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Escuela de Caballería Blindada de Quillota

Valparaíso; V Región

 

            En la Escuela de Caballería Blindada de Quillota, ubicada en Camino San Isidro s/n, las detenciones se concentraron en el año 1973. Las personas detenidas por Carabineros, Investigaciones o efectivos del Ejercito que fueron llevadas a este regimiento, fueron amenazadas, maltratadas y golpeadas, mantenidas en una cancha que se encontraba al interior del recinto o en algunas caballerizas, a la intemperie, sin abrigo, privadas de alimento en forma regular; eran amarradas y obligadas a permanecer en posiciones forzadas. De acuerdo a los testimonios, los prisioneros totalmente desnudos, amarrados y con los ojos vendados, eran sometidos a interrogatorios y torturas. Las denuncias describieron la aplicación de golpizas hasta la pérdida de conciencia, colgamientos, ingestión de inmundicias, aplicación de electricidad y simulacros de fusilamiento.

Este centro de detención esta estrechamente ligado con los asesinatos de : Manuel Hurtado Martínez, funcionario de Tesorería, Secretario Regional del Partido Socialista en el Departamento de Quillota; Hugo Aranda Bruna, agricultor y dirigente vecinal; Julio Loo Pardo, Dirigente sindical de Rayón Said, militante comunista; Eduardo Manzano Cortés, presidente del Sindicato Rayón Said, militante del MIR; Víctor Fuenzalida Fuenzalida, jefe del Departamento Técnico de la CORA, Secretario local del Partido Comunista y Ángel Díaz Castro, obrero textil y dirigente vecinal; el ex alcalde Pablo Gac Espinoza; el abogado y Fiscal de la CORA Rubén Cabezas Parés; el dirigente campesino Levi Arraño Sancho;

Criminales y Cómplices:

Coronel Angel Custodio Torres (Comandante del Regimiento de Ingenieros); Capitán Francisco Perez Egart (Ejercito); los militares de apellidos Quilodran y Placencia, un carabinero de apellido Hernández;

 

Fuentes de Información: Informe Rettig; Informe Valech; CODEPU; ZonaImpacto.cl; Archivo Memoriaviva;

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ZonaImpacto.cl

Habría restos de prisioneros ocultos en una parcela de La Cruz

Publicado el Lunes 20 de enero

Bajo la losa de una chanchera en una parcela del sector de Pocochay, comuna de La Cruz, habrían sido enterrados los restos de los tres detenidos desaparecidos ejecutados el 18 de enero de 1974 en la Escuela de Caballería Blindada de Quillota.

El antecedente circula hasta ahora de manera subterránea en el distrito rural de Pocochay y fue confidenciado a ZonaImpacto.cl por personas estrechamente relacionadas con testigos de los hechos, quienes obviamente exigieron absoluta reserva de sus identidades.

Han transcurrido 29 años

El sábado último se cumplieron 29 años desde la madrugada en que ocho prisioneros políticos eran trasladados en una patrullera militar desde el Regimiento de Ingenieros hacia la Escuela de caballería, cuando en el sector del cruce del Camino a San Isidro con la línea férrea y el Camino Internacional, los militares simularon un “ataque extremista” para dar muerte en el mismo lugar a seis de los detenidos: Manuel Hurtado Martínez, funcionario de Tesorería, Secretario Regional del Partido Socialista en el Departamento de Quillota; Hugo Aranda Bruna, agricultor y dirigente vecinal; Julio Loo Pardo, Dirigente sindical de Rayón Said, militante comunista; Eduardo Manzano Cortés, presidente del Sindicato Rayón Said, militante del MIR; Víctor Fuenzalida Fuenzalida, jefe del Departamento Técnico de la CORA, Secretario local del Partido Comunista y Ángel Díaz Castro, obrero textil y dirigente vecinal.

Sus restos fueron entregados al día siguiente a sus familiares en urnas selladas y con orden de sepultarlos inmediatamente. La jefatura militar de la época, a cargo del coronel Ángel Torres –comandante del Regimiento de Ingenieros- emitió un bando informando que los seis prisioneros murieron en una refriega cuando “elementos extremistas” habrían asaltado a la patrulla que los trasladaba. El jefe de la patrulla, entonces capitán Francisco Pérez Egart, habría sido el único militar lesionado: una herida leve en una mano.

Los dos prisioneros más destacados en la vida pública de la región, el ex alcalde Pablo Gac Espinoza y el abogado y Fiscal de la CORA Rubén Cabezas Parés, fueron llevados a la Escuela de Caballería, en cuyo interior fueron ejecutados e inhumado junto a otro detenido que se hallaba desde unos días antes en el mismo recinto militar: el dirigente campesino Levi Arraño Sancho.

El documento oficial aseguró al día siguiente que Gac y Cabezas se habían fugado. Sobre Arraño Sancho no se mencionó palabra alguna…

La versión oficial fue siempre considerada como absurda y totalmente falsa por la ciudadanía local. Quienes recorrimos el camino hacia la Escuela de Caballería en los meses posteriores al 11 de septiembre de 1973, supimos desde un comienzo que un ataque contra una patrulla resultaba totalmente imposible; ante todo, porque los militares, justamente por su formación, hicieron el traslado en un momento inesperado. Nada podría hacer prever que sería de madrugada.

Además, el trayecto desde el final de calle Freire hasta el recinto militar, estaba celosamente custodiado por vigilantes en carácter de punto fijo aproximadamente cada 50 metros. Y en el lugar donde se produjo el montaje militar, la vigilancia estaba reforzada justamente por la conjunción vial existente.

Pero los tribunales se apresuraron a asumir como cierta la versión oficial, aplicando figuras legales de tiempos de guerra para sobreseer apresuradamente las causas judiciales abiertas con motivo de las seis muertes.

Nunca hubo un pronunciamiento judicial sobre los tres desaparecidos.

Sobre este caso, el Informe Rettig expresa que “esta Comisión no pudo aceptar la verdad oficial y se formó la convicción que los ocho prisioneros fueron ejecutados por los agentes del Estado que los mantenían bajo su custodia, quienes violaron sus derechos humanos”. A continuación, entrega múltiples antecedentes que desvirtúan la absurda versión oficial.

En cuanto a Pablo Gac y Rubén Cabezas, el Informe Rettig expresa que “tampoco es verosímil que dos personas destacadas y bien conocidas en la zona (...) hayan sido los únicos sobrevivientes y hayan podido y querido darse a la fuga, sobre todo teniendo en cuenta que ambos habían sido detenidos el mismo día, sin haber presentado la menor resistencia”.

Recién en 1991, un testigo declaró ante el Segundo Juzgado del Crimen de Quillota, dando cuenta que Gac y Cabezas, junto a Levi Arraño, fueron ejecutados e inhumados ilegalmente al interior de la Escuela de Caballería, por un grupo de soldados comandados por el mismo capitán Francisco Pérez Egert.

Por insólita coincidencia, este oficial, pero ya con el grado de coronel, fue el Director de la Escuela de Caballería que impidió el ingreso del juez Raúl Beltramí a ese recinto, hasta donde concurrió para verificar la denuncia por homicidio e inhumación ilegal de Gac, Cabezas y Arraño.

Más aún: el juez Beltramí fue trasladado por su osadía de pretender aclarar una denuncia.

Sólo falta ubicar los restos

Las querellas presentadas en el 2000 por los familiares de las víctimas de la “masacre de Quillota” ante el juez Juan Guzmán contra Augusto Pinochet, fueron confiadas a la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Gabriela Corti Ortiz, quien ha logrado establecer lo sucedido con gran cantidad de detalles, llegando a definir claramente responsabilidades y participación de la mayoría de los actores.

La jueza Corti ha trabajado arduamente con detectives del Departamento Quinto de Investigaciones, interrogando a los principales involucrados –como el general en retiro Sergio Arredondo, jefe operativo de la Caravana de la Muerte que dejó casi un centenar de muertos en el sur y el norte de Chile, luego de lo cual fue designado por Pinochet como Director de la escuela de caballería, cargo desde el cual resolvió la masacre en esta ciudad-; el ex comandante del Regimiento, Ángel Custodio Torres, quien además era Comandante de la Guarnición y Gobernador de Quillota; el ahora coronel en retiro Pérez Egart, suboficiales y soldados que participaron en la detención, traslado y asesinato de las víctimas. Entre estos últimos se ha mencionado a dos ex militares, de apellidos Quilodrán y Placencia, además de un ex carabinero de apellido Hernández.

La ministra Corti ordenó, además, un completo rastreo del sector de la Escuela de Caballería donde se afirma fueron enterrados Gac, Cabezas y Arraño, sin hallar más que pequeños restos difusos que sólo permitirían establecer una presunción sobre lo sucedido.

Sin embargo, con los antecedentes reunidos en las investigaciones y las declaraciones y careos realizados por la Ministra de Fuero, se estimaba que en cualquier momento decretaría el procesamiento de los responsables.

Nada de eso ha acontecido. En octubre pasado, la magistrado resolvió sobreseer definitivamente a Augusto Pinochet haciendo propia la resolución adoptada en este mismo sentido por la Corte Suprema en el Caso Caravana de la Muerte; es decir, acogiendo la tesis de que el ex dictador no puede ser procesado por demencia, a pesar que todavía se pasea por el país, disfruta de períodos de vacaciones y hace declaraciones.

El secreto mejor guardado

Inmediatamente después de dictado el sobreseimiento de Pinochet, se temió que al no existir inculpado con privilegio de fuero parlamentario, la Ministra Corti podría renunciar a seguir con el proceso declarándose incompetente. Pero luego se informó que a petición del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la Magistrado había sido confirmada para seguir instruyendo las querellas por la “Masacre de Quillota”, junto a otras por la muerte del ex enfermero del Ejército Juan Fuentes Zamorano, de Quillota; por el crimen del sacerdote Miguel Woodward y por el asesinato del periodista, regidor de Limache e interventor de la CCU Jaime Aldoney Vargas.

Pero lo que no ha podido develar la ministra Gabriela Corti es el destino final que se dio a los restos de Pablo Gac, Rubén Cabezas y Levi Arraño, que parece ser el secreto mejor guardado por los militares de Quillota.

En reiteradas informaciones dadas a conocer por este Sitio de noticias, hemos reiterado que con posterioridad a los intentos del ex juez Raúl Beltramí por indagar en el interior de la Escuela de Caballería, testigos advirtieron el ingreso de maquinaria pesada que realizó movimiento de tierra en el sector del recinto militar donde se supone fueron asesinados Gac, Cabezas y Arraño, al borde de una fosa previamente cavada, y enterrados en el mismo lugar.

Por ejemplo, en nuestra edición Nº 70, del 30 de mayo de 2002, se informó: “Sin embargo, versiones conocidas por ‘ZonaImpacto.cl’ indican que los restos de ambos junto a los de Arraño, habrían sido desenterrados por 1993…”

¡Pregúntenle a Herrera Jiménez!

En las últimas semanas, “ZonaImpacto.cl” recibió la confidencia de personas domiciliadas en la localidad campesina de Pocochay, en la comuna de La Cruz, vecina a Quillota, asegurando que los restos de tres asesinados en la Escuela de Caballería “y posiblemente de más personas” fueron escondidos en una parcela del sector.

Según relataron –y como es de público conocimiento-, una de las parcelas de Pocochay fue ocupada por varios años por el ahora confeso autor del crimen del sindicalista Tucapel Jiménez, Carlos Herrera Jiménez, conocido como “El Bocaccio”, quien se refugió en uno de estos apacibles predios agrícolas intentando evitar rendir cuentas de sus crímenes ante la Justicia. 

Los testigos sostienen que por esos años, “en más de una ocasión”, llegaron hasta la parcela de “Bocaccio” camiones y maquinaria pesada del Ejército a realizar faenas poco claras. En cada ocasión, abundante contingente militar impedía a los lugareños acercarse al lugar donde ejecutaban trabajos, de noche e iluminados con reflectores.

De igual forma se asegura que en una ocasión especial, por 1993, llegaron camiones con extraño cargamento que habría sido enterrado en el mismo lugar donde inmediatamente se construyó una losa de concreto, sobre la cual se habilitó un criadero de cerdos.

Todos estos movimientos se realizaban con la aprobación y dirección personal de Herrera Jiménez, según los lugareños.

Carabineros habría ordenado el silencio

El relato de los informantes de “ZonaImpacto.cl” señala que hace un par de años, trabajadores de la parcela que había ocupado Herrera Jiménez, debieron romper el pavimento de la chanchera para reparar una filtración de agua, cuando encontraron restos óseos, evidentemente humanos.

La versión indica que, alarmados, habrían envuelto parte de los restos presentándose a dar cuenta en la Tenencia de Carabineros de La Cruz, pero los policías les habrían ordenado que los vuelvan a enterrar “porque si no, se meterían en un tremendo lío”.

Hasta ahora, estos antecedentes no han sido entregados a ninguna instancia judicial, policial ni de derechos humanos. Sólo fue confiada a este Sitio de noticias “porque ustedes pueden hacerla llegar a los tribunales, pero por favor no revele el origen de la información”.

Pero como la ministra Corti no concede audiencia a los periodistas, nos limitamos a publicar los antecedentes, como es nuestro deber, pero simultáneamente hacerlos llegar a la Corte de Apelaciones de Valparaíso.  

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