Comisaría de Carabineros N° 3 Rahue Bajo

 En la X Región, como a lo largo del país, se utilizaron comisarías, estadios y recintos privados como centros de detención y tortura. Los testimonios recibidos señalan que en Osorno, la Tercera Comisaría de Rahue (osorno), fue el principal centro de tortura utilizado por Carabineros y el Ejército.

Los detenidos eran mantenidos desnudos por varios días, en calabozos, hacinados, sin acceso a baño, por lo que debían hacer sus necesidades en la misma celda. También aquí, como era frecuente en la mayoría de los recintos de Carabineros, los calabozos eran mojados permanentemente con agua, para que permanecieran fríos y húmedos. Los testimonios dieron cuenta de que dado el reducido espacio y la cantidad de prisioneros, estos debían permanecer de pie, ya que cualquier otra posición no era posible.

Fueron privados durante días de alimentos y agua. De acuerdo a las denuncias, las torturas se aplicaban en el subterráneo del recinto o en las pesebreras. Luego de un tiempo, la mayoría era trasladada a la Fiscalía Militar, al regimiento o al Estadio Español, entre otros sitios. Los presos políticos eran pateados y pisoteados, sometidos a interrogatorios con aplicación de electricidad, golpes brutales y violaciones sexuales. Sufrieron simulacros de fusilamiento y de ahorcamiento, colgamientos, fueron obligadas a escuchar y presenciar las torturas a otros detenidos, padecieron vejaciones sexuales, ingestión de agua a presión por la nariz, corte de pelo con cuchillo, quemaduras con cigarrillos y extracción de uñas y bigotes con alicates.

Ese recinto llegó a tener decenas de detenidos en deplorables condiciones físicas, muchos de los cuales, permanecen hasta esta fecha desaparecidos entre ellos: Raúl Santana Alarcón, José Mateo Vidal Panguilef, Humberto Salas Salas, César Osvaldo del Carmen Avila Lara, Mario Fernández Acum, Gustavo Bernardo Igor Sporman.

El 19 de septiembre de 1973 fueron ejecutados en el puente sobre el Rio Pilmaiquén, por carabineros pertenecientes a la Comisaría de Rahue, en Osorno, Raúl Santana Alarcón, 29 años, auxiliar de la Universidad de Chile, sede Osorno; Dirigente vecinal, Presidente del Comité de pobladores sin casa y militante del Partido Socialista. José Mateo Vidal Panguilef, 26 años, obrero, militante socialista. El día 16 de septiembre de 1973 por un Bando emitido por radio se llamó a presentarse a ambos ante las nuevas autoridades.  Al día siguiente, horas después de que fueran allanados sus domicilios, decidieron presentarse y, en compañía de la cónyuge de Santana, se dirigieron al domicilio de un oficial de la Tercera Comisaría de Rahue, Osorno.  Este los dejó en su casa de calle Manuel Rodríguez, de la ciudad de Osorno.  Desde allí fueron trasladados a la Tercera Comisaría de Rahue, donde fueron vistos por testigos entre el 17 y 19 de septiembre de 1973.  El día 19 fueron sacados de dicha unidad policial y conducidos al puente sobre el Río Pilmaiquén, lugar donde se les dio muerte mediante disparos que carabineros les hicieron, tras hacerlos correr.  Los cuerpos de Santana y Vidal fueron encontrados en el mes de enero de 1974 en el Río Pilmaiquén. 

El 24 de septiembre de 1973 se presentó voluntariamente a la Comisaría de Rahue, Humberto Salas Salas, 32 años, comerciante en maderas. El domicilio del afectado, ubicado en Bahía Mansa, había sido allanado en varias oportunidades, lo que le motivó a presentarse a Carabineros de Osorno, ya que se encontraba en esa ciudad.  En compañía de su mujer el día 24 de septiembre de 1973, a las 14:00 horas, se presentó en la Tercera Comisaría de Rahue, lugar donde quedó detenido.  Desde esa fecha se ignora el paradero y la suerte de la víctima. 

El 7 de septiembre de 1973 fue detenido por carabineros de la Comisaría de Rahue, a la salida de la Penitenciaría de Osorno, donde había ido a visitar a su cónyuge detenida, César Osvaldo del Carmen Avila Lara, 36 años, Director Provincial de Educación y militante del Partido Socialista.  Tras su arresto por los funcionarios policiales fue subido a un furgón institucional y trasladado a la Comisaría. Hubo varios testigos de su detención.  No obstante ello, en el cuartel policial se negó su arresto y desde esa fecha no se ha sabido de su paradero y suerte final.  En todo caso, un testimonio recibido por la Comisión permite presumir que su cuerpo habría sido arrojado al río Pilmaiquén. 

El 28 de septiembre de 1973 fue detenido por una patrulla de Carabineros de la dotación de la Comisaría de Rahue, Mario Fernández Acum de 20 años de edad. El día señalado la patrulla policial llegó hasta su domicilio en su búsqueda no encontrándolo.  Luego de allanar la vivienda se dirigieron a la casa de un amigo donde hallaba el afectado.  Allí es detenido y llevado por los carabineros con rumbo desconocido.  Tras lo anterior, se pierde todo rastro de Fernández.

El 29 de septiembre de 1973 fue detenido junto a su hermano y en su domicilio de Osorno, Gustavo Bernardo Igor Sporman, 22 años, estudiante, militante comunista.  Sus aprehensores fueron carabineros de la Tercera Comisaría de Rahue, quienes le golpearon duramente al momento de su detención, lo que significó que le llevaran inconsciente al cuartel policial señalado.  Al llegar allí fueron separados ambos hermanos y no volvieron a verse nuevamente.  Meses después, el 14 de enero de 1974, el cuerpo sin vida de la víctima apareció en la Morgue, pudiendo ser reconocido por la familia, la que se enteró por el parte policial que había sido hallado en el río Pilmaiquén.

Esta Comisaría esta también ligada con la detención y desaparición Santiago Aguilar Duhau (Gobernador de la Unión) y César Avila Lara, (jefe educacional de Osorno).

Fuentes de Información Consultadas: Informe Rettig; Informe Valech; Cruz Roja Internacional; Diario: “El Diario Austral”; Archivo Memoriaviva;

Durante cuatro horas fueron interrogados ayer por el juez Jaime Salas en San José de la Mariquina dos exsuboficiales de Carabineros que estarían involucrados en el secuestro y desaparición de un exgobernador de La Unión y un exdirector provincial de Educación de Osorno en septiembre de l973.

Ambos expolicías ingresaron posteriormente, pasadas las 14.30 horas, a la cárcel de Valdivia en calidad de detenidos e incomunicados. Por el mismo caso estaba declarado prófugo ayer un excoronel en retiro de Carabineros contra quien pesa ahora una orden de aprehensión, después que los detectives que trabajan con el magistrado Salas no lo encontraron en su casa de Osorno. Los dos exsuboficiales, ahora en la cárcel, fueron también detenidos en esa ciudad donde registran domicilio y sólo trascendieron las iniciales de sus respectivas identidades.

Se trataría de R. P. T. y R. B. S. de aproximadamente 60 años, en tanto que el excoronel —hoy en retiro— y con el grado de capitán en l973 sería de apellido Fernández. Según se indicó este exoficial policial habría servido antes como edecán de una de las autoridades de la época y de la exUnidad Popular y que estaría igualmente requerido por otros jueces que investigan en el país casos de detenidos—desaparecidos.

Otros dos excarabineros de ese tiempo, hace 30 años, que habrían formado parte del grupo que secuestró al exgobernador de La Unión y exdirector provincial de Osorno, están ahora muertos. Uno de ellos por causas naturales y el otro se habría quitado la vida. Todos los expolicías formaban parte del destacamento de la Tercera Comisaría de Rahue en Osorno. Las exautoridades de la exUP secuestradas y desaparecidas son Santiago Aguilar Duhau, exgobernador unionino; y César Avila Lara, exjefe educacional osornino.

El juez Jaime Salas —designado especialmente por la Corte Suprema— investiga para saber qué fue lo que pasó con ellos y dónde estarían hoy enterrados o sepultados sus restos porque desde que desaparecieron nunca más sus familiares supieron de ellos. Ayer al término del interrogatorio el magistrado se refirió escuetamente al caso que investiga y sólo dijo que se tomaría los cinco días para resolver si somete o no a proceso a los dos exsuboficiales a los que envió en calidad de incomunicados a la cárcel de Isla Teja por su presunta culpabilidad. Confirmó que el excoronel en retiro había sido declarado prófugo, pero no descartó que éste aún pudiera presentarse al tribunal en las próximas horas. Señaló asimismo que otros excarabineros, hoy en retiro, podrían ser llamados a declarar en torno a este caso por estar igualmente inculpados.

El magistrado Salas también investiga la muerte de otro excarabinero el año 1973 que, según informes de esa época, se habría suicidado en el interior de un retén, pero que al parecer se trataría de un homicidio. Su cadáver fue exhumado recientemente en el cementerio de Valdivia.

Testimonio de José Rodenil Ríos Vergara de fs. 574, 1.600 y 5.008, quién señaló que para el 11 de septiembre de 1.973 se era chofer de  la Tercera Comisaría de Carabineros de Osorno. Durante los días posteriores al 11 de septiembre de 1.973, dicha unidad sirvió como lugar de detención y tortura de diversos ciudadanos vinculados supuestamente con el Gobierno de La Unidad Popular. Las torturas eran aplicadas en el subterráneo de la Comisaría. Había un magneto para aplicar corriente, a las mujeres se les aplicaba en las mamas y a los hombres en los testículos, recuerda haber visto mujeres violadas. A cargo de la Comisaría estaba el Capitán Adrián Fernández quién también ordenaba las torturas y las detenciones. El capitán tenía un grupo de elite conformado por Juan Canales Rodríguez, Eliseo Aguila Salgado, Gustavo Muñoz Albornoz, Rafael Pérez Torres y Rolando Bécker Solís. Agrega haber presenciado el asesinato de don Cesar Avila Lara a quién conocía porque era Director Provincial de Educación ya que su esposa era profesora, y el homicidio de don “Chanti” Aguilar, Gobernador de La Unión. Ese día salieron en tres vehículos, dijeron que diez detenidos debían ser trasladados al Regimiento para  ser interrogados, a cargo de la patrulla iba Rolando Bécker quién les ordenó dirigirse al Puente Pilmaiquén. Una vez en el lugar él se quedó en el vehículo a unos 15 metros del Puente, los Carabineros antes mencionados sacaron a los detenidos de los vehículos, entre los cuales iba Aguilar y Cesar Avila, los detenidos iban amarrados y los colocaron en la baranda del puente mirando al grupo de Carabineros. El Cabo Rafael Pérez Torres se acercó a Cesar Avila, lo tomó por el cuello y lo degolló con un corvo, la sangre saltó en todas direcciones, le sacó el reloj y un anillo y luego lanzó el cuerpo a las aguas del río, vio que se guardo las especies. La noche estaba clara y deben haber sido las 23:30 horas. Luego los Carabineros hicieron uso de sus armamentos, fusiles SIG sobre los detenidos y todos los cuerpos cayeron al río. Dice también haber presenciado otro asesinato que hubo en el Puente Rucatayo, que es un puente colgante que da ingreso a la Comuna de Río Bueno, fue igual que el anterior pero estuvo presente el Capitán Adrián Fernández, se mato como a 10 personas. Recuerda que Adrián Fernández mató con su fusil SIG a un señor Núñez, quién era tío de la Alcaldesa actual de Entrelagos y quién al parecer conocía a Fernández ya que le imploró que no lo matara. También recuerda a un Valderas que también fue muerto;

 La Brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones de Osorno se constituyó en las dependencias de la Tercera Comisaría de Carabineros de Osorno, luego que fueran encontradas osamentas y vestimentas humanas.

La BH llegó hasta el lugar por orden de la Fiscalía de turno del Ministerio Público, puesto que según la información que se maneja, la mayoría de los detenidos desaparecidos del gobierno militar de dicha provincia fueron derivados a la Tercera Comisaría de Carabineros de Rahue Bajo.

El descubrimiento se hizo efectivo debido a que las dependencias de la Tercera Comisaría de Carabineros de Osorno están siendo sometidas a trabajos de remodelación. Fueron, precisamente, los operarios de la empresa a cargo de las faenas los que encontraron los restos y los que, a su vez, dieron a conocer los antecedentes a la justicia. Debido al hallazgo de las osamentas no se descarta que los trabajos sean detenidos y se realicen excavaciones o exploraciones.

Dos murieron en la cárcel, dos siguen esperando algún gesto que les permita vivir sus últimos días en la comodidad de sus casas. Cuando tuvieron el poder no conocían la palabra clemencia ni un sentido de humanidad.

Desde hace varios meses que las organizaciones de víctimas de la dictadura vienen advirtiendo sobre la existencia de una operación fraguada por familiares de los presos de Punta Peuco y sectores de la derecha política que buscan conseguir un “perdonazo” a criminales de lesa humanidad que cumplen condenas en ese recinto penal.

Acusan que luego de que el ministro de Justicia, Jaime campos se mostró partidario de otorgar estos beneficios, se ha activado un plan comunicacional que apunta a centrar el tema de los Derechos Humanos en los victimarios, en lugar de las víctimas, y con ello sensibilizar a la opinión pública e influir en una eventual decisión de las autoridades.

En ese marco, hace algunos días el abogado de los reclusos de Punta Peuco, Raúl Meza, presentó un recurso de protección en contra de la presidenta de la República, que busca esclarecer la presunta “tardanza grave e inexcusable” de la mandataria en el pronunciamiento sobre las solicitudes de indultos, considerando que dos de los cuatro que han solicitado este beneficio han muerto en la espera.

Sin embargo, poco se habla de sus crímenes.

Los Duros de la Tercera Comisaría de Rahue

El pasado 1 de marzo moría en una cama en el hospital Dipreca, Gustavo Muñoz Albornoz, producto de diversos problemas de salud, mientras en redes sociales circulaba una foto de él engrillado. La imagen fue usada como argumento meses antes por los que pedían compasión, cuando su abogado Raúl Meza solicitó el indulto presidencial para el violador de Derechos Humanos.

En 1973 Muñoz gozaba de buena salud. Era sargento de Carabineros en la Tercera Comisaría de Rahue y era subordinado del capitán Adrián Fernández. Tras el Golpe de Estado del 11 de septiembre de aquel año, su lugar de trabajo se convirtió en un centro de detención y de torturas.

Muñoz, quien era conocido como “el Loly”, no era uno del montón dentro de la comisaría. Según cuentan testimonios guardados en los expedientes de los casos en los que está involucrado, Muñoz Albornoz era el brazo derecho de Fernández, quien junto a otros cuatro carabineros eran parte del grupo “de confianza” del capitán.

Los seis uniformados eran apodados como “los duros” por el resto de los integrantes de la comisaría. La misión de estos era detener partidarios de la Unidad Popular y someterlos a los interrogatorios que, claramente, eran a través de la tortura.

La Tercera Comisaría de Osorno tenía un subterráneo, el que fue adaptado por los carabineros como el lugar en que buscarían información a través de la fuerza. Según declaraciones de personas que sobrevivieron al centro, el lugar tenía un sillón y una cama. “Había un magneto para aplicar corriente. A las mujeres se le aplicaba en las mamas y a los hombres en los testículos”, recordó uno de los carabineros que no era parte de “los duros” y que prestó declaración a la justicia, quien además presenció violaciones a mujeres en el lugar. Entre los que aplicaban las torturas se encontraba Muñoz. El testimonio en el expediente de uno de los sobrevivientes dice que Muñoz lo torturó “en septiembre de 1973. Le vendaron la vista, le dieron vueltas al cuerpo para perder la noción de la ubicación y lo hicieron descender por unas escaleras. Al llegar lo sentaron en un sillón con brazos, le amarraron sus brazos y le aplicaron corriente en los testículos y en la sien”.

Uno de los tantos casos por los cuales se encontraba condenado Gustavo Muñoz fue por la desaparición del profesor César Ávila, quien en 1973 era director Provincial de Educación en Osorno. Él, como los demás, fue torturado. El testimonio de otra detenida y sobreviviente, cuenta que mientras era torturado por “los duros”, César sufrió un ataque de asma, por lo que les imploraba a los uniformados que le entregaran su bomba de oxígeno, pero estos sólo se la acercaban a centímetros de su vía respiratoria y alejándola al instante, en reiteradas ocasiones, para burlarse de él.

Pero el grupo de carabineros no sólo reprimía en el cuartel. En Osorno hasta el día de hoy recuerdan a los ejecutados y desaparecidos a mano de “los duros”. Uno de los casos emblemáticos es el fusilamiento de diez detenidos en el puente Pilmaiquén. Según indica el relato de uno de los choferes de la Tercera Comisaría, días posteriores al Golpe de Estado, fue informado de que debían trasladar a diez detenidos al regimiento para un interrogatorio, pero se detuvieron en el puente Pilmaiquén. Los uniformados sacaron a los detenidos de los vehículos, quienes iban amarrados y los colocaron en la baranda del puente, mirando de frente a ellos. Entre el grupo de detenidos estaba Ávila, quien fue el primero en morir. Otro de “los duros”, el cabo Rafael Pérez, se acercó al profesor, lo tomó por el cuello y lo degolló con un corvo. “La sangre saltó en todas direcciones”, dijo el testigo, quien añadió que luego del asesinato, Pérez le quitó un anillo y un reloj a la víctima, guardándolo para él. Luego, Fernández dio la orden de disparar a los demás, acabando con la vida de los detenidos, cuyos cuerpos cayeron hacia el río. Entre los caídos también se encontraba Santiago Aguilar, quien hasta antes del golpe era el gobernador de La Unión.

Muñoz fue condenado a 10 años y un día, por muertes y desapariciones de un total de veinte personas. Negó todo al igual que el resto de “los duros”.

Marcelo Castro y sus 17 víctimas en Lonquén

Marcelo no siempre fue Marcelo. Solía ser Lautaro. Ese era su nombre cuando ordenó la desaparición de decenas de personas cerca de Isla de Maipo. Lautaro Castro Mendoza se llamaba.

Tampoco era un carabinero en retiro que a través de Tribunales pedía que lo indultaran de su condena para enfrentar la mala salud desde su casa. En 1973 estaba en sus funciones, capitán de Carabineros y jefe de la tenencia de Isla de Maipo, responsable de uno de los casos más emblemáticos de violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet: El hallazgo de Lonquén.

El 30 de mayo de 1978, la Vicaría de la Solidaridad, a cargo en aquel entonces del sacerdote Cristián Precht, se instituyó en las minas abandonadas de Lonquén, luego de que un hombre asegurara haber encontrado una gran cantidad de osamentas humanas.

Los restos correspondían a quince personas que fueron detenidas el 7 de octubre de 1973, los que luego fueron asesinados a golpes y arrojados a los hornos de las minas abandonadas. Sus familias no supieron nada desde su detención hasta el hallazgo y la posterior confirmación de las identidades a través del Insituto Médico Legal, según consigna el sitio www.memoriaviva.cl.

Durante la investigación, el capitán Castro Mendoza entregó testimonios falsos. Dijo que los detenidos fueron llevados a los hornos porque supuestamente en las minas habían armas ocultas, y que ahí se habría dado un enfrentamiento. Esto fue desestimado por el ministro en visita, Adolfo Bañados, quien aseguró que las osamentas no presentaban impactos de bala que hubieran sido recibidas por un organismo vivo. Además, la versión del capitán era inverosímil porque todos los uniformados habían resultado ilesos.

En 1979 se aplicó la ley de amnistía contra Castro y los demás responsables. Sin embargo, en 2011 esto fue revertido, para que recién en septiembre del año pasado, Castro y los demás fueran condenados de manera efectiva. El responsable de la tenencia obtuvo una pena de 20 años.

Pero además, en 2010 Castro Mendoza fue condenado por otro crimen. En el expediente judicial del asesinato de Juan de Dios Salinas y Guillermo Bustamante Soto, subordinados de Castro Mendoza cuentan que el capitán ordenó una serie de detenciones de forma verbal. Tres carabineros de la tenencia relataron que un día Castro mandó a trasladar a las mencionadas víctimas. Debían llevarlas al Estadio Nacional, supuestamente, pero la idea del teniente era otra.

Se detuvieron en el puente Naltahua. Los detenidos no estaban ni amarrados ni vendados. Fueron puestos en la orilla de la baranda del puente y Lautaro Castro, hoy Marcelo Castro, apuntó y fue el primero en disparar, para luego dar la orden al resto de los carabineros de hacer lo mismo con sus fusiles SIG. Fueron incontables balas, dice uno de los testigos. Los cadáveres cayeron en la calzada de cemento del puente. Luego, a pedido del uniformado que hoy pide indulto, fueron arrojados al río Mapocho.

El suboficial que no tuvo clemencia

En enero de 2014 la Corte Suprema ratificó la sentencia que condenó a tres militares por su participación en calidad de autores en el denominado “caso Torres de San Borja”, un emblemático episodio ocurrido en los albores de la dictadura y que involucró a ciudadanos extranjeros e, incluso, militantes de derecha quienes fueron brutalmente acribillados en las cercanías del túnel Lo Prado. Uno de esos tres uniformados era René Cardemil Figueroa, hoy preso en Punta Peuco, cumpliendo una condena de 10 años de cárcel sin beneficios.

Fue en la madrugada del 16 de octubre de 1973, cuando una patrulla integrada por tres suboficiales del Ejército irrumpió en la torre 12 de la Remodelación San Borja en Santiago Centro. Para hacer ingreso al lugar encañonaron al sereno, realizaron una ocupación de los ascensores y cortaron la línea telefónica. Luego de entrar a la fuerza y allanar violentamente diversos departamentos, los uniformados secuestraron mientras dormían a seis vecinos del edificio quienes no tenían militancia de izquierda, ni siquiera estaban relacionados entre sí

Entre las personas detenidas se encontraba un empresario militante de derecha; un alto funcionario del Fondo Monetario Internacional; un estudiante de matemáticas de la Universidad de Valparaíso; un cirujano dentista que padecía de una severa enfermedad; y una pareja de turistas argentinos, entre ellos una joven de 26 años que al momento de su detención se encontraba embarazada.

Todos ellos fueron trasladados hacia el recinto clandestino de detención denominado Casa de la Cultura de Barrancas en la actual comuna de Pudahuel. Al día siguiente las víctimas fueron sacadas de ese lugar y llevadas a los alrededores del Túnel Lo Prado donde se le ordenó a cada uno que huyera para simular una fuga. Los detenidos rogaron y suplicaron, y a sabiendas de que entre esas personas se encontraba una mujer embarazada, los uniformados, liderados por Cardemil, los acribillaron inclementemente por la espalda con ráfagas de ametralladora.

Al no conocer el paradero de sus seres queridos, familiares de las víctimas intentaron ubicarlas en el Estadio Nacional y en otros tres regimientos, pero no fue hasta el sábado 20 de octubre que dieron con su destino, en la morgue de Santiago.

Las seis víctimas asesinadas en el túnel Lo Prado fueron delatadas por equivocación por una vecina de la torre 12 quien era militante de Patria y Libertad.

Pedro Vivian Guaita

El último de los reos de Punta Peuco que falleció a causa de una enfermedad terminal, y que motivó la presentación de un recurso de protección en contra de Michelle Bachelet, había participado como autor en la detención y el secuestro de al menos tres personas, dos de ellas aún se encuentran desaparecidas

Eran cerca de las diez de la noche un 28 de abril de 1975 cuando ingresaron cinco agentes de los servicios de seguridad regional, a la casa Pedro Acevedo, un joven estudiante de la universidad Técnica del Estado y militante de las Juventudes Comunistas.

El joven fue aprehendido en su casa en la comuna de Tierra Amarilla para luego ser trasladado al regimiento N 23 de Copiapó, lugar en que el estudiante de ingeniería fue violentamente interrogado. Lo que sucedió después aún se desconoce. Desde el Ejército señalaron que el joven se había fugado del recinto militar luego de algunos días, sin embargo hasta la fecha, Pedro Acevedo aún se encuentra desaparecido.

Ese mismo año de la desaparición del militante de las JJ.CC, en la ciudad de Copiapó secuestraban a Nicza Báez, y a su esposo Alonso Lazo Rojas, un joven de 24 años militante del MIR.

Ambos fueron detenidos el 14 de noviembre de 1975, por funcionarios del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), en su domicilio. Entre ellos se encontraba el suboficial de Carabineros Pedro Vivian Guaita quien colaboró activamente en su detención, secuestro y posteriores torturas.

Luego de la detención de Nicza Baez y su marido, ambos fueron conducidos a la sala de guardia de un recinto militar en Copiapó, donde fueron separados.

Posteriormente fueron reunidos y llevados hasta el segundo piso del Regimiento donde los vendaron, interrogaron y torturaron, logrando solo Báez ser liberada.

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Esta semana se vence el plazo para que Michelle Bachelet se pronuncie sobre el indulto. Desde el mundo de los Derechos Humanos piden no desconocer los crímenes por los que los uniformados están condenados, mientras sus defensores levantan la idea del perdón argumentado vejez, debilidad y enfermedad.

El origen del nombre de Osorno deriva del amor. En 1558 García Hurtado de Mendoza llega a estas tierras australes y funda la ciudad, nombrándola al igual que el poblado en España donde residía la mujer que amaba. Han pasado 460 años y la historia de Osorno ha tenido vaivenes, pasando del amor al odio con inusitada rapidez y hermetismo. Tal vez ésta sea la historia más oculta: la del clan de la Tercera Comisaría de Rahue.

Siempre llueve. En Osorno es normal que haya diluvios durante el invierno. También lo fue en 1973, por lo que el olor a leña húmeda invadía el subterráneo de la Tercera Comisaría de Rahue. En un rincón, sin la vida de antaño, aún yacían algunos palos cortados: la corteza inerte, algo de musgo, algo de polvo Todo parece transcurrir con más lentitud en el sur. Sin embargo, en Osorno, post golpe, con inusitada rapidez los bandos militares establecieron un nuevo orden para sus entonces 160 mil habitantes. Con ahínco se buscó aniquilar las direcciones políticas de comunistas, socialistas, del MIR y de todo aquello que pintara de “rojo”-lo que era bastante amplio-. La Tercera Comisaría de Rahue no quedó exenta de ello. El subterráneo del recinto policial iba a emplearse para otros menesteres. Eso era inusual. ¿Dónde iba a quedar la leña? El inmueble de un piso era relativamente pequeño, de unos 50 metros de ancho por 20 de largo, con dos calabozos, y afuera, junto a las caballerizas, la leña se iba a mojar. Pero el entonces capitán Adrián Fernández Hernández ya lo había decidido: el subterráneo iba a destinarse para otra cosa. No había nada más qué hablar, así que sus subalternos, los sargentos Eliseo Águila “El Cheo” o “Alma Negra” como lo apodaban, Rolando Becker Solís; Rafael Pérez Torres, el suboficial mayor Francisco Inostroza, y el sargento primero Gustavo Muñoz Albornoz guardaron silencio, llevaron la leña afuera y luego siguieron realizando pesquisas en el furgón 777, el “Siete machos”, -que arreglaba y manejaba Becker- deteniendo a cuatreros, delincuentes de poca monta y cogoteros. Mas, ahora se agregaba una nueva tarea que iba a concentrar todos sus esfuerzos: extirpar el “cáncer marxista”, como lo denominaba el general Augusto Pinochet en sus innumerables discursos. Estos carabineros, sin saberlo, comenzaron a ser miembros de un clan, unidos por lazos de ascendencia, y vinculados por un ancestro común: el capitán Fernández, una especie de padre; autoritario, pero aun así un patriarca para todos ellos.

Bajando las escalas al subterráneo funcionaba ocasionalmente la Comisión Civil de la Tercera Comisaría, y ahí, de un día para otro, se instaló el esqueleto de una cama y un roñoso sillón. También un extraño aparato eléctrico con dos cables. Gustavo del Carmen Muñoz Albornoz, El Lolly como la apodaban, era en la Tercera Comisaría la mano derecha dentro del círculo de confianza del capitán Adrián Fernández, denominados “Los duros”. El término suena extraño pero marenga significa enfermero de los caballos en el lenguaje interno de Carabineros de Chile. Muñoz era un marenga, así que ese extraño aparato eléctrico le llamó la atención. ¿Para qué serviría?, se preguntó sin dar con la respuesta, recriminándose por ser un huaso duro de mollera. Nada ni nadie imaginaba los sucesos que vendrían a futuro.

Contracara 

A partir del 4 de septiembre de 1970 el socialista Guido Asenjo fue nombrado Intendente de Osorno y por sus labores necesitó -como el protocolo exigía- un oficial de enlace, una especie de edecán de confianza. Las reuniones en el gobierno se intensificaron y el edecán cumplía un rol primordial y protector ante cualquier atisbo de amenaza. Entre 1970 y 1973 el apoyo al gobierno de Allende había aumentado en un 74% y Osorno no era una excepción: por las calles circundantes a la Plaza de Armas marchaban camiones con campesinos mientras los agricultores chileno-alemanes miraban con recelo su paso desde Matta hacia el río Damas. Corría 1971 y los aires de cambio se respiraban por los cuatro puntos cardinales de la sureña ciudad.

Adrián Fernández era teniente de Carabineros -la rama que se suponía más leal a Allende- y estaba próximo a ascender a capitán. Alguien propuso su nombre para ser el edecán del intendente y todos dieron su visto bueno. El joven era amable, educado y parecía tener cercanía con el gobierno de la Unidad Popular. Fernández medía casi un metro noventa, jugaba básquet y ya no era tan delgado como en su adolescencia, sino más bien macizo. De tez blanca y ojos claros su mirada provocaba confianza. Estaba recién casado y tenía un futuro esplendor por delante. En el ejercicio de su nuevo cargo tuvo ocasión de conocer a todos los dirigentes políticos y administrativos de la Unidad Popular, tanto de los sindicatos, organizaciones de campesinos, pobladores, mujeres y de la juventud. Muchos confundieron su actitud con simpatía por la causa de pueblo unido, y su gran dosis de oportunismo con amistad. De hecho, en la Intendencia se comentaba que lo habrían ayudado de diversas formas, incluyendo avales para créditos bancarios. Incluso, por su amistad con algunos comunistas, se le atribuía una militancia secreta en dicho partido. Realmente no había nada de ello, pero Fernández se mostraba cercano. Muy cercano.?? El entonces militante de las Juventudes Comunistas, José Luis Mayorga conoció a Adrián Fernández antes del golpe. “Él pasaba por afuera de la sede del partido e incluso estuvo en un acto del PC, acompañando al Intendente Guido Asenjo. La política nuestra era ganar a sectores del ejército y las Fuerzas Armadas”, sostiene Mayorga, quien vivió de cerca la cadena de hechos que marcarían a todo un país.

Rodolfo Leveque

La amistad entre José Luis Mayorga y Rodolfo Leveque -quien era cuatro años mayor- se inició a mediados de los 60 en Rahue. Eran vecinos y entre los primeros malones y fiestas de adolescentes se hicieron inseparables. Las ideas del padre de Rodolfo, don Pedro, un maestro pintor comunista, se habían traspasado a los muchachos, quienes pese a ello mantuvieron un silencio como si aquello no fuera importante. Cuando José Luis ingresa a las JJ.CC el 68 se topa a Rodolfo como dirigente. En Rahue había muchos comunistas, la mayoría obreros. José Luis se interesó por el gran conocimiento que tenían los diversos militantes. Rodolfo, a su vez, es llamado a hacer su servicio militar, egresando a inicios del 70. Meses más tarde Rodolfo asume como secretario general de las JJ.CC. Ambos muchachos se destacan. José Luis Mayorga se encarga de la labor estudiantil. Todos los días el FER (Frente Estudiantes Revolucionarios) y el MIR salían a las calles para disputar peleas y luchas callejeras con Patria y Libertad. Los dos muchachos intuían que algo malo se iba a venir. Se hablaba de una guerra civil y ambos querían detener eso; mientras la derecha, con el Partido Nacional a la cabeza, la impulsaba.??“Lo importante y necesario era elevar la producción, concientizar a los trabajadores y pobladores, cumplir las 40 medidas del gobierno de Allende, quien estatizó empresas, nacionalizó el cobre e impulsó la ida de la juventud más desposeída a la universidad. Esos eran avances a nivel país”, señala Mayorga.

La sede del Partido Comunista en Osorno quedaba al final de Eleuterio Ramírez, la arteria principal, casi llegando al puente San Pedro en el límite con el entonces barrio de Rahue. Angélica Gallegos militaba en las Juventudes Comunistas. Tenía 18 años y en ese entonces pololeaba con Rodolfo Leveque, Secretario General de las JJ.CC. Tras varios años de noviazgo decidieron ir a vivir juntos, lo que en un partido disciplinado como el PC no era bien visto. La base era la familia.  Estaban enamorados así que se casaron el 6 de junio y ella, posteriormente, quedó embarazada.??Pese a que los militantes comunistas en Osorno eran más de dos mil, cuando Allende triunfó el 4 de septiembre, la dirigencia PC se preguntó cómo iban a cubrir con profesionales los diversos cargos políticos de las empresas estatales (Indap, Corvi, Cora, la industria del cuero, etcétera) con profesionales. El PC tenía pocos profesionales y hubo que recurrir a los socialistas. Por otro lado, la relación con la Democracia Cristiana y el Partido Nacional eran muy hostiles. La DC estaba ubicada en calle O´Higgins pasado Bilbao y muy cerca. en Cochranne, estaba el Partido Nacional. El boicot a Allende por la derecha, y la Reforma Agraria asi como la nacionalización de las empresas estatales, por parte de la UP, ya estaba en marcha en Osorno. Inesperadamente el MIR y el PCR (Partido Comunista Revolucionario liderado por David Benquis y Jorge Palacios) se tomaron terrenos donde había producción contraviniendo la orden original que era tomarse terrenos no productivos de los grandes terratenientes, buscando beneficiar a medianos y pequeños agricultores, minifundistas, medieros, empleados y afuerinos; así como extender el crédito agrario y asegurar mercado para la totalidad de los productos agropecuarios. ¿Qué estaba pasando? ¿Algunos iban a contracorriente o demasiado rápido???La palabra revolucionario era recurrente en el léxico de la izquierda más radical. Sus aliados eran el Frente de Estudiantes Revolucionarios y el Movimiento Campesino Revolucionario. Las primeras 40 medidas de Allende ya estaban en marcha. José Luis Mayorga recuerda que “los radicales y el MAPU siempre hacían lo que nosotros pedíamos; no así los socialistas, que al igual que los radicales eran pocos. En el PS el líder que destacaba era Carlos Bongcam. Curiosamente ellos, los PS, desviaron su trabajo, no fueron muy cercanos a la labor de Allende. Fueron años complicados. Nosotros los comunistas tratamos de unir a todas las fuerzas de izquierda para seguir cumpliendo con el trabajo de la UP, pero fue difícil pues el pueblo no estaba preparado. Nos apresuramos. Ahora tampoco. Todo ello no justifica un golpe de Estado brutal como el que ocurrió”, confidencia Mayorga.

“En Osorno siempre ha habido pobreza”, señala Angélica Gallegos. “A orillas del río Damas había un campamento, en la población Bernardo O´Higgins también, en Rahue, en Ovejería, en Francke, por todos lados. En 1970 había esperanza de eliminarla. Por fin algunos pudieron ponerse zapatos. La gente tenía sueños. Pero el segundo año empezaron a faltar las cosas. Se formaron las JAP y yo estaba a las cinco de la mañana esperando el tren -a la altura del paso nivel del río Damas- para defenderlo de Patria y Libertad que quería quemarlo. El 9 de septiembre supimos que venía el golpe y la Segunda Dirección del partido asumió, ya que la Central pasó a la clandestinidad. Yo dije que el poder se debía tomar con las armas y me mandaron a control y cuadros amonestada. ´La lucha se va a dar de forma democrática´, me respondieron.

Osorno siempre ha sido una ciudad gris, incluso en el verano. Meses antes del golpe de estado de 1973, al igual que en la mayoría de las ciudades del sur -sólo azotadas por la gran sequía de 1968-, las nubes con sus motas de humo y vapor se habían dejado caer con rabia, cómo presintiendo lo que vendría, e incluyendo en los goterones a las comunas de San Juan de la Costa, Entre Lagos, Puerto Octay, y San Pablo. Al mal tiempo buena cara, pensaban los habitantes de esos pueblos; pero aun así la mayor parte vivía en la incertidumbre. Los ojos bien abiertos. Había que estar alerta.??A comienzos de 1973 los osorninos caminaban en círculos por la Plaza de Armas atentos a meterse en algún negocio que bajara las cortinas cuando las escaramuzas comenzaban entre partidarios y opositores de la UP, liderados por Patria y Libertad y un lumpen contratado por un par de billetes para machacar a los “rojos”. El Partido Comunista buscaba afianzar lo obtenido mientras los socialistas deseaban ir mucho más lejos. El PC en Osorno no veía con buenos ojos la toma de terrenos agrícolas por parte del MIR. Los campesinos no estaban concientizados y el hecho era tomado como pretexto para las críticas de la derecha, quienes estaban decididos y ya habían juntado dinero para comprar armas en Argentina. Un conocido personaje fue contratado para esa misión y la llevó a cabo con una que otra dificultad. Solo pudo comprar el 70 por ciento del total y fue entonces que devolvió el dinero sobrante, que era una millonada, sin que nadie se le agradeciera jamás. Los terratenientes a futuro, ya en dictadura, tampoco lo ayudarían cuando se encontró en problemas económicos.

Carlos Bongcam

La casa del capitán Adrián Fernández quedaba en la calle Manuel Rodríguez al llegar a avenida René Soriano, una arteria al extremo de la ciudad en el lado sureste. El 18 de agosto de 1973 muy cerca de ahí Carlos Bongcam Wyss, Secretario Regional del Partido Socialista de Osorno, estaba nervioso y desilusionado. Bongcam en abril de 1965 había sido contratado como profesor de Administración en la Sede Osorno de la Universidad Chile, cargo que ejerció hasta septiembre de 1973, junto al de miembro del Consejo Normativo Superior de dicha Universidad, pero su participación política no lo había alejado de las aulas. Ahora los hechos no se presentaban como él los había imaginado. Bongcam, fallecido el 2007, en su libro Chile: Condenado a muerte narra lo que sucedió aquel día:??”El sábado 18 de agosto de 1973, por la tarde, asistí a la reunión del “Cordón Industrial Chuyaca” que se realizó en la Escuela Industrial. Intervine ante los trabajadores analizando la grave situación que vivía el país, Expliqué los peligros que nos amenazaban y como conclusión, exhorté a los presentes a estar preparados porque, según todos los indicios, importantes sectores dentro de las Fuerzas Armadas estaban tramando un “Golpe de Estado” en contra del Gobierno. Aquella fue mi última aparición en público en Osorno. Mientras hablaba tuve la sensación de que los obreros me escuchaban sin dar crédito a mis palabras, aferrados a los mitos de la “prescindencia política” de las Fuerzas Armadas, de su “respeto a la Constitución” y de su “obediencia al poder civil”, mitología que la propia Unidad Popular había contribuido a difundir durante los últimos los últimos años. Salí de la reunión bastante desanimado, al ver la actitud pasiva y la incredulidad de los compañeros. Sin automóvil y sin escolta, por primera vez me sentí cansado e impotente. Un profesor me llevó en su camioneta hasta el centro de la ciudad. Caminando llegué hasta la casa de unos amigos, donde permanecí hasta el martes siguiente”.??Cinco días después ocurrió un hecho que marcaría su vida. Bongcam lo narra:??“Llegué a la casa de Darío faltando pocos minutos para la una de la tarde. Mi amigo, su mujer y su suegra terminaban de almorzar escuchando las noticias en la Radio “SAGO”, la Radioemisora de la reaccionaria Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno. La suegra de Darío me ofreció una taza de café y me la sirvió en el momento en que terminaban las noticias, inmediatamente después se oyó la característica musical que anunciaba los “flash” noticiosos. El locutor leyó: ´La Fiscalía Militar ha declarado reo a Carlos Bongcam Wyss, Secretario Regional del Partido Socialista de Osorno, quien debe presentarse de inmediato ante las autoridades Militares. Según la Fiscalía Militar, Bongcam estaría implicado en la creación y entrenamiento militar de organizaciones guerrilleras, en abierta infracción de la Ley de Control de Armas. La Fiscalía Militar ha dado orden de aprehensión en contra de Bongcam a todas las unidades policiales´”, finalizaba el locutor.

1973

El capitán Fernández vivía una nueva realidad y se jugaba el pellejo en ello: de haber sido edecán del Intendente de Osorno, Guido Asenjo, y haberle jurado lealtad al gobierno de Allende pasó a ser su peor enemigo. Y sus subalternos estaban inspirados: El sargento Rafael Pérez comenzó a ser el más sanguinario con el corvo y un devoto feligrés de la violencia extrema, al mismo tiempo que aprovechaba su cercanía con Fernández para quitarle anillos y relojes a los innumerables presos políticos -sus víctimas preferidas- de los cuales muy pocos salieron con vida hasta abril de 1974. El capitán Fernández desarrolló tan bien su “trabajo” durante ese mes de septiembre que permitió saltarse a Osorno a la Caravana de la Muerte del general Sergio Arellano Stark, que partió desde el aeródromo Tobalaba el 30 de septiembre de 1973 -a bordo de un helicóptero Puma del ejército-, con un recorrido mortal que incluyó las ciudades del centro y sur de Chile: Rancagua, Curicó, Talca, Linares, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Cauquenes, dejando a su paso 26 asesinatos hasta su regreso a Santiago el 6 de octubre.

Angélica Gallegos rememora la actitud del capitán Fernández antes del golpe: “Los Carabineros nunca mostraron una postura muy visible. En las luchas callejeras ellos miraban, cuando la cosa se ponía muy álgida tiraban gases. Solo eso. Adrián Fernández dijo que era irrestricto al gobierno de Allende. Que nunca iba a retroceder. Antes del golpe asume la Tercera Comisaría como premio. Todo estaba muy polarizado”, señala Angélica. “Conocí a Adrián Fernández en el casino de la Primera Comisaría, que fue el lugar donde llegó inicialmente. Yo era amiga de Machuca, que era el prefecto de Investigaciones, y también a través de Virginia, una compañera. Era joven, bueno para las bromas. Agradable en la parte social. Tomamos un café y comimos un pedazo de torta. Años más tarde estuve en un comparendo en el Primer Juzgado del Crimen con Adrián Fernández, cuando se comenzó a investigar allá por los 90. A todas las señoras que estaban ahí, familiares de los detenidos desaparecidos, les decía: “Perdóneme. Yo no sé nada. Discúlpeme…”. El actuario preguntaba: ¿Usted conoce a don Adrián Fernández? Les di una respuesta: Sí, lo conocí cuando era joven y buenmozo. Ahora está guatón y feo”.

José Luis Mayorga y Rodolfo Leveque antes del golpe se instalan en la casa de Jaime Soublette en una zona que queda frente a la población Eleuterio Ramírez. El 11 de septiembre son sorprendidos con las noticias que llegan desde Santiago. El golpe ha comenzado. José Luis Mayorga recuerda que se preguntaron “Qué íbamos a hacer sin tener nada. Era muy difícil. No poseíamos armas. Decidimos dedicarnos a observar los sectores de Ovejería y Rahue. A Rodolfo lo toman detenido, pero los de la Primera Comisaría. Lo sueltan. Y después, el 15 de septiembre, lo detienen los de la Tercera. A mí me toman los militares y me llevaron al regimiento Arauco y luego a Investigaciones. Los militares no me conocían pues no tenían, en ese entonces, una unidad de Inteligencia. No me identificaron, por suerte. No así Mario Fernández, dirigente de las JJ.CC, y mi amigo Rodolfo Leveque, quienes fueron detenidos por los de la Tercera, quienes los conocían, ya que los habían seguido. Los carabineros algunas veces no ocultaban su rostro, ni mucho menos, al torturar. En ese sentido fueron bastante desquiciados. El día antes, el 14 de septiembre, Rodolfo pasa a mi casa a buscar una chaqueta. Yo sabía cómo venía la mano porque el 13 de septiembre estaba en Rahue Alto cuando matan a Reinaldo Rosas, dirigente estudiantil socialista de 17 años. Lo mataron en la calle porque había toque de queda, no porque supieran de su cargo”, finaliza Mayorga.

“¿Han visto a Rodolfo?, les preguntaba a otros compañeros que estaban detenidos. Iba con mi niño en un coche que se le salían las ruedas y le ponía unos clavos”, señala Angelica Gallegos. “Ellos creían que estaba loca. Hacía un recorrido largo. En la Tercera Comisaría, cuando fui a buscar a mi esposo, me respondieron: ´ ¿Qué venís a hacer?, ¿quizás con quién andarías c…? ´ Yo les respondí: ´Mientras no fueras tú, paco rec ..´ Yo no me quedaba callada. Nunca. Cuando Rodolfo pasó a la clandestinidad, días después del golpe, había que apechugar así que le armé una muda de ropa: calzoncillos y calcetines y un dinero que habíamos ahorrado para nuestra casa en la Corvi. Yo me quedé con quinientos escudos. Ya habíamos quemado papeles importantes del partido porque los militares allanaron la sede. Otros los tiramos en una maleta en el entretecho de una casa”.

Los allanamientos empezaron el 15 de septiembre. Rodolfo Leveque es detenido en la casa de Ube, su madre.??El Servicio de Inteligencia de Carabineros juntamente con personal militar en alguna oportunidad fue a la Tercera Comisaría de Rahue. Orozimbo Moll Rosas, Cesar Majin Bastías, Gregorio Pérez Silva y Raúl Oyarzún Blanco eran los más importantes. Ellos sabían que, al capitán, le decían Chupete de fierro por lo desagradable. El apodo estaba bien puesto. Pero antes no era así. Había cambiado. Algo parecía hacerlo adoptar una actitud hostil y recia. Como si quisiera demostrar dureza, tal vez, enmendando pecados del pasado. Emparentado por intermedio de su mujer con los dueños de fundo, el otrora teniente Fernández vivió mucho tiempo en la cuerda floja y ahora debía demostrar toda su lealtad con la Junta militar que se había tomado el poder.

La guerra privada del capitán Fernández

El 15 de septiembre de 1973 el capitán de Carabineros Adrián Fernández comenzó su particular guerra Carlos Bongcam en su libro Consejo de Guerra relata que “Cuando Adrián Fernández ascendió a capitán, gracias a sus buenos contactos dentro del régimen allendista asumió el mando de la Tercera Comisaría de Rahue, en calidad de Comisario. Esta unidad policial tenía dentro de su área jurisdiccional toda la zona rural de la Provincia de Osorno, con la sola excepción del Departamento de Río Negro. “Producido el Alzamiento Militar, al Capitán Fernández se le produjo un dilema que sólo le duró tres días”, escribe Bongcam. “Cuando ya no tuvo ninguna duda de que el régimen de Salvador Allende había sido irremediablemente derrotado, al capitán le comenzaron a penar sus viejas amistades. Entonces, aprovechando la licencia para matar otorgada por los Generales que habían usurpado el poder, el capitán Fernández inició su «Guerra Privada», cuyo objetivo era demostrarles a los nuevos amos que él era un perro fiel, destruyendo de paso a los principales testigos de su amistad con aquellos que comenzaron a ser llamados extremistas. Los Carabineros de Rahue, debido a ese complejo que tienen los «representantes de la ley» de mostrarse serviles ante los oficiales y los civiles adinerados, secundaron con entusiasmo a su superior en la matanza de campesinos y dirigentes de la Unidad Popular, que se abatió sobre Osorno”, finaliza Bongcam en uno de los párrafos del libro. Todo se inició cuando una patrulla de carabineros de Rahue, con gran despliegue policial, detuvo a los hermanos Leveque. En un furgón los llevaron a dicho recinto policial, donde fueron ingresados sin registrarlos en el Libro de Partes, como lo exigía el reglamento”, escribe Bongcam en el texto que evidencia lo que pasó después del golpe de Estado. En su libro narra un dialogo decidor -¿Qué vamos a hacer con estos extremistas, mi capitán? -inquirió el ayudante, a solas con Fernández.

-¡Hay que matarlos! -replicó el comisario, sin inmutarse.

– ¿Los vamos a matar aquí?

– ¡Cómo se le ocurre, teniente! -exclamó Fernández-. Hay que despacharlos en el campo y tirarlos donde nadie los encuentre. – ¡A su orden, mi capitán! -exclamó el ayudante, saliendo de la habitación.

Al anochecer un grupo de Carabineros sacó subrepticiamente de la Comisaría a los hermanos Leveque. Como al comienzo no tenían claro dónde los iban a matar, el vehículo policial tomó rumbo hacia Bahía Mansa. Por el camino, uno de los verdugos propuso, como el lugar más apropiado, el puente colgante sobre el río Pilmaiquén.

-Los baleamos, los lanzamos al río, y listo -explicó el cabo Águila apodado Alma Negra.

– ¡Deténgase! -le ordenó al chofer-. ¡Vamos al río Pilmaiquén!

Al llegar el furgón se detuvo en la berma de la Carretera Panamericana. Bajaron a los hermanos, sin dejar de golpearlos y sobre el puente colgante los mataron a balazos.

-Si no les abrimos la guata, después de unos días los cadáveres saldrán a flote -explicó el sargento Muñoz, «El Loly», quién creía tener experiencia al respecto sacrificando caballos. Sin decir más, sacó un puñal y se lo enterró en el abdomen a uno de los cadáveres, abriéndolo en canal. ¡Así se hace! -exclamó.

El cabo Inostroza se apresuró a hacer lo mismo con el otro cuerpo. Luego lanzaron al río ambos cadáveres. Cuando venían de regreso a Osorno, el cabo Canales, dijo:

-Debimos haberles cortado los dedos de las manos, para que no los puedan identificar si los encuentran.

-Buena idea -respondió «El Lolly». -También les podríamos quemar las manos y el rostro con alquitrán hirviendo -propuso un Carabinero.??-Vamos a tener que organizar este trabajo -acotó, calculando que recién habían comenzado a extirpar el «cáncer marxista» en la Provincia de Osorno.

Angelica Gallegos seguía buscando a su esposo mientras El Clan daba rienda suelta a su perversión, sus coimas y sus borracheras. La mujer, todos los días, recorría los diversos centros de detención, el regimiento Arauco, el Hospital Base -que lo utilizó la Fiscalía Militar-, la fábrica de cecinas Felco, el Estadio Español y Cooprinsem e, incluso, a la Intendencia donde le decían que su esposo se había ido con otra mujer a la Argentina. “Al mes siguiente del Golpe el psiquiatra comunista Ricardo Honorato, detenido en Investigaciones, me dijo: ´…Que andas leseando. Tienes que comportarte como una luchadora… Nunca vas a encontrar a tu marido´.

Yo me puse a llorar y me fui a la cárcel pública donde otros compañeros que me dijeron: ´No te preocupes, chica. Nosotros vamos a conversar con Rodolfo en la noche´.

Yo me alegré, pero también luego pensaba el cómo iban a hablar con mi marido si ellos estaban presos”.??“Yo tengo dos versiones de la muerte de Rodolfo”, manifiesta Angélica Gallegos. “Una es que lo fusilaron en el Regimiento Arauco y que está enterrado en el patio, junto a un estero, de ese regimiento. Eso me lo dijo un militar que ya no está en Osorno. Y la otra es la del proceso judicial que lo degollaron, abrieron el cuerpo y lo tiraron desde el puente Pilmaiquén, y eso se hizo con todos los ejecutados, según el carabinero Becker, bajo delación compensada.

Los dirigentes sindicales de Puerto Octay. El 16 de septiembre los Carabineros de la Tenencia de Puerto Octay apresaron a tres dirigentes sindicales campesinos. Dos fueron detenidos en sus domicilios, mientras el tercero, creyendo que «no tenía nada que temer», se presentó voluntariamente. Cuando el capitán Fernández se enteró de que los carabineros de Puerto Octay habían detenido a tres Dirigentes Sindicales del Distrito, pensó que liquidando a esos campesinos les iba a dar una gran satisfacción a los dueños de fundo, muchos de ellos parientes o amigos de la familia de su mujer. Tocó el timbre eléctrico que tenía sobre su escritorio y casi al instante entró a la carrera el ayudante. -Llame al teniente de Puerto Octay y dígale que me mande de inmediato a los dirigentes sindicales.. – ¡A su orden, mi capitán! -le respondió haciendo sonar los tacos de sus botas. A media tarde, los tres dirigentes sindicales llegaron a Rahue en la ambulancia del hospital de Puerto Octay. Sin inscribirlos, los dejaron incomunicados en un calabozo. Cerca de la medianoche los sacaron al patio y en un furgón policial los llevaron hasta el puente colgante sobre el río Pilmaiquén. Allí los fusilaron. Una vez abiertos en canal, metieron los cadáveres en unos sacos y los lanzaron al río. La masacre en Entre Lagos “El lago Puyehue recoge el caudal del río Gol gol que penetra hasta las cumbres de la cordillera de los Andes que rodean el volcán Puyehue, a recoger la lluvia y el agua del deshielo de las nieves eternas. Miles de arroyuelos cordilleranos, que bajan zigzagueando entre las rocas, a veces invisibles bajo los peñascos o sobre los desnudos guijarros del fondo de las quebradas, llevan al lago el agua de las montañas”, escribe Bongcam, y explica que ”sobre la ribera del lago Puyehue, al sur del nacimiento del río Pilmaiquén, se extiende Entre Lagos, un antiguo villorrio maderero. En 1971, el Presidente Allende lo elevó al rango de comuna, designando a los Regidores de la Municipalidad y a Blanca Valderas, como la primera alcaldesa que hubo en la provincia de Osorno. También el retén de carabineros del poblado, a cargo de un sargento, fue elevado a la categoría de tenencia, aumentando su dotación de personal. Hacia el oeste, a diez kilómetros de Entre Lagos se encuentra el Salto del río Pilmaiquén y la Central Hidroeléctrica del mismo nombre. A la entrada del camino hacia la represa había un Retén de Carabineros cuya dotación se alimentaba de un odio mortal contra los campesinos. No contra los campesinos ricos y poderosos, sino contra los más pobres y desamparados. Después de la Sublevación de los Militares, un numeroso grupo de trabajadores del campo, cuidadosamente seleccionados por los dueños de la tierra, fueron asesinados por los carabineros en los terrenos de la central hidroeléctrica. El patíbulo de los carabineros estaba al oeste de la represa, más allá del edificio de las turbinas, allí donde el río, después de haber transformado su fuerza en electricidad, recuperaba sus aguas. El Escuadrón de la Muerte de los latifundistas de Entre Lagos, todos actuando con máscaras de vampiros, llevaban a sus víctimas al puente colgante sobre el río Pilmaiquén, al margen de la Carretera Panamericana, y allí los asesinaban”, señala Bongcam. La masacre en la Comuna de Entre Lagos comenzó la noche del 16 de septiembre. En la mañana de aquel día, un campesino «que no tenía nada que temer» se presentó voluntariamente a la Tenencia. Allí lo dejaron detenido junto a dos regidores comunistas que los carabineros habían aprehendido en sus respectivos domicilios. Bongcam narra en su libro el dialogo que se produjo:??Por la tarde, el teniente llamó por teléfono a su superior, el capitán Fernández, para comunicarle los nombres de los detenidos y pedirle instrucciones.  Esta noche irá a buscarlos el señor Sáez -le respondió el capitán Fernández. – ¿El que hizo la lista? -Sí. Sí. Él mismo. ¡A él entréguele los detenidos! – ¡A su orden, mi capitán!. Entrada la noche, los carabineros sacaron a los tres detenidos al camino. Allí, junto a una camioneta les esperaba un grupo de civiles enmascarados. Era el «Comando de la Muerte», organizado por Sáez para limpiar la zona de «extremistas». Enfrentados a sus víctimas, no obstante, las máscaras con que cubrían su rostro y las armas que portaban, los verdugos temblaban. Subieron a los detenidos a una camioneta y partieron hacia la ciudad de Osorno. Se detuvieron ante la barrera del Retén Las Lumas y, una vez revisado el salvoconducto, siguieron. Finalmente, la camioneta se detuvo en el río Pilmaiquén. A los tres detenidos los llevaron al puente colgante y allí los mataron. El río recibió los cuerpos sin vida y se los llevó hasta las claras, profundas y tranquilas aguas del río Bueno. La noche del 18 de septiembre, los dueños de fundo de Entre Lagos prosiguieron la matanza de campesinos de su comuna. A la una de la madrugada, cinco detenidos que se encontraban en los calabozos de la Tenencia de Carabineros del pueblo fueron sacados al exterior. Los presos salieron a la intemperie tratando de adivinar su destino, sin reparar en el frío de la noche. Además de los dos Regidores socialistas y de un Dirigente Sindical campesino, se encontraba Blanca Valderas, Regidora y ex alcaldesa de la Municipalidad de Entre Lagos. Tal como había ocurrido dos noches atrás, en la oscuridad del camino esperaba el «Comando de la Muerte» de Entre Lagos. Los asesinos enmascarados subieron a los detenidos a la camioneta de Sáez, el cabecilla del grupo, y partieron rumbo al puente colgante sobre el río Pilmaiquén. En aquel lugar hicieron entrar a los detenidos al puente y los obligaron a ponerse de rodillas. Detrás de cada uno de ellos se paró un miembro del Comando con un arma en la mano. A una señal, les dispararon en la cabeza. Al verdugo que estaba detrás de la exalcaldesa se le atascó el arma, lo que ella aprovechó para lanzarse al río. Mientras caía, el asesino pudo disparar, pero no acertó en el blanco. Milagrosamente, Blanca Valderas escapó con vida. Todos sus compañeros perecieron y sus cuerpos jamás fueron encontrados. La exalcaldesa fue la única, de todas las personas llevadas al puente colgante sobre el río Pilmaiquén, que se libró de la muerte. “Fierro, Vidal, Santana, y otros más murieron. La exalcaldesa Valderas se sumergió en las aguas y luego fue ayudada por unos campesinos. Adoptó otra identidad. No vio a sus hijos por varios años. A su esposo jamás lo encontraron”, agrega Angélica Gallegos.

El Secretario Regional del Partido Comunista Santiago Aguilar, Gobernador de La Unión y Secretario Regional del Partido Comunista de Osorno, el 11 de septiembre hizo entrega formal de su cargo a un mayor de Carabineros, quien lo dejó bajo arresto domiciliario. Pocos días después, debió trasladarse a Osorno a raíz de que le fue solicitada la casa fiscal en la que habitaba como Gobernador. Para hacer el traslado de los muebles de su casa, necesitaba el salvoconducto que otorgaban los Carabineros. Fue entonces cuando Santiago Aguilar cometió un error que resultó fatal: en vez de dirigirse a la Primera Comisaría de Carabineros de Osorno, que le correspondía por su domicilio, fue a solicitar dicho documento a la Tercera Comisaría de Rahue, donde era Comisario el capitán Fernández, con quien los comunistas habían mantenido muy buenas relaciones durante el Gobierno de la Unidad Popular. El 17 de septiembre por la mañana, el ex Gobernador llegó a la Comisaría de Rahue, y pidió entrevistarse con el capitán Fernández. Cuando éste supo que el dirigente comunista de mayor rango en la Provincia se había presentado a su cuartel, le dio un vuelco el corazón. Jamás se había imaginado que iba a tener esa suerte. – ¡Métanlo a un calabozo! -le ordenó el capitán Fernández, a su teniente Ayudante y agregó con sorna: -¡Primero tendrá que conversar con el Sargento Águila! En los tres días que duraba la «Guerra Privada» del Capitán Fernández, el Sargento Águila había ganado una justa fama como torturador despiadado y asesino sin entrañas Durante dos días, el ex Gobernador fue torturado sin ninguna consideración al hecho de que se encontraba convaleciente de una grave enfermedad En la madrugada del 19 de septiembre, Santiago Aguilar fue sacado de la celda que compartía con otras personas. En el corredor, en tono burlón, el sargento Águila le dijo  ¡Despídete de tus compañeros Una vez en el patio, Santiago Aguilar rehusó entrar al furgón de Carabineros, pero éstos lo golpearon obligándolo a subir. Aquella misma noche lo llevaron a Valdivia donde los Militares estaban interesados en interrogarlo acerca del Partido Comunista en la zona sur. Durante todo el tiempo en que fue interrogado y torturado en Valdivia, permaneció incomunicado en la cárcel de dicha ciudad. El 6 de octubre, cuando la quebrantada salud de Aguilar no les permitía continuar con los interrogatorios, los Militares lo entregaron a los hombres Fernández A partir de aquel momento se perdió su rastro   Los «consejos» del capitán Fernández   El 16 de septiembre un bando del Jefe de Plaza llamó a presentarse al presidente y al secretario del Comité de Pobladores Sin Casa de Osorno, ambos militantes socialistas. Al día siguiente, los domicilios de ambos fueron allanados. Este hecho les determinó a recurrir al Capitán Fernández, a quien consideraban su amigo. Fueron a pedirle consejo. Al abrir la puerta de su casa, el Capitán se asustó porque pensó que ambos dirigentes, enterados de su «guerra», habían ido a matarlo. Pero los jóvenes andaban desarmados y llevaban otro propósito. Le explicaron al oficial que iban a pedirle ayuda, dado que los estaban citando. Bongcam en su libro narra el siguiente dialogo  ¿Qué hacemos  ¿Qué nos aconseja? – ¡Muchachos! -les respondió el Oficial en tono falsamente amistoso-. Les aconsejo que se vayan a presentar a la Tercera Comisaría de Rahue. Por temor a la reacción de los jóvenes, el capitán Fernández no los detuvo inmediatamente. Pero luego, al darse cuenta de que los Dirigentes realmente confiaban en él, les dijo: -Si quieren, yo mismo los voy a dejar. En el jeep policial los llevó a la Comisaría de Rahue. Cuando se sintió seguro y protegido entre sus hombres, el capitán Fernández ordenó que encerraran a sus acompañantes. De inmediato, los Carabineros comenzaron a torturarlos. En la madrugada del 19 de septiembre, los dos Dirigentes de los Pobladores fueron sacados de la unidad policial y conducidos al puente colgante sobre el río Pilmaiquén. Allí los mataron a balazos. En enero de 1974, en un remanso del río Pilmaiquén fue hallado el cuerpo de Raúl Santana, el ex presidente del Comité de Pobladores Sin Casa. El cadáver, dentro de unos sacos rotos, estaba sin brazos ni piernas, pero con sus documentos de identidad en un bolsillo de su chaqueta. El Director Provincial de Educación El Golpe Militar sorprendió en Santiago a César Ávila, el Director Provincial de Educación de Osorno, donde asistía a un curso de perfeccionamiento del Magisterio Informado de que su esposa, también profesora, había sido detenida en Osorno, regresó a la Provincia para hacerse cargo de sus numerosos hijos menores El 27 de septiembre fue a la Penitenciaría a ver a su mujer. En los momentos en que salía de dicho establecimiento fue detenido por una patrulla de Carabineros que viajaban en un furgón policial En la Tercera Comisaría de Rahue, luego de ser sometido a torturas, Ávila fue encerrado en una celda junto a otros compañeros. A raíz de los malos tratos y a la falta de su medicina para el asma, al llegar la noche César se encontraba en muy precarias condiciones de salud. Cerca de la medianoche, perdió el conocimiento Entonces los Carabineros lo sacaron de la celda y lo subieron a un furgón policial. El vehículo se dirigió al puente colgante sobre el río Pilmaiquén. Una vez allí, César Ávila fue ultimado con arma blanca. Después de quemarle el rostro y las manos con alquitrán hirviendo, los Carabineros lanzaron su cuerpo ensacado a las aguas del río En la madrugada del 29 de septiembre, una patrulla de Carabineros encabezada por el propio Capitán Fernández irrumpió en el domicilio de los hermanos Igor. En medio de golpes, insultos y amenazas sacaron a Juan y a Gustavo y se los llevaron a la Comisaría de Rahue. Ya en el recinto policial, los hermanos fueron separados. Juan fue inscrito en el Libro de Partes y llevado a un calabozo; mientras, Gustavo era incomunicado sin registrarlo en dicho libro. Juan fue dejado en libertad ese mismo día cerca de las ocho de la noche. Al preguntar por su hermano, nadie le dio una respuesta Cerca de las 21 horas, el sargento Águila sacó a Gustavo de su celda y lo bajó al sótano de la Comisaría. Allí lo torturaron hasta que el joven perdió el conocimiento Después de la medianoche, en un furgón policial lo llevaron al puente colgante sobre el río Pilmaiquén, donde lo mataron. Luego ensacaron el cadáver y lo lanzaron a las aguas del río El 9 de enero de 1974, unas personas que rastreaban el río Pilmaiquén, encontraron el mutilado cadáver de Gustavo Igor y lo llevaron a la morgue local, donde fue reconocido por sus familiares.

El sonido grave de la muerte Según Google las balas de pistola y revólver normalmente tienen una velocidad inferior a la del sonido (340 m/s) o ligeramente superior. Los proyectiles de fusil, ametralladora, etcétera, superan ampliamente esta velocidad: entre 600 y 1000 metros por segundo. El entonces capitán de la Tercera Comisaría de Carabineros de Rahue, Adrián José Fernández Hernández, no albergaba tales conocimientos, pero había desarrollado una teoría extraña, luego de comenzar su seguidilla de crímenes pos 11 de septiembre de 1973. Pasados algunos asesinatos -de personas afines a la UP -descubrió que una bala al perforar el estómago de una persona emitía un sonido grave, monocorde, y lo asoció al que se producía en un tonel cuando de joven hacia tiro en el campo de un amigo. Era la misma resonancia, con la misma velocidad mortal que entraba ahora por la carne mientras la bala absorbe el alma de esa persona que apenas puede emitir un destello en sus ojos antes de irse definitivamente de este mundo. Uno de los tantos sonidos de la muerte sangrienta, injusta y desesperada -Suena igual que en un tonel- le decía al carabinero Águila, apodado Alma Negra, cuando le disparaba a alguna de las muchas víctimas del puente Pilmaiquén, en una costumbre que se convirtió en vicio con todo aquello que ello condice Alejada de lo que ocurría en esas matanzas el 2 de octubre, el Diario «La Prensa» publicó la declaración del presidente de la Asociación de Abogados de Osorno: “Los abogados de nuestra ciudad, en su última sesión, teniendo presente la gran demostración de patriotismo y sacrificio realizada por las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, en orden a exponer sus vidas, carreras profesionales y bienestar de sus familias, entre otras cosas, a fin de volver la Patria a los cauces normales y extirpar la cizaña del comunismo, acordaron aconsejar a sus colegiados democráticos abstenerse de ejercer defensas de reos que signifiquen atropellos a la economía, libertades, leyes y Constitución Política, cuyo conocimiento esté entregado a los tribunales militares en tiempo de guerra”, finalizaba la declaración  ¿Habrán sabido los abogados osorninos que el huilliche José Panguinamún, dirigente del Comité de pobladores sin casa de Osorno y excandidato a Regidor del Partido Socialista, fue llamado por bando y se presentó ante la Fiscalía Militar? Después de ser interrogado con golpes y descargas eléctricas, amarrado desnudo sobre un catre metálico, Panguinamún fue dejado en libertad a fines de septiembre. El 9 de octubre Panguinamún estaba trabajando en el Cruce Lynch, donde fue detenido por un carabinero retirado que en aquellos días recorría las calles de Osorno a la caza de partidarios de la Unidad Popular En una camioneta particular fue llevado a la Tercera Comisaría de Carabineros de Rahue, donde fue bárbaramente torturado. A medianoche lo sacaron del calabozo y desde entonces se perdió todo rastro de su persona.??Humberto Salas Salas Panguinamún no fue el único. Humberto Salas era un agricultor, militante del MIR, casado y con dos hijos, quien también se presentó voluntariamente en la Tercera Comisaría de Carabineros de Rahue el lunes 24 de septiembre de 1973, cerca de las 14:00 horas en compañía de su esposa, Blanca Mella. El hogar de ambos había sido allanado violentamente por Carabineros con posterioridad al Golpe. Fue por eso que concurrió a resolver la situación que afectaba a su familia En declaración jurada Blanca Mella sostiene que: “Entre los funcionarios de Carabineros de la Tercera Comisaría de Rahue que efectuaron los allanamientos reconocí al sargento Eliseo Aguilar, al sargento Nelson Rosas, el carabinero José Melián Carrasco, y el carabinero jubilado Sergio Conejeros, quien vestía de civil. En una de esas ocasiones en que se allanó la morada intervinieron miembros del Ejército, pertenecientes al Regimiento Arauco de Osorno y entre los cuales sólo reconocí a un uniformado que llamaban “Colipán” y que tenía el grado de sargento”. En aquella oportunidad la guardia fue cerrada y su esposa obligada a permanecer en la calle. Transcurrieron dos horas y el afectado no salió del recinto. Según declara la señora Blanca Mella: “Ante la demora volví a preguntar al Carabinero de la puerta y éste me dijo que fuera al día siguiente al Regimiento, ya que lo habían trasladado allá y que en la Comisaría no había presos políticos”. Ella concurrió durante cinco días seguidos hasta la Comisaría donde recibía la misma respuesta de los funcionarios de guardia. En el Regimiento mencionado la respuesta era “aquí no hay presos políticos”. Se le indicaba además que su esposo podía estar en la Cárcel Pública, Estadio Español o en el local de FELCO, que sirvieron de recintos de detención con posterioridad al 11 de septiembre de 1973. Blanca Mella concurrió a todos los lugares señalados sin poder obtener información de su marido Concurrió, entonces, hasta la Fiscalía Militar de Osorno, donde unos oficiales de Carabineros le prometieron que realizarían averiguaciones. Transcurrida una semana desde la detención del afectado, un teniente de Ejército de apellido Pérez le indicó a la señora Blanca Mella que él había llamado a la Tercera Comisaría de Carabineros de Rahue, donde le dijeron, según señalara, que efectivamente Humberto Salas se había presentado en dicho recinto el 24 de septiembre de 1973 y que había sido puesto en libertad el 25 de septiembre de 1973 -al día siguiente- “por falta de méritos”. Lo cierto es que el afectado no regresó a su domicilio Algunos días después, cerca del 30 de septiembre de 1973, la señora Blanca Mella se encontró con un vecino de la caleta de Bahía Mansa. Relata su encuentro con Agustín Segundo Oliva, quien el mismo día que Humberto Salas se había también presentado a Carabineros de Rahue. “Oliva me contó que estuvo detenido en dicha Comisaría, en una misma celda con mi esposo y otras personas”. El viernes 28 de septiembre de 1973, a eso de las 5 de la madrugada, los Carabineros sacaron de la celda a Salas y otros dos individuos, y se los llevaron no sabe dónde. “Cuando lo sacaron iba en muy malas condiciones físicas debido a los golpes y torturas de que había sido objeto”, señala la mujer. El testigo de la reclusión del afectado fue liberado ese mismo día por los Carabineros Posteriormente la esposa del afectado siguió realizando gestiones a fin de encontrarlo, presentó inclusive una denuncia en Investigaciones, la que habría dado origen a un proceso en el Primer Juzgado del Crimen de Osorno, sin que conste los resultados de dicha investigación Humberto Salas Salas continúa hasta la fecha en calidad de detenido desaparecido sin que las autoridades administrativas de la época o el Cuerpo de Carabineros, se responsabilicen de su detención y posterior desaparecimiento.

El final El Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco está ubicado en la comuna de Til Til y fue creado en 1995 por el entonces presidente Eduardo Frei Ruiz- Tagle. El recinto cuenta con piezas individuales en cuatro módulos —«Alfa», «Beta», «Gamma» y «Delta»—, cada uno con cuarto de estar, cocina y ducha. Cada habitación tiene una cama de 1 y 1/2 plazas y un baño. Actualmente hay cerca de 50 detenidos. Uno de ellos es Adrián Fernández A mediados de enero de 1974 Adrián Fernández es trasladado a la Escuela de Carabineros. Pocos días antes había integrado el comité organizador de un rally internacional con vasta cobertura por La Prensa, el diario osornino. En las páginas de esos días aparecen las escasas fotos del capitán Fernández. Días más tarde Fernández se irá a Santiago Después de su paso por Santiago, en la Escuela de Oficiales, el capitán Fernández es enviado a Iquique donde años más tarde responde por exhorto -tras una diligencia de la magistrada que investiga las matanzas del sur- alegando total inocencia. Fernández niega todo vínculo con los asesinatos  ??En 1978 Angelica Gallegos interpuso una querella, patrocinada por el abogado Oscar Álvarez, quien estaba relegado y era magistrado de la Serena. Cuando llegó a Osorno él se encargó de las 18 querellas contra Fernández y El Clan. Las querellas se archivaron. Cada cinco años se presentaban nuevamente para que no prescribieran. El 90 viene el Informe Rettig y la primera querella que vio sus frutos fue contra Adrián Fernández el 2003. Fernández fue sentenciado a cinco años y un día. Cumplió hasta el 2008, luego salió dos años y el 2010 fue nuevamente condenado hasta el 2025 por la muerte de 52 personas en la comuna de Osorno y los alrededores. “Creo que Adrián Fernández no ha pagado por sus pecados y crímenes. Es el causante de la muerte de 52 personas. Él estaba a cargo de la Tercera Comisaría y de todos los retenes de la Provincia de Osorno. La pena para un asesino así ha sido baja. Casi todos los años de mi vida he buscado justicia. Nunca he tenido la justicia necesaria. Creo que a una persona común le dan muchos años de cárcel por un crimen, pero no a este caballero, 52 vidas que tenían familia y quedaron desprotegidos. No hubo justicia; menos cuando ellos no han dicho dónde dejaron los cuerpos. Ellos le han jurado a sus propias familias que eran inocentes, sobre todo a sus hijos. La hija del carabinero Muñoz, El Lolly, me llamó y me dijo: ´Mi padre me ha jurado que no hizo nada´. Le respondí: ´Mire señorita. Durante 16 años estuve en la vereda del frente de ustedes. Y caminé y luché para saber la verdad. Ahora usted está en la misma vereda que yo. Usted, si quiere, acompañe a su padre. Pero durante todos los años que yo grité en la Plazuela Yungay que su padre era un torturador y asesino él nunca se querelló contra mí”, finaliza Angélica Gallegos Un gendarme de Punta Peuco me cuenta la siguiente anécdota. Hace algunos meses un abogado visitó a un amigo de juventud que permanece en ese recinto. El anciano, ex carabinero, lo recibió con cariño mientras ambos se abrazaban. Conversan animadamente mientras los distintos internos del módulo salen a ver sus visitas. Uno de ellos, un hombre con sombrero, entrado en años y kilos, busca refugio bajo un toldo.-Ven. Te voy a presentar alguien- le dijo el anciano carabinero al abogado, mientras se acercaban al tipo con sombrero. Buenas tardes. Quisiera presentarlos. Me está visitando un amigo abogado, sureño al igual que usted. El tipo de sombrero miró de arriba a abajo al abogado, al mismo tiempo que el carabinero agregaba: -Querido amigo, él es Adrián Fernández Hernández. El abogado recibió una mirada de odio y desprecio del excapitán Fernández que lo sorprendió. Una mirada donde resaltaban unos ojos que, con el tiempo, adquirían un color más oscuro. Se habían ennegrecido. Fernández, apenas, le estiró la mano y el abogado, sorprendido, la estrechó. Fue en ese segundo que el abogado observó el real rostro del capitán Fernández. Nada había cambiado desde aquellos años de dictadura. Un semblante tosco y altanero, la supuesta superioridad de los vencedores, el desdén a los civiles amparados en la democracia. La mirada de Fernández era aquella de un patriarca que observa a su clan, quien debe total obediencia. El patriarca tiene la verdad y está más allá del bien y el mal. El patriarca del clan es un pequeño dios y la vida de gente inocente vale menos que cero. El abogado lo miró con tristeza, con cierta pena ante la existencia de gente así, y se dio media vuelta. No había necesidad de actuar en aquel teatro del horror.

por Hugo Dimter P.

El testimonio de más de 27.000 torturados durante el régimen de Pinochet estremece al país

El presidente de Chile, el socialista Ricardo Lagos, encomendó en noviembre de 2003 a una comisión de ocho personas, presidida por el obispo Sergio Valech, la elaboración de un informe sobre las torturas perpetradas de 1973 a 1990, los 17 años de dictadura de Augusto Pinochet. El resultado, tras un año de trabajo, son 646 páginas donde se da cuenta de los más de 800 centros de tortura, las técnicas empleadas, el contexto histórico, los testimonios, las consecuencias que acarrearon en sus vidas y las propuestas de reparación de daños.

A esto se añade un listado de 659 folios con el nombre y apellidos de las 27.255 víctimas. No aparece el de un solo verdugo, aunque sí se señala con el dedo a los estamentos -militar, civil y judicial- que colaboraron en la tortura por acción o por omisión. Los nombres de las víctimas no aparecen asociados a las vejaciones que sufrieron. Nadie tiene por qué saber quién fue electrocutado y quién obligado a comer heces; quién violada por perros adiestrados; quién sufrió simulacros de fusilamiento y después de sonar la descarga del pelotón oyó a un militar que le decía, poniéndole una pistola en la sien: "Te salvaste… Me toca a mí darte el tiro de gracia y debo decirte que te quedan menos de 30 segundos de vida".

"¿Cómo pudimos vivir 30 años en silencio?", se pregunta el presidente Ricardo Lagos

El 94% de los detenidos señaló en el informe haber sufrido torturas

MÁS INFORMACIÓNNadie ha de saber qué padre fue forzado a presenciar la tortura de su hijo o qué hijo a contemplar el maltrato a su madre. Ni ha de conocerse quiénes de las 27.255 víctimas estuvo una semana de pie, sin alimento ni agua. Sólo la palabra hombre o mujer identifica a las víctimas. Un ejemplo: "Hombre, detenido en septiembre de 1973, recluido en la comisaría de Rahue, Osorno: 'El día 19 de septiembre nos sacan del calabozo uno a uno para recibir golpes; un carabinero con un martillo de madera procede a darme un fuerte golpe en el dedo meñique de ambas manos, para luego, con un alicate, proceder a sacar las uñas; en ese momento ingresa el sargento [se omite el nombre], el cual quita al carabinero el alicate y procede a arrancarme con éste el bigote…, en un momento, producto del gran dolor y desesperación, logro morder la mano de este personaje, el que debe ser socorrido por un carabinero que me da un culatazo en mi cara […], pierdo el conocimiento y, al despertar, me doy cuenta de que sangro mucho de cabeza, nariz y boca… Luego me doy cuenta de que me faltan ocho dientes… Había procedido a sacármelos con el alicate… o a golpes, no sé".

El presidente Lagos se pregunta: "¿Cómo pudimos vivir 30 años en silencio?". La comisión responde: "Después de mucho meditar, nos damos cuenta de que es un silencio basado no sólo en el temor, ¡y cuanto temor! También hay un aspecto de elemental dignidad. Una cosa es presentarse a la familia después de haber sido detenido. No cuesta el alegato de inocencia y hasta cierto orgullo por haber sufrido una injusticia o el sufrimiento por una causa que se estima noble. Es humano querer mostrarse altivo y no humillado. Pero descorrer el velo de la tortura, de la humillación, de la violación física y psicológica es algo muy difícil. Y ese silencio comprensible fue ahondando el daño de los sufrimientos no compartidos, de las confidencias ahogadas (…)".

Ahora, en la página de Internet, http://www.servicios.gov.cl/comision/, se pueden leer verdades, durante mucho tiempo ocultas. Como la de una mujer detenida en 1974: "Por violación de los torturadores quedé embarazada y aborté en la cárcel. (…) Me obligaron a tomar drogas, sufrí violación y acoso sexual con perros, la introducción de ratas vivas por la vagina y todo el cuerpo. Me obligaron a tener relaciones sexuales con mi padre y mi hermano, que estaban detenidos. También a ver y a escuchar las torturas de mi hermano y padre. Tenía 25 años".

Los ocho miembros de la comisión, entre los cuales se encuentran un obispo, un abogado, una psicóloga, una asistente social, otros dos abogados pertenecientes a partidos de derecha, otro jurista, del partido en el Gobierno, y un especialista en derechos humanos, han trabajado durante un año sin cobrar. Los miércoles se reunían para valorar los testimonios recabados por más de cien profesionales -abogados, psicólogos, asistentes sociales- en Santiago y otros cien en 112 localidades de todo el país. Chile ya tenía experiencia en este tipo de estudios. En 1991 se gestó el informe Rettig -dirigido por el abogado Raúl Rettig- sobre las desapariciones y ejecuciones durante el régimen de Pinochet. Pero ese informe no contemplaba las torturas. El abogado José Antonio Gómez, ex ministro de Justicia de Lagos, fue uno de los miembros de la comisión: "En mi familia, como en tantas otras de Chile, sufrimos casos de presos, exiliados, torturados…, pero lo que finalmente he escuchado, he leído… es tan brutal que no se puede dimensionar", señala Gómez desde Santiago. A José Antonio Gómez le han impresionado los testimonios de los hijos de las víctimas. Se dio el caso de una mujer que fue detenida y violada a la edad de 15 años. Al salir, tuvo una hija. La hija, ahora de 29 años, prestó testimonio: "Yo represento la prueba gráfica, represento el dolor más grande, lo más fuerte que ha vivido mi mamá en su vida… Había mucha rabia dentro de ella, yo la sentía. Esto ha marcado mi vida y es para siempre. Yo también tuve rabia".

Los investigadores han constatado que a menudo se hacía oír y presenciar a los detenidos las torturas de compañeros y familiares. Así lo relata una mujer detenida en septiembre de 1973: "Al entrar en la comisaría, casi al anochecer, escuché unos gritos desgarradores que provenían de algún lugar de la comisaría. El terror más profundo que puede sentir un ser humano me invadió al reconocer que los gritos eran de mi hermano".

"¿Cómo explicar tanto horror?", se pregunta el presidente Lagos. "¿Qué pudo provocar conductas humanas como las que allí aparecen? No tengo respuestas para ello. Como en otras partes del mundo y en otros momentos de la historia, la razón no alcanza a explicar ciertos comportamientos en los que predomina la crueldad extrema. ¿Cómo explicar que el 94% de los detenidos señalaron haber sufrido torturas? ¿Cómo explicar que, de las 3.400 mujeres que prestaron testimonio, casi todas señalan haber sido objeto de violencia sexual?".

Gómez da una respuesta: "Había una clara intención de mantener el terror en el momento en que se produce el golpe de Estado. Los propios actores de esa época dicen que en 24 horas controlaron el país. ¿Cómo consiguieron dominar un país durante tantos años? Mediante el terror. Hay 800 o 1.000 centros de detención en Chile. Y eso no se le ocurrió a un solo oficial. Fue una política de Estado. Participó el Ejecutivo, representado por Pinochet; el Legislativo y el Judicial, por omisión. Por eso es el Estado el responsable de reparar a las víctimas".

El Gobierno va a otorgar una pensión mensual de 144 euros a cada víctima, además de sufragarles la sanidad y la educación. Tanto el trabajo de la comisión como las medidas de compensación han sido elogiadas por gran parte de la sociedad chilena, incluido algún destacado militar. Pero también ha habido críticas. El abogado comunista Eduardo Contreras comenta: "El Gobierno promete la educación gratuita de las víctimas, pero no favorece a sus hijos. Muchas víctimas tienen 50 o 60 años; de nada les sirve esos gastos de educación. Además, este trabajo se le viene demandando al Estado desde el año 90. Llega con atraso".

No obstante, tanto el abogado Contreras como su partido se muestran satisfechos también con la publicación del informe, aunque critican que se hayan ocultado los nombres de los verdugos, pese a que la mayoría de las víctimas saben quiénes son. Un periodista del PC ha anunciado que esta semana publicará la lista de verdugos.

Hoy recordamos a los primeros casos de compañeras y compañeros encontrados en el patio N° 29 del Cementerio General… recordamos además a Osvaldo Ávila Jara, quien fue detenido por Carabineros de la tercera comisaría de Rahue, teniendo la certeza que Osvaldo fue ejecutado y su cuerpo arrojado al río Pilmaiquen

Manuel Antonio Aguilera Aguilera, detenido desaparecido el 27-09-1973, de la región del Biobío, sin militancia, 45 años de edad.
Abel Carrasco Vargas, detenido desaparecido el 27-09-1973, de la región del Biobío, militancia del PS, 39 años de edad.

El día 27 de septiembre fueron detenidos en sus respectivos domicilios de Villa Los Canelos por carabineros de Antuco y militares del Regimiento de Los Angeles: Manuel Antonio AGUILERA AGUILERA, 45 años, obrero de la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa), Central El Toro. Abel CARRASCO VARGAS, 39 años, obrero de la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa), Central El Toro y militante del Partido Socialista. Ambos fueron llevados al recinto policial de Antuco, lugar en el cual, según declaran sus familiares, se les informó que fueron trasladados al Regimiento de Los Angeles. Testigos declararon haber visto en este Recinto a Abel Carrasco. Hasta la fecha se desconoce la suerte y paradero de ambos. Es convicción de la Comisión que las personas mencionadas fueron efectivamente arrestadas por agentes del Estado, que son los responsables de su desaparecimiento posterior. Se funda ese convencimiento en los antecedentes aportados por familiares y testigos y en la existencia de otras situaciones similares debidamente comprobadas en el mismo sector geográfico.

Jorge Aillón Lara, detenido desaparecido el 27-09-1973, de la región de la Araucanía, militante del PC, 33 años de edad.

Desde el 27 de septiembre de 1973, permanece desaparecido, Jorge AILLON LARA, 33 años, funcionario de Empresa de Comercio Agrícola (ECA) y militante del Partido Comunista. Había sido detenido por efectivos de Carabineros de Lonquimay el 11 de Septiembre y trasladado a la Subcomisaría de esa localidad, donde sus familiares afirman haberlo visitado hasta el 13 de septiembre. En esta fecha lo trasladaron a la Cárcel de Victoria, desde donde sale en libertad el 26 de septiembre. El 27 de septiembre llegó en tren a Lonquimay; en la Estación y ante numerosos testigos fue detenido por militares que lo condujeron hasta Curacautín, donde fue visto por varias personas que señalan que se encontraba en deterioradas condiciones físicas. Desde ese momento se desconoce su paradero. A esta Comisión, acreditadas su detención y reclusión y dado que no hay noticia alguna del afectado ya que nunca tomó contacto con su familia ni realizó gestión alguna como renovar cédula de identidad, inscripción en los registros electorales ni registra salidas del país. Analizados los antecedentes a la Comisión le asiste convicción que Jorge Aillón es víctima de una violación grave a los derechos humanos de parte de agentes del Estado, quienes lo detuvieron e hicieron desaparecer.

María Arriagada Jeréz, detenido desaparecido el 27-09-1973, de la región de la Araucanía, militante del PC, 40 años de edad.

El 28 de septiembre de 1973, se pierde toda noticia acerca de la suerte corrida por María ARRIAGADA JEREZ, 40 años, profesora de la Escuela Nº 31 Gabriela Petesmen de la localidad de Chilpaco, militante del Partido Comunista y dirigente del Magisterio. Fue detenida ante testigos en su lugar de trabajo el día 27 de septiembre por efectivos de la Fuerza Aérea y Carabineros. Es llevada junto a otro profesor, en un helicóptero de la Fuerza Aérea hasta la Subcomisaría de Lonquimay. Desde allí, el día 28 de septiembre fue conducida a la Comisaría de Curacautín y posteriormente a la Base Aérea Maquehua en Temuco. Desde entonces se desconoce su paradero.

Osvaldo del Carmen Ávila Lara, detenido desaparecido el 27-09-1973, de la región de los Lagos – comuna de OSORNO, militante del PS, 36 años de edad.

El 27 de septiembre de 1973 fue detenido por carabineros de la Comisaría de Rahue, a la salida de la Penitenciaría de Osorno, donde había ido a visitar a su cónyuge detenida, César Osvaldo del Carmen AVILA LARA, 36 años, Director Provincial de Educación y militante del Partido Socialista. Tras su arresto por los funcionarios policiales fue subido a un furgón institucional y trasladado a la Comisaría. Hubo varios testigos de su detención. No obstante ello, en el cuartel policial se negó su arresto y desde esa fecha no se ha sabido de su paradero y suerte final. En todo caso, un testimonio recibido por la Comisión permite presumir que su cuerpo habría sido arrojado al río Pilmaiquén. La Comisión se formó convicción que en el caso precedente la desaparición y probable ejecución fue de responsabilidad de agentes del Estado y que constituye una grave violación a los derechos humanos, en mérito de lo siguiente: -Se encuentra suficientemente acreditada la detención del afectado en la Comisaría indicada; -También está establecido que desapareció definitivamente mientras estaba bajo la custodia de la autoridad policial y que nada se supo de él tras su arresto; -Existe un testimonio verosímil en orden a que su cuerpo sin vida habría sido visto por terceros en el río Pilmaiquén.

Ramón Bernardo Beltrán Sandoval, asesinado el 27-09-1973, de la región Metropolitana, sin militancia, 24 años de edad.

El 27 de septiembre de 1973, fue muerto Ramón Bernardo BELTRAN SANDOVAL, 24 años, feriante. El mismo día de su muerte el afectado había salido de su domicilio, sin regresar a él. En la búsqueda para dar con su paradero, su familia encontró el cadáver ya sepultado en el patio 29 del Cementerio General, estableciéndose en el certificado respectivo que la causa de su muerte fueron las múltiples heridas a bala recibidas. Por los antecedentes reunidos esta Comisión se ha formado convicción que la muerte de Ramón Bernardo Beltrán Sandoval es atribuible a la violencia política imperante, presumiéndose la acción de agentes del Estado.

Anibal Segundo Burgos Sepúlveda, asesinado el 27-09-1973, de la región de la Araucanía, militante del PC, sin edad determinada.
Julio Hadad Riquelme, asesinado el 27-09-1973, de la región de la Araucanía, militante del PC, 47 años de edad.

En la ciudad de Lautaro fueron ejecutados el 27 de septiembre de 1973: -Aníbal BURGOS SEPULVEDA, Jefe de Personal del Banco del Estado de Lautaro y militante del Partido Comunista; -Julio HADAD RIQUELME, 47 años, comerciante y dirigente del Partido Comunista. El hecho fue informado a la ciudadanía mediante el Bando Nº 52 del Jefe de Zona en Estado de Sitio de la Provincia de Cautín, que señala: «…con fecha 26 de septiembre de 1973 fueron detenidos los ciudadanos Aníbal Burgos González (sic) y Julio Haddad Riquelme por personal del Regimiento La Concepción de Lautaro y Carabineros, en atención a que se encontraban implicados en la realización del «Plan Z» en Lautaro y en connivencia con el ex gobernador de ese Departamento Fernando Teillier para proceder a la eliminación de los Jefes Militares y de Carabineros de la localidad. 2. Que con fecha 27 de septiembre de 1973 y en circunstancias que se buscaba la pista del fugado Fernando Teillier, dichos individuos trataron de agredir a los centinelas que los custodiaban a fin de escapar hacia los cerros. La agresión fue repelida por la patrulla militar y dados de baja. Los cuerpos de ambos fueron entregados a sus familiares en urnas selladas. Nuevamente, como en los otros casos de supuesta fuga, no resulta aceptable la versión entregada por la autoridad en tanto es altamente improbable que civiles detenidos y desarmados intentaran agredir a centinelas que los trasladaban fuertemente custodiados; de la misma manera no parece justificable que la única forma de reducirlos, ante la supuesta agresión, haya sido ocasionarles la muerte.

Enrique Armando Carvallo Lira, asesinado el 27-09-1973, de la región Metropolitana, sin militancia, 21 años de edad.
Luis Horacio Soto Silva, asesinado el 27-09-1973, de la región Metropolitana, sin militancia, 19 años de edad.
Luis Zani Espinoza, asesinado el 27-09-1973, de la región Metropolitana, sin militancia, 19 años de edad.

Enrique Armando Carvallo Lira murió ese día a las 10:30 horas, por una herida de bala del tórax con perforación de corazón, según consigna el Certificado Médico de Defunción del Instituto Médico Legal. En 1992 se estableció que había sido inhumado en calidad de «NN» en el Patio Nº29 del Cementerio General de Santiago. Luis Horacio Soto Silva y Luis Armando Zani Espinoza fallecieron en la misma fecha y en las mismas circunstancias, pero sus restos no han sido ubicados ni sus defunciones registradas. El 27 de Septiembre de 1973, el Octavo Juzgado del Crimen de Santiago inició una investigación por el hallazgo de tres cuerpos de sexo masculino, sin identificación, efectuado por Carabineros ese mismo día en una de las riberas del Zanjón de la Aguada. Los Protocolos de Autopsia de estas tres personas, individualizadas como «NN masculinos», allegados a la investigación, concluyeron que la causa de muerte había sido múltiples heridas de bala. También se acompañó a esta investigación un informe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, en el cual se informaba al Tribunal que los cuerpos encontrados pertenecían, de acuerdo a sus archivos, a Enrique Carvallo, Luis Soto y Luis Zani. Entretanto, los tres cuerpos fueron remitidos al Cementerio General de Santiago e inhumados, sin conocimiento de sus familiares, en calidad de «NN». En noviembre de 1974, y sin concluir los trámites de identificación de las tres personas, la investigación fue sobreseída debido a que «el delito denunciado no aparecía suficientemente justificado» (sic). En marzo de 1975, esta decisión fue aprobada por la Corte de Apelaciones de Santiago. Durante 1992, en una investigación del Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago, se corroboró que el Protocolo Nº2492/73, atribuido a un «NN masculino», correspondía a Enrique Armando Carvallo Lira; constató que se encontraba inhumado en esa calidad en el Patio Nº29 del Cementerio General de Santiago y ordenó inscribir la defunción a su nombre. Las otras dos defunciones a nombre de «desconocidos», inscritas en la Circunscripción Independencia del Servicio de Registro Civil e Identificación bajo los Nº 2347 y 2348 y que corresponden a los Protocolos de Autopsia Nº 2943/73 y Nº2944/73, que pertenecerían a Luis Soto y a Luis Zani respectivamente, permanecen hasta la fecha que el Consejo Superior conoció este caso, sin aclararse, por cuanto no ha sido posible ubicar a familiares que entreguen antecedentes suficientes que permitan corroborar la información obtenida en la investigación primitiva. Considerando los antecedentes recibidos y pese a que en la investigación realizada por esta Corporación no se pudieron precisar las circunstancias en que murieron Enrique Armando Carvallo Lira, Luis Horacio Soto Silva y Luis Armando Zani Espinoza, el Consejo Superior, teniendo presente la época, la muerte por múltiples heridas de bala y el lugar de hallazgo de sus cuerpos, llegó a la convicción de que fueron ejecutados al margen de proceso legal por agentes del Estado. Por tales razones, los declaró víctimas de violación de derechos humanos.*

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* Con posterioridad a la calificación de este caso, con fecha 20 de agosto de 1993, el Vigésimo Segundo Juzgado del Crimen de Santiago, en la investigación que instruye por inhumación ilegal en el Patio Nº29 del Cementerio General, ordenó entregar los restos de Enrique Armando Carvallo Lira a sus familiares.

Germán Gustavo Castro Rojas, asesinado el 27-09-1973, de la región del Maule, militancia del PS, 33 años de edad.

Luego el 27 de septiembre de 1973 fue ejecutado el ex Intendente Germán CASTRO ROJAS, de 33 años de edad, de profesión Contador y militante del Partido Socialista. La versión oficial, entregada a medios de prensa señaló que: «La resolución fue adoptada por el Consejo de Guerra y sancionada por el Juez Militar…», y la sentencia se habría cumplido en la madrugada del día 27 de septiembre, cuando Germán Castro enfrentó al pelotón de fusilamiento. La abundante y concordante información recibida por esta Comisión la hace llegar a la convicción que el referido Consejo de Guerra no se realizó. Al momento de la ejecución del ex Intendente señor Castro, no existía una sentencia y la decisión habría sido tomada al margen de todo procedimiento judicial. En efecto, múltiples testimonios calificados concuerdan que el día 27 de septiembre, alrededor de las 21:00 horas, se produjo una deliberación de cuatro oficiales en el Regimiento de Talca en la que se dispuso la ejecución del Intendente. Sin embargo, como se indica en la versión oficial, Castro había sido ejecutado en la madrugada de ese día. Esta reunión no podría ser considerada como la constitución de un Tribunal, ni aún de tiempo de guerra, ni las deliberaciones como un proceso legalmente tramitado en el que habría sido necesario, entre otras cosas, garantizar el derecho a defensa del procesado. Previamente se había realizado una breve investigación por parte de Carabineros que los oficiales reunidos tuvieron a la vista, pero que en caso alguno corresponde a la indagación propia de un Tribunal. Esta Comisión puede afirmar que nunca existió siquiera la convicción de parte de las cuatro personas reunidas, que el autor de los disparos que causaron la muerte al cabo de Carabineros Orlando Espinoza, fuese el ejecutado Intendente Castro. Por lo tanto, no habiéndose realizado un Consejo de Guerra, la Comisión se ha formado la convicción que Germán Castro muere ejecutado al margen de todo proceso legal y es víctima de una violación de los derechos humanos.

Julio Chacón Hormazabal, detenido desaparecido el 27-09-1973, de la región Metropolitana, militancia del PS, 26 años de edad.

El 27 de septiembre fue detenido en su domicilio por civiles, que se identificaron como de la Policía de Investigaciones, Julio CHACON HORMAZABAL, 26 años, miembro del Dispositivo de Seguridad Presidencial (GAP), militante socialista. Al ser arrestado se dijo que sería llevado al Ministerio de Defensa. El afectado había estado detenido en el Regimiento de San Fernando entre el 8 y el 16 de Septiembre de 1973. Desde la detención no se volvió a tener noticias acerca de su paradero, no obstante las múltiples gestiones realizadas en tal sentido por sus familiares. No ha renovado su cédula de identidad, no registra defunción, inscripción electoral, ni anotaciones de viaje. La Comisión se ha formado la convicción que Julio Chacón Hormazábal fue víctima de violación a los derechos humanos y que su desaparición, encontrándose totalmente acreditada la detención, es atribuible a la acción de agentes estatales.

Jorge Raúl Cobo Ahumada, asesinado el 27-09-1973, de la región Metropolitana, sin militancia, 28 años de edad.
Juan Manuel Hidalgo González, asesinado el 27-09-1973, de la región Metropolitana, sin militancia, 23 años de edad.

Jorge Raúl Cobo Ahumada murió ese día a las 5:00 horas, en el Cementerio Metropolitano, por una herida de bala cráneo encefálico con salida de proyectil, según consigna el Certificado Médico de Defunción del Instituto Médico Legal. Juan Manuel Hidalgo González murió ese día a las 8:30 horas, en el Cementerio Metropolitano, por una herida de bala cráneo encefálico con salida de proyectil, según consigna el Certificado Médico de Defunción, suscrito por médico legista. De acuerdo con las declaraciones de familiares y testigos sobrevivientes, entre los días 13 y 15 de septiembre de 1973, Jorge Cobo, Juan Manuel Hidalgo y dos amigos fueron detenidos por Carabineros en la Población San Gregorio de Santiago y conducidos a la Décimo Segunda Comisaría. Desde ese lugar fueron liberados los otros dos jóvenes, quienes avisaron a los familiares de Cobo e Hidalgo. Aquellos concurrieron al referido cuartel policial, pero allí se les negó la detención. Días después, los cuerpos de ambos fueron encontrados en el Instituto Médico Legal por sus familiares. Considerando los antecedentes reunidos y la investigación realizada por esta Corporación, el Consejo Superior declaró a Jorge Raúl Cobo Ahumada y a Juan Manuel Hidalgo González, víctimas de una ejecución al margen de proceso legal, por parte de agentes del Estado, mientras se encontraban detenidos, lo que constituye una violación de los derechos humanos.

José Abel Díaz Toro, desaparecido el 27-09-1973, de la región de la Araucanía, simpatizante del PC, 29 años de edad.

Otro episodio, lo constituye la muerte, el mismo 2 de octubre de 1973, de tres personas que habían sido detenidas separadamente por efectivos de carabineros de la Tenencia de Cajón. Desde ese Recinto desaparecen hasta el mes de febrero de 1974, en que sus familiares fueron llamados a presentarse al Regimiento La Concepción de Lautaro. Allí, según relatan, se les comunicó sin más explicaciones que todos ellos habían fallecido el 2 de octubre de 1973, entregándoseles certificados de defunción, pero no los cuerpos. Se trata de: José Enrique CONEJEROS TRONCOSO, 32 años, obrero de la Estación Experimental Carillanca, detenido el mismo 2 de octubre. Juan RODRIGUEZ ESCOBAR, 34 años, obrero de la Estación Experimental Carillanca, detenido el 1 de octubre. José Abel DIAZ TORO, 29 años, trabajador agrícola, dirigente sindical, detenido el 28 de septiembre. Habiéndose acreditado las detenciones y constado sus muertes violentas ocurridas el mismo día o poco después de ello, a esta Comisión le asiste la convicción que la detención, ejecución y ocultamiento de los cuerpos de José Conejeros, Juan Rodríguez y José Díaz fue de responsabilidad de agentes del Estado quienes así violaron sus derechos humanos. Otro episodio lo constituye la detención y posterior desaparición de siete campesinos de la zona de Lautaro. La mayoría de ellos registran antecedentes de haber sido procesados por la justicia ordinaria por la comisión de delitos comunes.

Mario Ramón Durán Toledo, asesinado el 27-09-1973, de la región Metropolitana, sin militancia, 18 años de edad.

Mario Ramón Durán Toledo murió ese día a las 23:00 horas, en la Posta Central, por una herida de bala abdominal complicada y peritonitis aguda generalizada, según consigna el Certificado Médico de Defunción del Instituto Médico Legal. De acuerdo con lo declarado por su madre, el 11 de septiembre de 1973, ambos salieron del hogar común a sus respectivos trabajos. Mario Durán se dirigió hacia el sector de Franklin, donde hacía trabajos de cargador. Ella, por los acontecimientos que se estaban sucediendo, se devolvió a la casa en el transcurso de la mañana, pero su hijo no regresó, y no supo de él hasta una semana después, cuando en el Instituto Médico Legal le informaron que sus restos habían sido remitidos al Cementerio General. De acuerdo con la información proporcionada por este camposanto, sus restos fueron inhumados el 27 de septiembre de 1973 en el Patio 29 y, posteriormente, incinerados por razones reglamentarias. En los archivos de la Asistencia Pública Central consta que ingresó el día anterior a su muerte, cerca de las 18:00 horas, con una herida abdominal y hematomas en su cuerpo. Considerando los antecedentes reunidos y la investigación realizada por esta Corporación, no obstante que las circunstancias de la muerte de Mario Ramón Durán Toledo no pudieron ser precisadas, el Consejo Superior, atendiendo la época y la causa de la muerte, llegó a la convicción de que su fallecimiento se debió a la violencia política imperante en ese período.

Carlos Roberto Montecinos Urra, detenido desaparecido el 27-09-1973, de la región del Biobío, militante del PC, 43 años de edad.

El 27 de septiembre de 1973 fue detenido por carabineros Carlos Roberto MONTECINOS URRA, 44 años, artesano, Regidor de Coihueco, dirigente sindical campesino y militante del Partido Comunista. El afectado se había presentado voluntariamente al Regimiento de Chillán acompañado por el Alcalde de Coihueco, a raíz de que anteriormente su casa había sido allanada y sus hijos detenidos por Carabineros, en su búsqueda. Tras dejarlo en ese lugar, el Alcalde concurrió a la Sexta Comisaría donde comunicó que había quedado en el Regimiento indicado y solicitó que se comunicara tal hecho a Carabineros de Coihueco, para que cesara su búsqueda. Del cuartel militar quedó en libertad ese mismo día, con orden de regresar a firmar al día siguiente, pero al salir del lugar, fue arrestado por carabineros que lo condujeron en un vehículo de la Municipalidad de Coihueco a la Sexta Comisaría de Chillán, según lo ha declarado a la Comisión testigos presenciales. Permanece la noche del 27 en la Comisaría y al día siguiente es trasladado a la unidad policial de Coihueco. Desde su detención la familia desconoce su paradero y suerte.

Juan Patricio Palma Rodríguez, asesinado el 27-09-1973, de la región Metropolitana, sin militancia, 17 años de edad.

El 27 de septiembre de 1973 muere el menor Juan Patricio PALMA RODRIGUEZ, 17 años, estudiante. El afectado había desaparecido el 11 de septiembre de 1973 en el curso de un operativo que se desarrollaba cerca de su domicilio, en San Joaquín, en el que fueron detenidas varias personas. Desde su desaparición la familia no tuvo más noticias acerca de su paradero, hasta que se enteran que el cadáver del menor había aparecido cerca del Cementerio Metropolitano y que según el certificado respectivo, la causa de la muerte fue «herida a bala cráneo encefálica y torácico abdominal» y su data el 27 de septiembre. El cuerpo de la víctima nunca fue visto por la familia y quedó sepultado en el patio 29 del Cementerio General de Santiago. Teniendo en consideración los antecedentes expuestos, la existencia de un operativo policial a la fecha de la desaparición del menor y las características específicas de su muerte, ocurrida varios días después de su probable arresto, la Comisión se ha formado la convicción que el menor Juan Patricio Palma Rodríguez fue ejecutado por agentes del estado, siendo en consecuencia una víctima de la violencia política.

Mario Parra Guzmán, asesinado el 27-09-1973, de la región Metropolitana, sin militancia, 29 años de edad.

El día 27 de Septiembre llegó una patrulla de militares a la empresa CHILEAN AUTOS y detuvo a dos trabajadores de ella, ambos dirigentes sindicales. Se trataba de: Mario PARRA GUZMAN, 29 años, obrero; y Luis Ricardo HERRERA GONZALEZ, 34 años, obrero, militante comunista. Sus cadáveres aparecieron al día siguiente frente a un garage de la empresa » Peugeot», presentando heridas a bala. La Gerencia de CHILEAN AUTOS, solicitó información al Ejército sobre la detención de dos de sus trabajadores, a lo que esta institución respondió que » efectivamente estas personas habían sido detenidas e interrogadas en una Unidad Militar, pero que a las 21:15 horas habían sido puestos en libertad». Agregaba que «no existen antecedentes sobre su actividades entre la hora que fueron liberados y el hallazgo de sus cadáveres al día siguiente; sin embargo es posible presumir que ambos activistas se enfrentaron con armas a alguna patrulla no identificada y en cuyo enfrentamiento los ciudadanos mencionados perdieron las vidas». Encontrándose acreditada la detención de los afectados por declaración expresa de sus captores; la inverosimilitud de la respuesta entregada oficialmente por el Ejército, en lo que respecta a la liberación de los detenidos en horas de vigencia del toque de queda; que es menos creíble que los detenidos hayan portado armas inmediatamente después de su liberación, para luego enfrentarse a una patrulla militar desconocida; la militancia política de las víctimas y sus cargos de dirigentes sindicales; la causa y circunstancias de las muertes, la Comisión se ha formado convicción de que en la ejecución de Mario Parra Guzmán y Luis Ricardo Herrera González se produjo una grave violación a sus derechos fundamentales, atribuible a agentes del Estado.

Eligen Ponce Arias, asesinado el 27-09-1973, de la región de la Araucanía, sin militancia, 38 años de edad.

El 27 de septiembre de 1973 fue detenido Eligen PONCE ARIAS, Jefe de obras de la Corporación Habitacional (Corhabit), sin militancia política conocida. La detención se realizó ante testigos por una patrulla de efectivos militares del Regimiento La Concepción de Lautaro y llevado con destino desconocido. Su familia, encontró su cuerpo el 8 de octubre, enterrado en la cuesta de Muco Alto, con un impacto de bala en la sien derecha y evidentes signos de cortes en diversas partes del cuerpo. Dado que se acreditó su detención, la causa de la muerte y de que se ocultó el cadáver del afectado en un procedimiento habitual en esa época con los detenidos, la Comisión ha llegado a la convicción que Eligen Ponce fue ejecutado por agentes del Estado, en violación de sus derechos humanos.

Abraham José Romero Jeldres, asesinado el 27-09-1973, de la región Metropolitana, militante del PS, 29 años de edad.

Abraham José Romero Jeldres murió a las 13:00 horas de ese día, en la vía pública, a causa de una herida de bala cráneo encefálico, según se señala en su Certificado Médico de Defunción. Permaneció en calidad de detenido desaparecido hasta el año 1975, cuando sus familiares verificaron que había sido inhumado en calidad de «desconocido» en el Patio Nº 29 del Cementerio General de Santiago. De acuerdo con declaraciones de sus familiares, días después del golpe militar, Abraham Romero fue detenido por militares que allanaron su vivienda en la población La Pincoya y se lo llevaron con rumbo desconocido. Su cónyuge lo buscó en los distintos recintos de detención de la época y en postas, hospitales y morgues, sin obtener resultado. En 1975, la cónyuge fue informada de que se encontraba fallecido y sepultado en el Patio Nº 29 del Cementerio General. Concurrió a ese lugar donde constató que su defunción aparecía inscrita como la de «un desconocido». Ese mismo año realizó los trámites para rectificar administrativamente la inscripción de defunción a su nombre, pero no pudo recuperar sus restos que habían sido inhumados en el señalado Cementerio. Considerando los antecedentes reunidos en la investigación de la Corporación, el Consejo Superior llegó a la convicción de que Abraham José Romero Jeldres fue ejecutado por agentes del Estado al margen de proceso legal mientras lo mantenían detenido. Por tal razón, lo declaró víctima de violación de derechos humanos.*

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* Con posterioridad a la calificación de este caso, con fecha 27 de marzo de 1993, el Vigésimo Juzgado del Crimen de Santiago dictó una resolución en la investigación que instruye por inhumación ilegal en el Patio Nº29 del Cementerio General, ordenando entregar sus restos a sus familiares.

Teobaldo Saldivia Villalobos, asesinado el 27-09-1973, de la región de Valparaíso, sin militancia, 26 años de edad.

Quillota

El día 27 de septiembre de 1973, fue ejecutado por sentencia de Consejo de Guerra Rol 9 73 de la Escuela de Caballería de Quillota Teobaldo SALDIVIA VILLALOBOS, 26 años, comerciante ambulante, quien padecía de una deficiencia mental. Fue detenido por efectivos militares de Quillota en dicha localidad el 17 de septiembre de 1973, a raíz de un supuesto intento de agresión al personal aprehensor. La Comisión no pudo tener acceso al proceso a pesar de haberlo solicitado a la autoridad pertinente. Llegó, sin embargo, a la convicción de que el ejecutado fue víctima de una violación de derechos humanos cometida por agentes de la autoridad, por los antecedentes comunes a todos los procesos de Tiempo de Guerra de ese período, y por las siguientes consideraciones específicas: – El delito imputado al ejecutado habría sido, al parecer, intento de agresión a personal militar, lo que no justifica la aplicación de una pena tan irreparable como la de muerte. No hay constancia siquiera de que se haya causado lesiones a los supuestos ofendidos. – Se pudo acreditar que la víctima era una persona con una deficiencia mental, y conforme a lo dispuesto por las reglas comunes del Derecho Penal, este hecho debió considerarse como eximente o, al menos, como atenuante de responsabilidad. Tampoco aparece que se haya contemplado la atenuante de irreprochable conducta anterior de la víctima. – No se ha podido determinar si la víctima tuvo asistencia legal. Sus familiares jamás supieron de la existencia de un abogado, ni fueron informados de la detención e instrucción del proceso.

Nibaldo Cayetano Seguel Muñoz, detenido desaparecido el 27-09-1973, de la región del Biobío, militante del PC, 32 años de edad.

El día 27 de septiembre Nibaldo Cayetano SEGUEL MUÑOZ, obrero municipal, 32 años, regidor de Mulchén, dirigente de la Central Unica de Trabajadores (CUT) y militante del Partido Comunista, se presentó voluntariamente, acompañado por un ex alcalde de la misma localidad, a la Comisaría de Mulchén, quedando detenido. Dos meses después de la detención, las autoridades policiales señalaron al abogado de la familia que no lo buscaran más. Hasta la fecha nada se sabe acerca de su suerte o paradero. Por los antecedentes expuestos, la Comisión se formó convicción de que el desaparecimiento de Nibaldo Seguel constituye una violación a los derechos humanos de responsabilidad de agentes del Estado, toda vez que está suficientemente acreditada su detención en el recinto policial y no hubo explicación verosímil sobre su suerte posterior.

Nolberto Seguel Reyes, asesinado el 27-09-1973, de la región Metropolitana, sin militancia, 34 años de edad.

Nolberto Seguel Reyes murió ese día a las 23:55 horas, en el Hospital de San Bernardo, por herida de bala cráneo facial complicado, según consigna el Certificado Médico de Defunción del Instituto Médico Legal. Según testimonio de la cónyuge, Nolberto Seguel no regresó ese día desde su trabajo. A la mañana siguiente, lo buscó en comisarías y hospitales, sin resultado positivo. El 29 de septiembre, en el Hospital de San Bernardo se enteró de la muerte de su marido. El médico que le entregó la información, le señaló que había sido atendido de urgencia, después de haber sido encontrado agonizante en las puertas del hospital, y le sugirió concurrir al Regimiento de Infantería de San Bernardo para averiguar más antecedentes acerca de lo ocurrido a su marido. Según la información entregada en el Hospital, se trasladó al Regimiento de Infantería de San Bernardo, desde donde retiró las pertenencias personales de Nolberto Seguel. En este lugar no obtuvo explicación alguna acerca de las causas de su fallecimiento ni del motivo de que sus pertenencias estuvieran en ese recinto. Considerando los antecedentes reunidos y la investigación realizada, el Consejo Superior de esta Corporación llegó a la convicción de que Nolberto Seguel Reyes fue ejecutado por agentes del Estado al margen de proceso legal. Por tal razón, lo declaró víctima de violación a los derechos humanos.

José Miguel Vargas Valenzuela, asesinado el 27-09-1973, de la región Metropolitana, sin militancia, 26 años de edad.

José Miguel Vargas Valenzuela murió ese día a las 5:20 horas en la Posta Central, por peritonitis purulenta generalizada, originada por herida de bala abdominal complicada, según consta en el Certificado de Defunción y el Protocolo de Autopsia respectivo. Según testigos, la noche del 13 de septiembre de 1973, durante la vigencia del toque de queda, cuando José Miguel Vargas, chofer de camión de reparto del diario El Mercurio, se dirigía en uno de estos vehículos a la Tenencia Roosevelt donde lo conocían por el mismo trabajo, fue impactado por una ráfaga de metralleta disparada por carabineros desde el recinto policial. Trasladado a un centro asistencial, falleció después por complicaciones de sus heridas. En el momento de ser herido, José Miguel Vargas se encontraba trabajando en la comuna de Quinta Normal, y con ese fin portaba salvoconducto especial; además, el camión lucía una notoria bandera blanca. Cuando se les exigió explicaciones a los carabineros, éstos se disculparon ante la cónyuge calificando el hecho de «un lamentable error». Considerando los antecedentes reunidos y la investigación realizada, el Consejo Superior de esta Corporación, atendiendo la época y la causa de su muerte, declaró a José Miguel Vargas Valenzuela víctima de la violencia política imperante.

Florindo Alex Vidal Hinojosa, asesinado el 27-09-1973, de la región de Valparaíso, militante del MIR-FTR, 25 años de edad.

Florindo Alex VIDAL HINOJOSA, 25 años, trabajador de vialidad de San Antonio y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido por una patrulla militar el 27 de Septiembre de 1973, junto a otras personas, y trasladado al Campamento de Prisioneros Nº 2 Tejas Verdes. Su cuerpo apareció en las aguas del río Rapel.

Guillermo Fernando Zamorano Díaz, asesinado el 27-09-1973, de la región Metropolitana, sin militancia, 47 años de edad.

Todas estas personas murieron entre el 11 de septiembre y el mes de diciembre de 1973, en la vía pública, por heridas de bala, según se consigna en los respectivos Certificados Médicos de Defunción del Instituto Médico legal. Sus casos fueron presentados a la Corporación por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, sin otros antecedentes que los señalados. Las investigaciones realizadas por esta Corporación tampoco pudieron allegar mayores antecedentes de estas víctimas. Pese a que en las investigaciones respectivas no fue posible establecer las circunstancias precisas en que ocurrieron estos fallecimientos, el Consejo Superior consideró la existencia de factores comunes entre ellos, acerca de la época, hora, lugar, y en especial, la similar causa de muerte. Asimismo, apreció que existe una evidente analogía con otras situaciones, en las cuales existen los mismos elementos circunstanciales anotados, las que por encontrarse más documentadas fueron objeto de relatos individuales en este Informe. En tal virtud, llegó a la convicción de que todos estos casos estaban estrechamente vinculadas con la situación de violencia política que existía en la época en el país y en especial en la ciudad de Santiago. En tal virtud, declaró a las personas anteriormente individualizadas víctimas de la violencia política.

José Victoriano Martínez Rojas, asesinado el 27-09-1974, de la región de O´Higgins, militante del PC, 41 años de edad.

José Victoriano Martínez Rojas murió ese día a las 5:55 horas, en el Hospital de Rancagua, por coma urémico, riñones poliquísticos bilateral, según señala el Certificado de Defunción. José Martínez, militante comunista y cuidador del local que este partido mantenía en San Fernando, fue detenido el 14 de julio de 1974 por funcionarios de la Policía de Investigaciones, acusado de infringir la Ley de Seguridad Interior del Estado, y trasladado al Cuartel de Investigaciones de Rancagua. En este recinto, testigos presenciales aseguran que fue sometido a torturas y malos tratos. Luego, fue llevado a la Comisaría de Carabineros y después ingresado a la Cárcel de la ciudad, en calidad de procesado. Al ingresar a la cárcel ya se encontraba en muy mal estado físico, pero igualmente fue sacado en dos oportunidades por funcionarios de la Policía de Investigaciones para seguir interrogándolo. El 10 de septiembre fue incomunicado por orden judicial y el día 25 de ese mismo mes, funcionarios de Gendarmería lo trasladaron en estado grave al Servicio de Urgencia del Hospital Regional, donde falleció dos días después. Considerando los antecedentes reunidos por esta Corporación, el Consejo Superior estimó que los golpes y torturas a que fue sometido por agentes del Estado durante su detención precipitaron su muerte, la que, además, pudo haberse evitado con cuidados oportunos. Por esa razón, declaró a José Victoriano Martínez Rojas víctima de violación de derechos humanos.

Julio Segundo Valencia Castillo, asesinado el 27-09-1984, de la región Metropolitana, sin militancia, 32 años de edad.

José Victoriano Martínez Rojas murió ese día a las 5:55 horas, en el Hospital de Rancagua, por coma urémico, riñones poliquísticos bilateral, según señala el Certificado de Defunción. José Martínez, militante comunista y cuidador del local que este partido mantenía en San Fernando, fue detenido el 14 de julio de 1974 por funcionarios de la Policía de Investigaciones, acusado de infringir la Ley de Seguridad Interior del Estado, y trasladado al Cuartel de Investigaciones de Rancagua. En este recinto, testigos presenciales aseguran que fue sometido a torturas y malos tratos. Luego, fue llevado a la Comisaría de Carabineros y después ingresado a la Cárcel de la ciudad, en calidad de procesado. Al ingresar a la cárcel ya se encontraba en muy mal estado físico, pero igualmente fue sacado en dos oportunidades por funcionarios de la Policía de Investigaciones para seguir interrogándolo. El 10 de septiembre fue incomunicado por orden judicial y el día 25 de ese mismo mes, funcionarios de Gendarmería lo trasladaron en estado grave al Servicio de Urgencia del Hospital Regional, donde falleció dos días después. Considerando los antecedentes reunidos por esta Corporación, el Consejo Superior estimó que los golpes y torturas a que fue sometido por agentes del Estado durante su detención precipitaron su muerte, la que, además, pudo haberse evitado con cuidados oportunos. Por esa razón, declaró a José Victoriano Martínez Rojas víctima de violación de derechos humanos.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones de Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Mesa Latorre, presentó acusación en contra de tres carabineros en retiro, por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado del obrero de la construcción Marcelo del Carmen Gutiérrez Gómez. Ilícito perpetrado a partir del 5 de octubre de 1973, en el sector de Bahia Mansa de Osorno.

En la resolución (causa rol 14-2013), el ministro Mesa Latorre sindica al capitán de Carabineros, a la época de los hechos, Adrián José Fernández Hernández, y los efectivos Jorge Daniel Garcés Garcés y Rodolfo Segundo Cheuquelaf Lorenzo, en calidad de autores del secuestro calificado del joven de 17 años de edad e integrante del Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER).

En la etapa de investigación de la causa, el ministro en visita logró reunir antecedentes suficientes para dar por acreditados los siguientes hechos:
“A.- Que las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública el día 11 de Septiembre de 1973 asumieron el mando Supremo de la Nación, reuniendo los poderes Constituyente, Legislativo y Ejecutivo en la Junta de Gobierno según se dejó establecido en el Bando N° 5, de igual fecha, así como en el Decreto Ley N° 1, posteriormente aclarado y complementado por los Decretos Leyes N° 128, 527 y 788, se dispuso entre otras medidas el Estado de Sitio en todo el territorio nacional, ordenándose acuartelamiento en grado uno para las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.

B.- Que a partir del 11 de septiembre de 1973 el mando en la 3ª Comisaría de Carabineros de Osorno se encontraba a cargo del capitán Adrián Fernández Hernández, unidad a la que se sumó, entre otros, el Retén de Bahía Mansa, en consideración a los acontecimientos que ocurrían en el país, quien organizó y coordinó un grupo especial de carabineros entre los que se encontraban Mario Maragaño Oyarzún (fallecido, según consta a fs. 1042 Tomo III), Guillermo Antilef Quintul, Sergio Rozas Silva (fallecido según consta a fs. 1040 Tomo III), Gustavo del Carmen Muñoz Albornoz (fallecido según consta a fs. 1041 Tomo III), Rafael Pérez Torres, Juan Canales, José Ríos Vergara (fallecido según consta a fs. 1039 Tomo III), Eliseo Águila Salgado (fallecido según consta a fs. 1036, Tomo III), Juan Segundo Moreira Garcés, Vladimiro Fernández Rojas, Óscar Vargas Vargas, Rolando Vargas Vargas (fallecido según consta a fs. 1037 Tomo III) y Francisco Inostroza Baeza (fallecido según consta a fs. 1046 Tomo IV), entre otros, según declaración de Rubén Molina González de fs. 246 a fs. 248 (Tomo I), de fs. 288 a fs. 289 (Tomo I), de José Oberto Santana Oyarzún, de fs. 162 a fs. 164 (Tomo I), de fs. 251 a fs. 253 (Tomo I), de fs. 292 a fs. 293 (Tomo I), de Ademar Catalán Aguilar de fs. 169 a fs. 171 (Tomo I), de fs. 319 a fs. 323 (Tomo I), de Leopoldo Arcos Rodríguez de fs. 181 a fs. 183 (Tomo I), de Luis Humberto Pinol Carillanca de fs. 173 a fs. 176 (Tomo I), de fs. 254 a fs. 255 (Tomo I), de fs. 267 a fs. 268 (Tomo I), de fs. 324 a fs. 329 (Tomo I), de fs. 335 a fs. 336 (Tomo I), de fs. 347 a fs. 348 (Tomo I), de fs. 829 a fs. 831 (Tomo III), de fs. 837 a fs. 838 (Tomo III), de fs. 975 a fs. 976 (Tomo III), grupo que realizaba patrullajes por la zona dependiente de la unidad policial antes indicada, a la vez que procedían a detener personas que posteriormente eran llevadas a la Comisaría para ser interrogadas en dependencias de esa unidad; o que fueron retiradas por este grupo especial de carabineros para ser llevados a lugares desconocidos hasta la fecha.

C.- Que la dependencia usada preferentemente para los interrogatorios era el sótano de la Tercera Comisaría de Carabineros de Osorno, según testimonios, entre otros, de María Gladys Ávila Rosas de fs. 657 a fs. 658 (Tomo III), de Antonio Ewaldo Molina López de fs. 659 a fs. 662 (Tomo III), de María Eufemia Millaquipai Guichaquelen de fs. 260 a fs. 264 (Tomo I), de fs. 297 a fs. 299 (Tomo I), lugar en el que se encontraban detenidos indistintamente hombres y mujeres, consistiendo las torturas en aplicación de corriente eléctrica en varias partes del cuerpo, violaciones o intentos de violaciones hacia las mujeres detenidas, introducción de palos en el ano de los hombres, entre otras torturas descritas, figurando como dando las órdenes el capitán Adrián Fernández Hernández, quien se encontraba a cargo de la Tercera Comisaría de Carabineros de Osorno, secundado por su grupo de confianza.

D.- Que posterior al 11 de septiembre de 1973 Carabineros de Chile estableció un puesto de control frecuente en el Cruce Pucatrihue, en el trayecto que une Osorno con Bahía Mansa, según testimonios, entre otros, de Federrina del Rosario Barrientos Cancino de fs. 567 a fs. 569 (Tomo II), de Héctor Vargas Soto de fs. 367 a fs. 369 (Tomo II), de fs. 482 a fs. 488 (Tomo II), de María Judith Aucapán Ancapán de fs. 535 a fs. 537 (Tomo II). En este lugar eran controlados los vehículos que transitaban, entre ellos los buses que hacían el recorrido diario uniendo estos dos destinos, los que pertenecían a la Empresa Carrasco o Tuchie. Carabineros, tanto del Retén Bahía Mansa como de la Tercera Comisaría de Carabineros de Osorno, procedían a identificar y registrar a los pasajeros de los mismos, bajando en ocasiones a alguno o algunos de ellos, en ocasiones reteniéndolos, para posteriormente indicarle al chofer de las máquinas que siguieran su camino. 

E.- Que con fecha 5 de octubre de 1973, Marcelo del Carmen Gutiérrez Gómez, 17 años de edad, obrero de la construcción, miembro del Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER), salió de su domicilio en la ciudad de Osorno con destino a Bahía Mansa, a llevarle alimentos a su hermanastro Edgar Eugenio Cárdenas Gómez, militante socialista y muy buscado en la zona con posterioridad al 11 de septiembre de 1973. Testigos presenciales relataron a la familia que fue obligado a descender del microbús en que viajaba por Carabineros que lo detuvieron y llevaron con rumbo desconocido. Hasta la fecha se ignora la suerte corrida por el afectado.
El hermanastro de la víctima, Edgar Cárdenas Gómez fue ejecutado por Carabineros el día 5 de octubre de 1973 junto a Jorge Aguilar Cubillos, funcionario de la Corporación de Reforma Agraria (CORA), militante radical y María Ester Bustamante Llancamil, militante socialista. Los tres habían ido a refugiarse a una choza de pescadores cuando carabineros de la 3ª Comisaría de Rahue de Osorno y del Retén de Bahía Mansa irrumpieron en el lugar dándoles muerte de inmediato, según declaración, entre otras de Ana del Carmen López Barría de fs. 188 a fs. 192 (Tomo I), de fs. 302 a fs. 308 (Tomo I), de fs. 356 a fs. 361 (Tomo I), de fs. 466 (Tomo II).
La versión oficial de las autoridades de la época fue que los tres extremistas resultaron muertos cuando un grupo llevó a cabo una acción terrorista contra el Retén de Bahía Mansa, la misma versión agregaba que había habido un enfrentamiento y que las víctimas estaban involucradas en un plan subversivo contra las Fuerzas Armadas y que en su poder se había encontrado gran cantidad de armamento y explosivos, según declaración, entre otros, de Ramón Plaza de los Reyes Bachmann de fs. 312 a fs. 316 (Tomo I)

F.- Que días previos a su detención, es decir el día 5 de octubre de 1973, Marcelo del Carmen Gutiérrez Gómez viajó a la casa de su padrastro en el lugar Bahía Mansa a dejarle comida a su hermano Edgar Cárdenas Gómez, según relato de Inés Elena Bertín Yáñez (fs. 32, Tomo I), quien se encontraba refugiado ahí junto a Ester Bustamante Llancamil y Jorge Aguilar Cubillos, quienes eran intensamente buscados por la nuevas autoridades del país, según la letra E) precedente. Asimismo, el día 4 de octubre de 1973, Gutiérrez Gómez viajó de regreso a Osorno a comprar alimentos y remedios en la farmacia en la que trabajaba la esposa de Jorge Aguilar Cubillos, regresando el día 5 de octubre a Bahía Mansa, tal como se ha señalado. La prensa informó el día 6 de octubre de 1973 que el hermano de Gutiérrez y las otras dos personas habían sido fusilados cuando trataron de asaltar un retén, lo que según testimonios de carabineros que prestaron servicio en el Retén de Bahía Mansa para la fecha, fue falso, puesto que nunca sucedió lo del asalto al Retén de Bahía Mansa, sino que los detenidos por Carabineros del mismo retén fueron entregados a una patrulla de Carabineros de Osorno comandada por el capitán Adrián Fernández Hernández, según relato de Luis Humberto Pinol Carillanca de fs. 173 a fs. 176 (Tomo I), de fs. 254 a fs. 255 (Tomo I), de fs. 267 a fs. 268 (Tomo I), de fs. 324 a fs. 329 (Tomo I), de fs. 335 a fs. 336 (Tomo I), de fs. 347 a fs. 348 (Tomo I), de fs. 829 a fs. 831 (Tomo III), de fs. 837 a fs. 838 (Tomo III), de fs. 975 a fs. 976 (Tomo III) y de Héctor Vargas Soto de fs. 367 a fs. 369 (Tomo II), de fs. 482 a fs. 488 (Tomo II), de fs. 653 a fs. 654 (Tomo II).

G.- Que según relato de Rodolfo Segundo Cheuquelaf Lorenzo fs. 760 a fs. 762 (Tomo III), de fs. 772 a fs. 773 (Tomo III), fs. 1017 a fs. 1018 (Tomo III)), hubo un día en que un joven se encontraba detenido por sospecha en el Retén de Bahía Mansa, a quien se le dio la libertad. Señala que el día anterior a su detención sus colegas lo habían visto por los alrededores y lo habían aprehendido; que cuando ocurrió lo del asalto al Retén de Bahía Mansa, llegó hasta el destacamento el capitán Adrián Fernández Hernández junto a los carabineros Rafael Pérez Torres, Muñoz Albornoz y el fallecido Juan Canales. Ellos procedieron con el operativo y en un momento Fernández llama a Osvaldo Nelson Rosas Cárdenas (fallecido según consta a fs. 1045 Tomo III). Acto seguido Rosas Cárdenas llama a Cheuquelaf junto a otro de sus compañeros y les dice que por órdenes del capitán Fernández debían ir a detener a una persona que se trasladaba en uno de los buses que iban de Osorno a Bahía Mansa, que podía ser de la empresa Tuchie o Carrasco, persona que tendría entre 18 y 20 años y que portaba víveres. Se dirigieron al cruce Pucatrihue en una camioneta doble cabina color verde que les había facilitado el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la que era ocupada en su momento por Jorge Aguilar Cubillos en su calidad de funcionario del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), según testimonio de Ana del Carmen López Barría de fs. 188 a fs. 192 (Tomo I), de fs. 302 a fs. 308 (Tomo I), de fs. 356 a fs. 361 (Tomo I), de fs. 466 (Tomo II). Hacen parar el bus, lo controlan y se encuentran con el mismo joven al que se le había dado la libertad unos dos o tres días antes. Quien efectivamente llevaba un bolso con víveres, acción que se encontraba llevando al mismo tiempo Marcelo del Carmen Gutiérrez Gómez, al llevarle alimentos a su hermano Edgar Cárdenas Gómez, quien se encontraba oculto en Bahía Mansa, según lo narrado en la letra E) precedente. Se le indica a este joven que baje del bus, dándosele orden al chofer del mismo que continuara su camino. Osvaldo Nelson Rosas Cárdenas identifica a la persona confirmando el nombre que le había dado el capitán Fernández, el cual llevaba anotado. Rosas Cárdenas le da un culatazo en el estómago, ordena subirlo a la camioneta y toman dirección al retén, lugar en el cual el joven es entregado al capitán Fernández. Posteriormente los detenidos son subidos a los vehículos en los que se trasladaban los carabineros a cargo del capitán Fernández, es decir, los que fueron imputados como atacantes del Retén Bahía Mansa junto al joven que fue detenido en el bus que se señala precedentemente.
Posteriormente, el Diario La Prensa de la época informa que tres detenidos acusados del asalto al retén habían muerto, según testimonios señalados precedentemente; Informe de la Comisión Nacional del Verdad y Reconciliación de fs. 2 (Tomo  I); información individual del caso de fs. 28 a fs. 30 (Tomo I); Informe del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de fs. 68 a fs. 76 (Tomo I). 

H.- Que de acuerdo a Héctor Vargas Soto, según declaraciones de fs. 367 a fs. 369 (Tomo II), de fs. 482 a fs. 488 (Tomo II) y de fs. 653 a fs. 654 (Tomo II) señala haber sido testigo cuando carabineros, entre ellos el Sargento Rosas Cárdenas (fallecido según consta a fs. 1045 Tomo III), hacen bajar a un joven desde una micro de recorrido Osorno-Bahía Mansa, específicamente en el cruce Pucatrihue, para luego darle culatazos hasta destruirle el cráneo. Los carabineros en número de seis o siete llegaron hasta ese lugar en un vehículo perteneciente al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

I.- Que por otro lado doña Ana del Carmen López Barría, según su relato de fs. 188 a fs. 192 (Tomo I), de fs. 302 a fs. 308 (Tomo I), de fs. 356 a fs. 361 (Tomo I), de fs. 466 (Tomo II) señala haber sido pareja de Jorge Aguilar Cubillos, uno de los supuestos extremistas que asaltaron el Retén de Bahía Mansa el 5 de octubre de 1973. Que una vez que se produjo el golpe de estado este huyó hacia un sector rural junto a Edgar Cárdenas Gómez y María Ester Bustamante, puesto que su nombre había aparecido en los bandos emitidos por las nuevas autoridades. Que nunca más supo de Jorge Aguilar Cubillos hasta el día 06 de octubre de 1973 en que tomó conocimiento de que este se encontraba fallecido en la morgue del hospital de Osorno. Concurrió al hospital en conjunto con la madre de Jorge Aguilar Cubillos, doña Ema Cubillos y su cuñada de nombre Onorinda Aguilar Cubillos, lugar en el cual un enfermero les permite ver el cuerpo de Jorge Aguilar Cubillos, además del cuerpo de María Ester Bustamante y de Edgar Cárdenas Gómez, todos con impactos balísticos, teniendo Jorge Aguilar Cubillos 36 impactos de bala, uno de ellos entre las cejas con salida de proyectil y el cuerpo de María Ester Bustamante con un gran forado en la espalda, enterándose que esta última se encontraba embarazada.

J.- Que continuando su relato doña Ana del Carmen López Barría señala que estando en la morgue del hospital de Osorno se hacen presentes tres funcionarios de Carabineros de la Tercera Comisaría de Osorno con la orden de llevarlas ante el capitán Adrián Fernández Hernández. Llegada a la comisaría queda detenida por 22 días, lapso de tiempo en el cual es sometida a distintos tipos de interrogatorios, los que incluían, entre otras torturas, aplicación de corriente eléctrica en sus senos. Señala, además, que en la primera ocasión en la que la interrogan le hacen oír un cassette con la grabación de un joven que se identificaba como Marcelo Gutiérrez Gómez, dándose cuenta de que se trataba del hermano de Edgar Cárdenas Gómez, quien según le dijo Fernández, había sido detenido por Carabineros de la Tercera Comisaría bajo su mando el día 05 de octubre de 1973, a quien lo habían sometido a un intenso interrogatorio y tortura para obtener el paradero de Edgar, Jorge y María Ester, y se escuchaba como Marcelo Gutiérrez Gómez gritaba y suplicaba que no lo siguieran sometiendo a torturas; lloraba e indicaba que no sabía dónde estaba su hermano. Agrega que durante el tiempo que le hicieron escuchar la grabación, esto es por alrededor de tres minutos, Marcelo Gutiérrez Gómez nunca señaló el lugar donde se encontraba su hermano en compañía de Jorge Aguilar Cubillos y María Ester Bustamante Llancamil. Acto seguido el capitán Adrián Fernández Hernández le manifestó que si no cooperaba le iba a ocurrir lo mismo a ella. 

K.- Que en el mismo sentido declara doña María Eufemia Millaquipai Guichaquelen de fs. 260 a fs. 264 (Tomo I), de fs. 297 a fs. 299 (Tomo I), señalando que estuvo detenida junto a doña Ana del Carmen López Barría en la Tercera Comisaría de Carabineros Rahue de Osorno, lugar en el cual también fue sometida a torturas, las que incluían aplicación de corriente, por largos minutos, en los senos, vagina, brazos, codos, sienes, cuello, piernas, rodillas y tobillos; sus torturadores eran hombres, reconociendo entre ellos, por la voz, al capitán Adrián Fernández Hernández. Todas las sesiones de torturas eran en el subterráneo de la comisaría y con la vista vendada. Señala, además, que cuando pudo conversar don Ana del Carmen López Barría, esta le comentó llorando que a su marido Jorge Aguilar Cubillos lo habían matado y que ya estaba sepultado y que a ella la habían detenido por haberle enviando comida a su marido con un joven, el cual también resultó detenido y que desconocía que había ocurrido con él.

L.- Que según declaración de María Angélica Vergara Herrera de fs. 352 a fs. 355 (Tomo I) y de fs. 444 a fs. 445 (Tomo II), señala haber sido esposa de Edgar Eugenio Cárdenas Gómez y que se enteró de la muerte de Marcelo Gutiérrez Gómez de boca de su señora doña Inés Bertín Yáñez (fallecida, según consta a fs. 1047 Tomo IV), quien le señaló que Marcelo Gutiérrez Gómez fue detenido por carabineros de la Tercera Comisaría de Osorno, quienes andaban de uniforme y habrían bajado a Marcelo Gutiérrez Gómez de la micro que hacía el recorrido Osorno-Bahía Mansa.

M.- Que de conformidad a lo obrado en las letras E) a L) precedentes, se colige que la persona de la cual se discurre es Marcelo del Carmen Gutiérrez Gómez, 17 años de edad a la fecha de su detención, quien viajó a Bahía Mansa, sector costero de Osorno, con el fin de llevarle alimentos a su hermanastro Edgar Cárdenas Gómez, quien se encontraba oculto en aquel lugar junto a otras dos personas; que el día 05 de octubre de 1973 Marcelo del Carmen Gutiérrez Gómez es detenido por una patrulla de carabineros en el cruce Pucatrihue que une Osorno con Bahía Mansa, quienes cumplían una orden del capitán Adrián Fernández Hernández, comisario de la Tercera Comisaría de Carabineros de Osorno, con jurisdicción sobre el retén de Carabineros de Bahía Mansa, patrulla que estuvo compuesta, entre otros, por el carabinero Cheuquelaf Lorenzo. Que previo a su detención el día 05 de octubre de 1973, Marcelo del Carmen Gutiérrez Gómez había estado detenido por sospecha en el retén de la localidad señalada y se le había dado su libertad, como señaló Luis Humberto Pinol Carillanca, quien era el jefe del Retén Bahía Mansa a la fecha de ocurridos los hechos; que de acuerdo al mérito de los antecedentes descritos, hasta la fecha se desconoce el paradero de Marcelo del Carmen Gutiérrez Gómez desde la fecha en que fue detenido por carabineros pertenecientes a la Tercera Comisaría de Carabineros de Osorno”. 

Testigos presenciales confirmaron que el menor fue detenido por Carabineros en el interior del restaurante "El Conquistador", ubicado en la intersección de las calles Santiago y Tarapacá de la ciudad de Osorno. En el momento de la detención fue golpeado y luego conducido a pie hasta la Tercera Comisaría de Rahue. Desde entonces está desaparecido.

La Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización por concepto de daño moral, a la madre de Juan Luis Ascencio Solís, de 15 años de edad al momento de los hechos, quien fue detenido el 20 de julio de 1974, por personal de Carabineros en la ciudad de Osorno, fecha desde la que se desconoce su paradero.

En fallo unánime (causa rol 506-2022 CIV), la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Juan Ignacio Correa Rosado, María Elena Llanos Morales y abogado (i) Juan Carlos Vidal Etcheverry– confirmó la sentencia recurrida, dictada por 1º Juzgado Civil de Valdivia, con declaración que se aumenta el monto de la indemnización reparatoria.

“Teniendo en especial consideración que se ha determinado la detención ilegal y desaparición de un adolescente de quince años, que aún no aparece, se confirma la sentencia apelada de dieciocho de abril de dos mil veintidós, rolante a folio 58 del cuaderno principal, con declaración de que se aumenta la suma a indemnizar por daño moral a $80.000.000 (ochenta millones de pesos)”, resolvió el tribunal de alzada.

El fallo de primera instancia ratificado consideró que, en la especie, “(…) como ha señalado la Excma. Corte Suprema (rol N° 13.699-15), las acciones civiles tendientes a obtener la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados, encuentra su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y establecimiento normativo en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado de Chile a reconocer y proteger este derecho a la reparación íntegra en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° y en el artículo 6° de la Constitución Política (…)”.

La resolución agrega “que, en efecto, estas normas de rango constitucional imponen un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, y, en especial, a los tribunales, en tanto estos no pueden interpretar las normas de Derecho interno de un modo tal que dejen sin aplicación las normas de Derecho internacional de los Derechos Humanos, estatuto normativo reconocido por Chile, que consagran este derecho a la reparación, pues ello podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile”.

De acuerdo al archivo del Museo de la Memoria, Juan Ascencio fue detenido el 20 de julio de 1974 alrededor de las 17:00 horas, en el sector Rahue Bajo, por funcionarios de Carabineros que lo trasladaron a la Tercera Comisaría de Rahue. Desde entonces se encuentra desaparecido.

Testigos presenciales confirmaron que el menor fue detenido por Carabineros en el interior del restaurante «El Conquistador», ubicado en la intersección de las calles Santiago y Tarapacá de la ciudad de Osorno. En el momento de la detención fue golpeado y luego conducido a pie hasta el cuartel policial señalado.

A la madre del menor, que concurrió en varias oportunidades al recinto, le negaron la detención.

Juan Luis Ascencio Solís recién estaba aprendiendo a leer y a escribir. Tenía 15 años al momento de convertirse en un detenido desaparecido. Se dice que simpatizaba con la Unidad Popular, pero no militaba en ningún partido. Carabineros lo detuvo el 20 de julio de 1974, a cuadras de su casa, en la ciudad de Osorno. Nadie conoce las razones de esa detención. La familia lo buscó en Osorno, en Valdivia, en Puerto Montt y en pueblos chicos. La madre está convencida de que tiraron su cuerpo sin vida en el puente de San Pedro, sobre el río Rahue.

En ese entonces cursaba 6º básico, en la escuela mixta Nº 4 de Osorno, y recién estaba aprendiendo a leer y a escribir, porque había entrado tarde a la educación formal e iba rezagado respecto de sus compañeros y compañeras. Juan Luis Ascencio Solís tenía tres hermanos y una hermana; él era el menor y era reconocido como el regalón de la familia. No le era ajena la soledad del hijo “concho”, que se queda sin nadie en la casa, libre para hacer las cosas a su modo, mientras el resto de la familia trabaja –el padre y la madre, hasta muy tarde—o hace su vida.

La madre de Juan, Conraína, una mujer de pocas palabras, lo recuerda como “menudito” y un “poquito rebelde”, en el sentido de que decidía por sí solo ausentarse del colegio y andaba peleador con los hermanos. Así transcurría la adolescencia de Juan, a quien le gustaba salir y vagabundear por la población Francisco Montecinos, donde vivían.

Tenía 15 años, era amistoso y se ocupaba en lo que le salía al paso: haciendo aseo, por ejemplo. La política le interesaba, pero ese interés no le alcanzaba para militar en algún partido. Se dice que era simpatizante de la Unidad Popular; tal vez, a veces, asistía a sus marchas y concentraciones.

El 20 de julio de 1974, alrededor de las 17 horas, carabineros lo detuvo en el interior del restaurante El Conquistador, ubicado en la intersección de las calles Santiago y Tarapacá, a cuadras de su casa. Esta es la versión judicial de los hechos. Conraína tiene otra: lo atraparon afuera del restaurante, en la calle. Da lo mismo. Lo seguro es que lo golpearon –testigos lo vieron sangrando por la boca y la nariz—y lo condujeron, a pie y esposado, a la 3ª Comisaría de Rahue, donde se perdió el rastro de Juan hasta el día de hoy.

Un vecino le contó a Conraína de la detención. Ella partió inmediatamente a averiguar a la comisaría, no una sino varias veces, aunque siempre con la misma falta de resultados positivos: le negaron que Juan se encontrara en el recinto policial, y además la insultaron.

En esa época, Conraína trabajaba en la casa de un suboficial mayor de Carabineros, al cual le pidió ayuda. El hombre, a cargo de la comisaría de Rahue en 1974, se comprometió a apoyarla, pero nunca aportó ningún dato de valor, conformándose con alegar ignorancia de lo sucedido. No había registro alguno; lo típico.

Por otra parte, la esposa del suboficial intentó convencer a Conraína de que su hijo se había marchado a otro país, seguramente a Argentina, un argumento muy generalizado en ese momento, que se usaba para apaciguar a los familiares de las víctimas y confundir las pistas. De hecho, la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINA, alentaba esas pistas falsas. ¿Cómo lo hacía? Repartiendo las cédulas de identidad de los detenidos desaparecidos entre terceros que salían o vivían en el extranjero, donde se preocupaban de abrir cuentas bancarias, entre otras acciones para dejar registro. El tema es que Juan era solo “un niño”, dicen en su familia, y de inmediato añaden que ni siquiera había sacado la cédula de identidad, documento necesario para abandonar el país.

El padre de Juan, Alberto, y su hermano mayor lo buscaron por cielo, mar y tierra. En Valdivia, en Puerto Montt y en pueblos chicos, donde fuera que los llevara la sospecha de su paradero. Después de perder la esperanza, Conraína empezó a regalar la ropa de Juan, mientras su imaginación se cargaba de malos presagios. En el puente San Pedro, sobre el río Rahue, los vecinos del sector aseguraban que se arrojaban bultos en medio de la noche.

Era peligroso asomarse en ese lugar para ver qué sucedía, pero el ruido que los bultos hacían al caer al agua ya ofrecía suficiente evidencia: se trataba de cuerpos. Conraína nos cuenta que cuando pasaba por ahí, “me dolía el corazón y pensaba en mi hijo”. En todo caso, en Juan piensan de corrido, no solo en lugares o en ocasiones especiales. De chica, Claudia Ascencio Ascencio, sobrina de Juan, creció escuchando a su abuela llorar, la vio refugiarse en el alcohol, pero sin entender de dónde provenía esa pena. “He vivido la tristeza desde niña”, asegura. A esta altura de la vida, con su abuela Conraína casi reducida al silencio, ella se ha convertido en la persona que da testimonio de la fidelidad a la memoria de Juan.

Desde que es madre, Claudia siente su ausencia como si le hubieran arrebatado a un hijo, y así conecta mejor con el sufrimiento de su abuela, con quien se crió. Cada 11 de septiembre, ambas mujeres se reúnen en el monolito-memorial de Osorno con otros familiares de víctimas de desaparición forzada, y dejan una flor en memoria de Juan. Entre todos los presentes así se dan fuerzas: compartiendo la pena.