GERARDO ANTONIO ENCINA PEREZ
24 de Junio 2004 Diario El Centro Ex policías alegan demencia senil Dos ex oficiales de Carabineros que están procesados por los graves delitos de secuestro calificado de detenidos desaparecidos exigieron a los jueces de San Javier y Parral el beneficio del sobreseimiento definitivo de sus causas por “demencia senil”, ya que a través de sus abogados, ambos acusados presentaron informes médicos señalando que por razones de salud no se encuentran en condiciones de enfrentar un juicio. Sin embargo, los magistrados que instruyen los procesos criminales- Eric Sepúlveda de San Javier y Walter Morales como subrogante en Parral- se negaron terminantemente a acceder a las peticiones presentadas respectivamente por el oficial en retiro de Carabineros, Rolando Rivera Tuca, y el ex suboficial mayor de esta misma institución uniformada, Pablo Luarte Valleros, ambos a la fecha en libertad bajo fianza. En el caso de San Javier, el procesamiento a Rivera Tuca se refiere a la desaparición de Gerardo Antonio Encina Pérez, ocurrida el dos de octubre de 1973, cuando esta persona fue detenida por personal de Carabineros de la Quinta Comisaría de San Javier y trasladado hasta los calabozos de la unidad policial, sin que hasta la fecha se conozca su paradero. Por estos hechos, junto a Rivera Tuca están acusados también como autores del mismo delito el coronel en retiro del ejército, Claudio Lecaros Carrasco, además del ex suboficial de la misma institución castrense, José Basilio Muñoz Pozo. Incluso tras procesar a estos tres ex uniformados el 29 de agosto del 2003 y por orden de la Corte de Apelaciones de Talca, el juez Sepúlveda los mantuvo en prisión preventiva hasta octubre del mismo año. A nombre de Rivera Tuca, su abogado Omar Valdés presentó la solicitud de sobreseimiento, citando un informe médico donde se revela que sufriría de distorsión psíquica orgánica senil, exigiendo en consecuencia que sea excluido de la causa criminal. Ante la petición, el juez de San Javier -con atención preferente a causas de derechos humanos- se negó en forma terminante, sosteniendo que el procesado no está calificado como enajenado mental y que tiene capacidad de discernimiento, resolución que fue apelada y confirmada por la Corte de Talca. El segundo caso en debate corresponden a otro proceso por secuestro calificado de dos víctimas registradas en Parral en 1973, donde los procesados son Hugo Cardemil, Pablo Coulier, César Hidalgo y Pablo Luarte Vallejos, todos en libertad bajo fianza. La petición respecto a Luarte Vallejos se fundamenta también en que el suboficial mayor en retiro de Carabineros presentaría un avanzado deterioro cognitivo, déficit visual, hipertensión y “diabetes melitus”, por lo cual se solicitó el sobreseimiento por demencia senil. La petición fue rechazada por el juez subrogante de Parral, Walter Morales, dando paso a una apelación que se encuentra pendiente en la Corte de Talca. En esta voluminosa causa, constan antecedentes de que Cardemil, Coulier e Hidalgo fueron condenados en enero pasado a penas que van desde 17 a 7 años de cárcel por el ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Solís, también en causas de detenidos desaparecidos. Sabado 11 de Julio de 2009 El Mostrador Corte de Apelaciones de Talca condena a ex coronel del Ejército por crimen en 1973 La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Talca condenó a cinco años de prisión al ex coronel del Ejército Claudio Lecaros por el homicidio calificado del campesino y militante del Partido Socialista Gerardo Antonio Encina, ocurrido el 2 de octubre de 1973, informa la prensa local. El dictamen sostiene que el asesinato ocurrió mientras el país se encontraba "en estado de guerra" tras el alzamiento militar del dictador Augusto Pinochet (1973-1990), por lo que se pueden aplicar las Convenciones de Ginebra que tipifican el delito como de lesa humanidad. La Corte confirmó, además, la absolución del oficial de Carabineros (policía militarizada) Rolando Rivera en el caso, al considerar que no participó en el crimen del militante socialista.
En agosto de 2008, la magistrada en visita Juana Venegas determinó en primera instancia la absolución de los dos funcionarios procesados. Sin embargo, la causa llegó a la Corte de Apelaciones de Talca, a 258 kilómetros al sur de Santiago, donde ocurrieron los hechos, después de que el Ministerio del Interior apelara el fallo de la jueza.
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