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Regimiento de Infantería Motorizada No 23 "Copiapó"

(Actual Regimiento “Capitán Rafael Torreblanca”)

III Región

 

            El Regimiento de Infantería Motorizada Nº 23 "Copiapó", ubicado en Los Carrera s/n, lote 1, funcionó desde 1973 hasta 1975 como recinto de detención y tortura. Allí se realizaban los interrogatorios a los detenidos, incluyendo a personas que permanecían detenidas en otros recintos, como la Cárcel de Copiapó. Los prisioneros eran encarcelados en calabozos húmedos, en piezas de dimensiones mínimas (más corta y angosta que un escritorio, refiere un detenido); otros señalan que fueron aislados en carpas militares individuales fuera del comedor de los conscriptos y encerrados en una especie de barracón. Desde estos lugares se les llevaba a un segundo piso del edificio del regimiento, donde eran interrogados y sometidos a torturas. Allí funcionaban la Fiscalía Militar, la enfermería y una sala de torturas. Los ex prisioneros señalaron que eran constantemente maltratados, amenazados y escasamente alimentados. Los que no estaban aislados eran obligados a hacer trabajos forzados. Se denuncia la aplicación de diversas torturas, como golpes, colgamientos, cortes con yataganes, aplicación de electricidad, posiciones forzadas durante horas, simulacro de fusilamiento y vejación y violación sexual. Los testimonios denuncian que a las personas detenidas por la DINA, que se encontraban dentro del regimiento, se las mantenía aisladas en la celda conocida como el chucho, habitualmente sucia, donde se les impedía dormir y se les privaba de alimentos y agua. En los relatos se menciona que el SIM también operó en ese regimiento. La DINA utilizó además el Predio Agrícola del Regimiento hasta 1976, como recinto de detención. Allí los prisioneros eran encerrados en un galpón de adobe en malas condiciones que había sido caballeriza; asimismo, la Cárcel Vieja también fue usada para estos efectos.

El Regimiento de Infantería Motorizada Nº 23, Copiapó esta también estrechamente relacionado con el asesinato, el 17 de octubre de 1973, de 13 personas presos politicos de la región: Winston Dwight Cabello Bravo (28 años), Agapito del Carmen Carvajal González (32 años), Fernando Carvajal Gonzalez (30 años), Manuel Roberto Cortazar Hernandez  (20 años), Alfonso Ambrosio Gamboa Farias (35 años), Raúl del Carmen Guardia Olivares (23 años), Raúl Leopoldo de Jesús Larravide Lopez (21 años), Edwin Ricardo Mancilla Hess (21 años), Adolfo Mario Palleras Norambuena (27 años), Jaime Iván Sierra Castillo (27 años), Atilio Ernesto Ugarte Gutierrez (24 años), Néstor Leonello Vicenti Cartagena (33 años), Pedro Emilio Pérez Flores (29 años). Sus cuerpos estuvieron desaparecidos hasta 31 de julio de 1990. De acuerdo a la “versión oficial”, todos ellos habrían muerto durante un supuesto “intento de fuga”. Sin embargo la Comisión Rettig rechaza la versión oficial y estableció que en el estado en que se encontraban los restos al ser exhumados, indica que estas personas fueron ejecutadas en circunstancias que se hallaban bajo el total control y a merced de los efectivos militares lo que resulta absolutamente inconsistente con la versión oficial.  Los restos de varios de ellos se encontraron mutilados, sin impactos de bala y con evidentes signos de corte con arma blanca. 

Testimonios: [Preso político detenido en septiembre de 1973] “...Fui llevado al cuartel del regimiento. En ese recinto me ataron los pies con las manos, por detrás. Luego me ataron un cordel desde los pies a la boca abierta y, mediante un lazo tiraban el cordel, haciéndome doblar la espalda y la cabeza hacia atrás, hasta extremos insoportables y muy dolorosos. A continuación, estando atado en la forma descrita, me colgaron de un árbol y fui pateado y golpeado con una metralleta, hasta aturdirme...”

 [Preso político detenido en noviembre de 1975] “...a continuación trasladado al Regimiento de Copiapó (vendado), torturándome por largos días y noches con breves intervalos, con golpes de puño, patadas, corriente en múltiples partes del cuerpo (desnudo), golpes en los oídos con ambas manos (teléfono), permanecía por largas horas de pie; mojado, golpeado, etc., a fin de impedir el sueño...”

 

Criminales y Cómplices

Teniente Coronel Arturo Alvarez Sgolia (comandante del Regimiento "Copiapó", Jefe de la Zona en Estado de Emergencia e Intendente de Atacama); Capitán Patricio Roman (Ejército); Carlos Scarate (Ejército; alias “el rucio”)

  

Fuente de Información: Informe Rettig; Informe Valech;


El Mostrador.cl

20 de Septiembre 2005

Procesan a ex militares por secuestro de mirista en Copiapó

El ministro Joaquín Billard procesó este martes a dos ex militares, en calidad de autores del delito secuestro calificado de un ex miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

El magistrado encausó al coronel (R) Sergio Sánchez Parra y al suboficial (R) Hernán Portilla, ambos del Ejército, por su eventual responsabilidad en la desaparición del estudiante de Pedagogía Alonso Lazo Rojas.

El militante del MIR fue detenido el 14 de noviembre de 1975, junto a su esposa Nicza Estrella Báez Mondaca, por funcionarios del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) en su domicilio de Copiapó, Tercera Región.

Ambos fueron trasladados al Regimiento de Infantería Motorizada N°23 "Copiapó" y tras ser sometidos a interrogatorios y torturas, la mujer fue puesta en libertad. Desde entonces, desconoce el paradero de su pareja.


Emol

17 de Diciembre 2012

Condenan a ex jefe DINE y a seis militares (r) por detenido desaparecido de Copiapó

El juez Mario Carroza dictó sentencia de primera instancia en la investigación por el secuestro calificado de Alonso Lazo Rojas, ocurrido a partir del 14 de noviembre de 1975.

El ministro en visita Mario Carroza condenó al ex director de inteligencia del Ejército (DINE), Rámses Arturo Álvarez Sgolia y seis ex oficiales más por sus responsabilidades en el secuestro permanente de un opositor político cuando estaba al mando de la zona de emergencia de Atacama.

El juez Carroza dictó sentencia de primera instancia en la investigación por el secuestro calificado de Alonso Lazo Rojas, ocurrido a partir del 14 de noviembre de 1975 en la ciudad de Copiapó.

El magistrado determinó que Álvarez Sgolia cumpla 10 años y un día de presidio, sin beneficios, por ser la máxima autoridad militar en la época de los hechos y el comandante jefe de la zona en Estado de Emergencia e intendente de la Tercera Región.

En tanto, a los ex oficiales Patricio Román Herrera, Pedro Vivian Guaita, Felipe González Astorga, Hernán Portillo Aranda, José Quintanilla Fernández y Erasmo Vega Sobarzo se les condenó a seis años de presidio, también sin beneficios.

En tanto, los ex suboficiales Juan Valderrama Molina, Cristóbal Marihual Suazo, Sergio Sánchez Parra y Adolfo Lapostol Sprovera fueron absueltos por su falta de participación en este crimen.

En el aspecto civil se determinó acoger la demanda presentada en contra del Fisco de Chile por sesenta millones de pesos, donde se ordenar el pago de $ 40.000.000 a Nicza Baéz Mondaca, cónyuge de la víctima y $ 20.000.000 a Venancio Lazo Rojas, hermano de detenido desaparecido.

Alonso Lazo Rojas era estudiante universitario, militante del MIR, y fue detenido el 14 de noviembre de 1975, junto a su esposa Nicza Estrella Báez Mondaca, por funcionarios del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), en el domicilio ubicado en la calle Juan Martínez N°321 de Copiapó.

El matrimonio arrendaba una pieza en la calle Chañarcillo 171, lugar que fue allanado, en la madrugada, por 9 civiles quienes dijeron andar buscando a una tal "Rosario".

Después de irse de la casa de Zulema Tham, el afectado y su esposa solicitaron alojamiento donde Carolina Quezada Nievas, en la calle Juan Martínez N°321, de Copiapó, quien los aceptó.

Cuando el matrimonio llevaba allí dos días, el 14 de noviembre de 1975, llegaron 6 civiles portando tarjetas plastificadas del "Servicio de Inteligencia Militar", quienes los condujeron hasta el Regimiento de Infantería Motorizada N°23 "Copiapó", cuyo comandante era el entonces teniente coronel Álvarez Sgolia.

El alto oficial, el 21 de noviembre de 1975 le aseguró al hermano de Alvaro Lazo a través de una carta que "el 18 de noviembre de 1975, mientras se encontraba detenido en el predio militar y a Álvaro se le daba su alimentación agredió a un centinela dándose a la fuga".


 Cambio 21

15 de Abril 2014

Siete militares y carabineros en retiro fueron detenidos acusados de torturas en 1975

Los detenidos registraban órdenes de aprehensión vigente por el delito de secuestro calificado, emanada por la Corte de Apelaciones de La Serena, y tres de ellos tiene antecedentes policiales anteriores

La Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones detuvo a siete militares y carabineros en retiro por la detención y torturas de una mujer, Nicza Báez, y la desaparición de su esposo en Copiapó en 1975.

Los detenidos registraban órdenes de aprehensión vigente por el delito de secuestro calificado, emanada por la Corte de Apelaciones de La Serena, y tres de ellos tiene antecedentes policiales anteriores, según informó radio Cooperativa.

Los ex funcionarios fueron puestos a disposición de la mencionada Corte y corresponden a Patricio Sergio Román Herrera, brigadier (r) del Ejército; Hernán Ernesto Portillo Aranda, suboficial mayor (r) del Ejército; Juan Artemio Valderrama Molina, teniente coronel (r) del Ejército; José de Carmen Quintanilla Fernández; suboficial (r) del Ejército; Felipe Luis Guillermo González Astorga, suboficial mayor (r) del Ejército; y Erasmo Francisco Vega Sobarzo, suboficial mayor (r) del Ejército. A ellos se suma Pedro Eduardo Vivian Guaita, suboficial en retiro de Carabineros.

Los imputados detuvieron a la víctima y a su marido en 1975, siendo conducidos a la sala de guardia de un recinto militar en Copiapó, donde fueron separados. Posteriormente fueron reunidos y llevados hasta el segundo piso del Regimiento de Infantería Motorizada Número 23, donde los vendaron, interrogaron y torturaron, logrando solo Báez recuperar su libertad.


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