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Campamento de Prisioneros Las Bandurrias

X Región

 

         Entre los principales centros de detención de la XI Región estaba el Campamento de Prisioneros Las Bandurrias, actual Regimiento Bulnes, a cargo del Ejército. Este recinto militar ha sido señalado en los testimonios de presos políticos de la región , como un centro de interrogatorios y torturas, además de ser el principal lugar de reclusión de la zona. El Campamento de Prisioneros Las Bandurrias estaba ubicado a 15 kilómetros hacia el nordeste de la ciudad de Coyhaique y funcionó entre septiembre de 1973 y el año 1974. Era un campo de adiestramiento ecuestre del Ejército, dependiente del Regimiento Reforzado Nº 14 Aysén. Inicialmente el Campamento de Prisioneros Las Bandurrias era un recinto esporádico de interrogatorios y torturas, pero rápidamente se convirtió en un campo de prisioneros en el que permanecieron exclusivamente hombres como prisioneros políticos y nunca se permitió la inspección de la Cruz Roja Internacional (CRI). Una ves  vez allí, durante seis meses los presos politicos se vieron privados de visitas de familiares, y sólo a los dos meses de haber sido conducidos a este recinto se les entregaron sus encomiendas. La  gran parte de los prisioneros políticos llegaban hasta aquí luego de haber pasado por recintos de Carabineros, Regimiento Aysén y la Cárcel de Coyhaique. Luego de unos meses de permanencia, varios presos políticos fueron regresados al recinto carcelario para ser sometidos a consejos de guerra. Los presos políticos  eran obligados a realizar trabajos forzados, como construir canales y pozos de mucha profundidad, descargar camiones, limpiar caballerizas, lavar caballos, entre otros. Los presos políticos sufrieron golpes, amenazas y tortura psicológica; fueron obligados a correr desnudos con bajas temperaturas y generalmente durante la madrugada. Algunos fueron llevados también desde aquí al Regimiento Aysén para ser interrogados y torturados.

El 27 de octubre de 1973 fueron entregados por Gendarmería Argentina a Militares Chilenos, en la localidad fronteriza de Río Mayo, Néstor Hernán Castillo Sepúlveda, de 23 años, Secretario Regional de las Juventudes Comunistas; José Rosendo Pérez Ríos, de 24 años, empleado, militante del MAPU; y Juan Vera Oyarzún, de 53 años, obrero, Secretario Regional del Partido Comunista, dirigente sindical y ex regidor de Punta Arenas.
 

El 20 de septiembre un grupo de cuatro personas, entre las que se encontraba Juan Vera, había cruzado la frontera para pedir asilo político en Argentina. Dos días después fueron entregados a Gendarmería Argentina por el propietario de una estancia del sector, llevados a Aldea Veleiros y posteriormente a Río Mayo. En esta localidad quedaron bajo la custodia del Escuadrón Nº38 de Gendarmería. Por otra parte, el 28 de septiembre eran detenidos en una pensión de Río mayo, José Rosendo Pérez y Néstor Castillo, quienes también habían llegado desde Chile días antes. Junto a Juan Vera se les encomendó realizar trabajos en la Municipalidad de Río Mayo, mientras permanecían detenidos.
Esto duró hasta el 27 de octubre, cuando son entregados a un comando militar integrado por el capitán de Ejército Joaquín Molina, un carabinero de apellido Salinas, el suboficial Evaldo Reidlich Hains y el doctor José María Fuentealba Suazo, quienes se movilizaban en una ambulancia del Hospital Regional de Coyhaique.
 

Según el diario La Época del 2 de noviembre de 1988, los militares "les comunicaron que sus familias los esperaban en la frontera. Ya en el territorio chileno, la patrulla militar obligó al grupo a subir a una camioneta y emprendió el retorno hacia el campo de prisioneros Las Bandurrias. Horas después el vehículo llegó al recinto militar. Sólo viajaban en su interior los uniformados y el médico. Los tres detenidos nunca aparecieron hasta el día de hoy".
 

La justicia sometió a proceso al doctor Fuentealba Suazo y al suboficial en retiro Evaldo Reidlich, mientras continúa las diligencias para identificar al otro integrante de la patrulla y se realizan inspecciones en la Reserva Forestal Coyhaique del Cementerio El Claro, lugar donde habrían sido ejecutados y hechos desaparecer los tres ciudadanos chilenos. Joaquín Molina Fuenzalida, el capitán que comandó al grupo, fue asesinado por Manuel Contreras Valdebenito, hijo del jefe de la DINA.

Criminales y Cómplices:

Teniente Joaquín Molina Fuenzalida (Regimiento de Coyhaique, a cargo del Campo de Prisioneros Las Bandurrias); José María Fuentealba Suazo (Capitán de Sanidad); Ewaldo Redlich Heinz (suboficial del Ejercito);  un carabinero de apellido Salinas.

 

Fuentes de Información: Informe Rettig; Informe Valech; CODEPU; Memoriaviva

Procesamiento por Desaparecidos de Coyhaique.

Vicaria de la Solidaridad

El 28 de marzo el juez Luis Daniel Sepúlveda Coronado, titular del Segundo Juzgado del Crimen de Coyhaique, dictó autos de procesamiento en contra de José María Fuentealba Suazo, médico, oficial de Sanidad ® del Ejército y de Ewaldo Redlich Heinz, suboficial ® del Ejército, como autores del delito de secuestro permanente cometidos en las personas de Juan Vera Oyarzún, José Rosendo Pérez Ríos y Néstor Hernán Castillo Sepúlveda.

Los tres afectados, militantes comunistas los dos primeros y militante del MAPU el tercero, reconocidos dirigentes sindicales y políticos de Coyhaique, en atención a que eran buscados intensamente luego del golpe militar, abandonaron la región el 20 de septiembre de 1973 y se trasladaron a Argentina en donde solicitaron asilo político.

La Gendarmería argentina, a la espera de resolver su situación, en calidad de detenidos, los trasladó junto con otros chilenos que habían realizado igual petición, hasta la localidad de Río Mayo. En este lugar, el día 27 de octubre, los funcionarios policiales argentinos lo entregaron a una patrulla comandada por el entonces teniente de Ejército Joaquín Molina Fuenzalida (posteriormente muerto por el hijo del general ® Manuel Contreras), e integrada por el capitán de Sanidad José María Fuentealba, el suboficial Readlich y un carabinero de apellido Salinas. Los aprehensores señalaron que los tres detenidos serían trasladados al Campo de Prisioneros "Las Bandurrias" en Coyhaique, pero nunca llegaron a este lugar, permaneciendo todavía desaparecidos. El doctor Fuentealba, quien tiene residencia en Arica actualmente, fue detenido en esta última ciudad y trasladado hasta Coyhaique, en donde permanece en prisión preventiva. 

 

El Mercurio

Chile: El Informe de la Tortura

Para algunos es considerado el fin de una larga espera, para otros, el inicio de un doloroso y lento proceso de sanación. Lo cierto es que para nadie serán indiferentes los más de 35 mil testimonios de chilenos y chilenas torturados durante el gobierno del general (r) Augusto Pinochet.

El informe, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, llega a su fin hoy, cuando a eso de las 11:00 horas sea entregado oficialmente al Presidente de la República, Ricardo Lagos.

El texto compuesto por ocho capítulos divide en tres períodos la práctica de la tortura a finales del siglo XX en Chile. El primero se concentra en 1973, luego explica el funcionamiento de la DINA entre 1974-78, para terminar con el ejercicio de la CNI hasta 1990.

Si bien el informe no entrega los nombres de los afectados, ni de los implicados, sí especificará la edad, el tipo de trabajo que realizaban, la organización a la que pertenecían y los lugares de detención. Asimismo, los recintos utilizados para la represión y tortura estarán detallados ampliamente en un mapa y en una lista con la descripción exhaustiva de sus características.

El contenido del texto, que se hará público sólo a fines de noviembre o la primera quincena de diciembre, entrega un relato histórico exhaustivo de lo que pasó en Chile tras el golpe de 1973 en el tema de los detenidos y torturados, una realidad que se había soslayado hasta hoy, luego de que el Estado buscara vías de reparación para los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, incluso para los exonerados políticos.

El punto que más inquieta es la constatación, a través de los testimonios, de que la tortura fue una forma institucional de operar durante el gobierno militar en todo el país, una política sistemática del Estado y de las ramas armadas, y no fueron actos de individuos que se apartaron de los mandos.

La Comisión es integrada por: monseñor Sergio Valech, María Luisa Sepúlveda, Miguel Luis Amunátegui, Luciano Fouillioux, José Antonio Gómez, Elizabeth Lira, Lucas Sierra y Álvaro Varela. Se creó en noviembre de 2003 y recogió testimonios desde Arica a Punta Arenas, en 42 gobernaciones y 110 localidades para establecer quiénes sufrieron privación de libertad y tortura en el periodo comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y 10 de marzo de 1990.

 Detalles que dan escalofríos

Si bien el contenido final del informe se ha querido mantener en el más absoluto secreto y sólo el Presidente Lagos recibirá el original, el cual no tendrá copias, parte medular de éste ya se ha filtrado a la prensa.

De esta manera, días atrás uno de los integrantes de esta Comisión se adelantó al afirmar que "se va a hacer un detalle pormenorizado de los métodos de tortura y de los lugares. Y aunque no va a haber un enjuiciamiento directo a las Fuerzas Armadas, la gravedad de lo que se va a reflejar en el informe va a ser muy fuerte para las Fuerzas Armadas, porque va a mostrar que la tortura fue algo sistemático, que involucra a todas las instituciones castrenses y no a casos aislados como se han mostrado hasta ahora las violaciones a los derechos humanos".

De esta manera, la Comisión estableció un mapa de los centros de detención y tortura a lo largo del país, en los que figuran regimientos, unidades militares, comisarías, centros de detención clandestinos, campos de prisioneros y barcos.

La redacción es detallada. Explica y menciona cada lugar de tortura, región por región, y ciudad por ciudad. Relata los tipos de tormentos aplicados. Y se extiende acerca de los efectos que la tortura dejó en las víctimas, en sus familias y en la sociedad chilena.

En ese sentido, el informe expondrá que en los primeros meses después del golpe militar los métodos de tortura más comunes eran las golpizas, amenazas (fusilamientos simulados), detenciones prolongadas con los ojos vendados o con la cabeza dentro de una capucha, aplicación de corriente eléctrica, quemaduras con cigarros, sopletes o ácidos, extracción de uñas, obligación de presenciar torturas a otros detenidos, abusos sexuales, inmersión en agua, aceite o petróleo, detención en calabozos insalubres y rompimiento de tímpanos por golpes en los oídos.

Se dice que otra de las aristas del informe afectará principalmente a la Armada. Esto porque, de todas las ramas uniformadas es la que, hasta ahora, ha sido menos imputada por delitos cometidos.

Según trascendidos, el informe determina los lugares en los que torturó la Armada en la Quinta Región. Entre estas se cuentan el Hospital Naval de Playa Ancha en Valparaíso; la antigua sede de la Escuela Naval en el Paseo 21 de Mayo en Playa Ancha, que luego se transformó en la base de la Escuela de Submarinos; la Academia de Guerra Naval en Playa Ancha; y la Base Aérea Naval de El Belloto; el buque escuela "Esmeralda", además de la Infantería de Marina en Las Salinas y el cuartel Silva Palma.

Respecto del Ejército, además de los ya conocidos centros clandestinos de la DINA en Santiago y alrededores, el informe incluirá, por regiones y ciudades, los nombres de todos los regimientos donde se mantuvo detenidos y se les torturó. Entre ellos, el regimiento Rancagua de Arica; el regimiento de Telecomunicaciones de Iquique; regimiento Arica de La Serena; regimiento Coraceros de Viña del Mar; regimiento Nº 2 Maipo de Playa Ancha en Valparaíso; regimiento de Infantería Nº 3 Yungay en San Felipe; Tejas Verdes en San Antonio; regimiento Tacna en Santiago; Escuela de Infantería en San Bernardo; Escuela de Artillería de Linares; regimiento Húsares de Angol; regimiento de Infantería de Montaña Nº 17 de Los Ángeles; regimiento Tucapel en Temuco; regimientos Cazadores y Maturana en Valdivia; regimiento Las Bandurrias en la XI Región; y regimientos de Infantería Motorizada Nº 10 Pudeto y Batallón Blindado Nº 5 de Punta Arenas.

 

El Divisadero

Diario Regional de Aysen

09-07-2005 

Ex Prisioneros Políticos de Coyhaique Reciben Informe Valech   

El miércoles se realizó una breve ceremonia en el Salón Padre Antonio Ronchi del Gobierno Regional, en la cual la Directiva de la Agrupación de Ex Prisioneras y Prisioneros Políticos con residencia en Coyhaique, hizo entrega del resultado del Informe Valech efectuado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura a lo largo de todo el país. Este libro contiene el esclarecimiento de la verdad respecto de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar, marcando un hito en la historia contemporánea de nuestro país, informó Marcela Ramírez, Presidenta de la Agrupación en la Región. La dirigente agregó, que el texto reconoce esa verdad que por temor se ocultó y guardó durante tantos años en el alma de numerosos Chilenos que en esta Región alcanza a 200 personas reconocidas como víctimas de prisión política y tortura. Pero, por sobre todo, la información aquí contenida, establece después de 31 años del Golpe Militar que las sistemáticas violaciones a los derechos humanos ejecutadas por órganos estatales ocurrieron en el cumplimiento de una Política Terrorista del Estado que produjo un considerable, profundo, extenso y perdurable daño moral que marcó para siempre las vidas de estos Chilenos.  Una de estas personas es Francisco Aguilar Barrientos, ex Preso Político quien al recibir el libro señaló que “es indudable que el Informe Valech nos trae muchos recuerdos malos, pero ahora se ha ido conociendo información que antes no se sabia, y a esta ceremonia hemos sido convocados personas que no nos conocíamos, pero que sí tenemos en común el sufrimiento personal y el de nuestras familias. Esperamos que el paso del tiempo borre esta tristeza que nos dejó no solo a los torturados, sino también a la gente que murió. Esperamos que en el futuro jamás vuelva a ocurrir esto en nuestra patria”. En el significativo acto participó el Padre Bruno Predonzani, quien como miembro de la Comisión de Derechos Humanos en la Región, explicó a los asistentes el sentido de la ceremonia y recalcó que esta entrega del libro es un paso más de una marcha que todavía no termina, porque en materia de derechos humanos los chilenos tenemos mucho por hacer. No podemos evadir los recuerdos dolorosos que a los afectados les traerá la lectura de este libro, pero sí tenemos que seguir adelante para asegurarnos de que en el futuro todos los seres humanos seamos siempre tratados como personas”. El silencio que embargaba el Salón Padre Antonio Ronchi del Gobierno Regional fue roto por los aplausos de los presentes que estaban ahí para acompañar ese día a cada una de las víctimas de la Dictadura militar que recibieron el Informe. Entre ellos se encontraba Noel Neira, quien manifestó que “recibir este informe me trajo a la memoria recuerdos de grandes amigos con quienes compartimos un camino de muchos sueños y que fue frustrado. Muchos de ellos ya no se encuentran. Siempre cuando nosotros estuvimos detenidos en el Campo de Concentración de las Bandurrias teníamos la esperanza de que algún día se iba a saber la verdad y creo que este es el comienzo de una verdad que todavía no termina. Este libro va a servir para que la juventud pueda conocer lo que sucedió en este País, porque el país que reniega su historia vuelve a cometer los mismos errores, concluyó Neira”. Finalmente, Marcela Ramírez señaló como cierto que la publicación de este libro marca un paso importante hacia una verdadera reparación, pero recalcó que aún quedan muchos pasos pendientes que dar para sentirnos de alguna forma verdaderamente “reparados” como personas. Uno de ellos es que la valiosa información que ha servido de base para la elaboración de este informe, tales como centros de detención y responsables en las violaciones a los derechos humanos, debieran servir también como un importante insumo al Poder Judicial, a objeto de avanzar con mayor celeridad en determinados procesos judiciales. De esta forma, resulta esencial que esta información no permanezca “guardada” durante los próximos 50 años. Otro paso importante para avanzar en estas materias es la necesidad de mejorar con creces la Ley 19.992 que otorga beneficios a las víctimas reconocidas en el Informe Valech. Aspectos como el criterio de heredabilidad de los beneficios no ha sido considerado, criterio tremendamente importante cuando se reconoce que las sistemáticas violaciones a los derechos humanos repercutieron directamente sobre el núcleo familiar, a través por ejemplo de disponer de beneficios en el ámbito de la Educación hasta la tercera generación; aspecto que si ha sido recogido en materia de salud, a través del programa de reparación y atención integral en salud; PRAIS; así como también, heredabilidad en lo que refiere a la entrega de pensiones.  Por todo esto creo fervientemente que tenemos mucho por decir y hacer, es parte de nuestra responsabilidad enriquecer la verdad de nuestra historia y mejorar con creces nuestro escenario actual. Para ello, es de vital importancia generar una organización fuerte que sea capaz de luchar en recomponer nuestro presente, para así proyectarnos en paz hacia el futuro con dignidad y justicia, manifestó la dirigente.

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