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SERGIO SEBASTIAN MONTECINOS ALFARO

R.U.T.  : 5.028.580 de Santiago

F.Nacim. : 23-05-46, 28 años al momento de su detención

Domicilio : Avenida Egaña Nº1528, Ñuñoa, Santiago

E.Civil  : Casado, un hijo

Actividad : Sastre. Ex-estudiante de 5°año de Ingeniería de la Universidad de Chile

C.Repres. : Militante del Partido Socialista. Ex-interventor en Industrias de Aceros Franklin. Coordinador Sindical de la Unidad Popular en la Zona Oeste de Santiago

F.Detenc. : 1° de agosto de 1974

SITUACION REPRESIVA

            Sergio Sebastián Montecinos Alfaro, casado, un hijo, ex Estudiante de Ingeniería de la Universidad de Chile, militante socialista, fue detenido por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional -DINA- el día 1° de agosto de 1974, aproximadamente a las 16:00 horas, en su domicilio ubicado en calle Avenida Egaña Nº1528, comuna de Ñuñoa, en Santiago, en presencia de su esposa, Mónica María Cattani Ortega, su hijo de dos años de edad, Sergio Andrés Montecinos Cattani y la asesora del hogar, Verónica Netto Morales.

            En efecto, alrededor de las 16:00 horas golpearon violentamente la puerta del domicilio de la familia Montecinos Cattani. De inmediato ingresaron dos agentes, que no se identificaron sino que mostraron rápidamente una credencial en que lo único que se podía distinguir de su contenido, era una insignia dorada que decía Ejército de Chile. Acto seguido, exigieron las cédulas de identidad de cada uno de los ocupantes de la vivienda; al ver la de Sergio Sebastián, le indicaron que los debía acompañar, "para una breve declaración" y que podría estar en poco rato de regreso en su hogar "si cooperaba". Paralelo a ello, los agentes procedieron a un registro de toda la casa, para luego llevarse detenido a Sergio Montecinos, sin exhibir orden alguna ni para la detención ni el allanamiento, negándose a informar el lugar hacia donde era conducido el detenido. Al ser sacado Sergio, a viva fuerza, de su hogar, su esposa vio que afuera se encontraban apostados otros dos individuos y estaba estacionado un automóvil de color negro, al que subieron a su esposo, sin que ella pudiera distinguir su patente.

            De inmediato, sus captores, trasladaron al detenido hasta el recinto clandestino de reclusión y tortura de la DINA, ubicado en Londres 38, en el centro de Santiago. (Este local, había sido propiedad del Partido Socialista, al que le había sido confiscado). En ese lugar pudo ser visto y conversar con diversos otros detenidos, cuyos sobrevivientes testimoniaron sobre su estadía en dicho centro de torturas. La testigo Erika Hennings, recuerda especialmente a Sergio Montecinos, debido a que éste tuvo una actitud altamente solidaria con ella cuando a su esposo Alfonso Chanfreau, también detenido desaparecido, lo sacaron con destino desconocido desde Londres 38, el día 13 de agosto de 1974. Erika pudo comunicarse con Sergio hasta el día 17, fecha en que fue trasladada a otro recinto.

            Dos días después de la detención de Sergio, es decir el 3 de agosto de 1974, nuevamente allanaron su domicilio, para lo cual los agentes recogieron en su domicilio a doña Lidia Ortega Muñoz, madre de Mónica Cattani, en un automóvil de color gris, modelo antiguo y le ordenaron abrir la puerta de la casa de los Montecinos Cattani. Al llegar hasta la dirección del domicilio señalado, la señora Lidia se pudo percatar que en ese lugar se encontraba estacionada desde antes una citroneta de color beige, con dos personas a bordo, las que se unieron a los agentes que llevaban a la suegra de Sergio Montecinos y en conjunto registraron la vivienda. En esa oportunidad, los agentes se llevaron algunos apuntes de estudio de Sergio, una guía caminera, libros y una vieja escopeta de caza, la que se encontraba debidamente inscrita.

            En los momentos en que se realizaba el allanamiento, llegó hasta el domicilio don Francisco Cattani Marchetti, suegro de Sergio, quien había sido previamente alertado por su esposa. Ambos inquirieron información respecto al paradero y estado de su yerno, a lo que los agentes respondieron en tono amenazante que Montecinos Alfaro tenía para muchos años, "si es que libraba con vida". Agregándoles a continuación que "era mejor que su hija rehiciera su vida y se olvidara de su marido".

            El nombre de Sergio Montecinos Alfaro aparece en la nómina de 119 personas fallecidas en Salta, Argentina, en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas Argentinas. Esta información fue publicada en el año 1975 por el semanario "Lea" de Argentina y en el periódico "O'Dia" de Brasil. El Gobierno argentino informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la revista "Lea" no es una publicación que circula en la República Argentina y la única edición conocida es la correspondiente a la que entregaba la noticia indicada.

            En lo que respecta al local mencionado como de redacción por "averiguaciones efectuadas por la Policía Federal Argentina niegan la posibilidad de que en ese lugar haya existido la redacción de la citada revista. Asimismo, la Policía Federal manifestó "que no es concebible que un suceso de tal magnitud hubiera ocurrido en la República sin que los organismos competentes tomaran conocimiento" y agregan que "las 119 personas mencionadas no se encuentran registradas ni poseen antecedentes". Por su lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores no pudo confirmar oficialmente estos hechos e implícitamente no le otorgó credibilidad.

GESTIONES LEGALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            Con fecha 2 de agosto de 1974, Mónica María Cattani Ortega interpuso ante la Corte de Apelaciones de Santiago el Recurso de Amparo Rol Nº840-74, en favor de su esposo Sergio Sebastián Montecinos Alfaro, el que fue rechazado el 10 de enero de 1975, casi seis meses después de ser interpuesto, al informar las autoridades pertinentes que el amparado no había sido detenido, ni existían antecedentes sobre su situación. Sin embargo, en esa oportunidad no se llamó a declarar a la cónyuge, quien fue testigo de la detención, para que ampliara los antecedentes sobre la misma. Por último, la Corte resolvió remitir los antecedentes al Juzgado del Crimen correspondiente, a fin de que investigara la posible comisión de un delito derivado del desaparecimiento.

            Con fecha 16 de enero de 1975 se comenzó la tramitación, ante el Décimo Primer Juzgado del Crimen de Santiago, de la causa Rol Nº1175, correspondiente a una denuncia por presunta desgracia, proceso que, por incompetencia, posteriormente se radicó en la Segunda Fiscalía Militar de Santiago, bajo el Rol Nº342-75, el que terminó por sobreseimiento temporal.

            Precisamente, en virtud de los nuevos antecedentes que se lograron establecer en el proceso antes señalado, en donde se acreditaba la detención de Sergio Sebastián Montecinos Alfaro por parte de agentes del Estado, la madre de éste último, doña Ubaldina Alfaro Castillo, con fecha 26 de octubre de 1976, interpuso ante la Corte de Apelaciones de Santiago, un nuevo Recurso de Amparo que fue rolado con el Nº969-76. Este Amparo fue rechazado el 9 de noviembre de 1976, por "resultar improcedente tramitar un nuevo amparo por los mismos hechos". Esta resolución fue confirmada por la Corte Suprema con fecha 15 de noviembre de 1976, "teniendo únicamente presente que la persona en cuyo favor se recurre de amparo no aparece en estos antecedentes que se encuentre privado de libertad por orden de la autoridad".

            Por último, el 18 de enero de 1977, se presentó una denuncia por privación de libertad ante el Octavo Juzgado del Crimen de Santiago, causa Rol Nº14.602-2. Luego, con fecha 23 de agosto de 1977, se presentó ante el mismo Juzgado una querella criminal por el delito de secuestro de Sergio Sebastián Montecinos Alfaro, en contra de los agentes de seguridad que resultaren responsables, la que fue acumulada a la causa 14.602-2. El Tribunal resolvió el cierre del sumario el 5 de abril de 1978 y su sobreseimiento temporal el 11 del mismo mes. Esta resolución fue ratificada por la Corte de Apelaciones con fecha 7 de junio de 1978, sin que aclarara el paradero ni la suerte corrida por la víctima.

Actualidad:

Primera Linea 22 Junio 2001
Emboscada a casos clave de la DINA, el Comando Conjunto y la CNI
El lunes la Corporación Administrativa del poder judicial deberá informar el costo que tendrá la nominación de los jueces especiales. Mientras, el mundo de los derechos humanos tiene la esperanza que ellos avancen donde hasta ahora sus esfuerzos han sido infructíferos: las causas beneficiadas con un juez de dedicación exclusiva corresponden mayoritariamente a desapariciones perpetradas por la DINA, el Comando Conjunto y a un caso emblemático de la CNI.
La hora de la Dina
El cerco se estrecha sobre la DINA con el caso del militante del MIR, Carlos Cubillos Gálvez, detenido en 1974 en una calle de la comuna de Nuñoa. Testigos señalaron que fue conducido al recinto de Londres 38 y no volvió a saberse de él. Su causa - rol 11337/6- está en el Octavo Juzgado del Crimen de Santiago.
En ese mismo juzgado está radicada la causa del militante del MIR, Juan Carlos Perelman (rol 12193-8), quien fue detenido en 1975 por efectivos de la DINA junto a su conviviente, quien tiempo después fue liberada. La Comisión Rettig afirmó que su desaparición fue responsabilidad de agentes del Estado.
El 1 de agosto de 1974 fue detenido Sergio Sebastián Montecinos Alfaro, quien, sus 28 años, era el coordinador sindical de los partidos políticos que habían adherido a la UP en la Zona Oeste de Santiago. Fue sacado de su hogar por efectivos de la DINA y visto por última vez en el recinto de Londres 38. Su causa Nº2310-00, consta también en el Octavo Juzgado de Santiago.
El secuestró de Luis Jaime Palominos Rojas, el 7 de diciembre de 1974, es responsabilidad del mismo organismo de seguridad. La causa de este militante del MIR, rotulada con el número 2808-5, también será instruida por un juez especial en el 11º Juzgado del Crimen de Santiago.
El ministro de dedicación exclusiva de ese mismo tribunal se abocará al caso de Jaime Cadiz Norambuena (causa 768-6). Este militante del MIR fue detenido en la población José María Caro y desapareció desde el recinto de la DINA de Londres 38.
El número 2161-8 de ese juzgado consigna otra causa de la DINA en que el juez pondrá acento. El mirista Jorge Humberto D´orival Briceño fue detenido en su hogar de la comuna de Conchalí y visto luego, junto a otros dos detenidos, en Villa Grimaldi. A los tres se les perdió la pista en el recinto de Cuatro Alamos.
El juez de dedicación exclusiva del Tercer Juzgado del Crimen de San Miguel investigará el caso de Leopoldo Muñoz Andrade, militante del MIR que desapareció desde el recinto DINA de Cuatro Alamos. En las manos de este magistrado estará además esclarecer la desaparición de otro mirista, Daniel Reyes Piña, quien fue visto por última vez en Londres 38.
A ese organismo represor se atribuye también la desaparición de Víctor Fernando Olea Alegría el 11 de septiembre de 1974. Tenía 24 años cuando fue detenido por agentes en la vía pública. Su causa está radicada en el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago con el número 76667.
Otro caso que tendrá especial atención será el de Washington Cid Urrutia, quien desapareció en 1974 desde Villa Grimaldi. Su causa está radicada en el Décimo Juzgado del Crimen de Santiago y es atribuido a la DINA.
Hacia otros organismos represores
No sólo la DINA será investigada por los jueces especiales. Las acciones criminales perpetradas por el Comando Conjunto tendrán el mismo destino. De hecho, el mandato de la Suprema toca las hebras de uno de los casos que ofrece las mayores contradicciones con el informe de las FF.AA: la desaparición del militante de las Juventudes Comunistas Carol Fedor Flores Castillo.
El informe castrense establece que Flores Castillo fue detenido en 1976, muerto y arrojado al mar en las costas de San Antonio. Sin embargo, Flores fue apresado junto a sus hermanos en 1974 y permaneció recluido seis meses. En 1976 comenzó a colaborar con el Comando Conjunto, proceso que se extendió hasta el 7 de junio de ese año. El ex agente del comando conjunto Andrés Valenzuela confesó que fue muerto junto a un soldado en el Cajón del Maipo y arrojado al río. Ahora su crimen será investigado por el juez del Décimo Juzgado de Santiago.
En el Cuarto Juzgado del Crimen de San Miguel, bajo el número 10161, consta el caso de Alonso Gahona Chávez, quien habría fallecido víctima de reiteradas torturas junto a Humberto Castro en el llamado "Nido 20". Así se conocía al recinto secreto de detención y tortura ubicado en la calle Santa Teresa 037, cerca del paradero 20 de la Gran Avenida de Santiago. Este recinto funcionó durante 1975 bajo control de agentes de la DIFA con quienes colaboraban civiles provenientes de grupos nacionalistas o de extrema derecha.
La guardia exterior del recinto estuvo a cargo de alumnos de la Escuela de Especialidades de la Fuerza Aérea. Gahona, dirigente de los obreros de la Municipalidad de La Cisterna y militante comunista, conocido como «Yuri», había sido detenido el 8 de septiembre de 1975 en la vía pública. Su cadáver habría sido envuelto en plástico y, al parecer, arrojado al mar.
Desde el recinto llamado "Remo Cero", del regimiento de artillería anti-aérea de Colina fue sacado y posiblemente enterrado en terrenos militares de Peldehue, Miguel Rodríguez Gallardo. La causa 10617 del cuarto juzgado de San Miguel intentará llegar hasta las bases del Comando Conjunto.
También un juez especial investigará el destino de al menos uno de los detenidos desaparecidos de La Moneda. En el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago está la causa 17584, que corresponde a Osvaldo Ramos Rivera, miembro del GAP de sólo 22 años.
Ramos fue detenido en el interior del palacio gubernamental por militares, junto a Antonio Aguirre Vásquez. Producto de sus heridas, ambos fueron trasladados a la Posta Central donde existe constancia de su permanencia. Fueron sacados desde allí por personal uniformado y desde entonces se desconoce su paradero.
En el Octavo Juzgado del Crimen de Santiago será investigado el caso de otro GAP, Mario Ramiro Melo, oficial del Ejército retirado, desaparecido desde el 29 de septiembre de 1973.
El caso de Miguel Acuña Castillo, rotulado con el número 11509-8 en el Octavo Juzgado de Santiago, también será investigado. Acuña era dirigente de la sección de estudiantes secundarios del MIR cuando desapareció en 1974, junto a su amigo Héctor Garay Hermosilla.
La labor de los jueces especiales se extenderá además a la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea. En el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago será visto el caso de José Luis Baeza, de 41 años, vendedor y miembro del Comité Central del PC. Fue aprehendido junto a otras tres personas en una casa en Santiago que servía para reuniones y contactos de miembros de esa colectividad.
Los autores de la detención fueron identificados como miembros del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, comandados por un conocido Jefe de Inteligencia. Baeza fue llevado a la Academia de Guerra de esa institución, donde fue visto por varios testigos. Estos testimonios contradicen la versión oficial entregada por el Ministro del Interior que, en esa época, negó su detención

 

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