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Base Aérea Maquehua

Temuco; IX Región

 

La Base Aérea Maquehua, a cargo de la Fuerza Aérea, fue uno de los centros principales de detención y tortura en la IX Region. El informe Rettig relata: “...Esta Comisión tomó conocimiento de abundantes testimonios que dan cuenta de la práctica de torturas en la Base Aérea de Maquehua y en el Regimiento Tucapel...”. Desde este centro de tortura también funcionaba el  Grupo de Helicópteros N° 3, el cual estaba al momento del golpe de estado al mando del coronel de la FACH Andrés Pacheco Cárdenas  -hermano de Conrado Pacheco Cárdenas, coronel de carabineros y comandante del campo de detenidos de Tres Alamos. Entre los métodos de tortura utilizados en este recinto fue el uso de helicópteros para hacer vuelos rasantes por sobre lagos y ríos de la zona teniendo suspendidos de una cuerda a detenidos que eran arrastrados sobre sus aguas.

 

Se estima que en el período de Septiembre a Diciembre de 1973, se encontraban  entre 500 y 700 presos políticos en estos centros de detención. Entre ellos se encontraba  Etienne Marie Louis Pesle de Menil (ciudadano francés, ex sacerdote) Eduardo González Galeno, (médico, Director del Hospital de Cunco), María Arriagada Jerez (profesora), Jorge Eduardo Calderón (empleado), los estudiantes Dixon Retamal Cornejo, Nelson Vladimir Curiñir Lincoqueo y Juan Riquelme Riquelme todos ellos se encuentra desaparecidos. El 2 de octubre 1973 fueron asesinados en la Base Aérea de Maquehua, dos funcionarios de la Salud, Alejandro Flore Rivera y Hernán Henríquez Aravena.

 

Desde la Base Aérea Maquehue operaba el Grupo de Helicopteros N° 3, y estaba al momento del golpe de estado al mando del coronel de la FACH Andres Pacheco Cardenas  -hermano de Conrado Pacheco Cardenas, coronel de carabineros y comandante del campo de detenidos de Tres Alamos.  El Grupo de Helicopteros N° 3 esta estrechamente relacionado con el uso indiscriminado de tortura para reprimir la población local, al igual que el asesinato y desaparición de 15 trabajadores de Neltume, Chihuío, Liquiñe y otros caseríos. Entre ellos los hermanos Alberto, Ernesto y Modesto Reinante Raipan, todos ellos asesinados en el puente del río Toltén. También están involucrados en la desaparición de los obreros agrícola Ricardo Segundo Bustos Martínez (de 21 años de edad) y de su compañero Ovando (no se tiene otra información sobre el), los cuales después de ser detenidos y torturados por miembros de una patrulla de la Aviación pertenecientes a la Base Maquehua, fueron hechos desaparecer.

 

 

Criminales y Cómplices:

Coronel Andrés Pacheco Cárdenas (FACH); suboficial Enrique Ferrier Valeze (Carabineros)

 

Civiles: Mario Fagalde Osorio y Germán Fagalde Osorio

 

Fuentes de Información: Informe Rettig; Libro: Morir es la Noticia; Documental: -"La Guerra Preventiva”; Archivo Memoriaviva;

 

El Diario Austral

4 detenidos por DD.HH.

El ministro especial Daniel Calvo, designado por la Corte Suprema para investigar causas relacionadas con los derechos humanos, ordenó la detención de dos ex uniformados y dos civiles que se encontraban en la comuna de Lautaro.

 

Se trata de los hermanos Mario y Germán Fagalde Osorio, de 54 y 57 años respectivamente. A los que se suman el suboficial en retiro de Carabineros, Enrique Ferrier Valeze; y un cuarto que también sería ex uniformado, cuya identidad no fue proporcionada.

 

Trascendió que el alto magistrado permaneció durante cuatro días en La Araucanía con personal del Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones, realizando diversas diligencias relacionadas con casos de detenidos desaparecidos, sin que hasta ahora se haya logrado establecer a qué causas corresponden las detenciones.

 

Tanto en las indagatorias realizadas bajo absoluto hermetismo en dependencias de la Corte de Apelaciones de la capital regional y en el Juzgado del Crimen de Lautaro, el ministro le tomó declaraciones a unas 17 personas que habrían entregado antecedentes claves respecto a los casos que investiga el juez.

 

Tras recopilar diversos antecedentes relacionados con las diligencias, el ministro ordenó la detención de los dos ex uniformados y los dos civiles, quienes el sábado fueron ingresados al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Lautaro.

 

En horas de ayer, los detenidos fueron trasladados por personal de Gendarmería hasta la Región Metropolitana bajo fuertes medidas de seguridad, para dejarlos a disposición del ministro que continuará con las investigaciones.

 

El juez especial tiene cinco días para determinar si los antecedentes que se han logrado recopilar en las pesquisas son suficientes para dictar auto de procesamientos contra los inculpados, o de lo contrario, deberá otorgarles la libertad.

 

Al ser consultada cuál era su versión respecto a la detención de su esposo, la cónyuge de Mario Fagalde se mostró sorprendida, y declinó entregar mayores detalles respecto a lo sucedido.

 

Afectada sólo se limitó a decir que se sentía atropellada, y que anoche viajaría a Santiago para acompañar a su esposo e informarse de la situación legal en que se encontraba.

 

CASOS

En Lautaro se investigan cerca de 30 casos de detenidos desaparecidos, de los cuales un 80% corresponde a mapuches asesinados tras el golpe militar de 1973.

 

El caso más emblemático es el del estudiante de enseñanza media, Juan Eleuterio Cheuquepán Levimilla de 16 años, quien desapareció el 11 de junio de 1974, tras ser detenido por efectivos de Carabineros.

 

A lo anterior se suman otros casos como el del técnico agrícola de 29 años, Samuel Alfonso Catalán Lincoleo, quien desapareció el 27 de junio del '74; Manuel Elías Catalán Paillal, quien no dio más señales de vida luego de ser aprehendido por personal de la policía uniformada de la citada comuna.

 

A lo anterior se suma la causa de los hermanos Antonio, Miguel, y Oscar Yaufulem Mañil, de 23, 25, y 18 años, respectivamente, a quienes nunca más se les vio con vida después del 11 de junio de 1974.

(2 de junio de 2003) 

 

 

Detenido ex comandante de Base Aérea Maquehue

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, integrada por los ministros Héctor Toro, Víctor Reyes, y el abogado Gabriel Montoya, rechazó ayer el recurso de amparo presentado por el abogado Alfonso Podlech y confirmó el auto de procesamiento que el ministro en visita Fernando Carreño dictó en contra de un coronel en retiro de la Fuerza Aérea, quien permanece recluido en dependencias de la Base Aérea Maquehue.

 

El juez especial que investiga el paradero de unos 25 detenidos desaparecidos de La Araucanía sometió a proceso al ex comandante de dicha repartición por el secuestro calificado de Jorge Aillón Jara, jefe de la Empresa de Comercio Agrícola (ECA) de Lonquimay, y de María Arriagada Jerez, quien se desempeñaba como profesora básica en la localidad de Chilpaco, en la misma comuna.

 

El abogado del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Miguel Gallegos, precisó que la desaparición de ambos profesionales ocurrió a comienzos de octubre de 1973, tras el golpe militar.

 

En cumplimiento a una orden entregada por presidente de la Corte de Apelaciones que investiga las causas de Derechos Humanos, efectivos del Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones detuvieron al coronel en retiro en la Región Metropolitana para luego trasladarlo hasta La Araucanía.

Al conocer detalles de lo ocurrido el abogado defensor del ex uniformado presentó un recurso de amparo que fue revisado por el tribunal de alzada.

(5 de diciembre de 2003)

 

Buscan fosa común en calle Lynch

El ministro en visita, Fernando Carreño, quien investiga la desaparición de una veintena de personas en La Araucanía tras el golpe militar del 1973, decretó varias diligencias para intentar dar con una fosa común de detenidos de desaparecidos que estaría ubicada en el sector céntrico de la capital regional.

 

El presidente de la Corte de Apelaciones de la IX Región, quien fue nombrado como juez especial para iniciar las indagaciones que permitan establecer las circunstancias en que se produjo la desaparición de estas personas y su actual paradero, solicitó las diligencias tras recibir nuevos antecedentes aportados por el abogado del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Miguel Gallegos.

 

Estos datos dicen relación con la existencia de un mapa confeccionado por un informante que en forma detallada entrega la ubicación de la fosa común que estaría ubicada al final de calle Lynch, en un terreno colindante al Regimiento Tucapel de Temuco.

 

A las 15 horas de hoy personal del Servicio Médico Legal, la Brigada de Homicidios y del Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones iniciarán las excavaciones en el sitio donde por años funcionó la Empresa Comercializadora Agrícola (ECA).

 

Uno de los antecedentes sostiene que allí habrían sido inhumados en forma ilegal los restos del ex intendente de la IX Región, Gastón Lobos, quien desapareció tras el golpe militar el 11 de octubre del 1973.

 

Las diligencias fueron decretadas por el alto magistrado tras acoger la petición del abogado querellante del Ministerio del Interior y es la segunda excavación que se desarrolla en la capital regional tras la reapertura de los seis sumarios. Los primeros trabajos para intentar dar con los restos de los detenidos desaparecidos se realizaron en la Isla Cautín, pero los esfuerzos desplegados resultaron infructuosos.

 (10 de octubre de 2003)

 

 

 


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