronel (R) Claudio Kossiel emerge a partir de los sucesos de Tejas Verdes como un "ilustre desconocido", pero que es reconocido por ex detenidos como uno de los oficiales más crueles en ese recinto. Condena Civil En su dictamen el ministro Alejandro Solís condenó además a los sentenciados a pagar la suma de 50 millones de pesos a los familiares de Miguel Heredia por concepto de daño moral y sicológico. De esta manera el juez Solís acogió la demanda civil interpuesta por los parientes de Heredia en el marco de la investigación criminal. El monto de dinero estipulado por el magistrado deberá ser pagado por los condenados “en forma solidaria”, vale decir, la cantidad debe ser enterada entre todos los sentenciados.
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TEJAS VERDES:
Este centro represivo estaba ubicado en la Provincia de San Antonio, y era parte de la infraestructura de represión del Ejército y fue uno de los más paradigmáticos centros de tortura, relacionado directamente con la formación y centro de operaciones de la DINA desde 1973. En este recinto de tortura también se entrenaba a agentes de los diferentes servicios de inteligencia en métodos de tortura y represión. Entre los “profesores” se encontraba el hoy Alcalde de Providencia (Santiago) Cristian Labbe Labbe.
De acuerdo al Informe Rettigg “Tejas Verdes” correspondía al: Campamento Nº 2 de Prisioneros de la Escuela de Ingenieros Militares "Tejas Verdes": Dicho recinto de detención, que llegó a tener más de 100 prisioneros en ciertas épocas, funcionó como tal desde el mismo 11 de septiembre de 1973, existiendo testimonios de su uso sistemático para tales efectos hasta mediados del año 1974.
Los presos políticos que estuvieron detenidos en Tejas Verdes señalan que, inmediatamente después del golpe de Estado, eran trasladados desde San Antonio y Melipilla a Tejas Verde, donde eran cruelmente torturados y posteriormente asesinados en el mismo lugar o en otros lugares de la región.
Entre los torturadores asesinos de dicho campo de tortura están:
General (r) Manuel Contreras Sepúlveda, General (r) Eugenio Armando Videla Valdebenito,
Coronel (r) de Salud Vittorio Orvieto Teplinzki, Coronel (r) Jorge Núñez Magallanes,
Coronel (r) Klaudio Erich Kossiel Horning, Teniente coronel (r) Raúl Pablo Quintana Salazar,
Teniente coronel (r) Daniel Adolfo Miranda Monarde, Mayor (r) Mario Alejandro Jara Seguel,
Suboficial mayor (r) Patricio Laureano Carranca Saavedra, Prefecto (R) de Investigaciones Nelson Patricio Valdés Cornejo,
Agente DINA Civil Carlos R. Araya Silva
Victimas ejecutadas o desaparecidas por los criminales de Tejas Verdes:
Ejecutados
Armando Jiménez Machuca
Samuel Núñez González
Guillermo Álvarez Cañas
Héctor Rojo Alfaro
Raúl Enrique Bacciarini Zorrilla
Fidel Alfonso Bravo Álvarez
Jorge Antonio Cornejo Carvajal
Patricio del Carmen Rojas González
Desaparecidos:
Rebeca Espinoza Sepúlveda
José Pérez Hermosilla
José Orellana Meza
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El Ciudadano.cl
Procesan a ex periodista de TVN como encubridor de falso enfrentamiento de la
dictadura
Carlos Roberto
Araya Silva fue cómplice junto a Julio López Blanco, quien hace poco era rostro
de Mega, de haber protagonizado el encubrimiento de la matanza de 6 persones en
Rinconada de Maipú en 1975. Una de las víctimas estaba embarazada. Hasta ahora
la única sanción recibida por Araya Silva es la expulsión del Colegio de
Periodistas el 2007.
El ex periodista
Carlos Roberto Araya Silva fue sometido a proceso como encubridor de los
homicidios calificados de Alberto Gallardo Pacheco, Catalina Gallardo Moreno,
Mónica Pacheco Sánchez y Luis Andrés Ganga Torres, ejecutados por la Dirección
de Inteligencia Nacional (DINA) el 19 de noviembre de 1975.
Según informó
el Poder Judicial (PJ) el 31 de enero de este año, la investigación
del juez Alejandro Solís Muñoz estableció que Carlos Roberto Araya y Julio López
Blanco fueron convocados por la Dirección Nacional de Informaciones (DINA),
policía secreta de Pinochet para emitir notas en televisión que presentaran como
enfrentamiento el asesinato de Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, Catalina Ester
Gallardo Moreno, Luís Andrés Ganga, Manuel Reyes Garrido y Pedro Cortes Jeldres
y Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, quien llevaba en su vientre una criatura de
3 meses.
Algunas de las
personas asesinadas eran familiares y habían sido detenidas por la DINA días
anteriores.
Según el
documento de tribunales “el 17 de noviembre de 1975, se produjo un
enfrentamiento en calle Bío Bío [Santiago] donde resultaron muertos un militar y
el militante del MIR Roberto Gallardo Moreno. El 18 de noviembre fueron
detenidos en sus domicilios todos los integrantes de la familia Gallardo y
conducidos hasta el cuartel [general] de Investigaciones [hoy Policía de
Investigaciones (PDI)], en calle General Mackenna, donde fueron interrogados y
torturados. En la madrugada del 19 de noviembre fueron liberados algunos de los
miembros de la familia, a excepción de Alberto Recaredo Gallardo Pacheco,
Catalina Ester Gallardo Moreno y Mónica del Carmen Pacheco Sánchez [embarazada
de 3 meses], quienes fueron puestos a disposición de la DINA y trasladados hasta
el recinto de Villa Grimaldi”.
Todos los
detenidos, incluidos dos sobrinos menores de edad de Pacheco Sánchez, fueron
interrogados por el director de Investigaciones, general Ernesto Baeza Michelson,
quien les dijo que los dejaba en libertad. Pero era mentira.
“En la madrugada
del 19 de noviembre –prosiguió el informe oficial del PJ-, fue detenida Ester
Torres junto a tres de sus hijos, Renato, Mauricio y Francisco Javier Ganga, por
agentes de la DINA que buscaban a su hijo mayor Luís Andrés Ganga y fueron
llevados a Villa Grimaldi; después de ser torturados e interrogados se obtuvo el
dato del paradero de Luís Andrés, quien fue aprehendido momentos más tarde y
conducido a ese recinto, donde fue torturado”.
“Testigos que se
encontraban detenidos en Villa Grimaldi declaran que ésa fue la peor de todas
las noches, describen un gran movimiento de autos, escucharon a los agentes
pidiendo agua y aceite caliente y gritos de lamento de los torturados. Al otro
día se observó en el patio, tirados en el suelo, varios cadáveres y en una pieza
a dos mujeres, Catalina y Mónica, en muy malas condiciones físicas. En la tarde
del 19 de noviembre un comunicado de prensa del Gobierno dio cuenta de un
enfrentamiento en los cerros de la Rinconada de Maipú, en el que habrían muerto
Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, Catalina Ester Gallardo Moreno, Mónica del
Carmen Pacheco Sánchez [y su criatura no nata de 3 meses], Luís Andrés Ganga y
otros dos hombres [alusión a Manuel Reyes Garrido y Pedro Cortes Jeldres, cuyos
casos se investigaron en otra causa].
“En realidad
–prosigue la publicación oficial del PJ-, se realizó un “montaje” para impedir
su descubrimiento (favorecimiento real, artículo 17 N° 2 del Código Penal),
destinado a ocultar los hechos efectivamente ocurridos, torturas y muertes de
víctimas desvalidas y los efectos utilizados para la comisión de los mismos,
existiendo, además, favorecimiento personal (N° 3 del precepto penal citado) por
existir conocimiento de las circunstancias de los ilícitos, para lograr la
impunidad de los autores de los mismos, miembros de la DINA”.
El juez Solís fue
indulgente con Araya: le concedió el beneficio de libertad bajo fianza de 200
mil pesos, unos 400 dólares.
A DÚO CON JULIO
LÓPEZ BLANCO
Con la
colaboración de varios periodistas y los más importantes medios de comunicación
de la época, estos asesinatos perpetrados en la Villa Grimaldi fueron
disfrazados como “bajas terroristas” de un falso enfrentamiento escenificado en
el lado opuesto de la ciudad, en el fundo experimental Rinconada de Maipú,
entonces un predio agrícola del oeste de Santiago, camino al aeropuerto
Pudahuel, arrebatado por los servicios de represión de la dictadura a la
Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile.
Araya Silva y
Julio López Blanco, otro periodista de Canal 7-TVN, hicieron un reportaje a dúo
con el libreto de la Dirección Nacional de Comunicaciones (Dinacos) en el
escenario dispuesto por la DINA: “En los cerros de Rinconada de Maipú, se
registró un violento enfrentamiento a tiros de más de treinta minutos de
duración, entre las fuerzas de DINA e Investigaciones, y un grupo de extremistas
que se parapetó fuertemente armado en esos cerros. Resultaron muertos seis
extremistas, huyendo uno de ellos”- fue lo que dijeron esa vez.
A la par la
cámara mostraba a un López encuclillado y ataviado con un impecable traje de
lino blanco exhibiendo cápsulas de utilería de balas supuestamente percutadas en
la contienda, Araya brincaba entre pequeños arbustos balbuceando dónde operaron
los protagonistas del “enfrentamiento”.
No mostraron nada
parecido a huellas de sangre, ni siquiera salsa de tomates, tampoco había
cadáveres, sólo cápsulas vacías, piedras, arbustos y el pasto ralo de una suave
ladera.
El jefe de Prensa
de Canal 7-TVN y superior de Araya y Blanco era Vicente Pérez Zurita, formado en
la Universidad Católica, quien se desempeña como profesor de en varias
universidades privadas donde enseña “Nuevo Periodismo” y Ética Periodística. Por
encima de todos, en la jerarquía de TVN estaba el director general Manfredo
Mayol Durán, otro periodista con información universitaria.
Claudio Sánchez
Venegas, otro periodista formado en la Universidad Católica, también escenificó
in situ el reportaje exclusivo con el libreto DINA-Dinacos para la Corporación
de TV Canal 13, de la Pontificia Universidad Católica, que hoy pertenece al
Grupo Luksic en 66%.
Toda la prensa
repitió el mismo guión, comenzando por los diarios de Agustín Edwards, El
Mercurio, La Segunda, Últimas Noticias, etc., y Copesa, la otra rama del
duopolio del papel impreso, hizo lo mismo en La Tercera, revista Qué Pasa y lo
hicieron todos los medios del país.
EXPULSIÓN Y
SANCIONES DEL COLEGIO DE PERIODISTAS
Veinticinco años
después del montaje periodístico DINA-Dinacos, en 2007, y mientras el ministro
Solís llevaba adelante el proceso judicial penal por los homicidios, Isabel
Gallardo, de la familia más afectada por la matanza, se dirigió al Tribunal de
Ética y Disciplina del Colegio de Periodistas.
Doris Jiménez, la
fiscal designada por el Tribunal Regional Metropolitano (TRED), después de
entrevistar testigos y a cada uno de los protagonistas del montaje –excepto a
Claudio Sánchez, que no acató la citación de la Orden, pidió la expulsión y
censura pública de Carlos Alberto Araya Silva, censura pública más suspensión
por un año de la Orden para Julio López Blanco y Claudio Sánchez Venegas: y un
año de suspensión de la Orden para Vicente Pérez Zurita y Manfredo Mayol Durán.
El fallo del TRED
fue ratificado por la instancia superior del Colegio, el Tribunal Nacional (Trined),
pero Claudio Sánchez se dirigió a la Corte de Apelaciones del Poder Judicial,
que en 2008 ratificó la sentencia de los tribunales éticos del periodismo, tal
como ocurrió en enero de 2000, cuando la Corte Suprema de Justicia ratificó el
fallo ético que expulsó de por vida del Colegio de Periodistas a Manuel Fuentes
Wendling, otro periodista de derecha que se dedicó a delatar a sus colegas
izquierdistas que veía en la calle desde las páginas de La Segunda. El único
paso que le faltaba al Colegio era pedir el perdón de los familiares de las
víctimas calumniadas por el montaje.
Tras el fracaso
de Claudio Sánchez ante la Corte de Apelaciones, el Colegio tomó la decisión de
honrar la memoria de las víctimas en presencia de sus familiares. El 21 de junio
de 2008, convocó a los familiares de 125 víctimas de montajes periodísticos,
“Los 119” del caso “Operación Colombo” y las 6 de “La Rinconada de Maipú”.
El entonces
presidente nacional de la Orden, Luis Conejeros, encabezó la ceremonia y explicó
el sentido del gesto aún pendiente, junto a Juanita Rojas, presidenta del
Trined, y Alfredo Taborga, presidente del Tribunal Regional Santiago, quienes
explicaron el procedimiento ético-disciplinario. Hablaron, además, Isabel
Gallardo, familiar de tres de las seis víctimas de “La Rinconada de Maipú”, y
Roberto D’Orival, del Colectivo de Familiares y Compañeros de “Los 119″ y
hermano de una de las víctimas.
¿QUIÉN ES CARLOS
ROBERTO ARAYA SILVA?
Hasta el golpe
militar del 11 de septiembre de 1973, Araya era locutor de radio Sargento Aldea
en la ciudad-puerto de San Antonio y propietario del periódico El Pelícano. Tras
el golpe derrochó energías en delatar por las ondas hertzianas a toda clase de
dirigentes (as) sindicales, sociales y políticos del puerto más importante del
país.
Se hizo amigo del
entonces coronel de ejército Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, alias
“El Mamo”, jefe del cercano Regimiento Tejas Verde, también transformado en
prisión, campo de torturas y centro de exterminio incluso días antes del golpe
por el imperio de la “Ley de Control de Armas”, aprobada por el Congreso hostil
a Salvador Allende el 21 de octubre de 1972 como Ley 17.798.
Esta legislación
concedió a todas las ramas castrenses atribuciones propias de las policías, por
imposición de la mayoría del Congreso, encabezada por el Partido Demócrata
Cristiano (PDC) y autor de la iniciativa, la que fue concebida para
desestabilizar al gobierno de la Unidad Popular y, de paso, medir la reacción
psicológica de trabajadores enfrentados abruptamente a violentos allanamientos
practicados por personal armado del ejército, marina y aviación que invocaron la
nueva ley en busca de supuestos “arsenales populares”, muchas veces con
resultados de muertes selectivas y sin encontrar los buscadas arsenales de armas
que no existían.
La idea de los
enemigos civiles y uniformados de Allende era medir hasta dónde llegaría la
lealtad de los trabajadores en defensa del gobierno legítimo en el poder. A
escala, y con las debidas diferencias, esa ley de armas tuvo un rol psicológico
de propaganda comparable a las ficticias “armas de destrucción masiva” con que
EEUU justificó su inútil invasión y guerra en Irak iniciada en 2003.
Contreras
Sepúlveda, quien cumple prisión de por vida por centenares de crímenes, fue el
fundador y director de la DINA, cuyo enorme poder logró transmutar al locutor de
provincia en “periodista”, a quien introdujo como hombre de confianza en la
televisión pública, Canal 7-TVN.
Araya logró
afiliarse al Colegio de Periodistas, manejado bajo la dictadura por el PDC –que
como aliado de Pinochet también ocupó cargos menores de gobierno- y presidido
entonces por Carlos Sepúlveda Vergara (fallecido), quien a la vez fungía de
director de “La Patria”, fugaz sustituto castrense de La Nación, el tradicional
diario chileno de los gobiernos de turno, hoy desaparecido por voluntad de
Piñera. Las reuniones del Consejo Nacional del Colegio se realizaban en las
oficinas de Sepúlveda Vergara en La Patria.
Araya, un hombre
sin estudios medios completos, carente de vocación por la noticia y la verdad,
en rigor carece de la formación cultural mínima para ejercer esta profesión
considerada la más antigua del mundo, al igual que “la otra”. Su pedigrí lo
asemeja más a un esbirro.
EL PERIODISTA
TORTURADOR
En las 405
páginas de una sentencia del mismo magistrado Alejandro Solís Muñoz contra
Manuel Contreras -y otros- por torturas en Tejas Verdes, del 9 de agosto de
2010, caratulado “Proceso Rol Nº 2.182-98, episodio denominado ‘Tejas Verdes’”,
iniciado por querella interpuesta por numerosas víctimas, quedó constancia del
“atestado de Carlos Roberto Araya Silva, de fojas 1634, quien expresa que el 11
de septiembre de 1973 era periodista y se desempeñaba como locutor en radio
Sargento Aldea de San Antonio y que ese día, en atención a su profesión, fue
movilizado por el comandante en jefe de la Guarnición, el Teniente Coronel
Manuel Contreras para relaciones públicas e informaciones, funcionando en una
oficina del primer piso de la Escuela de Ingenieros.
Señala que supo
de la existencia de un “campamento de detenidos” debajo del puente pero no lo
conoció; presenció interrogatorios de detenidos en las oficinas del primer piso
pero no vio torturar. No sabe de interrogatorios en el casino de Oficiales pero
que no significa que no haya habido. El Director de la Escuela era Manuel
Contreras y le seguía en grado Jorge Núñez Magallanes”.
En el mismo
proceso declaró la víctima Onofre Segundo Aguila Parra: “Desconozco quien me
torturó, toda vez que estaba con la vista vendada, pero si reconocí la voz de
uno de mis torturadores, Roberto Araya Silva, periodista, Director de la radio
Sargento Aldea, él era Suboficial de reserva, hacía transmisiones por la radio,
además, vivía en la zona, su voz era conocida”.
Otra víctima,
Arturo Florencio Farías Vargas, declaró: “…en esta sesión de tortura se
encontraban Manuel Contreras, Jara Seguel, Klaudio Kosiel, un locutor de la
radio Sargento Aldea, cuyo nombre era Roberto Araya Silva, y cuando me ahogaba
con la capucha que tenía puesta me la quitaban y un doctor, Vittorio Orvieto, me
revisaba y me decía que yo no me estaba ahogando y me mostraba lo que era
ahogarse colocándome una bolsa de nylon en la cabeza, lo que se llamaba
“submarino seco”; todas las personas que acabo de mencionar las conocía desde
que hice el servicio militar, [tras] este interrogatorio que debe haber durado
unas seis horas, soy trasladado junto a Héctor [su primo Héctor Farías] a la
cárcel en calidad de incomunicado…
María Cecilia
Rojas Silva, estudiante del Instituto Tecnológico de la Universidad Técnica de
San Antonio e inspectora del Liceo Fiscal, estuvo presa en Tejas Verdes, donde
la torturaron, la manosearon y le introdujeron objetos en la vagina, situación
que relató a algunas compañeras de trabajo. El documento judicial describe que
“…a una de ellas la pasó a buscar su marido en auto y al interior de éste estaba
Roberto Araya Silva, quien era dueño del periódico “El Pelícano”, al que le
comentó lo que ella [María Cecilia] le había referido. Al día siguiente, 30 de
noviembre [1973], se presentaron en su casa [de María Cecilia] dos sujetos
quienes la subieron a una camioneta y la llevan [nuevamente] al Regimiento Tejas
Verdes, ingresándola a una oficina donde se encontraba Jara Seguel quien le
reprochó lo que ella había comentado, le señala que le harían un Consejo de
Guerra y le indica que es Manuel Contreras quien decidirá sobre si queda o no
detenida. Este último, al llegar, la deja detenida y es ingresada nuevamente al
campamento de detenidos”.
Raúl Quintana
Salazar, un subteniente de reserva que se desempeñó en Tejas Verdes, declaró
ante el juez Solis: “Roberto Araya, era periodista, director de la radio
Sargento Aldea de San Antonio y corresponsal de guerra con el grado de Teniente,
en una ocasión lo vi en el casino de oficiales; este señor leía los bandos por
la radio”.
En el proceso
consta que Quintana Salazar ratificó íntegramente su declaración judicial
prestada con fecha 11 de Abril de 2003 (354) y señaló: “Como ya manifesté en su
oportunidad, para el 11 de septiembre de 1973 ostentaba el grado de Subteniente
de Reserva, por lo cual para esta fecha fui a presentarme a la Escuela de
Ingenieros de Tejas Verdes, comenzando a desempeñar funciones como contador en
la administración de fondos e integrar los roles de guardia. Fui asignado al
mando del Mayor David Miranda, quien se desempeñaba como Fiscal Militar y como
encargado de personal. Mis labores de guardia la desempeñaba en el cuartel N° 1
que era la Escuela y en el cuartel N° 2, el parque de materiales, en este sector
se instaló un “campamento de prisioneros políticos”. Los turnos que desempeñaba
en el cuartel N° 2… se desarrollaban cada 24 horas, donde entraba una guardia
completa, la misión de la guardia era dar seguridad a todo el perímetro donde se
encontraba situado el campamento de detenidos, impedir que ingresara gente
extraña y, a su vez, que hubiese fuga de detenidos. Teníamos que preocuparnos de
necesidades logísticas tanto como del personal de conscriptos como de los
detenidos, como, por ejemplo, que la alimentación llegara en su momento, el
abastecimiento de agua potable, que funcionara el alumbrado. Los ingresos de los
detenidos al campamento de detenidos venían documentados desde la Fiscalía
Militar, pero en el campo mismo la guardia no llevaba un registro de los
detenidos…”.
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Lunes 30 de junio de 2008 La Nación Querella contra periodistas Una querella por la participación penal que les cabría en el encubrimiento del asesinato por agentes de la DINA de seis militantes de izquierda -en noviembre de 1975- en el caso conocido como Rinconada de Maipú, será interpuesta en el curso de esta semana por el abogado Hugo Gutiérrez en contra de los periodistas Claudio Sánchez, Julio López Blanco, Vicente Pérez Zurita, Roberto Araya Silva y Manfredo Mayol. El abogado Gutiérrez dijo a La Nación que "luego que el tribunal de ética del Colegio de Periodistas sancionó a estos profesionales, considerando que les cupo responsabilidad ética en su conducta por estos crímenes -incluso el Colegio pidió perdón público-, creemos que la justicia debe pronunciarse respecto de la culpabilidad penal que les pueda corresponder". Gutiérrez manifestó "nosotros sostenemos que a ellos les cupo responsabilidad como cómplices de estos delitos, pero eso deberá establecerlo el ministro Alejandro Solís que instruye el proceso por estos hechos". Para el abogado querellante, "una parte importante de la ciudadanía siente que estas personas deben enfrentar un tribunal y que éste decida si son o no culpables". Hasta ahora, Sánchez, Pérez y Mayol no han prestado declaración en el proceso, lo que tras la presentación de esta querella, deberían hacer "en calidad de inculpados", como lo pedirá Gutiérrez. Sí lo han hecho Julio López y Roberto Araya. Sería la primera vez que en una causa por violaciones a los derechos humanos se busca que un tribunal establezca si profesionales de la prensa tuvieron o no responsabilidad penal en delitos de lesa humanidad. En el sumario ético que abrió el Colegio de Periodistas, Julio López reconoció que concurrió hasta Rinconada de Maipú junto a agentes de la DINA, al igual que Roberto Araya, que además integraba esa organización. En esa investigación, quedó establecido que agentes pasaron a buscarlos a TVN, donde ambos trabajaban entonces junto a Vicente Pérez y Manfredo Mayol. En el caso de Claudio Sánchez, canal 13 -lugar donde trabajaba en 1975- confirmó en una carta al Colegio que Sánchez aparece informando del suceso en un video, material que no entregaron por "asuntos laborales" pendientes con el periodista. Los cinco mencionados fueron sancionados con suspensión de sus colegiaturas y censura pública, excepto Araya que fue expulsado. Sánchez recibió su sanción por negarse a declarar. Éste recurrió a la Corte de Apelaciones en contra del fallo que lo sentenció, pero perdió por unanimidad en la Novena Sala de ese tribunal. El falso enfrentamiento de Rinconada de Maipú consistió en difundir a través de esos medios la información de que los seis opositores de izquierda murieron enfrentados con agentes de la DINA. Sin embargo, el ministro Solís acreditó que las seis personas fueron torturadas y acribilladas en el centro clandestino de Villa Grimaldi y que el supuesto enfrentamiento fue un montaje para justificar los crímenes. Las víctimas fueron Catalina Gallardo, Mónica Pacheco, Manuel Reyes, Alberto Gallardo, Luis Ganga y Pedro Cortés.
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